El presidente de la Asociación Venezolana de Distribuidores de Equipos Médicos, Odontológicos, Laboratorios y Afines (Avedem), Antonio Orlando, aseguró que los inventarios de material quirúrgico y de respuestos para equipos médicos se encontraría en cero debido a limitaciones en el acceso de divisas y el cierre de las líneas de crédito.

«Esto es un problema que veníamos advirtiendo desde el año pasado, producto de las limitaciones en el acceso a las divisas que han venido disminuyendo año a año en el histórico y que se ha agravado con la falta de pago que tienen nuestras empresas a los proveedores internacionales, la cual ha sido la causa del cierre de nuestras líneas de créditos», manifestó.

Indicó que Avedem, tiene a la fecha, una deuda acumulada con proveedores internacionales que asciende a 425 millones de dólares, de los cuales 275 millones corresponde a deuda «vieja de importaciones».

Orlando aseveró, que según la Asociación de Hospitales y Clínicas, el inventario de este tipo de insumos podría llegar hasta finales de febrero y reportó que ya tienen fallas en catéteres, placas, materiales de traumatología, prótesis, tornillos e instrumentos.

Mencionó que han sostenido reuniones con el ministerio para la Salud y se estarían haciendo las gestiones para que se habilite el acceso a las divisas.

Señaló que el sector salud no tiene «muchas alternativas»; pues de acabarse los inventarios, las clínicas, laboratorios u otros centros de salud se verían obligadas a suspender el suministro de medicamentos, cirugía o procedimientos. «De dañarse cualquier equipo médico lo que podemos hacer es diagnosticar la falla, pero no podemos importar la pieza, es decir el equipo quedaría paralizado», agregó.

Globovisión

El pasado 15 de enero el empresario Juan Cortés, dueño de un reconocido restaurante en Altamira, cumplió dos años de haber sido secuestrado mientras caminaba desde la cuarta hasta la sexta transversal de esa zona.

Los familiares, a pesar de haber entregado un pago por el rescate de Cortés, desconocen actualmente si el empresario se encuentra vivo o muerto. “Pido, si es posible, solicitarle al Gobierno que nos den respuesta del caso (…) así como se les dan respuesta a casos sonados, nosotros tenemos el mismo derecho. Ya tengo 2 años esperando respuesta”, manifestó un vocero de la familia.

Según la persona que declaró en conversación telefónica para Globovisión.com, hay 7 detenidos en el caso. “Hay uno que prácticamente era el líder de la banda y todavía no sabemos si está vivo o muerto (Cortés)”, destacó. En tal sentido, la familia Cortés instó al ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, a que les den respuesta del caso. “Es un caso como un muchos más pero queremos que nos den respuesta, que nos digan si el caso ya fue cerrado o qué pasó”, precisó la fuente.

Resumen del caso

Pasados dos meses del secuestro, el para entonces ministro de Interior y Justicia, Tareck El Aissami, manifestó desconocer los detalles sobre el rapto del empresario.

El 13 de abril de 2012, Luisa García de Cortés -esposa del secuestrado- reconoció que había pagado una suma de dinero, que no precisó, para lograr la libertad de su pareja. Al no ser liberado, García de Cortés, pidió ayuda a los medios de comunicación y a los cuerpos policiales para que su esposo regresara lo antes posible.

En agosto de 2013 se conoció de manera extraoficial que funcionarios del Cuerpo de Investigación Científicas Penales y Criminalísticas rastrearon un lugar en San Diego, estado Carabobo, pues habrían encontrado huesos que podrían corresponder al cadáver del comerciante Juan Cortés, quien fue secuestrado en enero de 2012, pero no fue así.

La familia desmintió la información así como también el tratamiento de la misma que circuló en medios de comunicación sobre el hallazgo del cadáver. Dijo que se le dio «un tratamiento irresponsable».

