En la Gaceta Oficial número 40.318, que circula hoy, se publicó la designación de la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, como presidenta para el año 2014 del Consejo Moral Republicano.

Ortega, que ya había presidido este cargo en el año 2009, sustituye a la Contralora General (E) de la República, Adelina González, quien ocupo la presidencia del consejo en 2013. Entre tanto, Salvador Alberto Guadamo fue nombrado coordinador de Servicios Financieros del Consejo Moral Republicano.

Fuente: GV

En el estado Lara, cuatro derrotas ha acumulado el Partido Socialista Unido de Venezuela en los últimos procesos electorales, una situación que evidencia una falla en la organización política que debe ser analizada, expresó el diputado a la Asamblea Nacional y representante del buró político del PSUV Julio Chávez, quien destacó que desde las bases de las organizaciones sociales se ha iniciado un proceso de reflexión.

«Hemos tenido una gran victoria nacional, pero debemos reconocer que los resultados en Lara nos fueron adversos y a pesar del gran esfuerzo que hizo el comando de campaña, creemos necesario y apegado a lo que establece nuestro libro rojo, iniciar un proceso de revisión, discusión y debate en las bases del partido para ejercer la crítica y la autocrítica”.

A través de una comunicación a la dirigencia nacional del partido, el diputado Julio Chávez, anunció que colocaba su cargo a disposición de la dirigencia como «una decisión personal” y señala que en su condición de integrante del buró regional del PSUV en Lara, «es necesaria una intervención de la estructura que permita diagnosticar con certeza la situación política, ideológica y organizativa del partido”.

Además, indicó que desde hace algún tiempo, se vienen «arrastrando un cúmulo de problemas que se traducen en cierto nivel de descontento en la militancia que inciden en la participación, formación y movilización en cumplimiento de las tareas del partido. «Esta decisión la tomamos muy respetuosamente y esperamos que se rescate el nivel de discusión dentro del PSUV, con las alianzas del Gran Polo Patriótico Debemos hacer las rectificaciones necesarias en función de recuperar los espacios perdidos”.

Medidas preventivas

Con respecto a la situación de despojo y transferencia de instituciones propias de la Alcaldía de Iribarren al Ejecutivo Nacional, luego de la victoria del candidato opositor Alfredo Ramos, Chávez indicó que no se trata de una retaliación política, sino de trámites que se venían gestando desde hace algunos meses atrás, para el beneficio del colectivo larense.

«Se venía haciendo un diagnóstico de las operaciones en Mercabar, detectando situaciones irregulares que escaparon a la competencia municipal. Es un mercado que por el volumen de lo que allí se maneja se ha convertido en una suerte de referencia para la colocación de precios en todo el país y no hay los mecanismos para el control efectivo desde la Alcaldía. La presencia del Gobierno y el Ministerio de Alimentación, apuntan a lograr que en estos establecimientos se puedan sincerar los precios de los productos”.

Además, indicó que en el caso de instituciones como El Mundo de los Niños y Fundación Bosque Macuto, se busca la protección de esos espacios que habían sido rescatados por el Gobierno. «Había una necesidad del Gobierno de apuntalar nuestros espacios para que más allá de las competencias directas de una municipalidad, puedan ser fortalecidos y reforzados. Estas dos instituciones tienen planes de políticas nacionales, como la Flor de Venezuela. No se quería que estos espacios se perdieran y deterioraran. Esto mucho antes del 8D”.

Fuente: El Impulso

La diputada Dinorah Figuera, miembro de la Comisión de Familia de la Asamblea Nacional -AN-, denunció este miércoles la mora de la directiva del parlamento venezolano con respecto a la diversidad sexual en el país.

Acompañada de distintos movimientos Glbti, que agrupan a colectivos de gays, lesbianas, bisexuales, transexuales e intersexo, Figuera aseguró que la AN debe estar a la altura de los retos que ha puesto la ONU y que tiene que ver con el respeto a los sexo diversos. «Como miembro de la Comisión de Familia hago el llamado a los diputados del PSUV que es necesario aprobar durante el periodo legislativo del año que viene una ley que constituya el respeto a la diversidad sexual».

Asimismo, la defensora de derechos humanos Tamara Adrián, informó que más de 100 derechos civiles se ven discriminados en Venezuela con la falta de la aprobación de una normativa en este tema, ya que «casi todos los países que integran el Mercosur, excepto Venezuela y Paraguay han aprobado o están en proceso de la dar el debate de una ley de matrimonios igualitarios».

Por su parte, Mauricio Gutierrez, representante de Gente en Positivo indicó que «hay más de 30 asesinatos vinculados a personas de sexo diversas, cosa que genera una situación alarmante, por lo que es necesario que se reforme la COPP y se tipifiquen en las leyes venezolanas los crímenes de odio, ya que en países como Argentina se ha hecho así y han disminuido estas muertes».

En cuanto a las propuestas del movimiento Glbti, Edgar Baptista aseguró que han consignado muchas comunicaciones a los diversos organismos del estado y no han tenido respuesta. Ante ello «rechazamos esta situación y alertamos que esto genera dolor y violencia en muchas familias venezolanas».

Fuente: El Impulso

Eso es lo que ha generado en el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) la petición que el Ministerio Público ha hecho a la justicia para que le prohiba a El Universal «la publicación de imágenes, informaciones y publicidad de cualquier tipo, con contenido de sangre, armas, mensajes de terror, agresión física, imágenes que utilicen contenidos de guerra y mensajes sobre muerte y decesos» so pretexto de proteger los derechos de los niños y adolescentes, por considerar va a contracorriente de lo que es la misión del despacho hoy dirigido por Luisa Ortega Díaz.

«La exigencia de la Fiscalía -que contraviene todos los estándares internacionales en libertad de expresión e información- demuestra cómo un organismo como el Ministerio Público, que debería estar al servicio de la justicia y el respeto a los derechos, actúa impulsando acciones contrarias al Derecho Humano a la información y a la Constitución, que en su artículo 57 prohíbe la censura previa», afirmó Marianela Balbi, directora de la organización.

Para la vocera la petición, la cual es similar a la que en 2010 interpuso contra los diarios El Nacional y Tal Cual por publicar una fotografía del interior de la morgue de Bello Monte, revela la intención de las autoridades de dictaminar «qué tipo de información pueden o no publicar los medios de comunicación, pretendiendo ocultar elementos objetivos y comprobables que la realidad sobre la inseguridad en Venezuela y negándole al ciudadano el derecho a una información veraz».

Semanas atrás la jurisdicción de Protección de Niños y Adolescentes acogió la solicitud fiscal contra los dos diarios antes mencionados, por apelando a la protección de los infantes y jóvenes pero no se ha aplicado porque ambos la han recurrido.

Balbi también consideró que la petición de la Fiscalía de que se le prohiba publicar determinados contenidos junto a la de que se le aplique a El Universal una multa de entre uno y dos por ciento de las ventas brutas en el ejercicio anterior «son ejemplos de la desproporcionalidad que se está aplicando a los medios de comunicación con una clara intención de doblegar el periodismo plural e independiente que aún sobrevive en Venezuela».

El Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo interpusieron sendas demandas contra este diario por publicar una gráfica donde se veía una mano tendida en el piso, rodeada de un charco de sangre. La mano pertenecía al ingeniero Lobsang Rodríguez, quien fue asesinado por sus secuestradores cuando trató de huir de ellos. El día que ocurrió este suceso (19 de noviembre) otro secuestrado perdió la vida en Caracas.

Fuente: EU