La nueva norma establece un «perfeccionamiento» de la red comercial, tanto mayorista como minorista, y simplifica los vínculos entre el productor y el consumidor final
Cuba puso en marcha esta semana un programa para la comercialización de alimentos que busca hacer más eficiente la distribución, poniendo fin a un monopolio estatal que afectaba a agricultores, que ahora podrán vender en los mercados parte de su producción.
El decreto ley sobre las nuevas reglas se aplicará experimentalmente en las provincias de La Habana, Artemisa y Mayabeque, antes de extenderse al resto del país a partir del 2015.
La nueva norma establece un «perfeccionamiento» de la red comercial, tanto mayorista como minorista, y simplifica los vínculos entre el productor y el consumidor final.
En un país que importa el 60 por ciento de los alimentos que consume y donde las producciones de los agricultores privados superan a las granjas estatales con una fracción de la tierra, las autoridades están liberando gradualmente el sector y otorgando mayores ventajas para que los interesados en la labor agrícola arrienden tierras.
El proceso, que ha sido lento, ha conseguido un crecimiento de la producción de solo unos puntos porcentuales desde que el presidente Raúl Castro comenzó las reformas agrícolas como parte de un plan para modernizar la economía socialista, poco después de reemplazar a su hermano Fidel en el cargo en 2008.
Muchos de los aspectos de la nueva ley están en marcha como parte de las reformas o son actividades que han surgido espontáneamente y han sido toleradas por las autoridades, incluyendo el alquiler de camiones privado por parte de los campesinos, en lugar del transporte del Estado.
La nueva regla permite a los agricultores, cooperativas y granjas estatales vender cualquier cantidad de productos y a quienes deseen, después de cumplir con los contratos pactados con el Estado, en lugar de tener que atenerse a normativas estatales que definían a quién, cuánto y cómo vender.
Los grandes consumidores, incluyendo las entidades estatales y los restaurantes privados, pueden ahora comprar al por mayor a los agricultores privados y a las cooperativas, en lugar de negociar sólo con el Estado.
Además, las cooperativas no solo podrán comercializar sus propias producciones, sino también las que compren a otras cooperativas o agricultores pequeños.
De acuerdo con la ley, que fue publicada esta semana en el sitio oficial www.gacetaoficial.cu, mercados mayoristas serán arrendados a las cooperativas y los mercados estatales serán puestos en manos de granjas, cooperativas no agrícolas y de los privados para la venta de sus productos.
IMPULSO AL SECTOR PRIVADO
El nuevo sistema aún fija los precios de algunos productos considerados básicos como el arroz y los frijoles, y prioriza los contratos con el Estado, que representaron un 54 por ciento de la producción del pasado año.
Además, prohíbe la venta de algunos productos exportables como el tabaco y el café. Sin embargo, se considera un gran paso para liberar fuerzas productivas.
«Esta importante iniciativa cumple el compromiso del Gobierno de facilitar los mercados mayoristas de frutas y verduras como ha solicitado el sector privado», dijo Richard Feinberg, que esta semana presentó en el Brookings Institution en Washington un estudio sobre emprendimiento y clase media en Cuba.
«Sorprendentemente, se ofrece un espacio para que las empresas privadas a la vez produzcan y comercialicen alimentos al por mayor, en una competencia abierta y saludable con el Estado», dijo.
Agricultores y consumidores cubanos se han quejado de que el monopolio estatal sobre las ventas de alimentos desestimula la producción, afecta la eficiencia y hace que lleguen al mercado productos de mala calidad.
«Muchas veces no producimos todo lo que podemos por miedo a no tener donde venderlo», dijo por teléfono Diógenes Telles, agricultor en la central provincia de Camagüey.
Desde hace años, economistas y agricultores cubanos han argumentado que el Estado debe desligarse del suministro de insumos y maquinarias agrícolas a los campesinos que entrega a cambio de la contratación de las producciones, algo que no se aborda en la nueva ley.
Roberto Pérez Pérez, jefe del Grupo de Política Agroindustrial de la Comisión de Implementación de las reformas, dijo a medios estatales esta semana que un proyecto piloto para vender suministros a los agricultores ya estaba en marcha en el municipio especial de Isla de la Juventud.
«Con las medidas que se están tomando y las que se irán implementando, haremos que el sector agropecuario se parezca a lo que necesitamos», dijo Pérez a medios locales.
«Los rendimientos que hoy tenemos no son competitivos en ninguna parte y esa realidad tenemos que transformarla sin apresuramientos, pero con firmeza», agregó el funcionario.
Fuente: Agencias
