El mismo alcalde Petro ha advertido que «la decisión del procurador general demuestra que aún ganando en las urnas no hay garantías para ejercer un puesto electo»
La destitución e inhabilitación del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, un exguerrillero del M-19 que dejó las armas en 1990, ha puesto contra las cuerdas al proceso de paz con las Farc, pues ha reabierto el debate en Colombia sobre las garantías para ejercer la oposición política desde la izquierda.
Precisamente garantizar la eventual llegada a la política de los desmovilizados de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) es uno de los puntos de la agenda que se discute en Cuba y sobre el que ya hay un acuerdo.
El mismo alcalde Petro ha advertido que la decisión del procurador general, el ultraconservador Alejandro Ordóñez, de cesarle e inhabilitarle para ejercer cargo público alguno durante 15 años, es un bache en el camino a la paz porque demuestra que aún ganando en las urnas no hay garantías para ejercer un puesto electo.
Esa decisión «envía mensajes que van hacia La Habana, hacia América Latina misma, porque quieren demostrar desde la extrema derecha que no es posible el acceso pacífico al poder», afirmó Petro a Efe en la primera entrevista que ofreció a los medios pocas horas después de ser destituido.
«Yo fui un hombre que me alcé en armas, firme la paz con un objetivo, la posibilidad de acceder al poder de forma pacífica y tranquila. Hicimos la Constitución de 1991, ganamos esas elecciones, y hoy vemos cómo un funcionario imbuido en pensamientos fachistas trata de destruir esa Constitución», insistió el burgomaestre.
Petro asumió como alcalde de Bogotá en enero de 2012 como líder del Movimiento Progresistas, tras denunciar vínculos de políticos con paramilitares y sacar a la luz grandes escándalos de corrupción durante los años en los que ejerció como senador y opositor.
Hoy «Petro es el ejemplo de que no es posible dejar las armas para hacer política», se lamentó también a Efe el congresista Iván Cepeda, hijo del senador asesinado Manuel Cepeda, de la Unión Patriótica, el movimiento izquierdista surgido en los años ochenta de las propias Farc, pero del que fueron exterminados más de 3.000 militantes y cargos electos y por ello terminó disolviéndose.
Y es que «la muerte política de Petro evidencia que cualquiera que deje las armas puede terminar igual», matizó Cepeda, al insistir en que hay «un afán histórico de aniquilar a la izquierda colombiana».
La decisión del procurador, cuestionada por la propia Fiscalía General de Colombia, deja en el limbo a las Farc, después de que haya acordado con el Gobierno las bases para ejercer la oposición política y ahora reina el temor de que ese acuerdo no se respete.
Así lo ha expresado la guerrilla desde La Habana, al asegurar que la destitución de Petro es un «grave golpe» porque afecta «la confianza y credibilidad» del diálogo.
«De un solo plumazo, Ordóñez nos dio a los alzados en armas una lección sobre lo que para la oligarquía significa la democracia en Colombia y sobre las nulas garantías para ejercer un ejercicio político independiente», denunciaron los guerrilleros.
Y en otro comunicado, fechado en las «Montañas de Colombia», el grupo subversivo consideró que «la intolerancia y la ausencia de garantías para el ejercicio de la oposición política son las causas de la larga confrontación armada que se libra» en Colombia.
Lo cierto es que la decisión del procurador, que cesó e inhabilitó a Petro por una supuesta mala gestión en una crisis de basuras, ha generado frustración y ensombrecido el ambiente en Cuba, pero además afecta considerablemente al Gobierno del presidente Juan Manuel Santos, que ha hecho de la paz su gran apuesta.
Y es que las protestas en Bogotá en favor del alcalde y la incertidumbre han amenazado las conversaciones de La Habana incluso más que la confrontación armada que prosigue en muchas regiones del país por la decisión de negociar sin un alto el fuego.
Ante esta coyuntura, el Gobierno de Santos ha optado por no dar la razón ni al procurador ni a Petro, por mantenerse al margen, y ha llamado la atención a la ONU y al embajador designado de EE.UU. en Colombia, Kevin Whitaker, a quienes les ha dicho que no se inmiscuyan en asuntos internos.
Mientras que el representante de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Tood Howland, pedía una cita al procurador para hablar sobre el caso y analizar los derechos de los ciudadanos que votaron por Petro, el embajador Whitaker reconocía que la destitución del alcalde podría «erosionar» los diálogos de paz.
Indígenas, obreros, estudiantes y ciudadanos, especialmente de los estratos más bajos de la sociedad bogotana, llenan cada tarde la Plaza de Bolívar desde el lunes, seguros, como ha afirmado a Efe el líder indígena y precandidato presidencial por la Alianza Verde, Feliciano Valencia, de que en Colombia «hay una democracia de papel».
Fuente: Agencias
