“Los gobernantes, atormentados y llenos de pavor, emplean la violencia política instrumentando al elemento militar y se asustan porque los demócratas reclaman un cambio de gobierno”, afirma el coronel (Ejército) y doctor en ciencias políticas José Machillanda, luego de que a las 7:00 de la mañana de este pasado sábado 22 de febrero, funcionarios de Inteligencia Militar (DIM) allanaran su residencia. Nicolás Maduro, Ameliach y Cabello –prosigue Machillanda- son incapaces de aceptar que los venezolanos, después de quince años, están hartos y, en consecuencia, dispuestos a contener el primitivismo político y la herencia política de Chávez y sus ideas anacrónicas. Estos tres gobernantes, se asustan porque los demócratas reclaman un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno porque lo que ha ocurrido durante los últimos 10 meses es un franco desgobierno.

“Se ha privilegiado la propaganda y la guerra psicológica, porque no entienden de acciones políticas, ni políticas públicas, ni soluciones propias de gobernantes. Tampoco pueden admitir que la sociedad venezolana agotó su paciencia para tolerar a un grupo de militares y militaristas que como gobierno, son incapaces para resolver los nudos de angustia que vive la República, razón por la cual ha crecido y continuará creciendo la protesta social en Venezuela. La protesta social –sépanlo- es el recurso civilizado de los venezolanos para decirle “ya basta” al socialismo del siglo XXI, asegura el coronel Machillanda.

A continuación el análisis completo del coronel José Machillanda:

Nicolás Maduro el 19F en un acto impulsivo e incontrolado, se atrevió a amenazar a los venezolanos con la toma militar del Táchira, mediante el uso y empleo del componente Aéreo, Ejército y Guardia Nacional para Liberar al Táchira del Fascismo Político.

Poco antes, el Gobernador Ameliach había anunciado un “Ataque Fulminante” en la población de Valencia. Ambas actuaciones muestran una máxima irresponsabilidad e inconsciencia de estos dos actores políticos que, debido a su primitivo estilo y desconocimiento sobre el uso del elemento armado, criminalizan la protesta social y la elevan casi hasta declarar una hipotética Guerra Civil. Maduro y Ameliach, junto a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, se han convertido en bufos referentes del uso de la violencia armada a partir del 18 de febrero, para intentar amedrentar, contener y neutralizar la nueva protesta social que crece como consecuencia de su torpeza, de sus limitaciones y su desconocimiento de los Derechos Constitucionales, los cuales amparan a los ciudadanos venezolanos. Gravísima y equívoca conducta, porque estos actores políticos del postchavismo, no terminan de entender sobre la etiología y efectos de un conflicto social, que de forma irresponsable y con ligereza, se permiten hasta llamar públicamente a una Guerra Civil.

Nicolás Maduro, Ameliach y Cabello son incapaces de aceptar que los venezolanos, después de quince años, están hartos y, en consecuencia, dispuestos a contener el primitivismo político y la herencia política de Chávez y sus ideas anacrónicas, sin sentido y lógica con respecto a la política y al sistema político venezolano. Por ignaros e indolentes, estos postchavistas no pueden comprender el vigor, la vitalidad y la responsabilidad de numerosos venezolanos que ya han expresado su convicción para producir un cambio por la vía constitucional, empleando, esta vez, el instrumento legítimo y político de la protesta social.

Los tres gobernantes, atormentados y llenos de pavor, emplean entonces la violencia política instrumentando al elemento militar y se asustan porque los demócratas reclaman un cambio de gobierno. Un cambio de gobierno porque lo que ha ocurrido durante los últimos 10 meses es un franco desgobierno.

Franco desgobierno en el cual se ha privilegiado la propaganda y la guerra psicológica, porque no entienden de acciones políticas, ni políticas públicas, ni soluciones propias de gobernantes. Tampoco pueden admitir que la sociedad venezolana agotó su paciencia para tolerar a un grupo de militares y militaristas que como gobierno, son incapaces para resolver los nudos de angustia que vive la República, razón por la cual ha crecido y continuará creciendo la protesta social en Venezuela. La protesta social –sépanlo- es el recurso civilizado de los venezolanos para decirle “ya basta” al socialismo del siglo XXI.

La protesta social constituye el instrumento idóneo para que el gobierno sepa, se entere y termine de comprender que sus acciones han sido permanentemente equivocadas y son contrarias y distantes a los intereses del venezolano. Los venezolanos no aceptan, no toleran y no quieren ni pueden entender que el recurso petrolero, o sea la renta petrolera, sea orientado en la región a diferentes gobiernos con déficit democrático, cercanos al postmarxismo, en vez de que los mismos sean orientados a las soluciones de los múltiples problemas que padecen los venezolanos.

