Los esfuerzos para sentar en una misma mesa al gobierno y a la oposición venezolana con el objetivo de poner fin a semanas de sangrientas protestas parecieron tambalearse seis horas después de un principio de acuerdo, cuando ambas partes endurecieron sus posiciones.
“No creemos en un ‘diálogo’ donde el régimen sólo plantea un show político utilizando a los cancilleres de la Unasur como interlocutores”, informó la noche del martes el partido Voluntad Popular, ala radical de la variopinta alianza opositora Mesa de Unidad Democrática (MUD).
“No tengo nada que negociar con nadie, ni pactos, ni nada de eso (…) Aquí lo que hay es un debate, un diálogo que es diferente a una negociación. Sería un traidor yo, si me pongo a negociar la revolución” aseveró enfático el presidente Nicolás Maduro interrogado en un acto público por la AFP acerca de los modelos, al parecer irreconciliables, propugnados por su gobierno socialista y la oposición.
Pocas horas antes, ocho ministros de Relaciones Exteriores de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), con rostros de satisfacción, habían acompañado a representantes del chavismo primero y de la oposición después, que anunciaban su predisposición a un inédito diálogo de pacificación.
Pero luego incluso el moderado líder opositor y derrotado candidato presidencial, Henrique Capriles, puso paños fríos al preguntarse: “¿Dialogar significa renunciar a principios? ¿Quién dijo que diálogo significa renuncia a que nuestro pueblo siga reclamando sus derechos? ¡El pueblo tiene todo el derecho de protestar!”, sostuvo en su cuenta twitter.
Baldazos de agua fría
Los sucesivos baldazos de agua fría golpearon a una nación cuyos 30 millones de habitantes -ya atormentados desde hace tiempo por la inseguridad, la inflación y el desabastecimiento- viven en ascuas hace dos meses, con los sectores de clase media asediados por batallas campales nocturnas entre grupitos radicales con piedras y bombas molotov, fuerzas antimotines y civiles armados no identificados. El gobierno de Maduro, heredero político de Hugo Chávez, enfrenta hace dos meses una serie de manifestaciones que han derivado en disturbios violentos con saldo de 39 muertos, 600 heridos y un centenar de denuncias por abusos policiales.
Las protestas en el país con las mayores reservas petroleras mundiales las iniciaron estudiantes el 4 de febrero en reclamo por la inseguridad -el país tiene una de las mayores tasas de homicidios mundiales- y luego se agregaron reclamos por la inflación y escasez de productos básicos.
Rápidamente se sumaron a la protesta los sectores radicales de la oposición que impulsan bajo el lema “La salida” la estrategia de ocupar las calles y forzar la renuncia del presidente electo en abril de 2013.
Tarde de esperanza, noche de dudas
Luego de dos meses de violencia y furibundas batallas verbales en las que el gobierno fue catalogado de “dictadura” y la oposición reducida a la categoría de “terroristas” y “fascistas”, el martes los cancilleres de Unasur lograron trabajosamente arrancar a ambas partes un compromiso de diálogo.
“Aspiramos a que en las próximas horas se dé ya la reunión formal que será pública y que los venezolanos podrán también compartir y ver”, en cadena obligatoria de radio y televisión, dijo el vicepresidente Jorge Arreaza (yerno del difunto Chávez) y quien participó en la cita que duró casi cuatro horas.
“Hay unos acuerdos que hemos alcanzado, uno se refiere a la decisión de dialogar en términos mutuamente respetuosos y de igualdad, y de hacerlo frente a todo el país”, dijo el secretario ejecutivo de la MUD, Ramón Guillermo Aveledo. Y en Washington, el secretario de Estado estadounidenses, John Kerry, expresó ante el comité de Asuntos Exteriores del Senado su respaldo al trabajo de acompañamiento de la Unasur en Venezuela. “Apoyamos mucho los esfuerzos de mediación de un tercero dirigidos a tratar de parar la violencia y ver si se logra un diálogo honesto” entre oposición y gobierno, dijo Kerry. Pero la simple enumeración de los temas en agenda para el diálogo trajo problemas.
La oposición incluyó una amnistía para liberar al centenar de personas detenidas por los dos meses de disturbios, y que el gobierno acepte el “desarme bajo supervisión internacional” de los llamados colectivos, grupos civiles identificados con el gobierno. Maduro, interrogado en su programa radial nocturno por la AFP no dejó margen de dudas sobre su rechazo tajante a ambas cosas. “Aquí va haber justicia, no va haber impunidad, tengan la seguridad de eso (…) es la única forma que haya paz”, dijo sobre el pedido de amnistía.
Y acerca de los colectivos, el presidente hizo una encendida defensa, negó que estén armados e insistió en denunciar que hay una campaña de desprestigio.
Pero la opinión pública parece disentir con Maduro, ya que una encuesta de la empresa Datanálisis revela que la propuesta de desarmar los colectivos, tiene el apoyo del 83% de la población, según dijo en su cuenta twitter el martes el presidente de esa firma, Luis Vicente León.
El analista y politólogo fue más allá y advirtió que “no hay posibilidad de acuerdo y negociación (entre el gobierno y la oposición) que excluya la amnistía a presos políticos, el desarme de colectivos y desmontaje de barricadas” que los manifestantes han levantado obstruyendo vías de comunicación y de las cuales, hasta ahora, la oposición no ha tomado distancia.
Agencias
