Con una llamada telefónica o con un «elegante silencio» se pudo haber resuelto la molestia que sintió el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, con el artículo de opinión del exministro de Ciencia y Tecnología, Carlos Genatios. Así lo considera el comunicólogo, escritor y educador Antonio Pasquali, quien sostiene que la decisión de haber recurrido al uso de tribunales en una acción legal es absolutamente exagerada, tomando en cuenta que ni el escritor ni Tal Cual tuvieron intención de desacreditar al parlamentario.
¿En el escrito de Carlos Genatios se puede identificar alguna intención de difamación? No, en absoluto. Difamar es desacreditar gravemente. La frase que Genatios atribuye sin tenebrosas intenciones a Cabello es además absolutamente creíble, está en el orden de las torcidas y malvadas intenciones del régimen.
¿Con esta demanda se busca atacar la disidencia política? Sí, obviamente.
Tal Cual es un honorable enemigo histórico del chavismo, fue multado por una carta navideña de un colaborador a una hija de Chávez y por reproducir la célebre foto de la morgue caraqueña de El Nacional; mientras que Genatios, para los facciosos del régimen, es un «traidor». El chavismo se aprovecha de todo para liquidar disidentes y lo que nos queda de libertad de expresión; ¿no declaró Maduro hace poco que para luchar contra los 27.000 asesinatos anuales había que eliminar «la violencia en los medios burgueses y apátridas»? ¿Cómo se ve afectada la sociedad con este tipo de acciones legales contra medios de comunicación? La más perniciosa astucia de Chávez fue de trazar un camino al comunismo para Venezuela de recorrido lento (por eso decía a menudo que necesitaba treinta años más en el poder), lo que le permitió conducir al usuario criollo de medios a resignarse, día tras día, al advenimiento de una hegemonía mediática gubernamental hoy casi completada. Este episodio Cabello/
Tal Cual es de añadir a la abultada lista de amedrentamientos, coacciones, pobladas, agresiones, halagos, adquisiciones, multas, encarnizamientos legales, inspecciones, retiros de concesión, compras amistosas o impuestas, retiros de publicidad, inducción de autocensura, cierres violentos con robo de equipo, jaqueos, desconexiones electrónicas y otros más con los que el régimen ha demolido el entramado comunicacional de la «Cuarta» República para abrirle espacios a la voz única del amo.
¿Puede tener esto un efecto intimidatorio en quienes escriben artículos de opinión? Sí lo tiene, lamentablemente, pero más en el sector patronal de medios que entre periodistas y opinionistas. Quisiera citar acá el valiente y poco usual beau geste del Colegio Nacional de Periodistas en su comunicado del pasado 13 de febrero, al «conminar a sus agremiados a exigirles a sus empleadores, tanto públicos como privados, a que se permita darles a conocer a los ciudadanos venezolanos lo que está sucediendo de manera veraz, balanceada y plural».
¿Se pudo haber resuelto esto con un derecho a réplica? Y hasta con una llamada telefónica o, más simplemente, con un elegante silencio. Esto, en sociedades democráticas de gobiernos civilizados, no con un régimen chavista a cuya demonización permanente del «enemigo» no escapa ni una cita aparentemente incorrecta. En estos días, casualmente, se está dando en Francia un episodio político de ribetes surrealistas: se ha hecho público que el celular secreto con el que el expresidente Sarkozy hablaba con su abogado en relación al presunto financiamiento de Geddafi a su campaña electoral ha estado bajo escucha de la Fiscalía. El muy turbulento cuadro político creado por la revelación no comporta sin embargo ningún triste episodiete modelo Cabello.
¿Es esto una violación a la libertad de expresión? No calificaría así el episodio, que se reduce a un caso banalísimo de cita supuestamente equivocada, a resolver con la acostumbrada carta al director del citado equivocadamente.
¿Son los directivos del diario realmente responsables por los contenidos de opinión? Es un viejo problema mal resuelto, y no es para menos porque su casuística es infinita y no se acomoda a normas genéricas. En general, el editor se hace responsable de lo que informan sus periodistas, y si de opinionistas se trata señala al usuario que los criterios de éste no son necesariamente los del medio.
¿El periodismo en Venezuela se ha convertido en una actividad demasiado riesgosa? Claro, la crónica de estos meses y las estadísticas de las ONG especializadas confirman esa lamentable verdad; el chavismo construyó su hegemonía también con matracazos, robos de cámaras, gas del bueno y cierre de fuentes informativas para periodistas e informadores que no le son adictos.
Fuente: Tal Cual