La protesta social igualmente rechaza el recurso de la militarización de la política y la militarización de la sociedad por ser contrario a la democracia, a la libertad y a la decencia; la protesta social es contraria al engaño y a la conducta irresponsable de un gobierno que habla de diálogo sin comprender que el mismo debe resolver las desigualdades políticas vinculantes. La protesta social definitivamente constituye el instrumento civilizado por excelencia para enfrentar la ideología del comunismo y el comportamiento populista y arbitrario que pretende desarrollar Nicolás Maduro excluyendo a más de la mitad de los venezolanos que rechazan su comunismo disfrazado de Socialismo del siglo XXI.

Por lo tanto, Nicolás Maduro, Cabello y Ameliach no pueden pretender, frente a la protesta social, llamar a la Guerra Civil. Guerra Civil que a ellos les es cercana por su condición de golpistas como militares y radicales como comunistas en el ejercicio de la vida política. Para ellos el uso de la guerra civil es un pretexto ante su grave ineptitud, la usan para tapar su incapacidad por cuanto no han podido resolver el conflicto social venezolano. La Guerra Civil para ellos es un maridaje entre la violencia criminal organizada de sus colectivos armados como fuerzas paramilitares y el postchavismo; fuerzas paramilitares nacidas y fomentadas durante el gobierno de Chávez con la intención de emplearlas a futuro en esta Guerra Civil. Una Guerra Civil que como conflicto violento, se propone aislar y neutralizar las organizaciones políticas legítimas y naturales del Sistema Político Venezolano creando un campo para una situación de excepción en el sistema que sería apoyada por el Tutelaje Militar y la Cúpula Militar Sometida.

Esa Guerra Civil supuesta daría pie para que recayera sobre todo el elemento militar la culpabilidad, insensatez e ineptitud de una pandilla de gobernantes que no tienen sentido de la Historia. La historia de la sociedad venezolana y también del sistema regional que como parte de la historia pasada y presente, están atentos y prestos para impugnar la absurda e incongruente intención política de gobernantes venezolanos representantes del postchavismo que pudiera generar un evento de características impredecibles en la ecuación política venezolana.

El postchavismo y la Guerra Civil que anuncia Maduro y sus adláteres lo que enuncia es la incapacidad de ellos como gobernantes que siguen convencidos de una revolución y, por lo tanto, están sumamente cercanos creer en una Guerra Civil. Una Guerra Civil que no termina de comprender la visión, interés y propósito de la protesta social de la oposición. La oposición política venezolana, por el contrario, cree en la protesta social y está convencida de que no puede ni debe tolerar la tiranía de Maduro y su militarismo obsecuente, oposición política que además está convencida de que su protesta social y la Constitución son los pasos apropiados para la redemocratización de la República y su propuesta para hacerlo orillando la absurda invocación o engendro colosal de actores atormentados por la protesta categórica de los venezolanos.

La oposición política en protesta social está consciente de que la Constitución, así como ampara la protesta por legítima, facilita que la presión ciudadana conduzca a que Nicolás Maduro entienda que su falta de facultad para gobernar lo debe conducir a su renuncia.

Ese es un panorama de reclamo que comienza a vislumbrarse en el Sistema Político Venezolano a partir de la dolorosa circunstancia iniciada el 18F y que se vive en todo el territorio nacional, con la generalización de la protesta social. Este gobierno ha decidido enfrentar con una brutal represión militar a la oposición política dando muestras de intolerancia, cobardía y falta de sentido de la historia a tal extremo que anuncia una Guerra Civil. Nicolás Maduro, Cabello y Ameliach tienen que estar conscientes y contestes de que los repúblicos de Venezuela – más del 50% de los venezolanos – han decidido ejercer la protesta social quiéranlo o no ellos como gobernantes, y esto es así, debido a que los venezolanos y su clase dirigente en especial, están contestes de que hay una pérdida grave de legitimidad en el sistema político y en las funciones que cumplen estos actores políticos. A partir de esta pérdida de legitimidad, cualquier análisis del Sistema muestra un punto de fractura y un posible desmoronamiento del Estado, entonces no es la Guerra Civil la solución, ni mucho menos el uso del elemento militar contra la protesta social.

