«La esperanza de la impunidad es para muchos hombres una invitación al delito». Esta frase del filósofo alemán Pierre Villaume explica, a criterio del Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), por qué a 25 años del Caracazo los venezolanos han vuelto en los últimos días ver imágenes de grupos de policías apaleando a jóvenes o de guardias nacionales disparando a diestra y siniestra hacia apartamentos; o las denuncias de que militares han disparado perdigones a quemarropa produciendo víctimas mortales.

«El Estado no aprendió la lección del Caracazo y no tiene voluntad para evitar que estos hechos se repitan», denunció Liliana Ortega la directora de la organización que agrupa a parte de quienes perdieron a sus seres queridos o resultaron heridos hace justo un cuarto de siglo en medio de la represión desatada por el Gobierno del entonces presidente Carlos Andrés Pérez para poner fin a los disturbios que provocó su plan de ajuste macroeconómico.

Para la activista el hecho de que hasta ahora ningún tribunal nacional haya condenado a alguien por los sucesos de 1989 y que los planes de orden público no se hayan modificado, tal y como lo ordenó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia de 2004, abrió las puertas a los abusos y excesos ocurridos en las últimas tres semanas.

«Hemos tenido una reedición de la represión con excepción de la participación del Ejército (…) Sin embargo, en el caso de policías y de la Guardia Nacional hemos visto una reedición de la represión y con algunos casos con patrones similares a los del Caracazo como son los disparos (de perdigones) a corta distancia para causar daño y no para neutralizar», se lamentó.

Tras recordar que «el respeto a los Derechos Humanos diferencia a una democracia de una dictadura», la Directora de Cofavic recordó que «el control del orden público debe estar plenamente identificado con los Derechos Humanos, controlar el orden público no se puede hacer sacrificando los Derechos Humanos».

Semejanzas y diferencias

A Ortega no sólo le preocupó que la actuación de algunos policías y militares a la hora de reestablecer el orden público sea similar a la que tuvieron hace un cuarto de siglo, sino también el parecido del discurso de los gobernantes de aquella época y los actuales pese a sus diferencias ideológicas.

«En 89 las víctimas eran saqueadores, facinerosos, delincuentes y alteradores del orden público; y ahora son fascistas y golpistas que nos quieren acabar con los carnavales», afirmó la activista.

Asimismo expresó su alarma por la aparición de dos situaciones que no ocurrieron hace 25 años y que son igualmente preocupantes para el disfrute de los Derechos Humanos: La criminalización de la protesta y la actuación de grupos civiles armados para reprimir las manifestaciones con la anuencia de las autoridades.

«Durante el Caracazo la mayoría de los detenidos por esos hechos fueron puestos en libertad plena, pero hoy en día la mayoría de las personas detenidas tienen medidas restrictivas de su libertad (prohibición de declarar o protestar) y los cargos que se le imputan son muy importantes como asociación para delinquir u obstrucción de vías», aseveró y agregó: «En Caracas y otras ciudades han actuado grupos paramilitares armados que parecieran actuar con la tolerancia del Estado».

No juegue con fuego

Como una «ligereza» calificó Ortega a quienes tanto desde el bando oficialista como desde el opositor amenazan con la repetición de otro 27F, como fórmula para superar la actual crisis; y advirtió que de ocurrir algo semejante el balance sería mucho peor.

«Durante el Caracazo la población civil estaba mayoritariamente desarmada. Eso no es la situación hoy en día y si ocurriese algo parecido tendríamos situaciones más graves por la cantidad de armas que están en manos de civiles. Nadie en su sano juicio podría desear que una situación como la del Caracazo se repita, pues todavía estamos pagando sus consecuencias en materia de violencia e impunidad», zanjó.

A 25 años de estos sucesos todavía se desconoce a ciencia cierta la cantidad de fallecidos. El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en el año 2000 remitió al Ministerio Público 437 expedientes relacionados con estos hechos. Sin embargo, hay quienes aseguran que el número de víctimas es de varios miles.

La opinión de Ortega es compartida por algunos de los afectados por estos hechos, con los que tiene 25 años luchando para que se haga justicia.

