De “arbitrario” y “abusivo” calificaron los activistas de derechos humanos, Mariengracia Chirinos y Carlos Correa, la actuación de efectivos de la Policía Militar, quienes este viernes detuvieron y agredieron a dos periodistas y un reportero gráfico del diario 2001, Eliscart Ramos, Dayana Escalona y Jorge Santos (jr.), respectivamente, cuando cubrían una Feria Navideña en el Paseo Los Próceres.

Santos (jr.) fue trasladado de emergencia a una clínica por presentar graves lesiones en la cara y fuertes dolores en el cuello. “Le diagnosticaron el síndrome del latigazo (lesión en los tejidos blandos del cuello), producto de los golpes que recibió por parte de siete efectivos militares”, explicó su padre, también fotógrafo, Jorge Santos, quien acusó al general de brigada Carlos Enrique Yánez Figueredo, de “ensañarse a golpes y desaparecer el equipo de trabajo” de su hijo.

Al respecto, la coordinadora del Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), Mariengracia Chirinos, sostuvo que los militares “abusaron del poder” al agredir a Santos (jr.) y, además, “sin justificación alguna” lo detienen junto a Ramos y Escalona, “violando no sólo los estándares internacionales de protección a la libertad de expresión sino la propia Constitución”.

Por su parte, el director de Espacio Público, Carlos Correa, coincide con Chirinos y agrega que la situación ya se torna “más preocupante”, pues considera que las “agresiones y detenciones” contra medios de comunicación y periodistas “se están convirtiendo en un patrón regular de las fuerzas militares”.

“Tienes un discurso descalificador en relación con los medios de comunicación, y por otro lado no hay castigo a este tipo de incidentes sino que se pretende perseguir a la víctima. Lo que tenemos es un panorama aliciente para agredir a periodistas”.

Chirinos criticó, además, que durante el proceso de detención y liberación de los tres profesionales, no hubo fiscales del Ministerio Público ni acompañamiento de la Defensoría del Pueblo. “Ninguna persona puede ser detenida y amenazada de ser juzgada a través de la justicia militar porque supuestamente atacó a un centinela. Las personas civiles no pueden ser juzgadas por estamentos militares”.

A propósito de esta situación, el presidente Nicolás Maduro, durante su alocución en El Cementerio, acusó al Bloque de Armas de enviar a sus periodistas a “provocar la violencia”, y aseguró que los medios de comunicación “están en un estado de desesperación agudo”.

“Algunos titulares denotan severos problemas en el equilibrio emocional de los burgueses dueños de los medio (…) Tienen un problema grave, pasan del odio, de la revancha, del racismo, del desprecio”, expresó.

Fuente EU

Henry Ramos Allup, secretario de Acción Democrática, a través de su cuenta oficial (@hramosallup), repudió las declaraciones del presidente Nicolás Maduro en la tarde de este sábado , quien advirtió que aquellas personas que no reconozcan las elecciones municipales de diciembre próximo o propicien hechos de violencia, les espera prisión.

Allup en aparente alusión a supuestos fraudes cometidos por el Gobierno nacional en pasados comicios, dijo:“Nicolás: A quien hay que ponerle los ganchos es a quien haga trampas en las elecciones y no a quien las denuncie”, detalló en su tuit.

Fuente: Regional del Zulia

Un tiroteo que se registró en un transporte que cubría la ruta Valencia-Güigüe durante un atraco dejó tres personas heridas, dos delincuentes y un pasajero, informó la policía regional. No revelaron la identidad de los lesionados, pero trascendió que se trataba de dos menores de edad quienes serían los presuntos delincuentes y una agente de Policarabobo que se encontraba franca de servicio.

El suceso ocurrió cerca de la 1:00 p.m. de la tarde del viernes en la carretera Valencia-Güigüe, en el tramo ubicado en el sector Pirital, municipio Los Guayos, estado Carabobo.

Los asaltantes, cuatro adolescentes,, habrían abordado el autobús Blue Bird, matrícula AA5661, de la línea Santísima Trinidad, cuando partió de Valencia. Despojaron a los pasajeros de sus objetos de valor sin percatarse que uno de ellos también portaba arma de fuego, que accionó contra los delincuentes, lo que causó el intercambio de disparos.MR

Fuente EU

Un avión de la aerolínea Air Canadá que iba de Caracas a Toronto fue desalojado este viernes cuando el capitán del vuelo se percató de la presencia de cuatro iraníes y un afgano que no habían sido registrados, informaron este sábado las autoridades.

La agencia AFP informó que en el vuelo 075 “se encontraban cinco pasajeros adicionales a la ocupación registrada para ese vuelo” que fueron identificados por funcionarios militares, explicó el director general del aeropuerto internacional Simón Bolívar de Maiquetía, Luis Gustavo Graterol, citado por la estatal Agencia Venezolana de Noticias.