Globovisión

fueron condenadas a penas que oscilan entre 18 y 8 años de prisión María Medina (58), Noelia García (31) y Mailely Curpa (19), por su responsabilidad en la trata de dos adolescentes de 15 y 12 años, y dos niñas de 11, en el sector Pueblo Viejo, Puerto Píritu, municipio Fernando Peñalver del estado Anzoátegui.

Tal situación fue denunciada el 02 de agosto de 2012 ante funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc).

Durante el juicio, el fiscal 16º de la referida jurisdicción, Tomas Armas, ratificó la acusación contra Medina por la comisión del delito de trata de personas y trato cruel; mientras que García y Curpa fueron acusados por el primer delito pero en grado de complicidad.

Una vez evaluados los medios de prueba presentados por el fiscal del Ministerio Público, el Tribunal Único de Juicio con competencia en materia de Delitos de Violencia contra la Mujer de Anzoátegui, condenó a Medina a 18 años y 6 meses de prisión; mientras que García y Curpa cumplirán una pena de 8 años y 9 meses.

En ese sentido, Medina permanece recluida en la sede de la Policía del mencionado estado en Boca de Uchire, García en la de Puerto La Cruz y la joven en el Centro de Coordinación Policial del municipio Fernando Peñalver, hasta que un Tribunal de Ejecución determine el sitio de reclusión para el cumplimiento de las penas.

De acuerdo con la investigación, el 02 de agosto de 2012, funcionarios del Cicpc recibieron información acerca de que en un local comercial explotaban sexualmente a adolescentes.

Al día siguiente, efectivos de la policía científica efectuaron una inspección en el mencionado lugar para corroborar tal situación, en atención a una orden de allanamiento solicitada por el Ministerio Público y acordada por el Tribunal 1º de Control de Anzoátegui. El mismo día, Medina, García y Curpa fueron aprehendidas y puestas a la orden del Ministerio Público.

Globovisión

A eso de las dos y media de la tarde de ayer, dos hampones secuestraron una unidad colectiva de la Línea Cultura, que presta servicio a los alumnos de la Universidad Santa María, en Caracas, y robaron a los estudiantes que iban hacia la casa de estudios.

Los afectados, quienes pidieron reservar sus identidades, explicaron que los maleantes abordaron la unidad en la parada de La California, haciéndose pasar por alumnos. Incluso, hasta se anotaron en la lista de control que tiene el fiscal, con nombre y cédula de identidad.

Cuando la unidad iba por la estación de servicio, ubicada al lado del hotel Montaña Suites, muy cerca de la entrada principal de la universidad, uno de los hampones se levantó con arma en mano y sometió al conductor. Luego, el otro maleante sacó su arma y amenazó a los estudiantes y les exigió que bajaran la cabeza y entregaran sus pertenencias.

Al chofer lo obligaron a cambiar la ruta y tomar el retorno hacia la autopista Francisco Fajardo. Ingresaron a un barrio ubicado por la avenida Lebrún de Petare. Allí, los maleantes se bajaron con todas las pertenencias de los alumnos, además del dinero que tenía el conductor.

Los estudiantes se quejaron por el alto índice delictivo que azota las unidades de transporte público que cubren la ruta hacia la universidad, pues ayer mismo, pero en horas del mediodía, otro autobús fue asaltado por hampones. Incluso, amenazaron con abusar de las jóvenes que viajaban allí.

El Universal

El ministro del Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, anunció este martes que se bajarán recursos para la rehabilitación de la autopista Puerto Cabello – Naguanagua y el desalojo de las invasiones cercanas al eje ferroviario.

Las declaraciones las ofreció luego de sostener una reunión con el gobernador del estado Carabobo, Francisco Ameliach, y 14 alcaldes de la entidad con el propósito de reforzar la seguridad.

Entre las resoluciones del encuentro, Rodríguez afirmó que estudiaron «darle recursos necesarios para rehabilitar la autopista que va de Puerto Cabello a Naguanagua», y agregó que en ella se vivió «un hecho lamentable en el pasado reciente». Asimismo, indicó que harán «la planificación necesaria para abordar las invasiones que van por el eje ferroviario».

