Los dos estudiantes se aventuran por primera vez en Petare, uno de los barrios marginales más grandes de América Latina. Tienen miedo y se sienten un tanto fuera de lugar. Su misión: recabar apoyo para las protestas contra el gobierno en sectores de bajos ingresos cuyos intereses defendió el finado presidente Hugo Chávez.
“Nuestras familias no querían que subamos acá”, relata Fernando Viscuña, un estudiante de comercio internacional de 21 años en el Instituto Universitario de Nuevas Profesiones. “Pero si quieres un país mejor, toca hacerlo”.
Él y Jhony Pulido, un estudiante de economía de cabello rizado de 22 años en la Universidad Andrés Bello, son parte de una campaña incipiente que busca recabar apoyo para los estudiantes cuyas movilizaciones de protesta de las últimas cinco semanas han conmocionado el país y generado una firme respuesta del gobierno.
Los estudiantes no se hacen ilusiones. Si quieren cambiar las cosas, necesitan aliados en los distritos que Chávez convirtió en sus bastiones mediante la inversión de decenas de miles de millones de dólares del petróleo en generosos programas sociales.
En las dos horas en que golpearon puertas y hablaron con residentes y comerciantes del barrio El Morro, acompañados por un profesor de mecánica automotriz de la zona que está con la oposición, los estudiantes fueron bien atendidos pero nadie pareció dejarse llevar por su prédica.
La mayor parte de la gente casi no habló con ellos. Algunos, como el plomero jubilado Valentín Castillo, de 79 años, desestimó lo que decían. “Están matando bastante gente, quemando carros. Están en contra de nosotros, de todos”, afirmó Castillo, subiendo el tono de su voz. “Exactamente. Estamos de acuerdo. También estamos en contra de las guarimbas (barricadas)”, respondió Viscuña.
Pero no convenció a Castillo, quien mencionó la matanza de guardias nacionales a manos de desconocidos armados –ya han muerto cuatro– y el caso de un motociclista que según las autoridades murió al toparse con un cable de acero que los manifestantes habían tendido en una calle.
“Qué buscan con esa lucha, con estas manifestaciones?”, preguntó Castillo, poniendo en duda la afirmación de Viscuña de que no aprueba la violencia ni quiere derrocar al presidente Nicolás Maduro. “¿A cuántos mataron?”
Algunas de las personas con las que hablan los estudiantes dicen que ellas también están hartas de la escasez de alimentos, la inflación desenfrenada y la violencia –los factores que desencadenaron las protestas– y que les gustaría salir a la calle a protestar, pero que temen a los “colectivos” progubernamentales que reprimen violentamente las manifestaciones. Los colectivos han sido implicados en la muerte de al menos seis personas en incidentes relacionados con las protestas, una de ellas en la zona metropolitana de Caracas.
Katherin Castillo, madre soltera de cinco hijos, de 35 años, y sus vecinos están cansados de la ruleta que implica salir a comprar alimentos, de las horas que pasan haciendo colas en los supermercados estatales en la esperanza de conseguir harina, leche y aceite a precios subsidiados.
En esta mañana, lo único que puede ofrecer Castillo en el puesto donde vende desayunos baratos es pollo. “Yo saldría a protestar pero me da miedo”, dice la mujer luego de que se van los estudiantes. “Los colectivos están abusando el poder que tienen y una madre no va a salir a arriesgar. Soy responsable de mis hijos”.
El maestro de mecánica automotriz que acompaña a los estudiantes, Jorge Idrogo, de 35 años, dice que los colectivos lo tiraron a la calle cuando trató de protestar en una congestionada intersección de Petare el 17 de febrero. El cartel que llevaba fue destrozado ante la mirada de la policía nacional, que no hizo nada. Las historias de ese tipo sobre los colectivos son comunes.
