Venezuela se encuentra inmersa en una profunda crisis, con expresiones concretas en lo económico, en lo social y en lo político. Las manifestaciones populares que se han venido desarrollando desde el 12 de febrero, lideradas por el movimiento estudiantil, son evidencia tangible de una profunda insatisfacción en importantes sectores del pueblo venezolano.
La respuesta gubernamental ha sido la represión y la violación de los Derechos Humanos. Esta violencia ha incrementado la crisis política en vez de resolverla. Tras casi dos meses de conflictividad social, Venezuela ha cambiado. Es imperativo que las instituciones públicas se ajusten a las nuevas realidades.
Al ser incapaces de representar a todos los venezolanos y de actuar al servicio de los ciudadanos, los poderes públicos están en el centro del conflicto. Su funcionamiento se ha caracterizado por una perversa sumisión a una parcialidad política. Desde la designación de sus autoridades el atropello recurrente a los principios constitucionales ha hecho de ellos una burla a la ley fundamental. Este problema de legitimidad se ha agudizado con sus acciones sectarias, mermando su capacidad para representar a una sociedad que exige poderes independientes, que garanticen el ejercicio de los derechos ciudadanos.
Hoy, la renovación constitucional de los poderes públicos es oportunidad para acercarnos juntos a una solución pacífica a la crisis, recuperando una institucionalidad democrática que nos debe representar a todos. Bajo el manto de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es que podemos transitar pacíficamente el camino a la democracia.
El espíritu del Constituyente es claro. En la Carta Magna se establecen procedimientos extraordinarios para la designación y renovación de los poderes públicos. La exigencia de contar con una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional, constituye un mandato para construir acuerdos plurales y generar amplios consensos políticos. Asimismo, al requerirse la participación ciudadana, el diálogo social se convierte en otra obligación constitucional. El espíritu de la Constitución es contrario a la imposición de hegemonías y es un llamado al acuerdo político y social, incluyente y plural.
El mandato de la Constitución no se limita a los procedimientos de selección, sino que establece criterios de idoneidad para quienes sean designados como sus autoridades. El espíritu de la Constitución es contrario, por ende, a la arbitrariedad y la improvisación en la selección de los miembros de los poderes públicos.
En el caso de la Contraloría General de la República, como parte del Poder Ciudadano, debe gozar de autonomía funcional, administrativa y organizativa, bajo control directo del Contralor General de la República quien, según establece la Constitución, debe tener tanto la aptitud como la experiencia adecuada para tan alto cargo. Desde junio de 2011 el cargo de Contralor General de la República se encuentra vacante, sin que haya habido voluntad política ni capacidad de diálogo para nombrar un titular definitivo. La CGR ha fungido en la práctica como otro brazo del Ejecutivo Nacional, sin capacidad efectiva para poner coto a la generalizada corrupción. Por lo que exigimos el nombramiento constitucional de un Contralor General de la República autónomo e independiente.
En lo que se refiere a la selección de los magistrados vacantes del Tribunal Supremo de Justicia la Constitución es bastante clara, los designados deben tener reconocida honorabilidad, experiencia, conocimiento y competencias. Los principios de independencia y autonomía en la administración de justicia también son mandato constitucional. A pesar de esto el TSJ, como cabeza del Poder Judicial, ha actuado de manera sectaria, destruyendo el Estado de Derecho, colocando los tribunales al servicio de una parcialidad política, vulnerando toda posibilidad de contar con una justicia independiente al servicio de los ciudadanos. UNT ratifica que el pueblo venezolano no quiere magistrados arrodillados al poder, sino una justicia imparcial, independiente y oportuna.
Finalmente, el Poder Electoral debería garantizar en su gestión igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia, por lo que los principios que deben regir su accionar son fundamentalmente los de la independencia, la autonomía y la participación ciudadana.
Al contrario, las acciones del Consejo Nacional Electoral han estado marcadas por el sectarismo, la sumisión a la facción política gobernante, y el establecimiento de un esquema institucional desequilibrado que beneficia al poder establecido. La designación de algunos de sus miembros entre militantes del partido de gobierno constituyó una de las más grandes burlas a la Constitución, incapacitando al organismo para una gestión independiente. Es inaceptable que dichas perversiones se repitan. Desde Un Nuevo Tiempo exigimos que se cumpla estrictamente la Constitución en las nuevas designaciones.
En UNT estamos convencidos que el camino que conduce a la democracia pasa por una renovación de los poderes públicos, dentro del espíritu y la letra de la Constitución. Con este cambio político institucional, tiene la sociedad venezolana una oportunidad para superar pacíficamente la actual crisis, estableciendo un funcionamiento equilibrado del poder, que lo coloque al servicio y bajo control de los ciudadanos.