«La gente que habla del Caracazo como si eso hubiera sido una fiesta o un momento memorable no sabe de lo que está hablando. No sé lo que es tener que dormir en el piso para evitar que las balas de los fusiles del Ejército te maten. No sabe lo que es ver a tu esposo caer porque le dieron tiro dentro de tu casa mientras cargaba a tu bebé de tres meses», se lamentó Iris Medina, esposa de Wolfang Quintana.

En similares términos se pronunció Aura Liscano, cuyo hermano fue desaparecido en la Cota 905, quien agregó: «El Estado no ha aprendido la lección, si hubiera cumplido la sentencia de la Corte Interamericana capaz hoy no veríamos tantos abusos. En cambio el pueblo sí aprendió y por eso a pesar de todos los problemas, de la escasez no creo que vuelva a ocurrir otro Caracazo, porque la gente del pueblo no quiere volver a vivir eso».

El Universal

Mientras el presidente Nicolás Maduro ha convocado a una conferencia nacional por la paz de Venezuela, en el país crece la incertidumbre sobre la efectividad de esa iniciativa. Este martes la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo respaldando la propuesta del gobernante, que se instaló en el Palacio de Miraflores en Caracas. Pero hay poca o casi ninguna esperanza de que esa proposición pueda prosperar y conjurar la actual crisis política.

Maduro concibe esa conferencia como la oportunidad para que su gobierno y la oposición debatan y elaboren “una agenda de paz política y social”. Es un propósito etéreo solo en apariencia porque el efecto que pretende es mucho más concreto: desactivar las protestas violentas, que ya duran casi tres semanas en Venezuela, convocando a aquellos sectores opuestos al régimen que no comparten la toma de las calles para presionar un quiebre. “Nadie puede pretender venir a derrocar violentamente a ningún gobierno en nuestro país», indicó el jefe del Estado el martes al anunciar la idea.

Uno de los líderes de la oposición, el ex candidato presidencial Henrique Capriles, ha calificado esta conferencia “como una comparsa” -que en el lenguaje local equivale a un acto sin transcendencia- en una entrevista con una radio local y anunció que no asistiría, al igual que la Mesa de la Unidad, la coalición de partidos que le respalda. Es tan solo una de las voces que señalan la futilidad de estos llamados. El Gobierno no se ha mostrado dispuesto a ceder en los puntos planteados por la oposición para ayudar a conjurar la crisis: que se desmonte el control férreo de la economía, que acabe la venta de la factura petrolera, especialmente a Cuba, en condiciones leoninas para el Estado venezolano y se desarme a las brigadas de choque del chavismo.

Estas peticiones se reiteraron ayer durante una movilización de mujeres opositoras en el Oeste de Caracas. Representan, además, una leve variante en el plan de todo o nada manifestado por el ala dura que tomó la calle desde principios de febrero para presionar la salida de Maduro, que ha dejado 14 fallecidos y decenas de heridos y detenidos. Frente a una oficial de la Guardia Nacional Bolivariana la diputada María Corina Machado, quien encabezó la protesta junto a la esposa del líder opositor Leopoldo López, preso en una cárcel de las afueras de Caracas señalado como principal responsable de los desórdenes, pidió el fin de la intervención de ciudadanos extranjeros en el manejo de asuntos estratégicos venezolanos. “Sólo entonces podremos hablar de paz”, dijo.

El chavismo asume su precaria mayoría -que en las elecciones presidenciales de abril fue de apenas 1,49%- como un mandato para avanzar a todo tren en la instauración de un modelo de inspiración cubana que coloca obstáculos al desarrollo de la empresa privada y aleja las inversiones. Hasta ahora el diálogo para ellos se reduce al intercambio de pareceres sobre asuntos administrativos. Mayor presupuesto para ejecutar obras en regiones opositoras o mejorar la dotación de sus policías. Lo más destacado de las últimas semanas en ese aspecto es la elaboración de un plan de seguridad nacional, que divide a las comunidades en cuadrantes con el objetivo declarado de responder mejor a los ataques de la delincuencia. Por primera vez en muchos años trabajaron en un mismo objetivo el ministro del Interior, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres y varios alcaldes de la oposición.

