Las últimas medidas económicas tomadas por el Gobierno de la presidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner chocan con el descontento social de los sindicatos, que la semana pasada anunciaron una paralización general para el próximo 10 de abril.
El ala disidente de la Confederación General del Trabajo de Argentina (CGT), liderada por Hugo Moyano, y la central paralela, la CGT «Azul y Blanca», también disidente, encabezada por Luis Barrionuevo, anunciaron que la medida de fuerza es contra el Gobierno, en reclamo por la inflación, el desempleo y el ajuste, entre otros.
El paro general es convocado en plena discusión en Argentina de las paritarias, las negociaciones salariales entre Gobierno, empresarios y sindicatos. Ya los líderes gremiales habían advertido que no aceptarán sueldos por debajo de la inflación registrada en 2013, que se ubicó en 28% según datos de firmas privadas.
Asimismo, los gremialistas exigen que las paritarias sean discutidas cada tres meses y no una vez al año, como es costumbre, tomando en cuenta que el alza de los precios en Argentina varía significativamente de mes a mes.
Solo en el pasado mes de febrero, el Índice de Precios (IPC), que fue reformulado tras los cuestionamientos del Fondo Monetario Internacional (FMI), registró un incremento de 3,4%, según los datos oficiales. Y la suma de este indicador entre los meses de enero y febrero de 2014 alcanzó 7,1%, informó el Gobierno.
Las consultoras privadas estiman que el costo de la vida se incrementará en Argentina entre un 35% y un 40% para el cierre del año 2014.
Medidas «impopulares»
Luego que en octubre de 2013 la presidenta Fernández de Kirchner y su partido registraran un revés electoral en las elecciones legislativas, la mandataria aseguró que su Gobierno no cambiaría de rumbo y ratificó su «modelo» económico.
Sin embargo, a partir de enero la admnistración kirchnerista ha ejecutado medidas que contradicen este discurso: una devaluación del peso que se ubicó en 22% solo en enero, el incremento de las tasas de interés al 30% anual, el reconocimiento de los índices económicos, la rebaja de los subsidios al agua y el gas, entre otras.
Aunque vistas con buenos ojos por los analistas económicos, estas medidas «ortodoxas» e «impopulares», comienzan a pegar en el bolsillo de la masa trabajadora.
«Con una inflación en 35% anual, al Gobierno le resultará difícil, como ya ocurre con los docentes, que los gremios acepten un techo de 25%, sin que se incremente la conflictividad laboral o se pacten ajustes parciales para renegociar más adelante», opinaba Néstor Scibona, columnista del diario La Nación.
Durante esta semana Moyano y Barrionuevo buscarán la adhesión de más gremios a la huelga, en especial, de las bases de la CGT oficialista de Antonio Caló. Luego que el sábado Caló, dirigente de los metalúrgicos, aceptara un incremento del 26,5% para el gremio, los afiliados, descontentos con el porcentaje, podrían sumarse al paro. El riesgo es que este convenio salarial puede ser referencia para las paritarias que faltan aún por negociar.
EU
