La esposa del alcalde tachirense, Patricia de Ceballos, repudió dicha la decisión y sostuvo que «estaban preparados para esta decisión ya que, a su juicio, los Poderes Públicos son manejados al antojo del gobierno nacional»

Tras seis horas de audiencia, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) condenó al alcalde del municipio San Cristóbal del estado Táchira, Daniel Ceballos, a 12 meses de prisión y el cese de sus funciones en dicha jurisdicción.

Ceballos, quien permanece recluido en la prisión militar de Ramo Verde desde el pasado 19 de marzo, fue acusado de desacato al mandato de dicha instancia que ordenaba el levantamiento de barricadas y la garantía del libre tránsito en el municipio, así lo informó su abogada defensora Ana Leonor Acosta.

Acosta reiteró que “no existe otra instancia a la cual acudir territorialmente para apelar a esta decisión ya que el TSJ es la máxima expresión, lo que representa un atropello al legítimo derecho a la defensa”.

Asimismo, la abogada Agregó que “hubo contradicciones en las declaraciones de los testigos quienes aseguraron que las barricadas fueron retiradas de los diversos lugares y los manifestantes las colocaban nuevamente, así como que existen lugares a los que la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) no tenía acceso”.

“Hoy esta Sala violó todos los derechos de Daniel Ceballos, su derecho a la defensa, al debido proceso, el derecho a acceder a un tribunal ya que en un juicio exprés se le condena por desacato, desconociendo la voluntad popular expresada en diciembre de 2013 y la autonomía de los municipios. No señalaron el lugar de reclusión ya que ellos no son un tribunal penal, no conocen el proceso evidentemente”, fustigó Acosta.

Por su parte, su esposa, Patricia de Ceballos, repudió dicha la decisión y sostuvo que «estaban preparados para esta decisión ya que, a su juicio, los Poderes Públicos son manejados al antojo del gobierno nacional. Informó que Daniel Ceballos se encuentra en óptimas condiciones físicas y mentales.

“Más allá de la Justicia injusta a la que se sometió, más allá de los barrotes y la celda, Daniel mantiene su espíritu libertario. Al terminar la audiencia él gritó: “estoy preparado para no recibir justicia, estoy preparado para la cárcel, estoy preparado para ser juzgado por la historia, porque estoy del lado correcto de la historia”; los ciudadanos saben eso”.

“Esta fue una audiencia desproporcionada en la que no juzgaron de manera objetiva e imparcial, hubo un despliegue de funcionarios de la Fiscalía General de la República, representantes de la Defensoría del Pueblo y más de 7 abogados de la Fuerza Socialista Bolivariana tratando de imputarle unos hechos que no cometió, opinando sobre una ciudad que ni siquiera conocen. Este Gobierno aparte de injusto es sordo, pero de nada sirve esta criminalización porque ya se le cayó la careta y la gente continuará en las calles”, exclamó la esposa del alcalde

tachirense.

Fuente: EN

Carlos Ocariz, alcalde del municipio Sucre del estado Miranda, divulgó en Twitter el documento en el que los mandatarios regionales fijan posición respecto a la que consideran una persecución contra funcionarios electos

La Asociacuión de Alcaldes por Venezuela, integrada por casi 60 alcaldes de oposicióbn, suscribió un texto en el que condena la actuación del TSJ, del Sebin y de la Asamblea Nacional en el caso de María Corina Machado, por tratarse de casos con los que se incurre en la violación de dererechos constitucionales, del debido proceso y el derecho a la defensa, además de principios consagrados en la Carta Magna tales como descentralización, autonomía municipal y de gobiernos locales, el derecho a elegir y el derecho a la protesta pacífica, entre otros, así como la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

El texto completo es el siguiente:

«Asociación de Alcaldes por Venezuela

A la opinión pública nacional e internacional

Ante las inconstitucionales medidas contra los alcaldes de San Cristóbal, Daniel Ceballos; y de San Diego, Enzo Scarano; así como con la diputada ante la Asamblea Nacional, María Corina Machado, la Asociación de Alcaldes por Venezuela quiere señalar que con estos procedimientos adelantados por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y el órgano unicameral, respectivamente, tanto el poder judicial como el legislativo, incurren en la violación de todos los derechos constitucionales, tales como el debido proceso, el derecho a la defensa, además de principios consagrados en la Carta Magna tales como descentralización, autonomía municipal y de gobiernos locales, el derecho a elegir de los ciudadanos de San Cristóbal, San Diego y de la circunscripción número 2 del Estado Miranda; y el derecho a la protesta pacífica, entre otros, así como a la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Al país y al mundo entero, esta instancia que agrupa a 76 Alcaldes de diferentes municipios y tendencias políticas, electos por el voto popular el pasado 8 de diciembre de 2.013, quiere alertar que el estado de derecho en Venezuela dejó de existir hace tiempo, pues todos los poderes obedecen al Ejecutivo y el ciudadano ya no tiene a dónde acudir.

