El diario estadounidense New York Times publicó este jueves una carta realizada por el coordinador nacional de Primero Justicia y diputado a la Asamblea Nacional Julio Borges quien respondió a el artículo de Nicolás Maduro publicado el pasado martes por este rotativo en donde se refiere a la situación del país y la distorsión de la protesta venezolana.

A continuación la publicación en español de la respuesta de Borges a las declaraciones de Maduro

Quiero contestar al artículo: “Venezuela: Un Llamado a la Paz” por Nicolás Maduro: Para que un diálogo sincero ocurra en mi país, el Sr. Maduro debe primero comprometerse a respetar los derechos humanos de los venezolanos, los cuales han sido atropellados en este pasado mes de protestas. Maduro debe ordenar a los colectivos armados por el gobierno a detener sus ataques a los manifestantes e instruir a la Guardia Nacional a detener el uso de la violencia. Los manifestantes detenidos y presos políticos deben ser liberados.

El Sr. Maduro tiene que reconocer la raíz del descontento social: la caótica situación económica y de inseguridad, al igual que la politización de las instituciones democráticas venezolanas. Esto requiere una mayor cooperación con el sector privado y otros actores para detener la inflación rampante, la escasez de alimentos y medicinas, y la creciente inseguridad.

También se requiere un proceso transparente e imparcial para renovar la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Nacional Electoral y otras instituciones democráticas las cuales se han convertido en brazos del partido de gobierno.

Le pedimos a la comunidad internacional que sea solidaria con nuestros esfuerzos y que ayude al gobierno a entender la importancia de tener una transformación significativa. La oposición venezolana está lista para unir al país, pero para realmente reconstruir a Venezuela en un país unido y próspero, el gobierno necesita mostrar que está listo para adoptar cambios estructurales.

Respuesta de Julio Borges a Nicolás Maduro

La Patilla

El Ministerio Público determinó que el asesinato de Génesis Carmona fue cometido presuntamente “por personas armadas actuando con el rostro cubierto”. Así lo señala un informe elaborado por el fiscal Tulio Enrique Mendoza Pérez.

Génesis Carmona era Miss Turismo Carabobo 2013.

La tarde del pasado 18 de febrero, la joven se encontraba en compañía de un grupo de personas frente a la estación del metro de la avenida Cedeño de Valencia (Car). Era una protesta organizada por la oposición, reseña nota de Últimas Noticias.

“Intempestivamente se presentó un grupo de personas que se desplazaban en moto y a pie, algunos de ellos manifiestamente armados, otros portando fuegos pirotécnicos (cohetones) y objetos contundentes, con los cuales arremetieron en contra de los presentes”, narra el fiscal Mendoza Pérez en su informe entregado a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que se radicara el expediente de ese asesinato en otro estado distinto a Carabobo.

Dicha petición fue negada y así quedó reflejada en la sentencia 103 de la Sala Penal. Ese 18 de febrero resultaron heridos Mayra Méndez, Ronald Linares Vivas, Jesús Figueroa, Enyerson Ramos, Ángel Parra, César Vela, José Manuel Arias y Génesis Carmona. Esta última falleció la mañana del 19 de febrero “con ocasión a herniación de amígdalas cerebelosas y paro cardiaco respiratorio, hemorragia, lesión encefálica y edema cerebral debido a fracturas craneales, lesiones éstas motivadas a herida por proyectil disparado por arma de fuego en cráneo”, señala el informe del Ministerio Público.

Hasta ahora no hay detenidos por este asesinato.

El Informador

Los barquisimetanos que residen en el este de la ciudad tienen miedo de nuevos hechos de violencia; temen por la integridad de sus familiares y de aquellos que manifiestan apegados a la Constitución.

La manifestación del pasado martes, dejó además de heridos y detenidos, numerosos daños a la ciudad. En la intersección de las avenidas Lara con Leones, arrancaron los semáforos y parte del cableado eléctrico. Las familias de conjuntos residenciales privados, cercanos a esa dirección, señalan que fueron tanquetas de la Guardia Nacional las que ocasionaron tales daños.

No obstante, es una información que todavía no aclaran las autoridades. Con los semáforos arruinados y atravesados en medio de la vía, por ende, quedó cerrado el paso para los carros particulares y unidades del transporte público, cuestión que desencadenó un caos tremendo.

AMTT levanta los destrozos

Por su parte, la Autoridad Metropolitana de Tránsito Terrestre (AMTT) adscrito a la Alcaldía del municipio Iribarren, designó una cuadrilla para levantar los daños de los semáforos. Con ayuda de grúas y personal técnico, iniciaron las reparaciones de los dispositivos de señalización.

Cabe destacar que semanas antes los semáforos de la avenida Venezuela con Bracamonte, también fueron atacados e incendiados, sólo que no al punto de derribarlos.

Cuadrillas activas

Mientras tanto, las principales calles del este barquisimetano se mantienen llenas de basura a causa de las barricadas que organizan los vecinos como medida de protesta y de protección. Por lo pronto, el Instituto Municipal del Aseo Urbano activa cuadrillas en las zonas más afectadas por la acumulación de desechos.

«La Guardia Nacional se olvidó de proteger al pueblo; vimos cómo efectivos militares lanzaban lacrimógenas sin ninguna razón a personas que pasaban por la zona de protesta”, sostuvo Antonio Fréitez, vecino de El Pedregal.

