El anuncio del Gobierno sobre el derribo de aeronaves parece una respuesta a las críticas por su poco compromiso con la lucha contra el narcotráfico
La rutina es la misma. Los altos jefes militares del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela reciben una fotografía de un avión incinerado que luego publican en las redes sociales. No hay registro gráfico de todas las operaciones contra el narcotráfico pero el presidente Nicolás Maduro asegura que han “inutilizado” 30 aeronaves.
«Inutilizar” es el eufemismo que mejor define el misterio que encierran esas operaciones. No hay detalles de la nacionalidad de los pilotos, no se sabe si murieron en combate o si fueron obligados a aterrizar. Se desconoce cuántos kilos de droga transportaban. Lo que sí hay son imágenes de hierros retorcidos y humeantes y un amplio ejercicio propagandístico para reivindicar el compromiso de Venezuela en la lucha contra el tráfico de drogas.
La última aeronave interceptada –la número 30- tenía matrícula mexicana. La noticia, revelada el miércoles, provocó que la cancillería de ese país pidiera explicaciones a Caracas. Solo así se han podido conocer algunos detalles de la operación. La avioneta fue obligada a aterrizar e incinerada en tierra por los oficiales venezolanos.
El Gobierno mexicano ha informado de que en la aeronave viajaban cinco personas y dos pilotos, que supuestamente la abandonaron antes de ser quemada, pero se desconoce el sitio dónde podrían encontrarse. La falta de detalles parece no interesar al Gobierno venezolano. Solo se hacen advertencias: “Vamos a combatir (el narcotráfico) con todo, que lo sepan quienes lo saben y quienes no lo sabían que lo vayan sabiendo”, dijo Maduro a mediados de esta semana.
Esa opacidad ha sido cuestionada por los expertos en temas militares vinculados con la oposición, que han demandado mayor transparencia en las operaciones. A todos les llama la atención que el Gobierno diga que al menos tres de esas aeronaves han sido derribadas debido a las condiciones geográficas de los lugares donde habrían ocurrido las interceptaciones.
Consultado por el diario venezolano El Nacional, el general retirado de la aviación, Manuel Andara Clavier, afirmó que la forma en la que se presenta la operación parece propia de un montaje. “Una interceptación nocturna es difícil en el Alto Apure (una de las rutas aéreas utilizadas por el narcotráfico para llegar hasta su destino). No está claro cómo se habría hecho esto. Ninguna autoridad incinera una evidencia”.
El pasado 2 de octubre Maduro prometió que derribaría los aviones que accedieran al espacio aéreo venezolano y que no acataran las instrucciones para aterrizar. Una ley aprobada en 2012 faculta al Gobierno a impedir la operación de todas aquellas naves declaradas hostiles.
El anuncio se produjo poco después de un escándalo de profundo calado en la opinión pública. A finales de septiembre las autoridades de Francia se incautaron de 1.382 kilogramos de cocaína repartidos en 31 maletas transportadas en un vuelo de Air France procedente de Caracas. El hallazgo puso en duda el compromiso del Gobierno de Maduro en la lucha contra el narcotráfico, una idea que el presidente no está dispuesto a dejar que cobre más cuerpo.
A la par del anuncio de las 30 aeronaves “inutilizadas” se suma la reciente declaración del presidente de la Oficina Nacional Antidrogas, Alejandro Kerelis, quien aseguró que desde 2006 Venezuela ha capturado a 110 grandes capos del narcotráfico. Más que del número, el Gobierno se enorgullece por otra razón mucho más política: todas esas capturas se han producido después de que el entonces presidente Hugo Chávez expulsara de Venezuela a la DEA, la agencia antinarcóticos estadounidense.
Las noticias sobre los operativos exitosos contra el tráfico de drogas son constantes para aislar cualquier sospecha de falta de interés, pese a que las condiciones que han hecho que la comunidad internacional cuestione a Venezuela aún se mantienen.
Las autoridades locales son muy reacias a la idea de que otros cuerpos actúen en el país por razones de soberanía. Además, varios militares corruptos han facilitado a los grandes carteles mexicanos el uso de los principales puertos y aeropuertos del país para despachar sus envíos.
La pregunta es hasta cuándo el Gobierno podrá mantener en secreto estas operaciones. En las 29 ocasiones anteriores tal vez pudieron hacerlo porque no se conocieron las siglas de las naves “inutilizadas”. Un simple desliz ha hecho que la cancillería tenga que dar respuestas a las preguntas que también se hace la prensa no oficial. Esta semana al menos ha quedado algo más claro dónde termina la propaganda y dónde comienza la información.
Fuente: El País
Alfredo Meza