La Asociación de Alcaldes por Venezuela quiere resaltar, particularmente en el caso contra el edil de San Cristóbal, Daniel Ceballos, que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ha incurrido en faltas al debido proceso, pues Ceballos fue detenido el pasado miércoles 19 de marzo y no se realizó la audiencia de presentación a las 48 horas de su detención, sin dejar de mencionar que la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia no tiene competencia para dictar medida privativa de libertad contra Ceballos, ni contra Scarano.

El Tribunal Supremo de Justicia ha aplicado a Ceballos el mismo precedente de Scarano: un juicio sumario, en el cual se ha echado por tierra 40 años de jurisprudencia y –reiteramos- se ha violado el debido proceso. Han sido juicios en los cuales el Ministerio Público presentó testigos, sin control de pruebas. Contra el Alcalde de San Diego, el tribunal, convertido en juez y parte, lo juzgó y lo condenó con prisión de 10 meses y ordenó –como pena accesoria- su destitución, violando también el principio de la doble instancia, pues no hay posibilidad de apelación a un juez superior.

Esta Asociación de Alcaldes por Venezuela quiere hacer énfasis que sus integrantes conocen exactamente cuáles son sus funciones, contempladas en leyes, normativas y ordenanzas vigentes. Precisamente, amparados en ese marco jurídico, insistimos que respetamos el derecho a la protesta de cada uno de los habitantes de los municipios y no vamos a reprimir manifestaciones, sean legales o no, porque jamás ordenaremos a nuestras policías a que disparen contra nuestros vecinos. Sí estamos obligados a despejar las vías, cuando no haya manifestantes, y a mediar para buscar el equilibrio en los derechos de todos, tal cual como lo hemos hecho durante las últimas semanas.

En torno al caso de la diputada María Corina Machado, el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, y la Junta Directiva del ente legislativo actúan al margen de la Constitución e incurren en usurpación de funciones, pues no tienen competencia para cesarla del cargo. Cumplen, igualmente, con los precedentes de los diputados Richard Mardo y María Mercedes Aranguren, quienes fueron despojados de su inmunidad parlamentaria, violando todos los mecanismos constitucionales, y el debido proceso.

La Asociación de Alcaldes por Venezuela quiere enviar un mensaje a todos los ciudadanos de nuestro país, una palabra de aliento para seguir luchando. Los alcaldes no nos estamos doblegando. Y estos ilegales procedimientos de encarcelamiento y destitución en nada contribuyen con la paz que tanto dice el gobierno central promover, incluso recientemente con las llamadas Conferencias de Paz. Hacemos un llamado al Ejecutivo Nacional a no caer en contradicciones, a cumplir cabalmente con un diálogo sincero y demostrar coherencia entre sus acciones y su verbo.»

Fuente: EN

Manuel Salvador Rivas, quien este martes cumplía 74 años de edad, fue asesinado de varias cuchilladas cuando transitaba por el sector El Rosario de Las Minas de Baruta.

Este martes, como todos los días, salió de su vivienda a las 3:30 am, para dirigirse a su trabajo en Baruta. Laboraba como ayudante en un camión que reparte propaganda.

Su esposa, Gladys Suárez, presume que la persona que le causó la muerte le había hecho un seguimiento y conocía su rutina. Media hora después de perpetrado el crimen, un chofer de transporte público le avisó a sus familiares.

A la víctima no le robaron el celular ni el reloj. La única pertenencia que faltaba era el bolso donde llevaba su comida. Roberto Rivas, primo del señor, y su hija, fueron interceptados por un delincuente de tez morena cuando se dirigían hacia el sector El Rosario.

El sujeto, que los amenazó con una pistola, le quitó a la muchacha un bolso y el teléfono. “A mí no me robó porque ando con una muleta”, dijo Rivas, quien considera que la delincuencia está desbordada. “El problema de la inseguridad se le ha escapado de las manos al Gobierno. Ocurren hechos de noche, de día, a toda hora”, denunció.

Fuente: ÚN