La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifestó «su profunda preocupación» por el asesinato de José Chirinos en Venezuela, candidato a Concejal por la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), en el Estado Zulia; y la supuesta detención arbitraria e ilegal de la que habría sido objeto Alejandro Silva, un dirigente de oposición.
En un comunicado la Comisión dice que ha tomado conocimiento «de esta información preocupante en los últimos días» y que estos hechos estarían teniendo lugar en el marco de la campaña electoral que se viene desarrollando en Venezuela, así como de supuestas acciones que estarían adelantando las autoridades venezolanas y «que podrían tener un efecto amedrentador frente a las expresiones críticas o disidentes de las personas que las autoridades consideran como opositores políticos».
Señala el texto que la información disponible indica que José Chirinos fue asesinado el 26 de noviembre de 2013, en horas de la noche en el Estado Zulia, cuando salía de dar una entrevista en una estación de radio local, y habría sido interceptado por sujetos desconocidos a bordo de una motocicleta, quienes le habrían disparado en varias oportunidades sin mediar palabra. Chirinos era militante del partido Un Nuevo Tiempo, y candidato a Concejal por el circuito uno del Municipio Baralt en el Estado Zulia, en las elecciones regionales a realizarse en Venezuela el próximo 8 de diciembre de 2013.
De acuerdo a información ofrecida por el Ministerio Público de Venezuela, la Fiscalía General de la República habría ordenado el inicio de una investigación para el esclarecimiento de estos hechos, y se habría dispuesto la coordinación entre las autoridades competentes para adelantar las diligencias correspondientes.
Por otro lado, de acuerdo a información puesta en conocimiento de la Comisión, el 23 de noviembre de 2013, el señor Alejandro Silva, coordinador nacional de giras del comando de campaña «Simón Bolívar» y militante del partido Primero Justicia, habría sido objeto de una supuesta detención arbitraria e ilegal por parte de presuntos funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar (DIM), quienes lo habrían trasladado alrededor de las 2 de la madrugada, hasta la sede de la DIM en la ciudad de Caracas, sin mostrar orden judicial ni informarle los motivos de su traslado. La CIDH tomó conocimiento que el señor Silva habría podido retirarse de la DIM en horas de la tarde del mismo día.
«La Comisión ha venido dando seguimiento a los pronunciamientos de diversos sectores de la oposición así como de altas autoridades venezolanas sobre estos hechos. Al respecto, la CIDH destaca las circunstancias en las que habría tenido lugar el traslado del señor Silva hasta la DIM y su permanencia en dicho lugar. Asimismo, la CIDH tiene en cuenta que la alegada detención del señor Silva habría tenido lugar en la fecha en la que se habría fijado una convocatoria de manifestaciones a nivel nacional, por parte de sectores de la oposición venezolana, y luego de que el Presidente de la República, Nicolás Maduro, anunciara ante los medios de comunicación que había ordenado la captura de dirigentes políticos, incluyendo un militante del partido Primero Justicia, por supuestos planes desestabilizadores», señala el comunicado.
La CIDH decidió enviar una carta al Gobierno de Venezuela, conforme a lo dispuesto en el artículo 18 del Estatuto de la CIDH, a fin de solicitar información sobre la detención del señor Silva.
La Comisión insta al Estado venezolano a investigar estos hechos y garantizar una seguridad ciudadana democrática.
La Comisión llama al Estado a iniciar investigaciones sobre los hechos reportados, así como a reforzar todas aquellas acciones que garanticen que las investigaciones iniciadas se realicen de forma diligente e imparcial, y se establezcan las responsabilidades a que haya lugar.
Asimismo, la CIDH expresa su preocupación porque estos hechos estarían teniendo lugar en un delicado ambiente de polarización, marcado por alegadas represalias al disenso político y declaraciones estigmatizantes e intimidatorias por parte de altos voceros del Gobierno en contra de distintos grupos de la sociedad civil que son identificados como de oposición. En ese sentido, la CIDH reitera que las expresiones de intolerancia política por parte de las autoridades públicas, en ocasiones pueden hacerse eco entre grupos civiles, algunos de los cuales las llevan al extremo y actúan al margen de la ley como grupos de choque para amedrentar a quienes consideran enemigos del proyecto político del gobierno.
En dicho contexto, la Comisión insta al Estado venezolano a adoptar de manera urgente todas las medidas que sean necesarias a fin de garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal, así como los derechos políticos, el derecho de reunión y los derechos a la libertad de asociación y libertad de expresión.
La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
Fuente EU
