La alcaldesa Ana Botella lanzó la propuesta tras los graves disturbios que el centro de Madrid vivió el sábado tras una masiva protesta contra el gobierno español. Luego llegó el respaldo del ministro del Interior. Y en medio se abrió la polémica por el recorte del derecho de manifestación.
La alcaldesa de Madrid quiere llevarse lejos del centro de la ciudad las manifestaciones para evitar, dice, el menoscabo de la «imagen» de la capital española cuando esta intenta ganar inversión extranjera y turistas y los destrozos en zona de interés histórico, informó DPA.
Su propuesta ha revuelto el panorama político español, y no solo la critica la oposición al Partido Popular (PP). También en la formación conservadora de Mariano Rajoy le han salido detractores, que defienden que el de manifestación, uno de los derechos fundamentales que recoge la Constitución española, no se toca.
La Abogacía del Estado, que depende del Ministerio de Justicia, rechaza cerrar a las protestas el centro histórico bajo el argumento de proteger el patrimonio, según un informe al que tuvo acceso el diario «El País». Si se prohiben las manifestaciones, habría también que prohibir allí todo tránsito ciudadano.
«Expulsar a la gente de las ciudades para que se manifieste en el campo es una barbaridad», asegura la número dos del PSOE, Elena Valenciano. «No sé si pretende llevárselas a La Moraleja», ironizó hoy el coordinador del Izquierda Unida (IU), Cayo Lara, aludiendo a una lujosa urbanización en las afueras de Madrid.
Pero la alcaldesa se ha topado en sus pretensiones con una oposición más significativa que esta: la de la delegada del gobierno en Madrid y compañera en el PP, Cristina Cifuentes, para quien la iniciativa de la mujer del ex presidente del gobierno José María Aznar es una propuesta «mediática».
«El derecho de reunión es un derecho fundamental que pueden ejercer todos los españoles que viven en todas las ciudades, y no solo en Madrid», dijo Cifuentes, que apuntó que la medida de Botella podría requerir la modificación de la Constitución. La alcaldesa, sin embargo, asegura que «el derecho de manifestación se puede y se debe regular».
La polémica está abierta. Y también se vive en la calle.
«A mí no me gusta que me corten la calle por una manifestación, pero es un derecho que tenemos todos. No se puede recortar», dice a dpa Dolores, una vecina de la céntrica calle Atocha, por la que pasan muchas manifestaciones. «Yo ya estoy harto, son muchos años. Quien quiera protestar que lo haga junto a su casa», se queja por su parte Julio, que vive también en esa zona.
En 2013 se autorizaron más de 4.000 manifestaciones en la ciudad y la mayoría de ellas discurrieron por algún lugar del centro.
No es la primera vez que se escucha la propuesta de sacarlas del centro de Madrid. La propia Botella habló de ello, aunque sin concretar, en septiembre de 2012. El gobierno de la Comunidad de Madrid, en manos también de la formación conservadora, sugirió hace poco hacer de la céntrica Puerta del Sol una zona libre de protesta.
El kilómetro cero de la capital, en la zona comercial más destacada de Madrid, es escenario con frecuencia de manifestaciones. Sobre todo desde que en mayo de hace casi tres años se convirtiera en símbolo de la protesta ciudadana con la irrupción allí del movimiento de los indignados.
Botella ha recibido el respaldo del Ejecutivo regional de Madrid y del ministro del Interior, Jorge Fernández-Díaz, que calificó su aspiración de «muy atinada».
«Mis derechos y libertades acaban donde comienzan los del prójimo», dijo el ministro, cuya gestión tampoco se libra de las críticas por lo relacionado con las libertades ciudadanas.
El Poder Judicial censuró esta misma semana su proyecto de ley de seguridad ciudadana. El gobierno de los jueces considera inconstitucionales algunos de sus artículos y asegura que antepone la seguridad ciudadana a la defensa de los derechos fundamentales.
La ley de Fernández Díaz se dirige sobre todo a combatir la conflictividad asociada a las protestas con medidas restrictivas, como el endurecimiento del castigo a manifestantes y la fijación de medidas restrictivas para combatir los desórdenes públicos.
El Poder Judicial advierte de que propone regulación restrictiva de los derechos de reunión y manifestación.
EU
