Apareció ayer una Carta Pública de Henrique Capriles a los venezolanos que merece una glosa. El centro de la misiva lo constituye una doble reafirmación; por un lado, la de la protesta por la conducta represiva y abusiva del gobierno frente a la ciudadanía que exige respeto a sus derechos; por el otro, la ratificación de la decisión ciudadana de mantener la protesta legítima ante el comportamiento antidemocrático del gobierno. En la práctica se trata de dos caras de una misma moneda, que se expresa en la decisión de los venezolanos de no dejarse apabullar ni acoquinar por el talante crecientemente represivo de la dirigencia oficialista.

El punto de partida del texto de Capriles lo constituye la exigencia de respeto a la Constitución. En ella están las reglas de juego que nos comprometen a todos los venezolanos. La Constitución no pertenece a ningún grupo o sector particular.

Es de todos y a todos nos compromete por igual. Pero, no por obvio puede dejarse en segundo plano: el garante principal del respeto a la Carta Magna es el Estado y su gobierno. Si Estado y gobierno se colocan al margen de la Constitución, entonces, todo vale; nadie estaría obligado a respetar una normativa cuyos custodios determinantes son precisamente aquellos agentes del Estado que se colocan fuera de ella. Sería el caos, que es a lo que parecen querer jugar algunos sectores gobernantes.

El respeto a la Constitución es indisociable del respeto a los derechos del ciudadano, entre los cuales se cuenta uno crucial: el derecho a la protesta, ejercido por todos los medios siempre que sean pacíficos. Respetar la Constitución comporta el respeto al ciudadano. Nuevamente, estamos ante dos caras de una misma moneda. La Constitución no es una mandarria para apalear a los ciudadanos sino el resultado de un consenso nacional en torno a las normas elementales para la convivencia civilizada en una sociedad. Desde luego, es obvio de toda obviedad que la Constitución debe establecer las normas para castigar también aquellas conductas que vulneren esa convivencia civilizada. Castigar conforme a derecho, mediante juicios debidamente establecidos en la ley y no conforme a la voluntad o los caprichos de los gobernantes. Pero el derecho a la protesta no puede ser vulnerado o minimizado mediante subterfugios que lo coarten en la práctica.

Lamentablemente el gobierno que, alguna vez, habló de diálogo y cuyos capitostes en su reiterada y torpe retórica suelen parlotear hasta el cansancio de amor y paz, parece hundirse crecientemente en ese intransitable camino de birlar los derechos constitucionales, en los dos sentidos señalados. Ojalá, el país lo merece, un poco de prudencia y de racionalidad se aposente en las calenturientas cabezas gubernamentales. No por reprimir van a solucionar el problema que subyace en el fondo, los anaqueles vacíos, los precios que vuelan, los muertos de cada hora.

Editorial del Tal Cual