El anuncio de Nicolás Maduro de un conjunto de medidas no va encaminado a resolver la profunda crisis que sufre la economía venezolana. Todo indica que la crisis podría agravarse debido a que tales medidas no atacan los factores que han generado los desajustes de la economía. Venezuela sufre una severa e inocultable crisis económica expresada en cinco elementos.

El primer elemento de la crisis es una situación fiscal caracterizada por un déficit del sector público de aproximadamente 15,0% del PIB que al ser imposible de financiar por vías ordinarias, se ha tenido que enjugar con impresión de dinero por parte del BCV.

El segundo elemento guarda relación con un exceso de liquidez en la economía debido al financiamiento monetario del déficit fiscal, lo que se traduce en tasas de interés bajas que castigan al ahorrista.

El tercer elemento de la crisis es una pérdida significativa de reservas internacionales por parte del BCV que a razón de US$ 814 millones mensuales entre enero y octubre de 2013, configuran una crisis de balanza de pagos y pronunciada depreciación del bolívar en el mercado paralelo del dólar.

El cuarto componente de la crisis económica es la declinación sostenida de la producción petrolera aunado a una PDVSA altamente endeudada y con una fracción de las exportaciones de petróleo que no generan caja al BCV

Finalmente, hay una crisis en la conducción de la economía, al punto tal de que el ministro de Finanzas fue relevado de la jefatura del manejo de los asuntos económicos al ser designado para tal tarea al Ministro de Energía y Petróleo. Ni siquiera el Ministro de Planificación y Desarrollo es la cara visible del gabinete económico.

Las medidas acordadas por el gobierno se pueden resumir en lo siguiente:

Fijación administrativa por parte del gobierno de los precios de todos los bienes y servicios y realización de operativos cívico-militares en el comercio.

1-Creación del Centro Nacional de Comercio Exterior con el objeto estatizar las importaciones y las exportaciones.

2-Creación de la Corporación Nacional de Servicio, Logística y Transporte.

3-Elaboración del presupuesto nacional de divisas.

4-Instaurar un nuevo Registro de Usuarios de Divisas, RUSAD.

Como puede apreciarse no hay un solo anuncio encaminado a enfrentar el severo desequilibrio macroeconómico que sufre la economía venezolana el cual es el causante de la elevada inflación, la escasez y la pérdida de reservas internacionales. Muchos menos medidas para levantar la producción nacional.

Por tanto, lo que se intenta atacar es la distribución de bienes sin percatarse el gobierno de que en realidad lo que está sucediendo es una caída en el nivel de la actividad económica, principalmente en la producción de alimentos debido a la falta de incentivos para producir, la carencia de divisas y un esquema de control de precios colapsado e inoperante.

Conviene destacar que ya en Venezuela existe una Ley de Costos y Precios justos en vigencia desde finales de 2011 mediante la cual se regulan todos los precios de todos los bienes y servicios. Esa ley no ha evitado que Venezuela tenga la mayor inflación del mundo. Adicionalmente, el 8 de febrero de 2013 el Gobierno, al anunciar la devaluación, decretó la creación del Órgano Superior de Optimización del Sistema Cambiario, con el objeto de priorizar las asignaciones de divisas.

Ahora vuelve a crear un nuevo ente, el Centro Nacional de Comercio Exterior, para que haga lo que el anterior no pudo hacer. El mismo 8 de febrero de 2013, el Gobierno anunció el establecimiento de un sistema integrado y automatizado entre el Ministerio de Finanzas, Banco Central y Seniat con el propósito de fiscalizar las importaciones. Como puede apreciarse, se trata de los mismos organismos públicos que ya existían pero con otros nombres.

En lo relativo al presupuesto nacional de divisas, ya Venezuela entre 1984 y 1988 aplicó esta medida, la cual concluyó en diciembre 1988 con una crisis cambiaria, una brecha de 100% entre el dólar oficial y el dólar paralelo y una significativa devaluación del bolívar en febrero de 1989.

Con la realización de operativos cívicos-militares no se disminuye la inflación. La inflación es un fenómeno de naturaleza económica y su solución requiere acciones coherentes en esa materia, principalmente en el orden fiscal, monetario y productivo. La Fuerza Armada Nacional desempeña una función muy noble en Venezuela relacionada con la protección de la soberanía nacional y su contribución al desarrollo nacional.

Por tanto, no se puede degradar a la FAN al papel de policías de los precios y pedirle que haga en materia de lucha contra inflación lo que no están haciendo el Ministerio de Finanzas y el BCV, quienes son los responsables directos de la espiral inflacionaria que sufre Venezuela.

Al centralizarse la importaciones en manos del Estado y acentuarse el control de precios, el resultado predecible será una agudización de la escasez y el mercado negro, tal como ha venido sucediendo a lo largo de 2013.

La MUD, con base en su propuesta de país, ha planteado que la solución a la crisis económica que padece Venezuela pasa por alcanzar un consenso mínimo sobre lineamientos concretos que permitan superar las dificultades económicas y enrumbar a Venezuela por una senda de crecimiento, progreso e inclusión social. Para ello, la MUD ha planteado al país, las siguientes propuestas.

Propuestas de un plan económico

Venezuela requiere una de política económica que cumpla un doble rol. Por una parte, que ayude a estabilizar la economía y que permita disminuir la inflación sin lo cual ningún programa de mediano plazo tendría sentido y por la otra sostener el crecimiento y la diversificación de la economía.

En primer lugar, el respeto de los derechos de propiedad debe ser una política de Estado. Está demostrado que aquellas economías donde los derechos de propiedad están claramente establecidos y los mismos se respetan, son aquellas donde fluye la inversión, crece la economía y aumenta el ingreso.

En segundo lugar, Venezuela requiera una reforma fiscal y monetaria que acote el endeudamiento público, le confiera solvencia a la gestión fiscal y evite que el BCV financie los déficits fiscales mediante la impresión de dinero. En esencia esto implicaría hacer cumplir los postulados de la Constitución vigente y derogar las reformas de la Ley del BCV de 2009 y 2010 que son claramente inconstitucionales. Similarmente, debería aprobarse una ley de responsabilidad fiscal.

En tercer lugar, la política cambiaria debe propender hacia la unificación de los tipos de cambio a mediano plazo y tener como objetivo la consecución de un tipo de cambio competitivo para así apoyar la diversificación de la economía. El anclaje del tipo de cambio para pretendidamente bajar la inflación debe descartarse toda vez que ello provoca pérdida de reservas y expectativas de devaluación e inflación.

En cuarto lugar, se debe aplicar una política industrial orientada a recatar, modernizar e impulsar la industria manufacturera para de esta forma incentivar capacidades productivas actualmente ociosas. Hace falta medidas tales como una política de créditos dirigidos a los sectores con potencial exportador, acciones que fortalezcan escalas de compras nacionales por parte del Estado y acciones para capacitar a los trabajadores en nuevas tecnologías. Igualmente debe incentivarse el emprendimiento y la inversión extranjera.

Finalmente, emprender de inmediato un ambicioso programa de modernización de la infraestructura física a través de inversiones a mediano plazo en la red de carreteras, autopistas, puertos y aeropuertos, escuelas y hospitales, entre otros bienes públicos ahora en proceso de deterioro. Estas inversiones con un horizonte temporal más allá del corto plazo contribuyen a aumentar la productividad y a elevar el producto potencial de la economía.

Fuente: Nota de Prensa