El Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados (IBAHRI por sus siglas en ingles) exigió al Gobierno nacional «retirar todos los cargos y compensar por todos los daños físicos y mentales» a la jueza María Lourdes Afiuni, quien fue detenida «arbitrariamente» en diciembre de 2009 y sometida a un juicio por dejar en libertad condicional al empresario Eligio Cedeño, siguiendo una resolución del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de la ONU.
IBAHRI presentó hoy su sexto informe sobre el caso Afiuni, donde recordó que la magistrada estuvo detenida más de un año en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), ubicado en Los Teques con reclusas que ella misma había condenado. «Sufrió amenazas de muerte y graves abusos físicos que, combinados con la falta de acceso adecuado a tratamiento médico, resultaron en una operación de emergencia en febrero de 2011, tras la cual fue trasladada a su propio domicilio en régimen de detención preventiva domiciliaria».
María Lourdes Afiuni se le otorgó el pasado 14 de junio de 2013 una medida cautelar de libertad condicional con presentación cada 30 días ante los tribunales. Además tiene prohibición de salida del país, de hablar sobre su caso a los medios nacionales e internacionales y de escribir a través de las redes sociales Twitter y Facebook.
La organización internacional indicó que luego de hacer una visita a Caracas en 2011 para constatar la situación de Afiuni, concluyó en su informe que la profesional del derecho «había sufrido múltiples violaciones de sus derechos humanos y de su derecho al debido proceso durante su arresto, su privación de libertad, y las fases procesales iniciales de su juicio».
«El juicio contra la jueza María Lourdes Afiuni es uno de los casos políticos más importantes de Venezuela y también uno de los más emblemáticos, pues por medio de él se evidencia la falta de independencia del poder judicial en el país», reza el idocuemnto, el cual recomendó a las autoridades, «tomar las medidas necesarias para asegurar la separación de poderes y la independencia de los profesionales del derecho en Venezuela».
Además, exigen restablecer a María Lourdes Afiuni su cargo como jueza en ejercicio, anular la condena del abogado defensor, José Amalio Graterol, y cumplir con las recomendaciones que realizaron en su informe emitido en 2011 de «eliminar el régimen de provisionalidad de los jueces, la inclusión de garantías transparentes en el procedimiento de nombramiento y destitución de jueces, y la no interferencia del Ejecutivo en la independencia de la judicatura, sea a través de declaraciones públicas o de cualquier otro modo».
«La delegación de la IBAHRI observó que el caso había creado un ambiente de miedo entre los jueces conocido como el ‘efecto Afiuni’, oyendo frecuentemente que ‘nadie quiere ser el próximo Afiuni’. Dado que el fallecido presidente Hugo Chávez expresó que su caso debía servir de ejemplo a otros jueces, la organización consideró importante mantener una observación internacional independiente durante el proceso», destacó el documento.
Con respecto a la anulación del juicio contra Afiuni en octubre de 2013 por la ausencia de los fiscales del Ministerio Público en una audiencia probatoria, el Instituto de Derechos Humanos de la Asociación Internacional de Abogados explicó que aún no se tiene fecha de cuando comenzará de nuevo el proceso, «debido en gran parte a la naturaleza política del caso».
«Agradecemos a las autoridades venezolanas el permitir la presencia de sus observadores internacionales en las audiencias. No obstante, es evidente que no se han tomado medidas para garantizar un juicio justo a favor de Afiuni (…) Cuatro años han transcurrido desde su arresto y, sin que se pueda prever una decisión final, María Lourdes Afiuni se mantiene en un proceso penal kafkiano caracterizado por sus múltiples violaciones de los derechos humanos».
IBAHRI pidió, además, al Gobierno nacional «respetar los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos ratificados por Venezuela, al igual que el sistema de las Naciones Unidas en general, asegurando no sólo que se cumplan los estándares de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, sino que también se acaten las decisiones de los órganos de la ONU, tales como los del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas, que ha solicitado en reiteradas oportunidades la liberación de Afiuni».
ALICIA DE LA ROSA | EL UNIVERSAL