“Se trataba de cuatro ciudadanos de origen iraní y otro de nacionalidad afgana, quienes no tenían visa para ingresar a Canadá, ni boletos legítimos, registrados en el sistema de la aerolínea para tomar ese vuelo”, agregó el funcionario.

El desalojo de la aeronave generó un retraso de salida de unas cinco horas. Por el caso, la Fiscalía venezolana informó la noche del sábado que presentará en las próximas horas ante un tribunal a un funcionario del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime), a un trabajador de la aerolínea Air Canadá y a dos agentes de la empresa Servicios de Seguridad Aeronáutica Internacional 2021 C.A.

Esto “por su presunta vinculación con el tránsito ilegal de cinco extranjeros en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar”, cita la nota de prensa de la Fiscalía.

Con este nuevo incidente, el aeropuerto internacional Simón Bolívar suma otro suceso en el que se presume la complicidad de funcionarios gubernamentales y empleados de las aerolíneas para cometer irregularidades, destacó la agencia Afp.

El pasado 11 de septiembre, la Policía francesa -en colaboración con la británica, española y holandesa- detectó 1,3 toneladas de cocaína en un avión de la aerolínea Air France que arribó al aeropuerto parisino Roissy-Charles de Gaulle procedente de Caracas y que el ministro de Interior venezolano, Miguel Rodríguez, atribuyó a la “complicidad casi evidente de elementos de la misma línea aérea” con militares venezolanos.

Por este caso, las autoridades ya habrían efectuado unas 28 detenciones, entre efectivos militares y empleados aeroportuarios, y aseguraron que reforzarían las medidas de seguridad del principal terminal aéreo del país.

Fuente EU

Cuando Omar Dávila llegó hace 15 días, con su suegra enferma, a la recién remodelada Emergencia del Hospital Vargas, le impresionó encontrar un centro público limpio y con modernas instalaciones. Pero la impresión le duró poco cuando luego le empezaron a mandar a comprar insumos y hacer por su cuenta exámenes que la institución no podía proveer. Dos semanas después, lleva la cuenta, ha gastado casi 12 mil bolívares, aunque un cartel en el cubículo de su familiar reza “el servicio aquí prestado es gratuito”.

La crisis de insumos en los centros públicos es un mal que parece no tener cura. Que un paciente que ingresa reciba la atención completa sin que falte algo resulta una lotería. La inconsistencia en la entrega del material a los centros públicos, que fueron centralizados y dependen todos del Ministerio de Salud es causa de la escasez, que en estos tiempos también llega a los hospitales.

Omar saca la cuenta: Bs 1.700 un marcador tumoral, Bs 3.800 una tomografía abdomen pélvica, una biopsia de pulmón 700 bolívares, ampollas de un medicamento que cuestan Bs 560 cada una y deben suministrarle a su suegra dos veces al día. Eso sin incluir gastos de traslados en taxi para las pruebas porque las pocas ambulancias del hospital no se dan abasto. Agradece que de aquellas ampollas recibiera una donación que cubría ocho días.

“Nosotros tenemos la bendición de tener el dinero de nuestros ahorros para costear los gastos”, dice él. Y tiene razón. Quienes no pueden pagar los insumos o tratamientos por su cuenta se enfrentan con la peor palabra para un enfermo: espera; que se traduce en peores condiciones de salud.

Pedir prestado, vender prendas o motos son los recursos de quienes desean una pronta cura. Los relatos de ese tipo sobran en la sala de hospitalización de Traumatología del Hospital Leopoldo Manrique Terrero (Periférico de Coche).

Uno de los pacientes allí recluidos muestra la factura por Bs 12.600 que tuvo que cancelar por una placa para su pierna. “También pagué 3.700 bolívares por un inmovilizador”, cuenta el mototaxista que ingresó hace 15 días tras un choque. Aunque contaba solo con la mitad del dinero, su familia pidió prestado el resto. “Me desesperó escuchar que hay gente que tiene dos meses esperando por material. No quiero pasar diciembre aquí”.

En la misma sala, César Cáceres mandó a vender sus prendas para comprar un clavo que necesita para su pierna, aunque luego el Director del hospital prohibió la compra de insumos. Su compañero de cama venderá su moto para comprar también el material. Ambos tienen dos meses hospitalizados y tomaron medidas extremas en vista de las demoras.

No en vano, de acuerdo con las Estadísticas Sanitarias Mundiales de 2013 de la Organización Mundial de la Salud, el 56% del gasto nacional en salud en Venezuela sale del bolsillo de los ciudadanos, el resto es lo que pone el Gobierno, aunque la Constitución contempla el derecho gratuito a la salud.

No solo los materiales especializados son parte de las carencias de los hospitales. En la emergencia de los hospitales faltan insumos básicos: desde mascarillas para nebulizar, antibióticos para cualquier infección, analgésicos para el dolor, hasta vendas o guata (malla especial para enyesar).

