El presidente venezolano aprovecha su renovada fuerza política para espolear la lucha de clases, laminar cualquier oposición y avanzar hacia el modelo cubano
El día de Reyes marca el fin de la tregua que impone el fin de año en Venezuela. Para el presidente Nicolás Maduro la fecha también significa mucho. Será el primer año que inicia sin la presencia tutelar de su padre político, Hugo Chávez —fallecido el pasado 5 de marzo víctima del cáncer tras una dolorosa agonía— y con la responsabilidad de llevar sin su consejo las riendas del país.
No es poca cosa para un hombre aún inexperto en el manejo de los asuntos del Estado. Maduro se ha repuesto de un inicio tambaleante, con acusaciones de fraude en la elección presidencial de abril, en la que dilapidó la holgada ventaja de los últimos comicios disputados por Chávez, para terminar mandando con mano firme y asomando rasgos distintivos en su mandato. En 2014 buscará profundizar su revolución.
Siempre se podrá decir para justificar el actual panorama político y económico que las decisiones del gobernante venezolano responden a un mandato del comandante Chávez. Esto no es del todo cierto. El caudillo sabía cuándo y cómo detenerse si intuía que podía caer en el abismo. Algunos tienen la sensación de que Maduro ha ido demasiado lejos en su intento de profundizar la autodenominada revolución bolivariana, tomando riesgos que podrían llevarlo a salir del poder mucho antes de lo pautado.
En realidad, su actual situación es el resultado de una ecuación de aciertos y errores de sus adversarios. Con el paso de los meses las primeras palabras del número dos, Diosdado Cabello, tras la muerte del líder comienzan a cobrar sentido: “Chávez era el muro de contención para las ideas locas que se nos ocurrían. Ustedes debieron ligar [desear] que viviera por muchos años”.
Aunque a Maduro se le consideraba un pragmático, en realidad era un enigma cómo podía comportarse tras ser nombrado como el heredero el 8 de diciembre de 2012. Al principio pareció responder a esa primera impresión.
Le restó poder al ideólogo de la política económica chavista, el ministro de Planificación, Jorge Giordani, y sumó a la cartera de Finanzas a un hombre mucho más pragmático como Nelson Merentes. También ordenó la restitución de la unidad del tesoro al recuperar las competencias quitadas por Chávez al Banco Central de Venezuela para coordinar el manejo de los fondos en dólares en manos de otras oficinas del Estado. Pero, cuando el reclamo de la oposición —que asegura haber ganado las elecciones— fue desestimado por los tribunales locales y la efervescencia de la protesta se fue diluyendo, Maduro se apartó del camino de la supuesta conciliación que había buscado con el sector privado cuando su mandato era muy cuestionado.
La magnitud del poder chavista permite toda clase de interpretaciones sobre su composición. Hoy parece más que claro que allí dentro o no existen los moderados o estos cultivan un perfil muy bajo. Tal vez no haya surgido un liderazgo de esas características con el suficiente respaldo para proponer una lectura distinta del legado de su líder.
A menos que las circunstancias lo obliguen, el Gobierno no cejará en su empeño de seguir promoviendo la lucha de clases, de imponer un modelo de inspiración cubana en el país y de aplastar a la oposición, a quienes concibe como enemigos y no adversarios.
Los radicales interpretan la obra de Chávez como un mandato para aumentar el control del Estado sobre todos los aspectos de la actividad económica, poner a su servicio a todos los demás poderes públicos y mantener una alta clientela política a base de los subsidios, restando su libertad para elegir entre una variada oferta. Después de todo manejan una generosa chequera petrolera que les permite la arrogancia de despreciar cualquier acuerdo con casi la mitad del país que se le opone.
A la oposición le esperan entonces meses muy duros. No solo porque están en pleno proceso de relanzamiento de su plataforma unitaria. La línea revolucionaria está en su esplendor a pesar de las amenazas a la supervivencia que representa la inminente crisis económica que se avecina.
Aplicar el Plan de la patria, un programa de acción pergeñado por Chávez, es la nueva condición para dialogar con los alcaldes contrarios al Gobierno electos en los comicios municipales. En la presentación, el propio Chávez escribió: “Este es un programa de transición al socialismo y de radicalización de la democracia participativa y protagónica […]
No nos llamemos a engaño: la formación socioeconómica que todavía prevalece en Venezuela es de carácter capitalista y rentista y el socialismo apenas ha comenzado a implantar su propio dinamismo interno entre nosotros. Este es un programa para afianzarlo y profundizarlo; direccionado hacia una radical supresión de la lógica del capital”.
Esa misma declaración de intenciones es la que obliga a Maduro a no ofrecer ningún gesto distinto de la convocatoria de ese diálogo condicionado.
No se avizora el regreso de los venezolanos expatriados por motivos políticos o la liberación de aquellos que por las mismas razones pagan condena en las cárceles venezolanas. En un iluminador artículo publicado en el diario El Nacional, el periodista Fausto Masó razonaba en esa misma dirección: “No se trata de la falta de corazón de Maduro, sino de su desprecio por una oposición a la que se le niega la condición de venezolana. Su apuesta es que la oposición no responderá al desprecio con el desprecio; prefiere atemorizarla, sobornarla, corromperla”.
Muerto el líder, los sucesores buscan convertir al chavismo en una corporación como el PRI mexicano, que estuvo 70 años en el poder hasta 2000. Es decir, gobernar con la fachada de la democracia pero traicionándola en la práctica.
Fuente: El País
Alfredo Meza
