El alcalde de Carrizal, José Luis Rodríguez, rechazó las detenciones realizadas por cuerpos de seguridad del Estado en Montaña Alta y expresó que las 10 personas presentadas en la Fiscalía solo habrían participado en protestas pacíficas.

«Exigimos que se respeten sus Derechos Humanos y se cumpla con el debido proceso. Esperamos que no se trate de persecución política contra un grupo de personas, muchos de los cuales han hecho carrera administrativa en nuestra alcaldía».

Asimismo, Rodríguez informó que desde las 4:00 am se iniciaron allanamientos en las torres 2, 4, 5 y 6 de Montaña Alta, donde incautaron un radio de la Red Telemática se Seguridad Comercial y Vecinal con el que los vecinos mantienen comunicación directa con los servicios de respuesta inmediata del ayuntamiento, como Emergencias Carrizal y la policía municipal.

«Nosotros hemos cumplido con el dictamen del Tribunal Supremo de Justicia, haciendo todo lo administrativa, policial e institucionalmente posible para disuadir protestas violentas y barricadas. Hemos apoyado la protesta pacífica».

El alcalde pidió esclarecer las razones por las que fueron allanadas las viviendas de estos dirigentes vecinales.

Fuente:GV

Ante la acusación presentada por el Ministerio Público, se ordenó el pase a juicio del exdirector de nómina del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, José Alejandro Chaparro Dorante y su madre Rosa Dorante Aponte, quienes fueron aprehendidos el 29 de diciembre de 2013 en Caracas, Distrito Capital, por presuntamente incurrir en hechos de corrupción.

En la audiencia preliminar, las fiscales 26º nacional y auxiliar, Jeimy Duque y María Almenara, respectivamente, ratificaron la acusación contra el exdirector por presuntamente incurrir en el delito peculado doloso impropio; mientras que Dorante Aponte fue acusada por el mismo delito, pero en grado de cooperadora inmediata.

Adicionalmente, se ratificó la acusación contra las dos personas por legitimación de capitales y asociación para delinquir.

Una vez evaluados los medios de prueba presentados por las fiscales del caso, el Tribunal 38º de Control del Área Metropolitana de Caracas ordenó el enjuiciamiento de las dos personas y que se mantenga la medida privativa de libertad contra Chaparro Dorante y Dorante Aponte.

Vale señalar que el hombre está recluido en el Internado Judicial Región Capital Rodeo II; mientras que la mujer permanece en el Instituto Nacional de Orientación Femenina, en Los Teques.

Igualmente, la referida instancia judicial ratificó la medida de incautación, prohibición de enajenar y gravar bienes de los acusados, además del aseguramiento de sus cuentas bancarias.

El 27 de diciembre de 2013, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) recibieron una denuncia acerca de presuntas irregularidades en la cuenta nómina del Ministerio del Poder Popular para el Servicio Penitenciario, en la que habría sido incluida la madre del exdirector, quien no prestaba servicios para la referida institución.

En vista de la situación, ambos fueron aprehendidos el 29 de diciembre de 2013 por efectivos del Sebin en sus residencias ubicadas en el Distrito Capital, tras órdenes de aprehensión solicitadas por las fiscales del caso y acordadas por el referido tribunal de control.

Tras varias diligencias de investigación coordinadas por el Ministerio Público y ejecutadas por efectivos del servicio de inteligencia, se detectó un daño patrimonial de más de 27 millones de bolívares, que presuntamente fueron depositados en la cuenta de Dorante Aponte, quien habría girado cheques a nombre del exfuncionario por altas sumas de dinero.

Fuente: GV

El presidente del partido Social Cristiano Copei, Roberto Enríquez, aseguró que sin la representación de la Santa Sede en el país, como mediador, no se presentarán a dialogar. Destacó que la reunión con los representantes de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) fue «positiva», sin embargo insiste en que el diálogo debe incorporar a todos los sectores de la sociedad, con el respeto a la Constitución Nacional, los derechos humanos, una comisión de la verdad y el desmantelamiento de grupos armados como elementos.

«El diálogo no es, ni puede ser una coartada para paralizar la protesta; el derecho a la protesta y a la libertad, porque no son negociables», sostuvo el dirigente de la tolda verde.

