COMUNICADO

En nueve meses de ejercicio del poder, Nicolás Maduro ha acelerado el retroceso de Venezuela y de las condiciones de vida de nuestro pueblo en todos los órdenes: en lo político, lo social y lo económico. Y ante la evidencia de su monumental fracaso, la tentación del gobierno es cerrar todos los espacios que permitan a los venezolanos estar cabalmente informados del rumbo incierto que lleva la nación y expresar su descontento.

Un régimen que desde sus inicios ha mostrado su falta de escrúpulos para vulnerar, cercar o desconocer preciados derechos humanos, y entre ellos la libertad de expresión y el derecho a la información, ahora acentúa esa tendencia cebándose cada día más en la persecución contra medios de comunicación y periodistas. Maduro no tolera que los periodistas informen de su fracaso económico ni basándose en las propias cifras del Banco Central de Venezuela y PDVSA.

En el caso de los profesionales del periodismo, el discurso presidencial y la impunidad otorgan a los integrantes de su tolda política, efectivos policiales, militares y a sus grupos paramilitares una oprobiosa patente de corso, de la que se valen para ejercer agresiones cada más vez más infamantes y más humillantes contra los reporteros de medios independientes, como se ha visto en los recientes caso de los periodistas Jorge Santos, Eliscart Ramos y Dayana Escalona, del Diario 2001; Humberto Escobar, Secretario General del CNP en Bolívar; la periodista Karolina Olivo junto al camarógrafo Rodolfo Urbina de la televisora HCTV en Apure; un fotógrafo del diario Panorama golpeado y encarcelado por varias horas en Zulia; la salvaje golpiza propinada a la periodista Eleida Briceño, del Diario El Tiempo, y al foto reportero Alberto Díaz de la redacción de Nueva Prensa de Oriente, en Anzoátegui y la detención ilegal y trato vejatorio al periodista Luis Guillermo Carvajal, de DAT TV y directivo del CNP-Carabobo. Incluso un periodista extranjero, Jim Wyss, (The Miami Herald), fue objeto de atropellos y encarcelamiento.

A esos jóvenes trabajadores no sólo se les ha impedido el acceso a las fuentes de información y el ejercicio libre de su profesión, sino que al ser objeto de vejámenes verbales y físicos también se les han violado sus derechos humanos. A veces la agresión física ha ido acompañada del despojo del material informativo y de sus equipos de trabajo. Tales atropellos han merecido condena y repudio dentro y fuera de Venezuela. No podía ser de otra forma.

Otra línea de acción, no menos detestable, son las presiones que cada vez más hace Maduro en persona llamando a los poderes del Estado a actuar contra medios y periodistas a los que expone al escarnio o exigiendo a dueños de medios la salida de profesionales de reconocida solvencia profesional y ética, como acaba de ocurrir con el Director del Mundo, licenciado Omar Lugo, por atreverse a ejercer un periodismo que, con equilibrio y objetividad, desnudaba la farsa de los artificios económicos del gobierno.

Si difícil y extremadamente riesgoso se ha tornado el ejercicio de su profesión para los periodistas venezolanos, no menos tortuosa es la ruta que desde hace años vienen recorriendo las empresas comunicacionales donde trabajan. Los medios son discriminados en lo informativo y en la asignación de pautas económicas oficiales; han sido amenazados y castigados una y otra vez con injustificables y desproporcionadas sanciones pecuniarias. Lamentablemente, mucho nos tememos que el derrumbe de la economía, lo que ha recibido un nuevo envión con los ataques del gobierno de Maduro contra la red comercial del país, tendrá perniciosos efectos sobre los ya bastante menguados ingresos publicitarios de estos medios.

Mención particular merecen las restricciones a la importación de papel periódico, lo cual ha ocasionado la reducción de la circulación de algunos, otros recortan contenidos o han tenido que recurrir al intercambio para poder seguir circulando.

Ante esta preocupante cuadro para la libertad de expresión y el derecho a la información, bases de la pluralidad informativa y de las libertades en toda nación democrática, el Colegio Nacional de Periodistas (CNP), máxima representación gremial de los periodistas venezolanos, realizó ayer protesta de calle en sus seccionales de todos los estados del país para levantar su voz contra las agresiones, la censura y las pretensiones de instaurar en Venezuela una hegemonía comunicacional.

