Brasil, que inició una campaña contra el espionaje electrónico de EE.UU., alegó hoy las mismas razones de seguridad nacional para justificar a sus propios espías, después de que un diario reveló que vigilaron a diplomáticos de Rusia, Irán e Iraq.
Según el matutino Folha de Sao Paulo, la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) espió las actividades de diplomáticos de esos tres países en Brasilia, tanto en sus embajadas como en sus propias residencias.
El periódico dijo haber obtenido esa información en documentos oficiales a los que tuvo acceso, los cuales no aclaran totalmente los métodos empleados, pero aseguran que los diplomáticos eran «seguidos» y «fotografiados» por agentes brasileños.
Esas operaciones, según los documentos, fueron realizadas entre 2003 y 2004, cuando el presidente del país era Luiz Inácio Lula da Silva, y afectaron también a Rosoboronexport, agencia estatal rusa dedicada al comercio de productos del área de defensa.
Los documentos fueron obtenidos por el diario en momentos en que el Gobierno brasileño encabeza una campaña en la ONU, con la cual apunta a establecer límites para el espionaje electrónico y que se garantice la privacidad de los usuarios de internet.
Esa iniciativa siguió a la revelación de que Estados Unidos espió las comunicaciones personales de la presidenta Dilma Rousseff, de varios de sus ministros y de estratégicas empresas brasileñas, como la petrolera estatal Petrobras.
Por esa razón, Rousseff canceló una visita de Estado que tenía previsto hacer en octubre pasado a Estados Unidos, cuyo gobierno ha respondido a las denuncias de espionaje de Brasil que esas actividades son «legales» y responden a necesidades de «seguridad nacional».
Sobre el espionaje a diplomáticos rusos, iraníes e iraquíes, el Gobierno brasileño evitó hacer comentarios directos, pero en una nota oficial divulgada hoy por la Presidencia se afirma que los datos se refieren a «operaciones de contra-inteligencia» realizadas por la ABIN.
Esas operaciones «obedecieron a la legislación brasileña de protección de los intereses nacionales», añade el comunicado, en el que también señala que, como el diario no le suministró al Gobierno copias de los documentos, no es posible «validar su autenticidad».
La nota agrega que las actividades de la ABIN están previstas en la legislación y persiguen «la defensa del estado democrático de derecho, la sociedad y la soberanía nacional, con total respeto a los principios constitucionales y a los derechos y garantías individuales».
También advierte de que la filtración de informes clasificados como secretos constituye un delito y que el Gobierno, sin violar las debidas garantías de la libertad de prensa, procesará a los responsables por la entrega de los documentos.
Una fuente del Gobierno brasileño dijo a Efe que «por el momento» no habrá más comentarios sobre el caso, aunque lo diferenció de las actividades atribuidas a los servicios de Estados Unidos, que «han espiado a jefes de Estado y empresas» y «no sólo en Brasil, sino del mundo», afirmó.
En las embajadas de Rusia, Irán e Iraq en Brasilia coincidieron en informar a Efe que no iban a hacer comentarios sobre el asunto.
En el Parlamento, que ya ha iniciado una investigación sobre el espionaje de EE.UU., el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Ricardo Ferraço, dijo hoy que también pretende averiguar qué llevó a Brasil a espiar a otros países.
«Debemos incorporar ese asunto a la investigación, porque puede parecer que Brasil es un país con dos pesos y dos medidas o que es un país que tiene una práctica y un discurso diferentes», declaró Ferraço a los periodistas.
Una de las diversas aristas del espionaje que investiga el grupo parlamentario se refiere a la supuesta colaboración que un agente de la ABIN le habría prestado a los servicios de Estados Unidos.
El diario O Estado de Sao Paulo publicó la semana pasada que la ABIN decidió no investigar a ese supuesto «doble agente», que, según documentos reservados obtenidos por ese matutino, habría colaborado con la CIA, la central de inteligencia estadounidense.
Por ese caso, el grupo parlamentario ha citado a declarar al director general de la ABIN, Wilson Roberto Trezza, y al ministro de Seguridad Institucional, el general José Elito Siqueira.
La audiencia aún no tiene una fecha definida y la ABIN se ha negado a revelar el nombre del espía, que O Estado de Sao Paulo sólo ha identificado como agente «008997».
Fuente: Agencias