El ministro también informó sobre la intervención de la policía de Güigüe, que según dijo está en un «estado deplorable» y señaló que también apoyarán a otras instancias policiales con equipos y motocicletas.

Reiteró la invitación a la «Gran Jornada por la Vida y por la Paz» que anunció el presidente Maduro el pasado lunes. «Vamos todos a la calle para tomar los espacios públicos para el bien», enfatizó.

A la reunión también asistieron cuerpos de seguridad, el Cicpc, Protección Civil y la policía regional, como parte de la Misión a Toda Vida Venezuela y Plan Patria Segura.

En el encuentro que se realizó en el Salón Bolívar de la sede la gobernación estuvieron presentes los alcaldes de de Bejuma, Carlos Arvelo, Diego Ibarra, Guacara, Juan José Mora, Libertador, Los Guayos, Miranda, Montalbán, Naguanagua, Puerto Cabello, San Diego, San Joaquín y Valencia.

Durante las últimas semanas el ministro Rodríguez ha realizado una gira por diferentes regiones del país, entre estas; Nueva Esparta, Miranda, Zulia y Táchira.

Globovisión

Tras las pruebas presentadas por el Ministerio Público, fue condenado a 10 años y 2 meses de prisión Edecio Franciscony Vivas, tras admitir su responsabilidad en el abuso de una adolescente de 14 años de edad, hecho ocurrido el 07 de abril de 2013, en el municipio Guásimos del estado Táchira.

Antes del inicio del juicio oral y público, el fiscal 16º auxiliar de esa jurisdicción, Rolnar Sanabria, ratificó la acusación contra el hombre por los delitos de violencia sexual y suministro de sustancias nocivas, previstos y sancionados en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, respectivamente.

El Tribunal 1° de Juicio de Táchira, ante la admisión de hechos por parte del hombre, dictó la condena contra Vivas, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario de Occidente.

El citado día, Vivas invitó a la adolescente y a una mujer a un local ubicado en el mencionado municipio, donde les suministró bebidas alcohólicas.

Seguidamente, aprovechándose de la ausencia de la mujer, Vivas trasladó a la adolescente a otro lugar, y cometió el hecho. Ante tal situación, el hombre fue denunciado ese mismo día en la policía del estado Táchira, por lo que fue aprehendido y puesto a la orden del Ministerio Público.

Globovisión

Funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) en Maracay, estado Aragua, lograron la detención de 2 personas que pretendían sabotear el servicio eléctrico en la subestación San Ignacio, ubicada en la avenida Aragua, del municipio Girardot.

El jefe del Sebin en la entidad, comisario Gustavo Torrealba, detalló que los sujetos pertenecen a una banda de delincuentes que opera en el sector 23 de Enero de Maracay y responden a los nombres de Joel Antonio Ovalles Bracho, alias «El Joel», y Gustavo Adolfo Subero, «alias «El Gustavito», este último perteneciente a la banda «El Ecoloco».

«Fueron capturados en flagrancia la tarde de este lunes cuando intentaron sabotear el servicio eléctrico en la subestación San Ignacio de la capital aragueña. Se les incautó herramientas como segueta, llave inglesa, y objetos que ya tenían desmantelados de los transformadores, como pararrayos, corta corriente (ambos de 13.8 kv), transformador de corriente toroidal y 12 metros de conductor alvidal. Son componentes de un pórtico llamado punto de salida de corriente, que al quedar sin ellos la ciudad se hubiera visto seriamente afectadas», acotó Torrealba.

Destacó que solo el transformador tiene un valor de 100 mil dólares. El Sebin está investigando para ver si la banda tiene vinculación con algunos sectores que hacen vida en la región. Los detenidos quedarán a la orden de la Fiscalía Primera del Ministerio Público de Aragua por sabotaje al servicio eléctrico en Aragua.

Globovisión