La Mesa de la Unidad Democrática (MUD) expresa su reconocimiento y respeto a los periodistas venezolanos y al CNP como su organismo representativo por su lucha permanente por la libertad de expresión y les manifiesta su seguridad en que todo el país les agradece sus esfuerzos informativos en la búsqueda de la verdad y les acompaña solidariamente.

Caracas, 4 de Diciembre de 2013

Distintas son las versiones que se oyen de las personas que están represadas del lado colombiano del puente internacional Simón Bolívar, o en el lado venezolano, debido al cierre del paso internacional desde el pasado lunes y que claman las dejen continuar hacia su destino.

Atravesar este martes la frontera por el elevado era imposible, debido a la orden que cumplen los militares de la Fuerza Armada Nacional. La opción es atravesar por una trocha del río Táchira, pero lograr ese objetivo depende no solo de la voluntad y lo arriesgada que sea la persona, sino también del dinero que tenga para pagar al mototaxista y al “maletero” que le ayudará a cruzar el río Táchira, y de la suerte de no ser detenido por algún militar si lo sorprende en algún camino verde.

Enseñando su cédula venezolana desde detrás de la alambrada que colocaron los militares en la mitad del puente internacional Simón Bolívar, Diocelina Palencia aseguró que vive en la vereda 2, casa 17 del barrio Bolivariano, en la vía a Sabaneta, saliendo de San Cristóbal. — Estoy aquí atajada, porque hace tres días vine a visitar a mi mamá que vive en Cúcuta y estaba cumpliendo 100 años. A ella la han operado seis veces porque tiene tres tumores en la cabeza.

Mi casa está sola y usted sabe que ahorita no se puede dejar nada solo porque hay mucho dueño de lo que no ha trabajado. El domingo tengo que ir a votar, pero si no puedo pasar cómo hago,— se preguntó, afirmando además que ella es colombiana, pero vive desde hace 40 años en Venezuela y fue nacionalizada por el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez.

Por su parte, Mauricio Figueroa, es un ciudadano colombiano, que forma parte de un grupo de 23 turistas procedente de Bucaramanga, que compró un paquete turístico con boletos aéreos y hospedaje incluido para ir a la Isla de Margarita. Varios del grupo son niños y están desde el lunes esperando que los dejen pasar. En la noche del lunes durmieron en un hotel de La Parada y madrugaron para el puente, porque alguien les dijo que a las 6:00 de la mañana les iban a permitir pasar, pero no fue así.

— Pedimos al Gobierno venezolano que nos colabore y nos dé la oportunidad de entrar, porque somos turistas— dijo, mientras enseñaba su pasaporte sellado por las autoridades de migración de Colombia.

Eliseo Urbina, es venezolano, y afirmó que vive en Valencia. Estaba en Ureña desde hace dos días y por una emergencia tuvo que ir a Cúcuta y se quedó trancado del lado colombiano. Consideró que la del próximo domingo es una elección de alcaldes y concejales y no ve el motivo de mantener por tanto tiempo la frontera cerrada. —- Necesitamos que nos aprecien y nos valoren como venezolanos que somos. Yo necesito regresar a Valencia a trabajar. Con quién contamos nosotros, ellos cuentan con nosotros, pero nosotros no contamos con el apoyo de nuestro país. De este lado para acá estamos muertos, nuestros derechos no valen nada—, expresó.

Con la esperanza de que lo dejaran pasar por el puente Simón Bolívar, junto con otro grupo de personas, cerca de la Aduana Principal de San Antonio, se encontraba Oscar Beltrán.

Él es de Bogotá y manifestó que desde hace 15 días se encontraba en Colón, estado Táchira, junto con su hija, sometiéndose a un tratamiento de salud. El lunes salieron temprano de Colón para retornar a su país, pero debido a una cola que se hizo por un control policial en la vía, llegaron un poco tarde a San Antonio y se encontraron que el paso estaba cerrado. Fueron a la Oficina de Migración de San Antonio a sellar el pasaporte pero no se lo sellaron, porque desde el lunes no le sellan ni entrada ni salida a los viajeros.

