El papa Francisco reunió hoy en el Vaticano a los miembros del Colegio Cardenalicio, conocido como «G8 vaticano», en el marco de la reforma de la Curia, el Gobierno de la Iglesia.

Las reuniones de Francisco con el Consejo de los ocho cardenales que creó para estudiar la reforma de la Curia continuarán hasta el miércoles, en la que es su cuarta ronda de encuentros, resaltó Efe.

Como resultado de la reunión precedente, el pasado febrero, el papa Francisco creó un nuevo organismo, una Secretaría de Economía encargada de gestionar todas las actividades económicas y administrativas de la Santa Sede.

Ese consejo sustituyó a la Comisión para el estudio de los problemas organizativos y económicos de la Santa Sede (G15).

La Secretaría para la Economía está dirigida por el arzobispo de Australia, el cardenal George Pell, quien el pasado 5 de abril anunció el nombramiento del profesor Franco Dalla Sega como consultor especial para la reorganización de las finanzas vaticanas.

Posteriormente Pell, denominado informalmente como el «ministro» de Economía del Vaticano, anunció la adopción de «las mejores prácticas internacionales» en el ámbito financiero en relación con el Instituto para las Obras de Religión (IOR), conocido como el banco vaticano.

En las anteriores rondas del consejo los cardenales llegaron a la conclusión de la necesidad de no limitarse a realizar «pequeños retoques» en la Constitución Apostólica Pastor Bonus, que recoge el funcionamiento de la Curia, «sino en la necesidad de redactar una nueva, con novedades consistentes».

A finales de marzo, el papa nombró a ocho miembros de la nueva Comisión que instituyó para la tutela de los menores, un órgano cuya creación surgió precisamente en una de las reuniones del consejo de cardenales para abanderar la lucha contra la pederastia.

El «G8» del Vaticano está formado por los cardenales Giuseppe Bertello, Francisco Javier Errázuriz Ossa, Oswald Gracias, Reinhard Marx, Laurent Monsengwo Pasinya, Sean Patrick O’Malley, George Pell y Oscar Andrés Rodríguez Maradiaga.

Fuente: eluniversal

La Cámara Marítima de Panamá, integrada por más de 180 empresas del sector naviero, afirmó hoy estar preocupada por los efectos de una huelga iniciada el 23 de abril por trabajadores de la industria de la construcción, que alcanza al proyecto de expansión de la vía interoceánica.

A través de un comunicado, el organismo empresarial planteó que «el paro de labores tiene afectación en la entrega del proyecto en las fechas previstas con los consecuentes sobrecostos que serán pagados por todos los panameños y que impactarán directamente en la competitividad del sector marítimo y la imagen de Panamá como plataforma logística», informó DPA.

«El Canal de Panamá es un activo que le pertenece al pueblo panameño y cualquier perjuicio en el mismo nos afecta a todos y cada uno de los panameños», reseñó el pronunciamiento.

La Cámara Marítima hizo el llamado luego de que el consorcio Grupo Unidos por el Canal (Gupc) advirtiera que la huelga «afecta en su totalidad las labores productivas que se realizan en los sectores Atlántico y Pacífico del proyecto del Tercer Juego de Esclusas del Canal de Panamá e impacta el cronograma de trabajo del proyecto».

El Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs), adujo que la huelga «es justa» y fue convocada para exigir aumentos salariales a miles de obreros castigados por el costo de la vida en el país, de alto crecimiento económico.

Saúl Méndez, dirigente del Suntracs, afirmó que la medida de fuerza paralizó a más de 400 proyectos en el ámbito nacional y ha sido adoptada ante el fracaso del diálogo con el sector privado, que se negó a acoger demandas laborales.

El Suntracs exige un alza mensual de salarios superior al 35%, pero directivos de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac) consideran «exagerado» el reclamo del sindicato, que encarecería en 50% el precio de nuevas viviendas.

Las manifestaciones de los trabajadores de la construcción han coincidido con movilizaciones de docentes de planteles públicos en demanda de aumento de sueldos y protestas de grupos indígenas que rechazan la construcción de hidroeléctricas en sus comarcas.

Fuente: eluniversal