Las protestas contra el gobierno de Venezuela se apoderaron el miércoles de los populosos barrios de la ciudad de Valencia, donde decenas de jóvenes encapuchados cerraron las calles con barricadas mientras agentes policiales y militares los dispersaban con disparos de goma.
«Siempre me he manifestado porque (Hugo) Chávez era un perro y éste (Nicolás Maduro) es peor», dijo a The Associated Press el comerciante Alcides Maduro, de 39 años, al tiempo que con una antorcha encendía las bombas caseras que jóvenes y adolescentes lanzaban contra los policías.
Los manifestantes cerraron con barricadas formadas con troncos, basura, colchones y desechos las avenidas principales y los callejones de los populosos barrios creados en la década de los años 60 para alojar a los obreros de la zona industrial de Valencia, una ciudad gobernada por el opositor Miguel Cocchiola y situada a unos 170 kilómetros (105,6 millas) al oeste de la capital.
Mientras los encapuchados lanzaban piedras y bombas caseras, decenas de mujeres del barrio obrero La Isabelica permanecían afuera de sus casas, en los balcones de los complejos habitacionales y en las esquinas con cacerolas y banderas venezolanas para protestar en contra de la escasez de productos básicos, la creciente delincuencia y para denunciar la forma violenta usada por la policía y la Guardia Nacional para dispersar las manifestaciones.
El barrio se ha levantado además por el incremento del desempleo debido el reciente cierre de empresas de la zona industrial de Valencia, la tercera ciudad más importante del país. «Mi esposo tenía una contrata (era contratista con una compañía automotriz), pero está parada desde diciembre», indicó Adriana Suárez, una de las mujeres que protestaba cacerola en mano.
Los manifestantes también protestaron por la muerte de una joven del barrio que presuntamente falleció al recibir un disparo de goma durante una protesta en La Isabelica.
Carlina La Roche, de 65 años, se quejó de que varios disparos de perdigones alcanzaron su casa, donde vive con dos niños, debido a la cercanía al lugar de las protestas.
Aunque no participaba de las manifestaciones La Roche comentó que hay razones para hacerlo, citando la escasez de alimentos básicos como la leche, la harina de maíz y el aceite.
«No hay ni harina para las arepas (especie de tortilla) y los venezolanos sin la arepa no somos nada», dijo a la AP, al asegurar que debe hacer filas de hasta cuatro horas cuando llegan productos a los supermercados. «Y a veces, después de cuatro hora de cola, no alcanzamos a comprar nada».
Las manifestaciones que comenzaron el 12 de febrero en contra de la inflación, que en enero pasó el 50% anual, la delincuencia y la escasez de productos básicos han dejado 16 muertos, unos 150 heridos y más de 500 detenidos que fueron puestos en libertad. Solamente a 45 se les formularon cargos.
Por la noche, Maduro encabezó una maratónica reunión con representantes de distintas tendencias en el palacio de gobierno, llamada «Conferencia para la Paz», que busca aplacar tensiones y evaluar salidas a la situación de crisis en busca de acuerdos para poner fin a las protestas. A la cita no asistieron los principales líderes de la oposición, quienes expresaron sus dudas sobre la sinceridad del diálogo del gobierno.
«No hagamos un drama de que alguien haya dicho que no viene, no lo hagamos un drama, busquemos que digan que sí vienen a la próxima reunión o a la próxima jornada», dijo Maduro, que a diferencia de horas antes, habló ante sus partidarios con un tono conciliador e invitó a sus aliados a evitar «pitas (abucheos)» o cualquier otra muestra de intolerancia.
Entre sus críticos que acudieron a la cita se encontraba el presidente del mayor gremio empresarial del país, Fedecámaras, Jorge Roig, quien suele ser blanco de insultos y de acusaciones de formar parte de un plan para derrocar al presidente venezolano.
«Nuestro país no está bien, presidente, nos estamos matando entre venezolanos y eso es grave. Usted tiene una responsabilidad, como jefe de Estado es el primer responsable de calmar los ánimos en el país. En Fedecámaras creemos en el diálogo. Cometimos errores en Fedecámaras y lo hemos reconocido», dijo Roig en alusión a los esfuerzos de algunos miembros de esa organización de sacar del poder al ahora fallecido presidente Hugo Chávez en 2002. «Pasemos esa página, Fedecámaras no está para sustituir a ningún gobierno». «Queremos celebrar el tono con el que usted se ha dirigido al país, ese debe ser el tono», agregó.
