El Comité de la ONU sobre los Derechos del Niño criticó hoy al Vaticano por no haber reconocido nunca «la amplitud de los crímenes» de abuso sexual contra niños por parte de sacerdotes y le acusó de adoptar «políticas y prácticas que llevaron a la continuación de abusos y a la impunidad de los responsables».

En su informe sobre el cumplimiento de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño por parte de la Santa Sede, el Comité también afirma que el Vaticano no tomó «las medidas necesarias» para atender estos casos y proteger a los menores.

El órgano de la ONU denuncia también al Vaticano por la transferencia «de una parroquia a otra, o a otros países, de abusadores de niños bien conocidos, en un intento por encubrir sus crímenes», una práctica que ha sido «documentada por varias comisiones nacionales de investigación».

Según los expertos del Comité, «la movilidad de los responsables, que ha permitido a muchos sacerdotes mantenerse en contacto con niños y continuar abusando de ellos, sigue poniendo a niños en alto riesgo de abuso sexual en muchos países».

«Se ha reportado que decenas de responsables de abusos sexuales siguen en contacto con niños», insiste el informe, presentado casi dos semanas después de la comparecencia de altos representantes del Vaticano ante el Comité, como parte de un procedimiento al que se someten periódicamente los Estados que han ratificado la referida convención.

En su documento final sobre el Vaticano, el Comité se refiere a «decenas de miles de casos» de abusos sexuales contra niños por parte de miembros de las iglesias católicas que operan bajo la autoridad de la Santa Sede.

Preguntada acerca de cuántos casos se estaría hablando, la presidenta del Comité, Kirsten Sandberg, dijo que la información utilizada «proviene de numerosas fuentes, pero nadie ha puesto todos (los datos) juntos para tener una cifra concreta».

Otro aspecto que critica el Comité en sus conclusiones tiene que ver con que denunciar los casos descubiertos a las autoridades competentes «nunca ha sido obligatorio» y en ciertas circunstancias incluso se ha rechazado.

«En muchos casos, las autoridades de la Iglesia, incluido en la más alta jerarquía del Vaticano, se han mostrado reacias y, en algunos casos, han rechazado cooperar con las autoridades judiciales y comisiones de investigación», detalla.

Al respecto, Sandberg dijo que la delegación enviada por el Vaticano para la evaluación realizada en el Comité no ofreció datos sobre el número de casos en los cuales cooperó con las autoridades nacionales, a pesar de que debían contar con ellos.

Fuente ÙN

Salir al extranjero se ha convertido en una carrera de obstáculos para los ciudadanos. Los argentinos siguen padeciendo restricciones para adquirir divisas y el Gobierno grava sus compras y extracciones de cajeros automáticos en el exterior.

El día a día de los argentinos resulta complicado pero mucho más cuando se trata de subirse a un avión, cruzar los Andes por tierra o atravesar cualquiera de las fronteras que mantiene el país con Bolivia, Brasil, Paraguay, Uruguay y Chile.

Dar el salto a Europa o a Estados Unidos forma parte de una experiencia, como las anteriores, cuando menos compleja. La flexibilización del «cepo al dólar» de este mes, a efectos reales sólo permite a un 30% de la población adquirir, en teoría sin dificultades, divisas extranjeras al cambio oficial (unos 8 pesos por dólar). El porcentaje de afortunados con acceso a «billetes verdes» se redujo en el momento en el que el Gobierno exigió disponer de unos ingresos fijos mínimos de 7.200 pesos (unos 900 dólares) , equivalente a algo más de dos veces el salario mínimo que es de 3.500 pesos (cerca de 440 dólares).

Con esa premisa, el 70% de la gente no puede comprar dólares, euros ni cualquier otra moneda extranjera de aquellas que necesita para viajar al exterior.