José Manuel Olivares, miembro de la red “Médicos por la salud”, calcula que para un adulto un día en Emergencia puede costar entre Bs 1.000 y 1.500, mientras para un niño entre 500 y 1.000 bolívares. La cifra sigue en franco ascenso si la persona debe ser hospitalizada.

La escasez persigue

Aunque comprar medicinas para tratarse en hospitales se ha vuelto una práctica común, ahora el ciudadano debe enfrentar una escasez que en el sector farmacéutico se ha agudizado durante el último año.

“Se mantiene un mercado intermitente, aparecen unos productos y desaparecen otros. Ya no escasean solo los medicamentos regulados sino también los no regulados”, precisó Freddy Ceballos, quien dirige la Federación Farmacéutica de Venezuela. Las fallas de distribución persisten en 40% de los 7.500 productos farmacéuticos.

Ceballos señaló el proceso de liquidación de divisas para el sector como uno de los factores que más retrasan los insumos médicos. Las empresas encargadas de la importación de material médico quirúrgico coinciden.

Las importadoras que trabajan con Cadivi no han padecido el incremento de precio pues el dólar se mantiene igual, pero su peor malestar es el tiempo que tarda el organismo en liquidar las divisas. A eso se suma lo que tarda en tramitarse el registro sanitario y luego la liberación de la mercancía en aduana. En total, pueden tardar entre 30 y 90 días para traer el material médico qui- rúrgico.

Para una casa comercial, ubicada en el centro de Caracas, desde hace seis meses se le ha hecho imposible volver a comprar para distribuir a sus clientes prótesis de cadera o rodilla debido a su alto costo. La última cotización se realizó hace tres meses y alcanzó Bs 80 mil.

Los precios se duplicaron. “En febrero nos vendían un clavo en Bs 7 mil, ahora el precio que nos dieron fue de Bs 16 mil. ¿A qué monto lo vamos a vender? Ya no es rentable”, explica Jacqueline Pérez, encargada del negocio. Han optando por traer piezas por encargo.

Fuent EU

Desde antes de las seis de la mañana fue cerrada la avenida Bolívar para comenzar las preparaciones del evento deportivo y recreativo “Caracas se mueve por la paz y por la vida”, que debía empezar hacia las nueve de la mañana.

La actividad, que está organizada por el Ministerio del Deporte, dividirá esta importante arteria vial en seis bloques y allí se podrá bailoterapia y se podrán practicar fútbol, tenis de mesa o basket, entre otros.

Habrá disciplinas de “alto rendimiento” como kickingball y voleibol. En el bloque 4 estará un camión de spinning, otorgado por la ONA (Organización Nacional Antidroga), además de tres canchas de bateo. Las divisiones 5 y 6 serán para el deporte extremo como motopiruetas y ciclovías.

Se espera la participación de 12 mil personas.

Fuente EU

A través de un comunicado se considera “incierta y no ajustada a la realidad” la versión publicada el pasado 30 de octubre sobre la asignación de divisas de la Comisión de Administración de Divisas (Cadivi), y ofrece cifras reales para despejar la controversia suscitada por la información.

El diario El Universal, a través de un comunicado, rechazó, por considerarla “incierta y no ajustada a la realidad”, la información sobre una asignación de 35.915.250,00 dólares para adquirir papel periódico a través de Cadivi, la cual fue publicada en el diario El Nacional en su edición del 30 de octubre de 2013, e informó las cifras reales para aclarar “este incidente sobre las cantidades de papel Newsprint solicitadas y liquidadas; controversia que se origina en la información falsa ya citada”.

“En el año 2012 el Ministerio de Industria y Comercio aprobó a El Universal 10 mil toneladas de papel tipo Newsprint para la elaboración de sus productos. En el año 2013 se nos aprobó en Certificados de No Producción (CNPs) la cantidad de 23.300 toneladas de dicho tipo de papel. De los montos mencionados, requeridos al Ministerio de Industria y Comercio, El Universal solicitó a Cadivi en el año 2012 la Autorización de Adquisición de Divisas (AADs) para 6.857 toneladas y, en 2013, para 7.246 toneladas”, indica el comunicado.

Asegura que Cadivi aprobó la ALDs por la totalidad de las toneladas solicitadas en 2012. “En 2013 se han presentado retrasos considerables para la autorización de los ALDs de las toneladas correspondientes al año en curso, lo que ha ocasionado problemas de crédito con nuestros proveedores”. No obstante, dice, hasta ahora ha sido superada esta circunstancia, gracias a la solvencia y seriedad de esta empresa.

“El Universal reafirma estar a la disposición de las autoridades para facilitar a los organismos competentes la documentación que respalda sus gestiones”, finaliza el texto.