El gobierno de José Mujica apenas destina 3% de su PIB, mientras que Honduras, uno de los más violentos de la región, es el que más aporta, con el 10,5%

América Latina es una de las regiones que más índices de violencia presenta. De hecho, este martes Human Right Watch condenó este flagelo que golpea permanentemente a varios países de la región. Al respecto, es curioso comprobar que quienes más gastan en concepto de seguridad, por lo general son a los que peor les va. Uruguay, en cambio, un país que no se caracteriza por tener serios problemas de violencia, es el que menos gasta de la región.

El gobierno de José Mujica destina el 3% de su PBI. En 2012, en Uruguay se registraron ocho homicidios cada 100.000 habitantes.

Este dato fue revelado el martes durante una conferencia en Guatemala por el subsecretario general de la ONU y director para América Latina y el Caribe del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Heraldo Muñoz, en la presentación de su informe: «Seguridad Ciudadana con Rostro Humano: diagnóstico y propuestas para América Latina».

A diferencia de Uruguay, Honduras es el país de la región que más gasta, al dedicar un 10,5% de su PBI en seguridad. Asimismo, el diplomático consideró «preocupante» la situación que vive Centroamérica. El gobierno de Porfirio Lobo sufre 86,5 homicidios por cada 100.000 habitantes, mientras que Guatemala presenta un índice de 34 asesinatos por cada 100.000.

«La región latinoamericana se ha establecido firmemente en el escenario internacional y avanza en la reducción de la pobreza y desigualdad, crecimiento económico y estabilidad financiera», explicó Muñoz. Y agregó: «Sin embargo, algunos desafíos persisten (…), sufre la pesada carga de la violencia con más de 100.000 homicidios registrado por año».

No obstante, el informe marca también que la tasa de homicidios en la región ha disminuido durante el período 2005-2011. En ese sentido, destaca que los que presentan tasas más bajas son aquellos países que pasaron por conflictos armados o profundas crisis de seguridad. Como el caso de Colombia, que redujo su tasa de homicidios a casi la mitad en los últimos diez años. Costa Rica, por su parte, tuvo un descenso en ese registro del 15%, entre 2011 y 2012.

Uruguay tiene una tasa de homicidios de 8 cada 100.000 habitantes

En esa línea, el representante de la ONU aseguró que la principal preocupación de los ciudadanos latinoamericanos es precisamente la inseguridad, antes que los problemas de desempleo o económicos.

Además, sostuvo que el narcotráfico y el crimen organizado representan una seria amenaza para la estabilidad democrática de la región.

El informe explica a través de cuatro puntos, los motivos del aumento de la violencia y del delito: (a), la económico-estructural, que señala la falta de calidad del crecimiento y del empleo, así como una insuficiente movilidad social, lo cual, en un contexto de crecimiento económico basado en el consumo, ha generado lo que el informe denomina un «delito aspiracional»; (b) la social, en la que destacan los cambios en la estructura familiar — con un importante incremento de hogares monoparentales—, la deserción escolar y el crecimiento urbano acelerado que erosionan el tejido social; (c) los facilitadores del delito, como las armas, el alcohol y las drogas, y (d) la falta de capacidades del Estado -–policías, jueces, ministerios públicos y cárceles– para hacer frente al desafío de la inseguridad.

«La mayoría de los países de la región tienen tasas de homicidios con niveles de epidemia, según una clasificación de la Organización Mundial de la Salud, los costos humanos y sociales de esta violencia son demasiado altos», concluyó Muñoz.

Por último, el informe destaca diez recomendaciones para una América Latina más segura:

1. Alinear los esfuerzos nacionales para reducir el delito y la violencia, con base en las experiencias y lecciones aprendidas.

2. Prevenir el delito y la violencia, impulsando un crecimiento incluyente, equitativo y con calidad.

3. Disminuir la impunidad, fortaleciendo las instituciones de seguridad y justicia, con respeto a los derechos humanos.

4. Generar políticas públicas orientadas a proteger a las personas más afectadas por la violencia y el delito.

5. Potenciar la participación activa de la sociedad, especialmente de las comunidades locales, en la construcción de la seguridad ciudadana.

6. Incrementar las oportunidades reales de desarrollo humano para los jóvenes.

7. Atender y prevenir de modo integral la violencia de género en el espacio doméstico-privado y en el ámbito público.

8. Salvaguardar activamente los derechos de las víctimas.

9. Regular y reducir los disparadores del delito —como armas, drogas y alcohol— desde una perspectiva integral y de salud pública.

10. Fortalecer los mecanismos de coordinación y de evaluación de la cooperación internacional.

Fuente Infobae