Manifestó que el Gobierno se «equivoca cuando dice que el diálogo no tiene condiciones». El respeto a la Constitución, los derechos humanos son los contextos que plantean para poder encontrarse con el sector oficial.

«Para nosotros el diálogo debe ser con condiciones y la primera de ellas es el respeto a la Constitución Nacional y los derechos humanos, de otra manera no tiene ningún sentido dialogar».

Le exigió a la ministra de Servicios Penitenciarios, Iris Varela que «sea precisa» en cuanto a la ubicación de los ex privados de libertad «que la ministra sacó de la cárcel». «Tenemos elementos para pensar que muchos de ellos forman parte de las bandas criminales que están reprimiendo a los manifestantes».

Asimismo, indicó que si se aplica la misma lógica punitiva utilizada para los alcaldes de San Diego (Enzo Scarano) y San Cristóbal (Daniel Ceballos), «poniéndolos presos y destituyéndolos por manifestaciones de los ciudadanos y como quedó demostrado y reconocido por el Gobierno, que los asesinatos del 12 de febrero lo cometieron funcionarios del Sebin, aplicando la misma lógica, entonces Nicolás Maduro debería estar preso y destituido por los delitos cometidos por sus subalternos».

Para Enríquez el hecho de que el Gobierno esté «sometido al escrutinio internacional» es un triunfo popular de los estudiantes y manifestantes.

Aseveró que la Mesa de la Unidad Democrática respalda todas las manifestaciones pacíficas.

Finalmente, pidieron que se cumpla el artículo 25 de la carta magna que se refiere a los actos que menoscaben los derechos de la Constitución, son considerados nulos y los funcionarios que los ordenen o cumplan incurren en responsabilidades. «La Fuerza Armada debe abstenerse de acatar órdenes que violen a la constitución, en particular a los derechos humanos».

Fuente: EU

El diputado a la Asamblea Nacional por Primero Justicia, Ángel Medina, anunció que en las próximas horas la Bancada de la Unidad presentará los diputados que integrarán los Comités de Postulaciones para la elección de los nuevos representantes de los Poderes Públicos.

«vamos a dar esa lucha por todos los venezolanos, porque ese es el problema, que aquí no se puede gobernar para la mitad del país ¿y que hacemos con la otra mitad? ¿la desaparecemos? No, hay que darle respuesta. El diálogo se concretará en la medida que haya voluntad del Ejecutivo Nacional y que sea transparente», dijo.

Aseguró que el diálogo político no es para darle un espacio al otro sector sino para dar soluciones a los graves problemas económicos que vive el país.

Medina, indicó que los ciudadanos esperan que el diálogo se centre en proponer soluciones a los graves problemas sociales y económicos que vivimos todos los venezolanos, inseguridad, escasez, desabastecimiento e inflación. A su juicio el diálogo debe entenderse como una verdadera salida a las diatribas sociales, esas que no se pueden desconocer.

«Aqui los venezolanos quiere ir a un hospital y que haya insumos, que ya no se tenga que pagar para poder recibir justicia imparcial y despolitizada, de eso se trata el conciliar el diálogo, dar respuestas, no ceder. Lo que está ocurriendo es que el país está inconforme, somos una mayoría que siente que el gobierno no da respuestas, no propone más que sectarismo. En el caso de la elección de los Poderes Públicos, debemos entender que necesitamos un Contralor que trabaje contra la corrupción», aseveró.

Indicó que cumplir las peticiones de la MUD expuestas ayer ante la UNASUR, los sectores democráticos podrían sentarse con el Gobierno Nacional.

Fuente: eluniversal

En una breve declaración antes de una reunión con representantes del Gobierno y Unasur, el secretario Ejecutivo de la Mesa de la Unidad, Ramón Guillermo Aveledo, señaló que «este no es el inicio del diálogo. Es una reunión exploratoria».

Aveledo precisó que asistió al encuentro, por invitación de los Cancilleres suramericanos, «para ver si hay condiciones para que el diálogo se produzca».

Explicó que la conversación girará en torno a una agenda planteada por la oposición y la que tiene el Gobierno nacional. También «vamos a hablar del tercero de buena fe, que debe ser mutuamente convenido y hablar entonces, si esas condiciones están, de posibles fechas, lugares y horas para la reunión».

Fuente: eluniversal