El temor de que las cifras del primer trimestre del año sean desalentadoras, pareciera tomar más cuerpo, si se tiene que la demanda de energía eléctrica a escala nacional ha ido en franco retroceso, según analistas consultados.

El exfuncionario del sector Miguel Lara advierte que estacionalmente enero y febrero son meses de menor consumo eléctrico, que gira en torno a 10%, no solo por la temporada de bajas temperaturas, sino porque las industrias se dan un receso.

Sin embargo, Lara sostiene que este año el componente de menor actividad económica, básicamente en el sector industrial y comercial, se ha acentuado notoriamente al punto que, de acuerdo con sus estimaciones, el consumo de energía en estos sectores ha retrocedido unos 2.000 megavatios más que en otros años.

De hecho, el economista Víctor Ramos comentó que el ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, “debe sentirse muy cómodo”, toda vez que la presión sobre la demanda eléctrica disminuye conforme desciende el ruido de los motores industriales.

Para este especialista se trata de un proceso en círculo, pues se ralentiza la economía por falta de insumos, repuestos, y otros insumos, y se contrae el consumo de electricidad que es uno de los indicadores de crecimiento fundamentales de la economía.

Lara sostiene que las empresas de Guayana son el claro ejemplo de la caída de la productividad y de la actividad económica. Sidor, de hecho es emblemático. De haber alcanzado en 2007 una producción de 4,2 millones de toneladas de acero líquido, el año 2013 cerró en torno a 1,5 millones de toneladas.

Disponibilidad de megavatios

Según cálculos de este analista y exdirector de la Opsis (hoy Centro Nacional de Despacho), la demanda pico podría estar en estos momentos en torno a 16.000 megavatios, considerando que el Gobierno asegura que la disponibilidad en el sistema eléctrico gira en torno a 22.000 megavatios, y que la demanda ha rozado máximos cercanos a 18.000 megavatios.

A juicio de Miguel Lara el parque de generación está presentando complicaciones por falta de mantenimiento, lo cual deja fuera de uso cerca de la mitad de la termoelectricidad, mientras que la hidroelectricidad registra una no disponibilidad de 15%. Por lo que estima que solo hay disponibles no más de 18.500 megavatios. Además, estima que a los detalles de la no disponibilidad debe sumarse la escasez de combustible, la persistente falta de gas, aunado todo al precario sistema de transmisión y distribución.

Empresas en picada

Por su parte, el analista del sector y exviceministro de electricidad, Víctor Poleo, mira las cosas de esta manera: “En 1999 habían unas 300 empresas extranjeras, entre ellas grandes transnacionales de alimentos, medicinas, tecnología, entre otros rubros, mientras que ahora no pasan de 20 compañías, y de menor calado”.

El experto añade que sobre las empresas nacionales, según estimaciones de organismos empresariales, se contaban para el año 2000 con unas 10.000, ubicadas entre Maracay y Valencia, de esas quedan hoy menos de la mitad.

“Esto es muestra clara y palpable de que el consumo de electricidad ha sido dramático. La demanda ha retrocedido a niveles de 2002 cuando el consumo pico llegaba a 16.000 megavatios. Hemos retrocedido 10 años”, comentó Poleo.

Miguel Lara agrega que de haber tenido en los últimos seis años un crecimiento promedio de 4%, la demanda de energía eléctrica debería estar en el orden de 20.000 megavatios en las horas pico. Destaca que el consumo de electricidad es un termómetro clave que mide el crecimiento de los países.

Los expertos aseguran que el crecimiento económico del país está nuevamente en peligro este año. La disminución de la actividad comercial es también un factor de preocupación, toda vez que el desempleo no cede, debido al cierre obligados de muchos comercios por la nueva jornada laboral; los hogares inclusive están demandando menos energía debido a la escasez y desabastecimiento.

Para los consultados, esta baja en la demanda podría poner en peligro lo poco que se ha hecho en el sector, debido a que el Ejecutivo podría confiarse, y al momento de requerir más electricidad no haya la disponibilidad necesaria.

Emen

Los empresarios agremiados en Fedecámaras criticaron que en la última subasta del Sicad el Ejecutivo sumó nuevas trabas al desempeño de su actividad económica, debido a la condición de que solamente se pueden realizar las órdenes de compra a través de las instituciones de la banca pública autorizadas por el Banco Central de Venezuela, y siempre que tengan una antigüedad no menor a 90 días como cliente de estas, según lo señaló su presidente, Jorge Roig.

En rueda de prensa realizada en Barquisimeto, el directivo gremial advirtió que muchas de las organizaciones empresariales no tienen cuentas en el sistema de la banca pública, pero acotó que “se harán los correctivos necesarios”.

Señaló que la nueva Ley Orgánica de Precios Justos atenta contra el empresario, y advirtió que la providencia en la que se fijaron los criterios contables para la determinación de los costos y precios no reconoce varios aspectos como parte de las estructuras.