El Impulso

Al cumplirse 11 meses del asesinato del periodista Jhonny González, las autoridades no han dado respuesta a la familia, así lo informó Luz Marina González, madre del comunicador.

«Hemos sido burlados por la justicia venezolana, tengo demasiado dolor, me quitaron la vida a mí también», expresó la progenitora de González y denunció que no ha recibido respuesta de los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) ni de los fiscales que llevan el caso.

«El fiscal 121, Melvin Ortega, ya no me atiende las llamadas, lo último que me dijo fue que se había estancado la investigación», explicó la madre del periodista. Relató que el expediente tiene declaraciones de varias muchachas. «Todas las amigas de Jhonny que fueron a declarar, las pusieron como sus novias y eso no es así, ellas eran sus amigas y los funcionarios del Cicpc lo que hacen es echarle los perros a esas muchachas, pero no investigan», indicó.

La señora González dijo tener información de que presuntamente colectivos de Petare estarían involucrados en el asesinato de su hijo, pero aseguró que los pesquisas de la policía científica no investigaron esa ni otras pistas. «No están llamando a nadie yo he dado información de personas que no han llamado. Mi hijo llevaba el caso del Inca Valero y apoyó a la familia de su esposa, eso no lo han investigado», señaló.

El periodista fue asesinado a la 1:55 de la madrugada del 5 de mayo de 2013, en la calle 4 de La Urbina, cuando salía de cumplir una guardia nocturna en el edificio Cadena Capriles donde laboraba para el diario deportivo Líder. Testigo relataron que fue interceptado por sujetos que se trasladaban en un vehículo Toyota Yaris de color negro y una moto.

Notitarde

El Foro Penal Venezolano expresó preocupación no solo por los excesos aplicados por los organismos de seguridad del Estado para reprimir a los participantes en las manifestaciones en el Zulia, sino por la saña con la que lo hacen. Ello, al analizar los sucesos ocurridos la semana pasada en Residencias Palaima y los casos de agresión a los que protestan desde el 12 de febrero.

“Ni siquiera en guerra se puede torturar a los soldados y tampoco tratar de forma cruel e inhumana a los prisioneros”, declaró Alfredo Romero, director de la organización, quien también hizo mención de la posible relación entre la Guardia del Pueblo y civiles armados en el Zulia y en el resto del país. “Hemos encontrado casos en los que entran a las viviendas y producen daños a las personas y sus bienes”.

Junto a Gonzalo Himiob y otros líderes regionales, Romero dijo que recopilarán información de los casos y los presentarán en la dirección de Derechos Fundamentales de la Fiscalía. Aseguró que, de acuerdo con la legislación venezolana, la tortura es penada con cárcel con 15 a 25 años de cárcel, y el trato cruel, entre 13 y 23. “Los que encubran son cómplices y, por ende, culpables”, dijo a los jefes de seguridad.

Himiob afirmó que en el Zulia se repiten patrones de otros estados como incomunicación de los detenidos con sus familiares, uso de actas policiales sin sustento, audiencias irregulares de presentación -ámbito jurídico- ,así como amenazas contra activistas y voluntarios del FPV, y sesgo e intimidaciones a reporteros y camarógrafos de los medios de comunicación.

Informó que es el segundo estado que registra más detenciones desde el pasado 12 de febrero -332- después de Miranda y que en todo el país, hasta ayer, contabilizaban 2.082. De ese número 1.133 fueron liberados, 392 quedaron en libertad plena y 96 fueron privados de libertad. En el Zulia 12 permanecen detenidos, de los cuales 6 están involucrados en el caso Roberto Annese.

Gran Asamblea. Ayer a las 5:00 de la tarde, en la Plaza República, se realizó la Primera Gran Asamblea de Derechos Humanos del FPV, en la que participaron las víctimas de abusos por parte de los organismos de seguridad del Estado. Más temprano, la alcaldesa Eveling Trejo y otros líderes políticos llevaron a cabo otra actividad llamada El Zulia le Habla a Venezuela, en la que reivindicaron el derecho a la protesta pacífica en el país.

El Nacional

El periodista del diario El Tiempo y coordinador multimedia de eltiempo.com, Julian Espinosa, informó que junto a dos colegas colombianos de Cartagena se encuentran acompañando el traslado de 52 toneladas de papel prensa hacia Venezuela.

“Estamos desde ayer en la frontera venezolana, y a las 4:00 de la tarde la Guardia Nacional Bolivariana comenzó la inspección del vehículo, luego no permitió el ingreso del tracto camión que transportaba las primeras 30 toneladas de papel”, dijo en entrevista a Unión Radio.

Indicó que a las 9:00 de la mañana de este jueves, hora colombiana, se autorizó el ingreso de la carga al país y fue escoltada por los funcionarios de la GNB hacia Guarero, en donde se encuentra un sitio de almacenamiento. “En ese local la aduana venezolana iniciará los trámites y provisión de documentación para verificar si está todo en regla”, explicó.

Destacó que tanto él como los dos periodistas colombianos que lo acompañan se dirigieron a migración-Venezuela. «Hemos tenido inconvenientes para ingresar al país por falta de una documentación que nos están solicitando, pero ya estamos en los trámites», agregó. Destacó que en el transcurso del día de hoy intentarán el ingreso al país de las 22 toneladas de papel restantes.

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