No es la primera vez que Maduro invita a sus adversarios a conversar. Su joven mandato apela a esa estrategia cada vez que se siente acosado. Lo hizo en abril cuando era muy cuestionado por la pírrica victoria obtenida sobre Capriles y lo hace ahora, cuando las protestas que exigen su salida se han extendido a buena parte del país y a todos los estratos sociales. Hay en el gesto un retroceso táctico obligado por las circunstancias de las últimas semanas. En diciembre el gobierno sólo estaba dispuesto a conversar sobre la base del Plan de la Patria, el último plan de gobierno escrito por Hugo Chávez en vísperas de su muerte. Hoy todo es distinto.

Al aparente recule del chavismo se suma la movilización de sus simpatizantes en todos los sectores. El martes los motociclistas se reunieron con Maduro. Ayer los campesinos de todo el país que apoyan a la autodenominada revolución bolivariana caminaron hacia el palacio de Gobierno en rechazo a la violencia de los últimos días. Mientras tanto, en el Este de Caracas las calles estaban un poco más despejadas que a principios de semana, aunque permanecían los escombros y la basura regada en la calzada. Los venezolanos siguen en la calle.

El País de España

Mientras el presidente Nicolás Maduro ha convocado a una conferencia nacional por la paz de Venezuela, en el país crece la incertidumbre sobre la efectividad de esa iniciativa. Este martes la Asamblea Nacional aprobó un acuerdo respaldando la propuesta del gobernante, que se instaló en el Palacio de Miraflores en Caracas. Pero hay poca o casi ninguna esperanza de que esa proposición pueda prosperar y conjurar la actual crisis política.

Maduro concibe esa conferencia como la oportunidad para que su gobierno y la oposición debatan y elaboren “una agenda de paz política y social”. Es un propósito etéreo solo en apariencia porque el efecto que pretende es mucho más concreto: desactivar las protestas violentas, que ya duran casi tres semanas en Venezuela, convocando a aquellos sectores opuestos al régimen que no comparten la toma de las calles para presionar un quiebre. “Nadie puede pretender venir a derrocar violentamente a ningún gobierno en nuestro país», indicó el jefe del Estado el martes al anunciar la idea.

Uno de los líderes de la oposición, el ex candidato presidencial Henrique Capriles, ha calificado esta conferencia “como una comparsa” -que en el lenguaje local equivale a un acto sin transcendencia- en una entrevista con una radio local y anunció que no asistiría, al igual que la Mesa de la Unidad, la coalición de partidos que le respalda. Es tan solo una de las voces que señalan la futilidad de estos llamados. El Gobierno no se ha mostrado dispuesto a ceder en los puntos planteados por la oposición para ayudar a conjurar la crisis: que se desmonte el control férreo de la economía, que acabe la venta de la factura petrolera, especialmente a Cuba, en condiciones leoninas para el Estado venezolano y se desarme a las brigadas de choque del chavismo.

Estas peticiones se reiteraron ayer durante una movilización de mujeres opositoras en el Oeste de Caracas. Representan, además, una leve variante en el plan de todo o nada manifestado por el ala dura que tomó la calle desde principios de febrero para presionar la salida de Maduro, que ha dejado 14 fallecidos y decenas de heridos y detenidos. Frente a una oficial de la Guardia Nacional Bolivariana la diputada María Corina Machado, quien encabezó la protesta junto a la esposa del líder opositor Leopoldo López, preso en una cárcel de las afueras de Caracas señalado como principal responsable de los desórdenes, pidió el fin de la intervención de ciudadanos extranjeros en el manejo de asuntos estratégicos venezolanos. “Sólo entonces podremos hablar de paz”, dijo.