Este grave momento irreversible del desmoronamiento del Estado no le queda otra alternativa que renunciar o negociar con la oposición política representada por la protesta social y entiéndase no se trata de que el gobierno de Maduro lo quiera, lo que ocurre es algo muy simple que se le olvido a Nicolás Maduro, Cabello y Ameliach, y eso es que quienes son y representan el poder comitente o poder natural – más del 50% de los venezolanos- están reclamando un cambio de actores políticos en las funciones de gobierno y el mismo ocurrirá legítima y constitucionalmente por medio de la protesta social.

Diario de Caracas

Por considerar que no hay pruebas ni razones legales para mantenerlo en la cárcel militar de Ramo Verde (Los Teques), la defensa del líder fundador de Voluntad Popular, Leopoldo López, recurrió la decisión de la jueza 16 de Control de Caracas, Ralenis Tovar Guillén, que acordó mantenerlo detenido preventivamente, mientras el Ministerio Público lo investiga por presuntamente planificar los hechos violentos ocurridos tras la marcha opositora del 12 de febrero.

En horas de la tarde de ayer, y dos días antes de que venciera el lapso legal, el penalista Juan Carlos Gutiérrez, uno de los tres abogados del exalcalde de Chacao, interpuso el recurso de apelación contra la resolución judicial, la cual de mantenerse dejaría al dirigente hasta mediados del mes de abril tras las rejas.

Tras asegurar que «presentamos todos los elementos y argumentos para que la Corte de Apelaciones, en un acto de justicia, devuelva a López a su casa, a su familia y a las calles del país que lo reclama», el jurista negó que se cumplan los extremos previstos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal (COPP) para adoptar tal medida.

«No hay peligro de fuga porque él dijo que se iba a entregar a las autoridades y lo hizo. Él se presentó voluntariamente a los tribunales», afirmó, al tiempo que agregó: «Tampoco hay riesgo de obstaculización de la justicia y para demostrarlo entregamos sus antecedentes, donde se ve como ha hecho frente a los 22 procesos judiciales y administrativos a los que ha sido sometido en estos años, lo cual demuestra su apego al sistema judicial».

Sin pruebas y con vicios

Gutiérrez también informó que otro argumento que esgrimió al apelar la detención fue la irregularidad en la que incurrió la jueza Tovar el pasado día 19, al trasladar el juzgado hasta la cárcel de Ramo Verde.

«La jueza justificó la decisión diciendo que era para resguardar la seguridad de López, pero no presentó ningún informe de ningún organismo de seguridad que lo sustentara», dijo, tras recordar que la competencia de la funcionaria se limita al Área Metropolitana de Caracas no abarca a todo el estado Miranda.

Asimismo el penalista indicó que, en el documento de 50 páginas, acusó al Ministerio Público de no describir correctamente los hechos que le imputa al también exprecandidato presidencial. «Se señaló a López de asociación para delinquir, pero no se precisó a qué organización criminal pertenece, desde cuándo, quiénes la integran y qué hechos criminales ha cometido».

También le salió al paso a la imputación por incendio, indicando que «el edificio de la Fiscalía no fue incendiado y de las experticias realizadas se hallaron dos fragmentos de bombas molotov, de las cuales una nunca se prendió».

Gutiérrez aseveró igualmente que en el expediente contra López no figura ninguna prueba que lo responsabilice de ser el planificador del ataque que sufrió el edificio desde donde despacha la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, ni mucho menos con los dos asesinatos que ocurrieron en las cercanías (casos de Juan Montoya y de Bassil Dacosta).

«Sólo hay el señalamiento de un funcionario del Ministerio Público que dice que López amenazó con quemar a la Fiscalía, pero no se tomó en cuenta los testimonios de otros dos que no dicen nada de eso», indicó el penalista.

La orden de captura contra el opositor la aprobó la jueza Tovar el mismo día de los hechos y horas después de que funcionarios como el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, lo acusarán a él y a la diputada María Corina Machado de orquestarlos.

El Universal

Minutos antes del mediodía de este miércoles se registró un enfrentamiento entre funcionarios de Policarabobo y manifestantes en la urbanización La Isabelica, hacia el sureste de la capital carabobeña.

Los agentes acudieron al cruce de la avenida Este-Oeste 4 con calle Norte-Sur 7 y se disponían a retirar las barricadas colocadas por los vecinos durante los últimos días y fueron repelidos por residentes de la zona.

Los agentes dispararon perdigones contra el grupo de jóvenes que manifestaba contra el Gobierno nacional, sin embargo debieron solicitar refuerzos pues no contaban en ese momento con el equipamiento adecuados para disolver la protesta. Los manifestantes se refugiaron en los edificios adyacentes donde fue colocada una pancarta en la que se lee: «Zona de resistencia»

En el resto de la ciudad de Valencia la intensidad de las manifestaciones ha disminuido, aunque a las 10 de la mañana se realizó una concentración de «Mujeres por la Paz y la Justicia» en la Redoma de Guaparo, en la zona norte.

