La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó hoy su alarma por las acciones judiciales de censura contra el diario El Universal, de Venezuela, con las que el Gobierno pretende prohibir la difusión de información sobre la violencia e inseguridad en el país suramericano.

La SIP, con sede en Miami, criticó además las sanciones a proveedores de internet y anuncios para restringir el contenido periodístico. La Fiscalía General venezolana, según recoge la SIP, exigió este martes a la Justicia que condene a El Universal por “violar los derechos de los niños y adolescentes”, a raíz de la publicación el pasado 20 de noviembre en la portada de una fotografía en la que se observa un brazo inerte y una mancha de sangre en el suelo.

Con esta imagen, el citado rotativo aludió al secuestro y posterior asesinato de un joven ingeniero a manosde delincuentes. La foto fue recogida y difundida con detalle por otros medios en internet.

El pedido, según publicó el propio diario, busca prohibir “la publicación de imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo, con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresión física que puedan alterar el bienestar psicológico de los niños”. La Fiscalía solicitó además la aplicación de una multa millonaria a El Universal correspondiente al 1 o 2 por ciento de sus ventas brutas en 2012.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Claudio Paolillo, expresó su preocupación y alarma por la “legalización de la censura que se disfraza con leyes, decretos y acciones judiciales, tratándose de dar la apariencia de que existe libertad de prensa en el país”. Paolillo subrayó que el Gobierno venezolano “no sólo busca silenciar la inseguridad, sino también la crisis económica que afecta al país”.

Se refirió así a las sanciones aplicadas el 9 de noviembre por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) contra nueve empresas proveedoras de internet -CANTV, Movilnet, Movistar, Digitel, Inter, Supercable, NetUno, Omnivisión y Level13- por haber difundido sitios web “destinados a la cotización de divisas con montos distintos a los a los establecidos oficialmente”, en violación a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos, que prohíbe “la difusión de mensajes que fomenten la zozobra” y “alteran el orden público”.

Paolillo indicó también que la SIP se mantendrá alerta por el reciente anuncio hecho desde distintas fuentes del Gobierno sobre el impulso, a comienzos de 2014, de una Ley de Comunicación y Periodismo para regular aún más el contenido informativo.

El 7 de octubre pasado, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, creó por decreto el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (Cesppa), que tiene como objetivo solicitar, organizar, integrar y evaluar “las informaciones de interés para el nivel estratégico de la nación, asociada a la actividad enemiga interna o externa, provenientes de todos los organismos de seguridad e inteligencia del Estado y otras entidades públicas y privadas”.

Fuente: Agencias

Los venezolanos disfrutan por ahora, pues su Gobierno acaba de anunciar una posible subida, de la gasolina premium o extra más barata del continente americano y posiblemente del mundo, un centavo de dólar por litro, muy por debajo del promedio continental: 1,26 dólares.

Mantener ese valor del combustible en el país con las mayores reservas probadas de petróleo en el mundo le cuesta al Estado venezolano 12.500 millones de dólares anuales en subsidios, por lo que el anuncio oficial tiene tanto detractores como partidarios. Para ver lo desfasado del costo de los combustibles en ese país basta con ver el caso de Ecuador, donde el Estado también los subvenciona (3.800 millones de dólares al año) y tiene el segundo precio más barato a nivel continental: 0,59 dólares por un litro de gasolina premium.

Bolivia es otro país donde hay subsidios para los hidrocarburos (700 millones de dólares en 2012), lo que permite que el litro de gasolina premium esté en 0,68 dólares. Además, los precios están congelados desde hace casi 10 años, una situación que el Gobierno de Evo Morales intentó cambiar en 2010, cuando los subió entre un 57 % y un 82 %, pero una semana después se retractó debido a una ola de protestas sociales.

Les sigue EE.UU., donde es el mercado el que pone los precios, con un valor promedio de la gasolina en el país de 0,86 dólares. Aunque no hay ni subsidios ni regulación, las autoridades influyen en el precio a través de impuestos estatales y federales.