En el supuesto de que el argentino responda al perfil tradicional, haga acopio de dólares, -aunque los tenga que comprar en el mercado negro a un precio superior (al menos 20 por ciento más caro)-, y disponga de un colchón de divisas, debe cuidarse mucho de cruzar la aduana con más de diez mil. Ese es el límite, nacional e internacional, que permiten las autoridades sacar (y entrar) de su territorio. La Afip (Administración Federal de Ingresos Públicos) establece ese tope o «su equivalente en otras monedas, metales preciosos y cheques de viaje» para los mayores de 16 años. Los menores de esa edad disponen de un máximo de cinco mil.

Para comprar billetes de avión, los argentinos y residentes permanentes gozan de ciertas ventajas. Sus tarifas son más baratas. «No hay establecido un precio. Cada compañía decide por su cuenta», observan los agentes de viaje consultados. Un ejemplo ilustra el escenario. «Un pasaje a Cataratas para un argentino puede costar 1.500 pesos y ese mismo pasaje para un extranjero asciende a 2.700», advierten en Les Amis, una de las agencias más populares del país.

Dicho esto, una vez que el argentino logra cruzar la frontera podrá gastar libremente sus divisas y comprar en efectivo lo que le venga en gana. Cosa diferente es intentar retirar fondos de cajeros automáticas o pagar esas mismas comparas con tarjetas de crédito o débito.

La brecha entre el cambio oficial y el paralelo –puede superar el 20 por cien- favorecía las compras en el exterior con el dinero de plástico hasta que en septiembre del 2012 el Gobierno decidió intervenir progresivamente y aplicar impuestos a esas compras. Lo hizo con una secuencia que arrancó con el 15%, siguió con el 20 y la última, en diciembre, que fue del 35%. En rigor, se trata de “retenciones” que se devuelven un año más tarde al presentar la declaración de la renta. «Pero es tarde, porque eso significa que la inflación se lo ha comido todo», observa Silvia N. periodista económica.

En el caso de los cajeros el escenario no es muy diferente. A mediados del año pasado, en mayo, el Gobierno decidió que únicamente se podría retirar dinero en efectivo en los países limítrofes por un valor de 50 dólares por mes mientras que en otros destinos del planeta el tope sería de 800 dólares. La medida fue el resultado del estallido del bautizado «dólar Colonia», en honor a la histórica ciudad uruguaya vecina de Buenos Aires, en el otro margen del río de la Plata.

Los argentinos cruzaban en el «buque bus» y en menos de una hora estaban en otro país. Rápidos de reflejos, aprovechaban el cambio oficial para realizar extracciones en dólares que bien atesoraban luego para el ahorro o, a su regreso a Argentina, cambiaban en el mercado negro haciendo un negocio redondo. Con este método, durante los cuatro primeros meses del pasado año los argentinos se hicieron con más de 160 millones de «dólares Colonia», según el Banco Central. Hoy, eso forma parte del pasado.

ABC

Acaba el plazo sin acuerdo. La Autoridad del Canal de Panamá (ACP) ha roto en la madrugada de este miércoles las negociaciones con el consorcio liderado por Sacyr (GUPC) por los problemas de los sobrecostes, según informa la constructora española en un comunicado. Pese a ello, el consorcio reitera su intención de seguir buscando una solución para conseguir finalizar las obras en 2015.

Sacyr advierte de que la ruptura del diálogo deja en suspensión las obras del Canal y pone en riesgo 10.000 puestos de trabajo. «Sin una solución inmediata, Panamá y ACP enfrentarán años de disputas ante los tribunales nacionales e internacionales sobre los pasos que han llevado el proyecto al borde del fracaso», advierte la constructora.

«Panamá y ACP enfrentarán años de disputas ante los tribunales»

En el comunicado, el consorcio GUPC explica que en su última propuesta envió una carta al administrador del Canal, Jorge Quijano, invitándole a «abandonar su posición injustificadamente rígida» y le volvió a solicitar el pago de 50 millones de dólares por una factura pendiente. Sacyr alega que no ha habido respuesta.

A las 14.00 horas, las acciones de Sacyr caían cerca de un 6% con los títulos cotizando a 3,646 euros.

