Las ONG venezolanas, entre ellas el Foro por la Vida, suscriben un documento en el que llaman a la comunidad nacional e internacional a pronunciarse sobre la situación actual del país, especialmente en materia de defensa de los derechos humanos.
“Ante el agravamiento de la situación venezolana derivada de la violencia, desinformación, detenciones arbitrarias y otras graves violaciones a los derechos humanos, ocurridas en el mes de febrero de 2014, hacemos un llamado de acción urgente para contribuir a la vigencia de los derechos humanos, la justicia y la paz en Venezuela”, dice el extenso escrito.
Añade que “los hechos ocurridos en Venezuela muestran el deterioro de la institucionalidad pública para efectivamente arbitrar en la diversidad de posiciones políticas que existen en Venezuela. Frente a esta situación es muy importante que diversos sectores de la comunidad nacional e internacional reaccionen para cuestionar las violaciones a los derechos humanos, reclamen la acción para una investigación independiente, pidan el cese a la represión y promuevan un diálogo genuino”.
Entre los aspectos que señala el pronunciamiento que obligan a reacciones sobre los actuales momentos figuran: criminalización de la protesta; detenciones arbitrarias; amenazas a libertad de expresión que incluyen la ausencia de divisas para la compra de papel, agresiones a periodistas y prohibición de transmisión de su señal a canales como NTN24.
También las ONG detallan que en materia de orden público “reconocemos la obligación del Estado de mantenerlo, pero debemos recordar firmemente que esta responsabilidad debe realizarse en estricto cumplimiento de nuestra Constitución y de los estándares internacionales en esta materia. Todo ello conforme a los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, adoptados por la Organización de Naciones Unidas y en la histórica sentencia del caso del Caracazo dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la cual es de obligatorio cumplimiento para el Estado venezolano”.
El tema de “paramilitarismo” es otro punto tocado por las organizaciones y en este se advierte que “ven con preocupación la actuación en la acción represiva contra los manifestantes de grupos paramilitares que se identifican afines al gobierno”.
Prosigue el escrito enumerando al Ministerio Público y Defensoría instituciones que a su juicio no han llevado a cabo “investigación con la debida diligencia, en violación de las obligaciones constitucionales e internacionales del Estado. Por lo cual, esta conducta de la fiscal general de la República equivale a una grave renuncia de sus funciones institucionales”.
Y concluye hablando del diálogo. “En la actual crisis que atraviesa Venezuela, exhortamos al Gobierno nacional a crear condiciones mínimas que permitan una solución democrática del conflicto, que pasa por abstenerse de criminalizar las opiniones disidentes, reconocer a los factores políticos y sociales críticos de la gestión del gobierno, abrir espacios para el diálogo y garantizar el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica”.
De igual manera “piden a la dirigencia política de oposición condenar con firmeza la violencia y contribuir a generar condiciones favorables para acordar con el gobierno una agenda mínima para un diálogo, sincero y productivo, frente a los diversos problemas que afectan hoy a la sociedad venezolana”.
Correo del Caroní