En la Autopista del Este, avenida Bolívar Norte de Valencia y avenida Universidad de Naguanagua el transporte público y particular fluye con normalidad. En las urbanizaciones Prebo, Valles de Camoruco, El Trigal, La Trigaleña, Las Chimeneas, El Bosque, Lomas del Este, Mañongo y algunos sectores de Naguanagua las barricadas se mantienen, pero no hay manifestantes.

El Universal

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, expresó que las actitudes de los sectores políticos de Venezuela no contribuyen a que vuelva la calma del país.

«Lo que hemos visto hasta ahora, la ausencia de conversaciones, la sordera política y la actitud confrontacional, sólo consigue prolongar el conflicto, incrementar la animadversión y aumentar día a día el número de ciudadanos muertos y heridos. Nadie quiere esto, ni los venezolanos, ni los que seguimos a distancia el drama de un país hermano», escribió Insulza en un artículo de opinión en el diario El País de España.

Según el diplomático «la crisis que hoy vive Venezuela revela divisiones profundas en el seno de esa sociedad, que sólo pueden ser resueltas por las autoridades, instituciones, fuerzas políticas y ciudadanos de ese país. Y hay un solo camino para cambiar la dinámica de confrontación: un diálogo abierto y franco, que involucre a los actores principales de Gobierno y oposición y busque acuerdos de fondo sobre los graves problemas económicos y políticos que aquejan» al país.

Destacó la polarización que vive el país «Venezuela tiene un Gobierno elegido democráticamente, que cuenta con un importante y visible respaldo popular. Y tiene una oposición con un apoyo ciudadano masivo, que también se expresa a diario en la calle. El país está, pues, profundamente dividido, y eso sólo se puede modificar con la decisión de sus principales actores de cambiar de actitud», expuso.

Añadió que el cambio no es el simple llamado verbal al diálogo, ni la convocatoria a algunos, dejando a otros de lado. «Los actores son conocidos, tienen nombre y apellido y dirigen el Gobierno y las organizaciones políticas. Si todos esos actores son llamados a sentarse a la mesa, con una agenda clara y con disposición a conciliar y buscar acuerdos, el diálogo pasará de ser una consigna política a ser una realidad, que es lo que espera la mayoría de los venezolanos. Que el diálogo termine con la violencia y las barricadas».

Insulza resaltó que «la crisis no se ha generado, ni será resuelta, desde fuera» y que ninguna autoridad, ni Gobierno, ni organización internacional, han pensado intervenir en Venezuela. Tampoco en interferir en sus asuntos internos. «Pero esta actitud no revela indiferencia, ni cobardía, como a diario algunos afirman con liviandad en las redes sociales. Lo que ocurre es que los tiempos de la intervención ya pasaron en América, y esperamos que nunca vuelvan».

Sin embargo, expresó que «toda la región mira con preocupación lo que está ocurriendo, porque un agravamiento de la situación en Venezuela tendría efectos económicos y políticos no menores, especialmente para los países más pequeños del Caribe y Centroamérica; y porque el hemisferio valora hoy, por sobre todo, la estabilidad y la convivencia democrática que hemos alcanzado».

Por ello, dijo que la comunidad internacional ya se ha pronunciado muy claramente, llamando a mantener el Estado de derecho, a respetar los derechos humanos y la libertad de expresión, a evitar la violencia y, sobre todo, a resolver los problemas por medio del diálogo entre la oposición y el Gobierno de Venezuela.

El secretario general de la OEA recordó que «hace varios años, cuando la tensión entre Colombia, Ecuador y Venezuela, había escalado peligrosamente, uno de sus principales protagonistas, el presidente Hugo Chávez, cambió de actitud, en medio del debate, en una memorable reunión del Grupo de Rio, en Santo Domingo. Sorprendiendo a todos los presentes, dijo: ‘Hemos hablado mucho, nos hemos dicho muchas cosas. Pero ya ha llegado el tiempo de entendernos?. Un actor principal de la tensión cambió de tono y en pocos minutos se abrió camino a un diálogo que luego resolvería los temas de fondo».

Concluyó que «sin ningún ánimo de intervenir y con pleno respeto a la soberanía de Venezuela, pedimos a sus dirigentes esa misma disposición, ese cambio valiente de actitud, cuando el futuro de su Patria así lo exige».

El País de España