A principios de este mes los colectivos impidieron dos veces a los estudiantes ingresar a Petare para promover su causa en asambleas de vecinos en dos distritos, según Idrogo. “Es importante que los estudiantes tengan la oportunidad de explicar a la gente lo que están haciendo. Es la única manera con el bloqueo informático del gobierno”, sostuvo.
El líder estudiantil Alfredo Graffe, de la Universidad Simón Bolívar, dijo que el movimiento realizó más de una docena de reuniones informales en distritos de gente humilde desde fines de febrero. Acota que solo pueden ir a esos barrios de día, por cuestiones de seguridad.
En el distrito de clase media-baja de Caricuao, en el sector occidental de Caracas, mayormente oficialista, los colectivos han dispersado las cinco protestas organizadas por estudiantes que se han intentado hacer desde mediados de febrero. En otras partes de la zona proletaria del oeste de la capital, los estudiantes ni siquiera intentaron hacer movilizaciones.
Es por ello que los volantes que Idrogo distribuye entre la gente al recorrer su barrio con los estudiantes, su esposa y sus dos hijos pequeños hacen hincapié en los problemas comunes a todos los venezolanos, usando un lenguaje sencillo, hablado por figuritas de líneas.
“Me robaron”.
“No sé cuándo va a venir el agua”.
“No encontraron al que lo mató”.
“Dos meses sin conseguir leche”.
“No hay ni gazas en el hospital”.
Los volantes que distribuyen los estudiantes, en cambio, tienen mensajes más profundos y exigencias: el gobierno debe reconocer que sus políticas económicas están llevando al país a la bancarrota, debe poner fin a la censura y frenar la violencia que hace de Venezuela una de las naciones con más asesinatos en el mundo.
Pero los pobres de Venezuela, en términos generales, se preocupan más por la posibilidad de perder sus pensiones, sus subsidios y los servicios gratuitos de educación y salud que consiguieron con Chávez si la oposición llega al poder.
Eso es lo que le dice la gente a la estudiante de posgrado de sociología en la Universidad de Georgia Rebecca Hanson cuando recorre el sector de clase obrera de Catia, en la zona occidental de Caracas, donde ha estado viviendo por temporadas desde el 2009. “Creo que la gente piensa que lo único que buscan con las protestas es derrocar a Maduro”, expresó.
Los estudiantes, efectivamente, no tienen un programa definido, según Luis Vicente León, director de la encuestadora Datanálisis. Y están divididos entre moderados y radicales, igual que los principales grupos de oposición. “Diría que la mayoría son moderados y quedaron contaminados en la batalla radical, que en el caso de guarimbas y barricadas les achacan como propias cuando es un tema que ellos no dominan”, manifestó León.
En total han muerto 26 personas en los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad, según la cuenta del gobierno. Irónicamente, muchos de los manifestantes que vienen batallando con la policía en los barrios de clase alta de Caracas como el Chacao provienen de barrios pobres, donde dicen que no osarían salir a protestar en la calle.
Quienes intentaron organizar marchas pacíficas en sus barrios dicen que tropezaron con la represión de gente armada aliada al gobierno. Cuando los colectivos dispersaron una protesta del 17 de febrero en el barrio de Caricuao, al sudoeste de la capital, dispararon granadas de gas lacrimógeno y bloquearon el paso de los manifestantes con motocicletas, mientras la Guardia Nacional no hacía nada. Un líder de los colectivos se acercó al padre de Jefres Henríquez, un estudiante y activista de 23 años que vive en el barrio.
El hombre conocía tanto al padre como al hijo porque Henríquez trabajó alguna vez en un campamento infantil de verano que maneja el colectivo.
“Le mostró a mi papá una foto mía y le dijo, ‘nos toca tomar acciones en contra tu hijo”’, relató Henríquez.
El joven se fue del barrio y no volvió por una semana.
“Cuando regresé, me llamaban colectivos y decían que querían reunirse conmigo”, indicó.
Temeroso, no aceptó.
Agencias