El chavismo asume su precaria mayoría -que en las elecciones presidenciales de abril fue de apenas 1,49%- como un mandato para avanzar a todo tren en la instauración de un modelo de inspiración cubana que coloca obstáculos al desarrollo de la empresa privada y aleja las inversiones. Hasta ahora el diálogo para ellos se reduce al intercambio de pareceres sobre asuntos administrativos. Mayor presupuesto para ejecutar obras en regiones opositoras o mejorar la dotación de sus policías. Lo más destacado de las últimas semanas en ese aspecto es la elaboración de un plan de seguridad nacional, que divide a las comunidades en cuadrantes con el objetivo declarado de responder mejor a los ataques de la delincuencia. Por primera vez en muchos años trabajaron en un mismo objetivo el ministro del Interior, Justicia y Paz Miguel Rodríguez Torres y varios alcaldes de la oposición.

No es la primera vez que Maduro invita a sus adversarios a conversar. Su joven mandato apela a esa estrategia cada vez que se siente acosado. Lo hizo en abril cuando era muy cuestionado por la pírrica victoria obtenida sobre Capriles y lo hace ahora, cuando las protestas que exigen su salida se han extendido a buena parte del país y a todos los estratos sociales. Hay en el gesto un retroceso táctico obligado por las circunstancias de las últimas semanas. En diciembre el gobierno sólo estaba dispuesto a conversar sobre la base del Plan de la Patria, el último plan de gobierno escrito por Hugo Chávez en vísperas de su muerte. Hoy todo es distinto.

Al aparente recule del chavismo se suma la movilización de sus simpatizantes en todos los sectores. El martes los motociclistas se reunieron con Maduro. Ayer los campesinos de todo el país que apoyan a la autodenominada revolución bolivariana caminaron hacia el palacio de Gobierno en rechazo a la violencia de los últimos días. Mientras tanto, en el Este de Caracas las calles estaban un poco más despejadas que a principios de semana, aunque permanecían los escombros y la basura regada en la calzada. Los venezolanos siguen en la calle.

El País de España

A Venezuela le tocó recordar el 25 aniversario del llamado Caracazo en medio de un tenso ambiente de manifestaciones que para algunos se acerca ya a la conmoción y les recuerda aquel estallido social.

El país entró en la tercera semana consecutiva de protestas callejeras, organizadas primero por grupos estudiantiles y luego con el respaldo de partidos de la oposición, en las que, de acuerdo con la Fiscalía General, han muerto 15 personas y, según dijo el presidente Nicolás Maduro el miércoles, fallecieron 50.

Las manifestaciones se han topado con una dura represión policial. Organizaciones de defensa de derechos humanos, como el Foro Penal, aseguran que hay 18 casos de torturas, que van desde golpizas hasta una violación sexual.

Los excesos de la autoridad han exacerbado las razones originales de la protesta opositora -la inseguridad, la alta inflación, la escasez de productos básicos, agudizadas en los diez meses de la presidencia de Maduro- y como resultado en muchas ciudades se han vivido episodios de peligrosa anarquía, como saqueos a comercios o cierres de vías.

Algunos creen que ese estado de cosas cumple con los augurios de analistas y hasta brujos quienes pronosticaban que un «estallido» al estilo del vivido el 27 de febrero de 1989 acabaría con el gobierno del heredero de Hugo Chávez. La verdad es que las diferencias son muchas y grandes.

Partida de nacimiento

«Yo no quiero un estallido social», dijo a BBC Mundo el líder de la oposición venezolana Henrique Capriles, en una entrevista en la que advirtió que la profundización de la crisis económica llevará a una crisis política, una confluencia que considera que será terminal para el gobierno de Maduro.

Pero con seguridad, hasta el opositor más radical preferiría una manera menos anárquica de deshacerse del gobierno. Todo venezolano en edad de recordarlo, teme una repetición de ese «día que bajaron los cerros», cuando muchos habitantes de los barrios pobres que cubren las colinas de Caracas se abalanzaron sobre la ciudad en un frenesí de saqueos y rapiña que terminó con otro de represión y muerte.

Sería una paradoja política una situación similar en la Venezuela actual.

La llamada revolución bolivariana tiene al 27 de febrero de 1989 como el evento que llevó al grupo de militares al que pertenecía Chávez a acelerar la conspiración que tramaban contra el sistema democrático bipartidista. La narrativa revolucionaria destaca cómo ese grupo de oficiales de baja graduación rechazó la función represiva que se le asignó a la Fuerza Armada y que dejó, según cifras oficiales, 600 muertos.