El secretario general del bloque opositor de la Mesa de la Unidad, Ramón Guillermo Aveledo, declaró el miércoles que esa alianza de partidos no participará en la llamada Conferencia por la Paz convocada por Maduro por considerar que se trata de un «simulacro de diálogo».
La Mesa de La Unidad está conformada por partidos de izquierda, conservadores moderados y tradicionales. «No usaremos el lenguaje insultante y descalificador con el cual usted, los voceros del gobierno y del partido oficial nos aluden sistemáticamente, incluso simultáneamente a esta invitación, pero… con el respeto que su persona y su responsabilidad merecen. No nos prestamos para lo que derivará en un simulacro de diálogo que desemboque en una burla a nuestros compatriotas», comentó Aveledo.
En Caracas la oposición y el oficialismo marcharon por separado. «Marchamos por los caídos, por los presos y los torturados hasta los comandos y destacamentos de la Guardia Nacional, aquí y en otras ciudades del país para apelar a su conciencia como ciudadanos y a su deber como soldados», dijo la diputada María Corina Machado durante la marcha de mujeres de la oposición.
Las manifestantes fueron recibidas por mujeres miembros de la Guardia Nacional, quienes entregaron flores a la diputada Machado. Machado, por su parte, exhortó a los militares «a detener de inmediato la represión» y que se desarticulen las milicias armadas conocidas como «colectivos» que apoyan al gobierno.
Opositores y activistas de derechos humanos han denunciado que la Guardia Nacional y la policía han incurrido en «excesos» y «abusos» al contener las protestas, que según Maduro, son parte de un plan de la oposición para promover un golpe de Estado.
La Fiscalía General anunció que ordenó la detención de cinco funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional que fueron imputados de los delitos de «homicidio calificado con alevosía y motivos innobles, uso indebido de arma orgánica (policial), quebrantamiento de pactos y convenios internacionales suscritos por la república» contra el uso de armas de fuego en manifestaciones, «asociación para delinquir y obstaculización a la administración de justicia».
El caso de los agentes está vinculado con las muertes del estudiante universitario Bassil Da Costa y de Juan Montoya, un miembro de un grupo oficialista, anunció al Fiscalía en un comunicado.
Los agentes detenidos se suman a otros tres que ya fueron imputados por iguales cargos además de un comisario del Servicio identificado como Melvin Collazo, quien fue captado en vídeo y fotografías disparando durante la protesta estudiantil en las cercanías de la Fiscalía el 12 de febrero.
En tanto, campesinos, miembros de cooperativas y beneficiarios de varios programas sociales subvencionados por el Estado marcharon hasta el palacio presidencial de Miraflores, en el centro de la capital.
En los últimos cinco días oficialistas han organizado varias concentraciones en el palacio de gobierno en respaldo a Maduro, que enfrenta su primera crisis política desde que asumió en abril de 2013 luego de las elecciones realizadas ese mes tras la muerte de Chávez.
El miércoles amanecieron en su mayoría despejadas las principales avenidas y autopistas del este de Caracas que en días pasados fueron tomadas por decenas de manifestantes que levantaron barricadas improvisadas con materiales de desecho, alambres de púas y troncos de árboles.
Los habitantes de la ciudad central de Maracay se recuperaban el jueves de incidentes violentos que se registraron la víspera y que incluyeron saqueos de un centro comercial de una importante cadena de supermercados del estado de Aragua.
«No sabemos qué vamos a hacer; lo perdimos todo, habíamos invertido 300.000 bolívares (unos 50.000 dólares, según el tipo de cambio oficial)», comentó Anaís de Ortiz, que hace cinco años había instalado su local de venta de churros en un centro comercial. «Esto es como una venganza contra la oposición», consideró Ortiz, propietaria de la destruida Churros Factory. «¿Cómo se explica que estas cosas sólo pasen en un municipio (Maracay) gobernado por la oposición?»
Nuevo Herald
