Luego de que funcionarios del área económica se reunieran con representantes del sector productivo, el Ejecutivo anunció que había tomado 56 decisiones que estarían dirigidas a incrementar la producción y mejorar el abastecimiento, pero dichas medidas no se han hecho públicas.

Las empresas que procesan alimentos esperaban, entre otras cosas, que el Gobierno liquidara las deudas en divisas, pendientes desde hace más de 250 días -hay casos de 628 días de atraso-; autorizara los dólares para las importaciones de este año; aumentara los precios regulados; y contribuyera a solucionar la conflictividad laboral que afecta la productividad de las industrias.

Finalizó el primer trimestredel año y no hubo solución a las solicitudes de las empresas. Tampoco les han notificado cuáles son las 56 decisiones en materia económica que tomaría el Ejecutivo luego de las reuniones.

En enero, la Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos (Cavidea) advirtió al Gobierno que la deuda que sus empresas afiliadas tenían con sus proveedores internacionales para esa fecha era de 2.400 millones de dólares, y que esa situación había afectado las relaciones comerciales y los despachos de insumos y materias primas, por lo tanto, estaba comprometida la producción de alimentos.

Mientras esperan a que el Ejecutivo autorice las liquidaciones de dólares al sector, la deuda se incrementó hasta 2.700 millones de dólares la semana pasada, según informó el presidente de Cavidea, Pablo Baraybar, quien exigió el pago total de la misma al cambio preferencial de Bs 6,30.

«Si somos capaces de importar 3.500 millones de dólares en alimentos, también somos capaces de pagar la deuda del sector de alimentos que es de 2.700 millones de dólares para producir todo el alimento necesitamos», dijo Baraybar a la salida de un foro.

Aseguró que al cancelar la deuda las empresas pueden comenzar a importar insumos y materias primas y así mejorar el abastecimiento. Actualmente la escasez es seis veces mayor a lo que debería ser , según estimaciones de Cavidea.

Con la pomulgación de la Ley Orgánica de Precios Justos y la creación de la nueva Superintendencia de Defensa de los Derechos Socio-Económicos (Sundee) las revisiones de los costos de producción iniciaron de cero, con lo cual se retrasaron aún más las decisiones sobre los aumentos de precios.

Las empresas presentan trimestralmente sus estructuras de costos y aún así hay productos que mantienen los precios congelados durante más de 30 meses. Hay 204 productos cuyos precios fueron congelados desde hace dos años por la Sundecop, que fue disuelta, y que no han sido revisados.

En los últimos 14 meses, según estimaciones de Cavidea, los costos de producción han aumentado significativamente: 88% en fletes; 80% en materia prima; 40% los costos laborales; empaques entre 43% y 60%.

El ausentismo laboral en las empresas de alimentos se ha incrementado y en promedio se sitúa en 21% y en algunos casos llega hasta 31%.

A esto también se suman las paradas injustificadas de producción que generan pérdidas de materia prima y afectan la productividad de las industrias.

Según Cavidea, la paradas injustificadas y el boicot generan pérdidas mensuales de 10% de la producción.

Desde el año pasado las empresas advirtieron al Ejecutivo sobre el efecto que esta situación tiene sobre la producción de alimentos, y han solicitado celeridad por parte del Ministerio del Trabajo para la autorización de las calificaciones de despido.

En las mesas de trabajo la industria ha hecho una serie de propuestas para elevar la producción, que han sido recibidas por los funcionarios pero no las han aprobado.

Mientras las empresas esperan las soluciones del Gobierno, la escasez y la inflación avanzan a pasos agigantados.

El Universal

Angie Contreras C.

El presidente de la Asociación de Productores Rurales de Portuguesa, (Asoportuguesa), Juan Fernando Palacios, indicó que el nuevo subsidio anunciado por el Gobierno al kilo de arroz paddy, frenará la tendencia creciente que por dos años consecutivos se ha alcanzando en la producción del rubro.

En nota de prensa, Palacios señaló que en el ciclo invierno pasado, el ingreso del agricultor fue de Bs. 4,63 por kilo de arroz paddy arrimado a la agroindustria; Bs. 2,5 los paga la empresa o industria y Bs. 2,13 provenía de un subsidio otorgado por el Gobierno, “que vendría a representar un 46% de los ingresos y del que aún se adeuda al aproximadamente 20% de los productores a nivel nacional”.

Añadió que aún tienen pendiente el pago a más de 80 productores de Portuguesa del subsidio aprobado por el Gobierno en 2008. «Si el Gobierno no ha terminado de cumplir con el subsidio de Bs. 2.13 por kilo de arroz, quién nos garantiza que ahora sí va a cubrir los Bs. 4.70 a la totalidad de los productores, con una situación económica que -dicha por los propios funcionarios- es bastante complicada», aseveró Palacios.