Este martes, el embajador panameño en España, Roberto Eduardo Arango, señalaba que esperaba que las conversaciones llegaran a buen fin. Sin embargo, el embajador reconocía que el país centroamericano dispone de un «plan B» con el fin de garantizar el «compromiso» contraído por Panamá con «todos los panameños» y sus clientes para la conclusión del proyecto.

Las obras de ampliación del Canal centradas en un tercer juego de esclusas comenzaron en 2009 a cargo de un consorcio liderado por la empresa española Sacyr (junto a la italiana Impregilo, la belga Jan de Nul y la local Cusacon) con la intención inicial de finalizarlas en agosto de este año, justo cuando el Canal cumple un siglo de vida. Sin embargo, la inauguración ya se había atrasado a junio de 2015 y ahora peligra este plazo después de que en Año Nuevo, Sacyr anunciara que suspenderá las obras el próximo 20 de enero por unos sobrecostes estimados de 1.200 millones de euros. En la actualidad, están ejecutadas un 70% de la totalidad de las obras.

ABC

La Municipalidad aprobó cobrar 270 dólares a aquellas personas que utilicen el transporte público en ese estado. «Tenemos que proteger la integridad física y emocional de los usuarios», declaró el jefe del proyecto

Abordar borracho o drogado un vehículo de transporte público en la capital de Perú será sancionado con una multa de 760 nuevos soles, unos 270 dólares, según una nueva ordenanza de la Municipalidad de Lima divulgada este martes.

El monto de la multa será mayor y alcanzará los 3.800 nuevos soles, cerca de 1.350 dólares, en el caso que los pasajeros en estado de ebriedad o bajo los efectos de drogas ilegales causen destrozos en la infraestructura del vehículo.

Las sanciones, las primeras que se aplican a borrachos o usuarios de drogas, buscan mitigar el daño potencial que puedan crear los usuarios fuera de control en esos estados como una forma de disuadirlos a que moderen su comportamiento.

La norma, conocida como «ordenanza 1769», se promulga en el marco de la reforma del transporte público que lleva a cabo la alcaldía limeña, a través de la cual pretende mejorar un servicio que sufre de deficiencias, principalmente por la irresponsabilidad de los choferes.

Los conductores y las empresas concesionarias de las rutas de servicio público también serán sancionadas con el equivalente a 1.350 dólares si los choferes conducen por más de cinco horas al día, entre otros puntos.

Fuente Infobae

Dos días de protestas decretados por los trabajadores del «Underground» afecta a millones de pasajeros británicos

Un plan de cierre masivo de oficinas de venta de billetes del metro, previsto para 2015, ha arruinado el inicio de semana de millones de pasajeros en Londres. Los trabajadores han decidido repudiar el plan oficial con una huelga de 48 horas en todas las líneas, colapsando el delicado mecanismo de horarios y servicios que caracterizan al ya mítico «Underground»

La protesta ha obligado a más de 3 millones de londinenses a soportar largas filas para tomar el bus, mientras muchos otros han optado por ir al trabajo en bicicleta o en sus autos particulares.

La huelga de empleados del metro cuenta con el apoyo de del Sindicato Marítimo y de Transporte (RMT) y de la Asociación de Personal de Transporte Asalariado (TSSA). La empresa Transport for London (Tfl) ha dicho que durante la primera jornada de paro habrá algunos servicios mínimos en las principales líneas.

Los sindicatos rechazan los planes de clausura anunciados por la compañía, pues supondría el despido de al menos 750 empleados. Los líderes sindicales habían ofrecido anular la huelga si se suspendían los planes de cierre, pero las negociaciones entre las dos partes concluyeron sin ningún acuerdo.

La huelga ha preocupado incluso al primer ministro, David Cameron. En su cuenta en Twitter, la calificó de»vergonzosa» y responsable del»sufrimiento a millones de londinenses».

El alcalde de Londres, el conservador Boris Johnson, también calificó el paro de «inútil» y fue más allá al proponer un cambio legal que limite medidas semejantes. Los líderes sindicales de RMT y TSSA, Bob Crow y Manuel Cortes, respectivamente, criticaron al alcalde por negarse a entrevistarse con ellos para analizar el cierre de las oficinas.

Fuente Infobae