El lunes pasaron la noche en un hotel, pero ayer estaba preocupado porque no contaba con dinero y por eso estaba esperanzado que lo dejaran salir de Venezuela. “Lo grave es que nos quedamos sin dinero y ahora no nos dejan pasar para allá”, dijo. Desde las 6:00 de la mañana estaba cerca de la Aduana de San Antonio, aguardando pacientemente para ver si los militares los dejaban pasar por el puente internacional. Beltrán dijo que algunos mototaxistas le habían ofrecido la opción de irse por la trocha, pero no se arriesgaba porque le parecía peligroso y además lleva maletas que le incomodan desplazarse por esa ruta.

Fuente: La Nación

El candidato a la reelección y actual alcalde del municipio Sucre, Carlos Ocariz, llevó a cabo el acto de juramentación de 2733 testigos de mesa y coordinadores, quienes se encargarán de vigilar los votos y garantizar el cumplimiento de las normas en cada uno de los centros de votación activados en las cinco parroquias de la jurisdicción, con motivo de las elecciones municipales 2013.

Cuando restan escasos días para el proceso comicial, el mandatario local señaló contar con la mejor maquinaria de testigos de toda Venezuela y aseguró que ya todo su equipo está listo para defender una vez más la voluntad del pueblo. “Hoy juramentamos a toda nuestra maquinaria de testigos y coordinadores de todo el municipio. En cada una de las 911 mesas tendremos a un testigo principal y dos suplentes, así como los coordinadores de cada centro. Nuestra maquinaria está conformada por verdaderos héroes, dirigentes sociales que han hecho posible que en los últimos siete años se respete la voluntad popular, que hoy por hoy estemos invictos y que hayamos logrado derribar el gran muro de corrupción que existía para darle paso al cambio y las mejoras en la calidad de vida de los ciudadanos. Hemos dado una demostración de que sí puede haber una luz al final del túnel, este es nuestro equipo, esta es nuestra gente”.

El edil hizo énfasis en que se trata de una elección muy importante donde la participación y el voto de cada uno de los vecinos cuenta y debe ser resguardado. “El municipio Sucre se ha convertido en referencia nacional, no sólo por nuestro modelo de gestión participativa, sino también por la organización política y por todo lo que hemos logrado en estos años, tal es el caso de las mejoras en materia de seguridad con la disminución en 30% de los homicidios, la creación de Hogares para Crecer, los Clubes de Abuelos, las becas universitarias y escolares, la alimentación gratuita en las escuelas, la recuperación y creación de espacios deportivos y recreativos como campos de fútbol con grama artificial, plazas y un gimnasio vertical para la comunidad, en fin, a pesar de los obstáculos hemos logrado mucho más de lo que imaginamos y es por eso que la labor de nuestros testigos en cada una de las mesas es tan importante, ellos garantizarán que la voluntad de seguir cambiando la cara del municipio que nuestra gente expresará con votos, será respetada y defendida”.

Ocariz señaló que en los cinco circuitos: Petare, Caucagüita, Leoncio Martínez, Mariche y La Dolorita, hay 195 centros de votación, 460.000 electores, 911 mesas, 2733 testigos, más de mil movilizadores y 585 coordinadores. “Tenemos la maquinaria lista, tenemos el espíritu democrático y tenemos a los mejores candidatos de la Unidad, por eso nada nos impide cumplir con nuestro deber y derecho de votar, demostremos de qué estamos hechos y que sí podemos tener una Cámara Municipal que trabaje por el bienestar del pueblo. Continuemos llevando a nuestro municipio por el camino del futuro, del progreso y de la esperanza. Nuestro triunfo será histórico, aquí en Sucre no nos ganan más nunca».

Fuente: Nota de Prensa

En nombre de la plancha de la Unidad, Omar Nowak, candidato unitario al Concejo Municipal de El Hatillo, prometió que harán una revisión profunda del Plan Especial San Antonio para lograr que este sea derogado.

“Nosotros como miembros de la Plancha Unitaria y futuros concejales del Municipio El Hatillo nos comprometemos con la ciudadanía una vez que seamos proclamados y juramentados revisaremos esto y lo llevaremos a sus últimas consecuencias. Esto es así, es nulo de nulidad absoluta”, agregó Nowak.

Recordó que el Plan San Antonio contempla la rezonificación de los terrenos ubicados en la vía del Seminario San José adyacentes a las urbanizaciones El Cigarral, La Boyera, Los Geranios y Los Naranjos.