Al presidente de Asoportuguesa le preocupa que con esta nueva subvención aumente el endeudamiento de los productores de arroz, quienes no podrán cumplir con sus compromisos crediticios con la banca pública y privada o con el sector comercial. Aseguró que el productor está de «manos atadas» porque lo único que tiene seguro es el precio de Bs. 2.5 por kilo de arroz paddy que percibe de la agroindustria, el cual no alcanza para pagar servicios, la siembra ni la fertilización del cultivo.

«Esto conllevará a que caiga la producción, lo que sería catastrófico luego de que por dos años consecutivos habíamos dado un paso adelante, aun cuando no llegáramos a los altos niveles de 2007», apuntó.

Resaltó que el sector solicitó que el monto del rubro a nivel del sector primario se aumentara a Bs. 8.57 por kilo, “tal como lo expresan las estructuras de costos que fueron debatidas por los diferentes productores”. Indicó que ese precio “permitiría un margen de rentabilidad de 30% -según lo contempla la Ley de Costos y Precios-, ya que los gastos productivos se han elevado por la escasez de insumos, repuestos, inflación, aumento de la mano de obra y devaluación, entre otros”.

Emen

Gabriela Iribarren

Las estadísticas oficiales revelan que la manufactura pública en el cuarto trimestre del 2013 tuvo una contracción de 17,9% y en ese resultado incidió el pobre desempeño que mostraron las empresas cementeras.

Tras un intenso proceso de intervenciones el Estado logró el control de 90% del mercado de cemento.

Esto lo hace a través de la Venezolana de Cementos, Industria Venezolana de Cemento (Invecem), Fábrica Nacional de Cementos (FNC) y Cemento Andino, y en tres de esas industrias la producción se desplomó, lo cual afectó el suministro a las obras de infraestructura y a los proyectos de vivienda del sector público y el sector privado.

La información del Banco Central de Venezuela (BCV) detalla que en la Venezolana de Cementos, que es la que tiene mayor capacidad, la producción bajó 13,1% en el último trimestre del pasado año por las paradas no programadas que se realizaron ante la falta de materia prima e insumos y las fallas con los equipos para empacar.

En el transcurso del año esa industria estuvo enfrentando dificultades en sus plantas por lo cual de los cinco tipos de cemento que producía, solamente procesó uno. De hecho, las ventas en el periodo de octubre a diciembre disminuyeron en 16%.

El Gobierno a esa empresa le ha ordenado garantizar el cemento a las obras de infraestructura (líneas de metro, ferrocarril, entre otras), pero por sus problemas operativos el abastecimiento se redujo y las contratistas tuvieron que bajar el ritmo de ejecución de los proyectos.

Y siguen

Otra de las industrias que registró dificultades fue la Fábrica Nacional de Cementos, cuya producción retrocedió 33,3% en el cuarto trimestre.

Desde 2009 esa cementera es la que más escollos ha enfrentado, pero el pasado año la crisis fue severa. La caída que mostró en el último trimestre obedeció entre otros factores a la falta de materia prima (caliza). Durante el ejercicio pasado tuvo fallas con los hornos y por tal motivo, estuvo operando a muy baja capacidad.

Las cifras del instituto emisor evidencian que además de las dos empresas ya mencionadas, Cemento Andino fue la otra compañía donde producción tuvo una contracción de 47,6% en el cuarto trimestre del pasado año.

Solamente la Industria Venezolana de Cementos (Invecem) tuvo una leve recuperación en los últimos meses y su actividad creció 2%. No obstante, durante gran parte del 2013 enfrentó obstáculos en una de sus líneas de manufactura.

Esa menor disponibilidad de materiales impactó en los resultados del sector construcción. La actividad, que según las autoridades es el segundo motor de la economía, terminó el pasado año con un saldo negativo.

Continuación

Los problemas operativos de las cementeras no se han detenido en el transcurso del 2014.

Aunque el ahora exministro de Industrias, Wilmer Barrientos, aseguró la semana pasada -todavía en funciones- que en el primer trimestre de 2014 la producción de las cementeras ha aumentado 12%, fuentes del sector construcción han señalado que las fallas de suministro en ese período han continuado.

En el transcurso del trimestre las plantas han operado a medias y hace un mes el presidente de la Cámara Venezolana de la Construcción, Gilbert Dao, señaló que la actividad privada está paralizada por la ausencia de productos y añadió que «la escasez que hay en los supermercados se puede encontrar en los materiales de la construcción».

Para este período el Gobierno contempla inyectarle a dos cementeras 62% más recursos que en 2013, pero esa inversión no contempla un aumento en la producción.

El presupuesto de esas industrias muestra que en este período se procesará lo mismo que en el ejercicio pasado.

El Universal

Mayela Armas H.