Falta de divisas para garantizar materias primas es el principal problema económico a resolver. En esto coinciden los empresarios de la comisión de la verdad económica.
Esta semana se instaló la comisión de la verdad, propuesta del presidente de Empresas Polar, Lorenzo Mendoza.
Según informó AVN, esta instancia prevé elaborar un plan de trabajo público-privado, y comprende mesas de discusión en áreas como ciencia y tecnología, alimentación y agricultura, vivienda e infraestructura, industrias y comercio, empresas de seguridad y salud.
Antes de que se instalara el acto, Jorge Roig, presidente de Fedecámaras, informó que en la primera reunión del jueves con el vicepresidente Jorge Arreaza la mayoría de los 126 empresarios que intervinieron coincidieron en “un diagnóstico que ya el país, el Gobierno y los empresarios conocemos: escasez de divisas y problemas laborales”.
La deuda con los proveedores internacionales, que según Fedecámaras suma 13.400 millones de dólares, generó el cierre de las líneas de crédito, y a eso se ha sumado desde noviembre pasado la suspensión de entregas de autorizaciones para adquirir divisas (AAD) y de liquidaciones (ALD).
Mauricio Tancredi, presidente de Consecomercio, declaró, que a corto plazo hay varios factores que atender: el dificultoso acceso a las divisas durante todo el año, los niveles de escasez que según él se acentuaron con las fiscalizaciones de la “Ofensiva económica” de finales de 2013, y problemas laborales a los cuales se les ha sumado la inseguridad por el clima de tensión política.
Un industrial del sector de cuidado personal, que prefirió el anonimato, señaló que desde mayo de 2013, cuando se instalaron mesas técnicas con los empresarios en el Encuentro Nacional de los Sectores Productivos, el Gobierno tiene un diagnóstico de la situación de los diversos rubros.
Por tanto, la fuente cree que “ahora el Ejecutivo solamente debe concentrarse en actualizar los montos de las deudas por sector y atender tres variables: entregar cuanto antes los ALD y los códigos de reembolso que aprueba el BCV, así como activar las importaciones productivas por montos menores a 50.000 dólares para beneficiar a las pymes.
“Eso es lo único que puede activar el motor de la economía”, dijo.
La nueva Ley de Precios Justos también “está impactando a todos los empresarios”, según Alberto Cudemus, presidente de Feporcina, y Nicolás Constantino, presidente de Asotrigo.
Cudemus criticó que la nueva normativa obliga a utilizar un sistema de costos reales, que según él ya está obsoleto, ya que actualmente se trabaja con costos estándares. “Regresar al pasado es muy costoso y difícil de implementar, porque implica cambiar sistemas” explicó.
Fuente: Banca y Negocios