“Un territorio de 32 hectáreas originalmente zonificado como Educacional, donde pretenden hacer una serie de construcciones tanto residenciales como comerciales, los cuales colapsarían de una manera considerable los servicios públicos y las arterias viales principales de nuestro municipio, que en la actualidad ya están sobresaturadas .Nosotros al igual que la mayoría de los hatillanos estamos en contra”, puntualizó.

El dirigente informó que este plan “es de nulidad absoluta” ya que el mismo fue preparado y presentado a la Cámara Municipal por un privado, y la ley es muy clara es ese particular. La ley específicamente señala, que solamente la autoridad municipal en materia de urbanismo y el Alcalde podrán presentar planes especiales a consideración del Concejo Municipal. No entendemos las razones por las cuales los legisladores locales obviaron esta especificidad de la ley, pero esta violación junto con otras las evaluaremos como corresponden y atenderemos a los vecinos en sus exigencias y derechos”, apuntó el aspirante a Concejal de la Unidad.

Para finalizar, Nowak recalcó que se violaron todos los procedimientos de consulta pública previsto en las normativas que rigen esta materia, y que no se permitió a la comunidad participar como es su derecho, “Así lo ha hecho saber la comunidad organizada a través de decenas de cartas”, dijo.

Fuente: Nota de Prensa

Venezuela se declaró este miércoles formalmente territorio libre de minas terrestres ante los estados parte de la Convención sobre la Prohibición de Minas Antipersona, o Convención de Ottawa, congregados esta semana en Ginebra en su 13º reunión anual.

«Venezuela se comprometió solemnemente a cumplir con la Convención y así lo hemos hecho utilizando nuestros propios recursos financieros, humanos y técnicos lo que demuestra nuestro compromiso con la erradicación del flagelo de las minas», anunció el General de brigada José Ramón Marcano, miembro del Comité de Desminado de la Fuerza Armada Bolivariana.

Según explicó Marcano a EFE, el territorio minado se concentraba en el sur del país, en la frontera con Colombia, donde fueron instaladas en los años noventa por las fuerzas armadas venezolanas para proteger los puestos fronterizos de posibles ataques de la guerrilla colombiana de las FARC que operaba en la zona.

En total se han limpiado 1.073 minas que estaban sembradas en 13 campos minados en la periferia de seis puestos navales y que en su conjunto ocupaban unas 18 hectáreas, «totalmente controladas por personal militar», aclaró Marcano.

Estos campos minados se encontraban en enclaves dentro de la selva tropical del país, con fuertes lluvias e inundaciones regulares, lo que convirtió, según Marcano, en un «gran reto» las labores de desminado.

Venezuela se convierte así en el primer país de Latinoamérica en cumplir con la obligación de la Convención de Ottawa de limpiar sus tierras de estos artefactos, que todavía están presentes en Colombia, Ecuador, Perú y Chile, todos ellos Estados parte implicados en labores de desminado.

Fuente: Globovisión

Yoseline Maure, una de las madres afectadas, aseguró que la enfermera Luzdary Otero Sandoval, quien raptó a 3 niños en Maracaibo, transitaba cada dos horas por las habitaciones del Hospital Chiquinquirá. El Ministerio Público imputó a la raptora, al par de enfermeras y a dos mujeres militares que participaron en el suceso.

Daneska Montero, Yoseline Maure y Nairalin Gerardino detallaron que la enfermera les anunció que se llevaría a los bebés. «La excusa fue que les practicarían una prueba en los talones y les sacarían la sangre. Qué íbamos a pensar nosotras que los iba a raptar», explicaron las parturientas al diario La Verdad.

Dos de las madres siguieron instrucciones de las enfermeras para tomar medicamentos. «Una me dijo: ‘tomá, tomáte esto pa’l dolor'». Maure indicó que las expertas entraron y le dijeron: «tomate estas pastillas». Preguntó: «¿pero me las tomó todas juntas? y la enfermera respondió ‘Sí, todas juntas'».

Maure reveló al diario que Nairalin Gerardino no acató la orden de la enfermera y comentó a las otras madres que cayeron en un sueño profundo después de ingerir los medicamentos. Gerardino guardó la pastilla y la mostró a los investigadores de la policía científica. Al conocer la situación, los parientes de las jóvenes alertaron a los cuerpos de seguridad del rapto de los bebés.

Fuente: GV