Después está México, donde gracias a la subvención estatal (7.062 millones de dólares entre enero y octubre de este año) el litro de gasolina premium cuesta 0,98 dólares.

Por ahora, pues está e marcha una reforma energética ya aprobada en el Congreso, el Gobierno mexicano fija los precios de los combustibles y hace correcciones cada mes, algo que este año ha supuesto un aumento mensual de menos de un centavo de dólar. Al igual que en México, Uruguay, un país que importa todo el petróleo que consume, fija el valor de los combustibles y monopoliza el mercado de los hidrocarburos, pero el litro de gasolina premium cuesta 2 dólares, el más alto del continente.

Tanto es así que recientemente el Gobierno rebajó en 24 % el precio de la gasolina en los departamentos fronterizos con Brasil y Argentina para evitar que sus ciudadanos crucen la frontera para llenar los depósitos de combustible.

Otro caso particular es el de Cuba, que desde 2000 recibe 100.000 barriles diarios de petróleo de Venezuela, su principal socio comercial y político, crudo que paga en buena parte con los servicios que prestan en el país suramericano más de 40.000 médicos y técnicos de diversas áreas. Sin embargo, y aunque los precios los fija el Estado, desde 2011 el litro de la gasolina especial vale 1,3 dólares.

Brasil tiene otro tipo de modelo, según el cual las diferentes empresas comercializadoras de combustibles tienen libertad para imponer sus precios, pero el Gobierno establece el valor que la petrolera estatal Petrobras, prácticamente la única empresa que refina en el país, cobra a los distribuidores.

En la segunda semana de diciembre, el costo promedio de la gasolina en todo el país era de 1,28 dólares por litro. Un tema que es complejo, ya que Petrobras cobra un valor inferior al del exterior pero tiene que importar a precios del mercado internacional. Por eso, el Gobierno le autorizó en noviembre pasado a elevar en un 4 % el valor de la gasolina.

En Argentina, entre tanto, el Gobierno congeló el pasado 2 de abril el valor de los combustibles durante seis meses, medida que prorrogó hasta noviembre. Al liberarse los precios hubo un aumento de un 11 % en el último mes, lo que ubica el costo de la gasolina premium en 1,5 dólares, en promedio.

En Panamá, los precios de los derivados del petróleo los fija la Secretaría de Energía cada 14 días. Actualmente, en la capital el litro de la gasolina premium se vende a 1,06 dólares, pero en el resto del país llega a costar hasta un dólar más.

Precios fijados por el Estado también se ven en Costa Rica (1,32 dólares cada litro de gasolina premium), en Honduras (1,18 dólares), y en República Dominicana (1,5 dólares), nación esta última donde el alto costo de los combustibles siempre ha sido motivo de protestas sociales.

En Colombia, el Gobierno fija los precios cada mes para la gasolina normal, aunque después cada distribuidor puede variarlos. Por el contrario, el precio de la gasolina extra se rige por la libre competencia y está ahora en unos 1,44 dólares el litro. Los transportistas protestan periódicamente por el costo de los combustibles, mientras que la industria ha denunciado los efectos nocivos del contrabando de la gasolina venezolana.

El Gobierno salvadoreño, por su parte, cada 15 días establece valores de referencia. Actualmente, el litro de gasolina especial se vende en promedio a 1,11 dólares. La libertad de precios con valores de referencia oficiales también existe en Chile (1,63 dólares) y Perú (1,6 dólares en promedio)

Por último, los precios son regulados por el mercado en Guatemala, donde el litro de gasolina premium cuesta 1,1 dólares; Paraguay, 1,54 dólares, y Nicaragua, donde vale 1,24 dólares, aunque en este último país grupos de defensa de los consumidores piden que los precios los regule el Estado

Fuente: Agencias

El Diputado de la Asamblea Nacional y Presidente de Un Nuevo Tiempo Caracas, Stalin González, celebró la reunión que se dio en Miraflores entre el Gobierno Nacional y los Alcaldes y Gobernadores de la Unidad electos el pasado 8 de diciembre.

