Una estrategia jurídica de tres etapas
El movimiento de Gustavo Petro busca un salvavidas en la Constitución Política, que indicaría que es el Presidente de la República el autorizado para destituir al Alcalde Mayor de Bogotá.
El movimiento de Gustavo Petro, Progresistas, no pierde la esperanza de que se caiga la decisión de la Procuraduría que destituyó e inhabilitó por 15 años al alcalde. Para eso, ya diseñaron una estrategia de tres pasos que generará debates jurídicos entre el equipo de abogados del mandatario, la Procuraduría, las altas cortes, e incluso, la presidencia de la República.
Pero, si es que ese plan no surte ningún efecto, el petrismo está dispuesto a dar la batalla electoral para que la ciudad siga el rumbo de la ‘Bogotá Humana’.
Pese a los discursos del alcalde en la Plaza de Bolívar en los que se fue lanza en ristre contra del procurador Alejandro Ordóñez y su esquema ideológico, Progresistas todavía confía en que éste, segunda instancia en el proceso disciplinario contra el alcalde Gustavo Petro por supuestas irregularidades en la implementación del nuevo esquema de basuras, reverse la decisión del Ministerio Público y no destituya, ni inhabilite, al burgomaestre.
No obstante, lo más probable es que la decisión se mantenga. Por eso, apelarán a la figura presidencial para que detenga la destitución. La interpretación es de Antonio Navarro, candidato al Senado y escudero del alcalde Petro.
Para él, el artículo 323 de la Constitución Política limita al procurador para que a motu proprio acabe con la carrera política de cualquier mandatario de Bogotá. Navarro sostiene que es el presidente Santos el único con facultades constitucionales para destituir al alcalde de la capital colombiana.
“En los casos taxativamente señalados por la ley, el Presidente de la República suspenderá o destituirá al alcalde mayor”, dice un aparte del mencionado artículo, que hace parte del Régimen Especial para el Distrito Capital de la misma Carta Política. Un texto que, según Navarro, limita las potestades del procurador para destituir o inhabilitar a funcionarios elegidos mediante el voto popular, poder que ha sido ratificado por la Corte Constitucional.
Sin embargo, en la Presidencia de la República no creen que tengan alguna injerencia sobre la decisión final que pueda emitirse contra Petro. Incluso, en un comunicado del pasado martes, la Presidencia informó que “el Gobierno Nacional como ha sido su costumbre frente a cualquier decisión de los organismos de control, respeta la decisión de la Procuraduría General de la Nación, así como los recursos que a bien tenga interponer y a los que tiene derecho el señor alcalde Gustavo Petro”.
“Vamos a interponer todos los recursos jurídicos que tengamos a mano para que se aplique el artículo 323. Consideramos que la Constitución es clara y debe ser respetada”, dice Navarro. Esta discusión, no obstante, no será fácil de zanjar.
Ningún alcalde de Bogotá había sido destituido desde que la Constitución del 91 se creó, por lo que no hay antecedentes en este terreno. Y, por si fuera poco, el Congreso de la República nunca ha definido el balance entre la función constitucional de destitución que tienen tanto el presidente como el procurador.
En la Alcaldía siguen contemplando los escenarios fuera de Colombia: “Nuestro último recurso serán los organismos internacionales”, anunció Petro el pasado lunes. Una de esas entidades es el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, al cual recurrió Petro en noviembre pasado alegando persecución ideológica por parte del procurador.
De todas formas, en caso de que ninguno de estos recursos le funcione a la defensa del alcalde, en Progresistas ya se empiezan a barajar opciones para enfrentar unas elecciones atípicas durante 2014.
Según ha trascendido, el concejal Carlos Vicente De Roux podría ser el elegido para culminar el período para el cual fue elegido Petro y liderar un acuerdo interpartidista para que la ciudad no sufra traumatismos.
Un acuerdo que ha sido sugerido, incluso, por fuertes contradictores del alcalde Petro como el representante a la Cámara Miguel Gómez.
“El mismo Navarro ha dicho que esa sería nuestra ficha. Pero, si le soy honesto, yo no veo a De Roux con ganas de tener ese protagonismo. Si no le gusta coger ‘papas calientes’ como la presidencia del Concejo o la vocería de la bancada, mucho menos va a asumir la responsabilidad de llevar adelante la Bogotá Humana”, dijo el progresista Diego García. De Roux, por su parte, ha dicho que hoy está enfocado en la defensa del mandato de Petro y que no quiere emitir elucubraciones.
En el entretanto, ha quedado claro que la destitución de Gustavo Petro ha dejado de ser un asunto local. Ayer se conocieron sendos pronunciamientos de parlamentarios de la Unión Europea y el próximo embajador de Estados Unidos en Colombia, cuestionando la decisión del Ministerio Público y manifestando su preocupación por las implicaciones de ésta en los diálogos de paz con la guerrilla de las Farc.
Hasta la ONU pidió conocer detalles del fallo, aunque el Gobierno rechaza cualquier intromisión en este tipo de asuntos internos. Por eso, y por la crisis institucional que se está gestando en Bogotá, el asunto cobra cada vez más relevancia para la Casa de Nariño.
Fuente: El Espectador
