La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha continuado monitoreando y recabando información sobre los acontecimientos que se han registrado en Venezuela en los últimos días, y reitera que se encuentra profundamente preocupada por diversas denuncias sobre supuestas violaciones a los derechos a la protesta pacífica, a la vida, a la integridad y libertad personal de los manifestantes, libertad de asociación y el derecho a la libertad de expresión.
La Comisión ha prestado especial atención a las graves denuncias sobre supuestos ataques de grupos civiles armados en contra de los manifestantes durante las protestas que han seguido teniendo lugar en el país.
En este contexto, varias personas resultaron heridas y una fallecida por herida de arma de fuego durante las manifestaciones realizadas en la ciudad de Valencia, estado Carabobo, el día martes 18 de febrero.
Asimismo, de acuerdo a cifras ofrecidas por el Ministerio de Interior, Justicia y Paz, otras cuatro personas resultaron heridas de bala y una fallecida en protestas ocurridas en la ciudad de Puerto Ordaz, estado Bolívar, el miércoles 19 siguiente. De igual manera, la información disponible da cuenta de la actuación de estos grupos en supuestos allanamientos realizados a la sede de un partido político en Venezuela.
La CIDH condena cualquier actuación de esta naturaleza y hace un llamado a las autoridades venezolanas a reforzar todas aquellas medidas destinadas a asegurar el desarme efectivo de estos grupos, investigar y sancionar las acciones ilícitas de los mismos y garantizar la seguridad de la población.
La CIDH valora que el Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, haya rechazado públicamente los hechos de violencia y hecho un llamado al desarme de estos grupos.
Asimismo, la Comisión expresa su preocupación porque persisten las denuncias sobre un uso excesivo y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado, y que varias personas habrían resultado heridas producto de la alegada represión en contra de los manifestantes.
De igual manera, la CIDH ha dado seguimiento a la situación de un alto número de personas, incluyendo menores de edad, que habrían sido detenidas desde las manifestaciones ocurridas el miércoles 12 de febrero y con posterioridad. La información disponible y puesta en conocimiento de la Comisión, da cuenta de una serie de denuncias sobre casos de detenciones sin orden judicial, falta de presentación oportuna ante una autoridad judicial, el supuesto impedimento de contacto inicial con abogados y familiares, y supuestos hechos de malos tratos en contra de algunas de las personas detenidas por parte de agentes estatales, y mientras se encontraban bajo su custodia.
La CIDH también ha recibido información preocupante sobre supuestas detenciones a periodistas mientras cubrían las protestas, así como agresiones físicas en su contra y la supuesta destrucción e incautación de material periodístico por miembros de la Fuerza Pública.
En igual sentido, la CIDH sigue observando con preocupación el alegado bloqueo informativo a medios de comunicación en Venezuela, en un contexto en el cual las autoridades venezolanas han reiterado los llamados de advertencia sobre la posibilidad de aplicar sanciones y suspensión de la transmisión por el tipo de cobertura mediática que realicen sobre la coyuntura registrada en el país. Asimismo, existen denuncias sobre la supuesta suspensión del servicio de Internet en el estado Táchira, lo que estaría impidiendo el acceso a la información a la población de dicha entidad.
La Comisión Interamericana reitera a las autoridades venezolanas que es indispensable que en una sociedad democrática existan garantías suficientes para asegurar que la población tenga acceso al pluralismo y la diversidad informativa, especialmente en relación con temas de interés público y el acontecer nacional.
Por otra parte, la Comisión ha tomado conocimiento del inicio de procesos penales a algunos dirigentes de la oposición venezolana luego de haber participado en las convocatorias de las protestas en el país. En este contexto, al dirigente del partido Voluntad Popular, Leopoldo López, se le ha iniciado un proceso judicial y se encuentra privado de libertad, luego de que altos voceros del Gobierno le responsabilizaran públicamente por los hechos ocurridos durante las manifestaciones del miércoles 12 de febrero.
Tal y como lo ha señalado la CIDH, el Estado tiene el deber de realizar investigaciones de oficio, destinadas al esclarecimiento de los hechos ocurridos en los últimos días y que se establezcan las responsabilidades a que haya lugar. En ese sentido, los procesos judiciales deben ser conducidos de forma diligente e imparcial y con apego a las garantías del debido proceso. Asimismo, la Comisión reitera que resulta de enorme preocupación la alegada utilización del poder punitivo del Estado para criminalizar a los defensores de derechos humanos y la protesta social pacífica, y perseguir penalmente a los críticos o disidentes políticos.
La CIDH lamenta que se hayan producido nuevos hechos de violencia y reitera su llamado al Estado a promover un proceso de diálogo que permita la búsqueda de una solución en el contexto de una sociedad democrática y con pleno respeto a los derechos humanos.
Agencias