Su promesa fue «nunca más empuñar las armas contra el pueblo», aunque las «evidencias» de fotos y videos tomados por celulares de manifestantes los últimos días muestran a uniformados de esas mismas fuerzas -ahora apellidadas bolivarianas- reprimiendo con una fuerza aparentemente desproporcional al riesgo que enfrentan.

Explosión súbita

La dinámica del presente es muy distinta a la del Caracazo de 1989, cuando nada permitía presagiar la violencia que hizo erupción súbita apenas casi dos meses después del estreno del segundo gobierno de uno de los políticos más carismáticos y populares de la Venezuela prechavista: Carlos Andrés Pérez.

Los venezolanos habían reelegido por abrumadora mayoría al presidente de la próspera Venezuela Saudita y en su fuero interno esperaban una repetición del bienestar material (y derroche) que recordaban de su primer período (1974-1979).

Pero CAP, como se le llamaba popularmente al mandatario, aplicó un paquete de reformas económicas inspiradas en el liberalismo económico del Consenso de Washington, que implicó recortes de gastos y aumentos de tarifas de servicios públicos para una población que, por décadas, disfrutó una economía generosamente subsidiada por petrodólares.

El argumento del ajuste necesario para salvar un país quebrado que presentó el gobierno no caló y la población se sintió defraudada. La chispa de la explosión se presentó aquel 27 de febrero en una ciudad satélite de Caracas, Guatire, cuando grupos de pobladores empezaron a protestar por el aumento de precio del pasaje del transporte colectivo que entró en vigor un día después del incremento del costo de la gasolina.

Autobuses quemados primero, calles cortadas y barricadas después, comercios saqueados finalmente. La violencia se esparció de Guatire a casi todo el país de una manera simultánea que hizo sospechar a muchos que se trató de un evento coordinado. Las policías fueron incapaces de controlar la situación y el Ejército tomó el control por varios días para poder cumplir su encargo de restablecer el orden, lo que hizo sangrientamente.

Además del trauma de la sociedad y de la tragedia de las víctimas y sus familiares, de aquellos sucesos quedaron al menos una enseñanza y un mito: que esos eventos no pueden mostrarse en vivo en TV, por el efecto de resonancia que pueden tener, y que en Venezuela la gasolina es el combustible al descontento social.

Válvula de presión

Un cuarto de siglo después, la economía venezolana luce en peores condiciones y el panorama político más comprometido, con una oposición que no termina de reconocer la limpieza de las elecciones que por estrecho margen ganó Maduro en 2013.

Las manifestaciones de las últimas semanas, si bien parecen haber ayudado al gobierno a distraer la atención de los problemas urgentes del abastecimiento y la inseguridad, han recordado, sobre todo fuera de Venezuela, que para algunos el gobierno arrancó con dudas en cuanto a su legitimidad.

Pero quienes presagian el «final de estallido» para el gobierno de Maduro olvidan que ahora como cuando el Caracazo, en una situación de descontrol las fuerzas armadas no necesariamente están en la disposición, ni en la capacidad, de asumir el poder. No sucedió con CAP, pese a que el 27 de febrero haya desencadenado la cadena de eventos que condujo al fallido golpe de Estado de 1992 encabezado por Chávez.

En la convulsionada Venezuela de hoy las protestas funcionan como válvula de escape y la rabia popular se disipa en centenares de episodios callejeros, algunos violentos, que aunque hablan de un gran descontento, pueden tener un efecto de catarsis. El año pasado se escenificaron más de 4000 manifestaciones en todo el país, según cálculos de organizaciones de derechos civiles, organizadas por gremios profesionales, sindicatos, opositores políticos o grupos de vecinos.

Cierto que la historia no espera aniversarios redondos para repetirse, sin embargo, la utilidad política de drenar la insatisfacción popular tiene límites, sobre todo en un país en el que no existe diálogo entre el gobierno y la oposición.

BBC Mundo