En este marco, González invitó al Ejecutivo a “trascender la foto en el Palacio de Miraflores y abrir realmente el proceso de diálogo y reconciliación de los venezolanos, que pasa principalmente por el respeto a la voluntad del pueblo y a sus instituciones expresada en las municipales”.

Hizo un llamado al oficialismo a “no comportarse como niño malcriado queriéndose llevar la pelota, luego de unas elecciones donde la Unidad salió favorecida en muchos casos. Por ejemplo, en Caracas nombran como Ministro para la Transformación de la ciudad a quien perdió las municipales, con las competencias que le corresponden a la Alcaldía Metropolitana ganada el 8D por la Unidad, y así en sucesivamente ha ocurrido en distintas Alcaldías del país donde fuimos mayoría”.

González manifestó que igualmente piden el reconocimiento de la voluntad del pueblo que los eligió con el 52% de los votos como Diputados, “por lo que exhortamos a devolvernos el derecho a estar en la directiva de la Asamblea Nacional y recuperar las presidencias de las Comisiones que nos arrebataron este año”.

El parlamentario reiteró como un hecho positivo la reunión ofrecida Miraflores el día de ayer considerándolo “una señal importante en la historia política y contemporánea del país, que da un gran paso hacia el acercamiento y el diálogo luego de tantos años de confrontación”.

Finalizó diciendo que el Ejecutivo más allá de este encuentro “debe dar muestra de que sí quieren trabajar y coordinar acciones conjuntas en pro de los venezolanos; ellos deben poner de su parte para que todos seamos parte de la solución, pues el poder no es sólo para ostentarlo, sino para mejorar la calidad de vida de los venezolanos, y este es el objetivo de la Unidad y de nuestros gobernadores y alcaldes electos”.

Fuente: Nota de prensa

El vicepresidente de la República, Jorge Arreaza, en compañía de la ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, Andreína Tarazón, ofreció resultados de la reunión sostenida el pasado miércoles con los alcaldes y gobernadores de oposición, donde destaca que aunque «hay profundas diferencias en proyectos de futuro, en la visión de Patria; pero hay coincidencias para trabajar por el pueblo».

Arreaza resaltó que el Gobierno encontró fórmulas irregulares en la economía, que se estaban gestando sobre todo en el «último año, desde noviembre de 2012», pero que con el gobierno de calle han trabajado y lo seguirán haciendo en esa área, aseguró.

Por otro lado invitó a darle cumplimiento al Plan de la Patria, especialmente, las autoridades oficialistas. Y a las autoridades de la MUD los invitó a estudiar detenidamente el Plan de la Patria, asimismo, extendió la invitación al pueblo que no se identifica con la revolución a que revisen el Plan.

Inspección a Mercabar

Desde el Mercado de Mayorista de Barquisimeto, el ministro de la Agricultura y Tierras, Yván Gil, indicó que conversaron con Alfredo Ramos, alcalde electo y están trabajando contra las mafias especulativas que han causado «inflación y escasez» y donde se presume hay «legitimación de capitales».

«Todos los insumos para producir, cebollas, caraotas y especias recibieron dólar oficial», aseguró Gil, mientras señaló que se compra sin facturación, que existe incremento de 363 % en la venta fungicidas y por el caso hay dos personas detenidas.

Félix Osorio, ministro de la Alimentación, indicó que investigarán «la producción de todos los rubros importados y los lugares a donde han sido enviados». Igualmente, manifestó que tienen 330 toneladas de caraotas que no están registradas, 52 toneladas de otros alimentos. «Estos alimentos serán distribuidos», aseveró.

La revisión se ha realizado a 197 empresas, donde se detuvieron 9 personas.

Fuente: GV