Uno de los puntos álgidos es que se excluyó el costo por financiamiento, porque algunas organizaciones incurren en este al vender a empresas públicas y recibir pagos hasta seis meses después, situación que trae pérdidas en un país con una inflación tan alta, de acuerdo con Roig.

De igual forma, indicó que los gastos de publicidad, ventas, entre otros, no son considerados, lo cual “limita la inversión de los empresarios para lograr establecer las estrategias necesarias en esta materia”.

Para el empresario, “esta ley, lejos de mejorar las condiciones actuales en materia económica, profundiza aún más los problemas al hacerse una normativa que no fue consultada con ningún sector, con un modelo económico que ya se le ven las costuras”.

Aseguró que la aplicación de la norma traerá como consecuencia un crecimiento mayor de la escasez y, con ello, el aumento de la inflación, al existir menos oferentes en el mercado debido a la incertidumbre existente sobre cómo realizar el cálculo de la estructura de costos y, adicionalmente, por la desmotivación para invertir.

“Esta ley es perversa y no muestra de forma clara lo que persigue, puede traer efectos contrarios a lo que establece. Alertamos que esta ley es inconveniente tanto para el propio Estado como para el empresariado y el consumidor”, recalcó Roig,

Manifestó que uno de los vicios de nulidad de esta ley es el artículo que señala a toda organización como de utilidad pública, ya que atenta contra la Constitución.

Destacó que “no se pueden declarar todas las empresas como de utilidad pública, sino solo a aquellas que sean realmente de interés nacional, pues esto aumenta el estado de indefensión del empresariado”.

Pese a que el gremio introducirá una demanda contra la ley ante el Tribunal Supremo de Justicia, Roig aseguró que se han comunicado con sus agremiados para que acaten la normativa, “aun cuando los propios encargados de fiscalizar desconocen de su aplicación”.

El empresario manifestó su inconformidad con las declaraciones emitidas por el ministro Rafael Ramírez, en las cuales puso en duda la deuda de 13.460 millones de dólares con el sector privado, por considerarlas una señal muy peligrosa, razón por la cual hizo un llamado para que se publique la lista de las “empresas fantasmas de Cadivi”.

El vocero cree que al no reconocer la deuda a estas empresas, se podrían solucionar las acreencias con los distintos sectores productivos nacionales que sí son reconocidos, como las líneas aéreas, la industria farmacéutica y Polar, entre otros.

Con respecto a las declaraciones emitidas por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, sobre el tema de las divisas para los medios impresos, Roig señaló que, de acuerdo con la Ley de Ilícitos Cambiarios vigente, ningún empresario puede comprar fuera del país con dólares que no sean los preferenciales; de hacerlo, estaría violando la misma con riesgo de ser detenido.

La razón de la visita de Fedecámaras a Barquisimeto fue la puesta en marcha del programa Aprendiendo a emprender, que tiene como fin enseñar a pequeños empresarios a establecer estrategias que les permitan crecer y crear empleos.

Emen

La medida que pretende servir de “ejemplo” para que el Congreso apruebe una ley que eleve el sueldo básico de todos los estadounidenses.

Esta norma, que afectará a los contratos que se firmen a partir del 1 de enero de 2015, tanto los nuevos como las renovaciones, beneficiará a cientos de miles de estadounidenses que trabajan para el gobierno federal, según informó hoy la Casa Blanca en un comunicado.

Entre ellos, enfermeros que se cuidan de los veteranos de guerra en los centros de asistencia gubernamentales, cocineros que trabajan para las Fuerzas Armadas, o empleados de la red de Parques Nacionales.

“El presidente usa su autoridad ejecutiva para servir de ejemplo, y continuará trabajando con el Congreso para elevar el salario mínimo de todos los estadounidenses con la aprobación de la ley Harkin-Miller”, explicó la Casa Blanca.

Mejorar las condiciones de vida de las clases media y trabajadora de EE.UU. es el caballo de batalla del segundo mandato de Obama, al que sólo le quedan tres años como presidente, y es en esta lucha contra la desigualdad donde se enmarcan sus medidas para aumentar el salario mínimo de los trabajadores estadounidenses.

Obama ha pedido al Congreso en repetidas ocasiones que eleve el salario mínimo a 10,10 dólares la hora, actualmente en 7,25 dólares, la última en su discurso más importante del año: el del Estado de la Unión, del pasado 28 de febrero, que centró en la mejora de las condiciones económicas de las familias estadounidenses.

Desde que comenzó el año, Obama insiste en que tiene “un bolígrafo y un teléfono”, es decir que, aunque procurará trabajar con el Congreso, tomará medidas unilaterales siempre que pueda en favor de la recuperación económica y del fortalecimiento de la clase media.

Asimismo, la administración de Obama trabaja también con los estados, las autoridades locales y el sector privado para concienciar de que el incremento del salario mínimo no sólo beneficia a las familias trabajadoras sino también a la economía y “la moral” de toda la nación.

Agencias