La decisión del gobernador de la provincia más poblada de Argentina – la de Buenos Aires – el kirchnerista Daniel Scioli, de responder a la actual serie de linchamientos de vecinos contra ladrones con un plan para reforzar la Policía ha abierto un debate dentro de su fuerza política. Scioli es el candidato mejor valorado del peronismo kirchnerista en las encuestas presidenciales para las elecciones de 2015, pero es percibido como conservador por los más fieles seguidores de la jefa de Estado, Cristina Fernández de Kirchner. Algunos kirchneristas más puros que Scioli han demandado más énfasis en educación y prevención a la hora de combatir la inseguridad, pero otros han apoyado al gobernador.
El ministro de Educación de Argentina, Alberto Sileoni, dijo este martes que «el colectivo educativo que más ha crecido en los últimos tiempos es el de los internos (reclusos) en las cárceles; esto abate la reincidencia» en el delito.
«Desde nuestro lugar apostamos por la asignación universal por hijo, por construir puestos de trabajos, por el plan Progresar», dijo Sileoni refiriéndose al subsidio para más de 3 millones de menores de 18 años hijos de padres en paro (6%) y trabajadores informales (34% del total), así como al nuevo programa por el que medio millón de jóvenes de 18 a 24 años que no estudian ni trabajan en la formalidad vuelven al sistema educativo a cambio de una subvención. «El proyecto de vida de salir a robar tiene que ser superado por uno positivo, que tenga que ver con la escuela y con el trabajo. Sé que es limitada esta propuesta, pero me parece que es una apuesta más profunda», declaró el ministro a Radio América. No obstante, admitió que «tiene que haber soluciones técnicas específicas» en materia de combate del delito.
Argentina es el país con mayor tasas de robos de Latinoamérica, aunque el tercero con menos homicidios, detrás de Chile y Cuba. En cada provincia, la responsable de la seguridad es la policía de cada distrito. Por eso, la violencia afecta sobre todo la imagen de los gobernadores, como el de la provincia de Buenos Aires, donde viven el 39% de los argentinos. En la ciudad autónoma de Buenos Aires, la seguridad es combatida tanto por la Policía Metropolitana – que responde ante el alcalde – como la Federal y otras fuerzas que dependen del Gobierno de Fernández, como la Prefectura Naval y la Gendarmería Nacional. La presidenta argentina decidió el año pasado, antes de las elecciones legislativas en las que el kirchnerismo retuvo por poco la mayoría legislativa, enviar gendarmes también a la provincia de Scioli.
“Forma parte de su propia agenda», se diferenció el lunes del gobernador bonaerense Jorge Capitanich, jefe de Gabinete de Ministros de Fernández y uno de los casi diez presidenciables kirchneristas. «Nosotros decimos que es necesaria mayor inclusión, mayor equidad y la resocialización de aquellos que estén por cumplir sus penas”, añadió Capitanich.
En cambio, otros kirchneristas defendieron este martes a Scioli, que decretó el pasado sábado la emergencia pública en seguridad, un plan de 22 medidas entre las cuales se incluye la reincorporación obligatoria de 5.000 policías para sumarlos a los 72.000 actuales. Uno fue el vicegobernador bonaerense, Gabriel Mariotto, que un día antes había advertido sobre el uso de la cuestión de la inseguridad como método para instalarse en los medios de comunicación para los candidatos para los comicios de 2015. Mariotto aclaró que no se refería a Scioli sino a los opositores. Otro que defendió al gobernador fue su rival más importante en las encuestas para las primarias kirchneristas, el también bonaerense Florencio Randazzo, ministro del Interior y Transporte de Argentina.
Entre los presidenciables de la oposición, el conservador alcalde de Buenos Aires Mauricio Macri, reconoció la semana pasada que le «dio tranquilidad» que una de sus hijas se fuera a vivir a EE UU. Su rival Sergio Massa, diputado del peronismo opositor, le respondió que se siente tranquilo cuidando a sus hijos aquí y no enviándolos al extranjero. El diputado socialista Hermes Binner reclamó políticas de inclusión social y coordinación de acciones policiales entre el Gobierno de Fernández y provincias como la suya, Santa Fe, donde el narcotráfico atemoriza en Rosario.
La tasa de homicidios de Argentina se encuentra por encima de los niveles de principios de los 90, en 5,5 por cada 100.000 habitantes. A mediados de esa década de privatizaciones, apertura comercial, ajuste fiscal y aumento del paro, comenzó a subir la tasa hasta llegar a más de 9 en 1997 y en 2002, en plena crisis política, social y económica del país. Desde 2004, recuperación económica mediante, ha bajado a los niveles actuales, pero la población los considera inadmisibles. Además, los robos baten marcas latinoamericanas. El empeoramiento de la situación económica en lo que va de año, con la devaluación del peso, una inflación del 32% y un crecimiento apenas leve, amenaza con complicar la situación social. Este jueve,s tres de las cinco centrales sindicales han convocado a una huelga general.
El País
