Desde enero hasta octubre se han registrado 158 ataques a la libertad de expresión, desde amenazas, agresiones físicas a periodistas, detenciones, procesos judiciales y censura.
Periodistas, fotógrafos y trabajadores de la prensa acudieron a las Fiscalía General para protestar la agresión salvaje de la que fueron objetos 12 periodista de la Cadena Capriles.
Desde que Nicolás Maduro asumió la conducción del país, primero como vicepresidente y luego como presidente electo el 14 de abril, los ataques a la libertad de expresión se han intensificado. Entre enero, hasta lo que va de octubre de este año, se han registrado 158 ataques a la libertad de expresión. La cifra se reparte entre agresiones a comunicadores, ataques a medios de comunicación, amenazas, censura, intimidación, hostigamiento judicial, verbal y aplicación de leyes restrictivas o medidas administrativas.
La intimidación a periodistas y el hostigamiento han tenido como principal exponente al propio Nicolás Maduro, con él, ministros, jefes de los poderes públicos, organismos del Estado, cuerpos de seguridad, Asamblea Nacional, gobernadores y alcaldes.
Las cifras registradas corresponden a denuncias recopiladas y verificadas con las víctimas, que lleva anualmente la ONG, Espacio Público.
Al hacer un balance de la situación en esta materia, su presidente, Carlos Correa, concluye que este Gobierno, basado en su precario resultado electoral, ha asumido una posición de mayor confrontación frente a los medios de comunicación. Ella se ha expresado en la cantidad de veces y en la forma cómo el presidente Maduro se ha dirigido a los periodistas y a los medios independientes, el cuestionamiento a informaciones, titulares de medios impresos, radio y TV, con recientes ejemplos muy graves como los procesos contra Globovisión, 2001 y la creación del Cesppa.
«Ese discurso ha sido más duro que el de Hugo Chávez y a lo largo de este año ha definido un tono en esa relación, donde la principal preocupación del Gobierno está en la línea editorial de los medios privados».
Estima Espacio Público que, faltando dos meses y para finalizar el año, los ataques a la libertad de expresión superarán a los ocurridos en 2012, pero con el agravante que los renglones de censura, intimidación y hostigamiento han aumentado sustancialmente. Tales categorías recogen el cierre de medios, detención, procesos judiciales y agresiones físicas a periodistas, combinadas con las amenazas desde el poder.
Los ataques de Maduro
Desde los días en que Hugo Chávez se encontraba convaleciente en Cuba y Maduro asumió las responsabilidades como Presidente, su discurso cargado de amenazas, marcaría el tono que seguiría en su Gobierno.
Poco después de su visita a Cuba, Nicolás Maduro se refirió a los periodistas venezolanos como una «minoría venenosa de periodistas de la ultraderecha que siguen una agenda dictada desde el extranjero con el fin de sembrar incertidumbre en el país con respecto a la salud del Presidente» (… ) no exageramos cuando decimos que esos periodistas de ultraderecha tienen un alma miserable, absolutamente miserable y responden a planes antipatria, responden a planes de otro lado; no son planes para ayudar, ni para desear la salud y la vida del comandante Chávez, ni para desear la tranquilidad del venezolano y la venezolana; así lo creemos, de verdad».
El enfrentamiento entre Maduro y varios articulistas se extendió hasta el fallecimiento de Chávez, cuya gravedad no había sido reconocida por los voceros oficiales y cuyo desenlace daba la razón a las informaciones extra oficiales que circularon en esos meses.
Maduro y los sucesos de abril
Una vez que el CNE, el 14 de abril, anunció el triunfo de Nicolás Maduro por un estrecho margen frente al opositor Henrique Capriles, se produjeron manifestaciones callejeras que fueron fuertemente reprimidas por el Gobierno.
Entre el 14 y el 26 de abril, en 12 días, se registraron 46 ataques a la libertad de expresión registrados. Se negó información electoral en al menos 32 centros de votación, hubo cuatro periodistas detenidos, 33 agresiones físicas a reporteros, ocho ataques a las sedes de medios de comunicación social, al menos seis casos de censura, tres portales hackeados, dos hurtos de equipo reporteril, en el marco de 296 protestantes detenidos y más de 100 agredidos por los cuerpos de seguridad y colectivos oficialistas (EP).
Ante la cobertura de los medios, que hacían públicas las imágenes de GN disparando a quema ropa contra manifestantes, el 16 de abril, desde un Centro de Diagnóstico Integral, Maduro exhortó a los medios a mostrar su postura política: «llegó la hora de las definiciones en Venezuela», dijo, llamando a Venevisión y Televén, dos medios que han llegado a acuerdos con el Gobierno, a defínanse con quién están: con la patria, con la paz, con el pueblo ¿o van a volver a estar con el fascismo? inquirió Maduro.
A día siguiente sentenció el proclamado presidente que no se permitiría la realización de una protesta ante el CNE en Caracas convocada por Henrique Capriles. Ante cuya amenaza y la represión registrada, Capriles pidió a sus seguidores acatar la prohibición.
El 18 de abril Maduro hizo un llamado de atención a Televén, durante una reunión con gobernadores: «no es coerción de la libertad de expresión, pero una cosa es gozar con la violencia y la muerte, como lo ha hecho años tras año Televén, y otra cosa es orientar a la sociedad en cada noticia, porque se trata de presentar un problema para ver cómo se resuelve, no para hacer política y destruir una revolución, destruir un líder como Hugo Chávez o destruirme a mí ahora o destruir una sociedad» y responsabilizó al canal de televisión de hacer todas las noches un «festín de violencia».
A Globovisión, le dijo: «ha alimentado el fascismo en Venezuela». Refiriéndose a los hechos violentos en varios estados del país, recalcó que los agresores «han sido preparados todos estos años por los medios de comunicación, no tengo dudas, los han alimentado, en primer lugar, Globovisión, ha alimentado el fascismo en Venezuela, es un canal fascista, no tengo dudas de eso, lo digo con responsabilidad porque yo soy Presidente de la República y he sido puesto aquí por el pueblo para resguardar la democracia».
En el contexto de tales sucesos el presidente Nicolás Maduro ordenó la detención del ciudadano estadounidense Timoty Hallet Tracy al que acusó de estar vinculado a un plan para crear agitación a nivel nacional, tras los comicios presidenciales del 14 de abril. El ministro de justicia lo acusó de financiar las protestas estudiantiles con el objetivo de iniciar una guerra civil en el país. Tracy se encontraba en el país realizando un documental sobre la situación política de Venezuela.
En otros sucesos
Mas tarde, el 26 de septiembre, tras la publicación de una nota en su columna sobre el retraso de la comitiva presidencial en Canadá en escala provenientes de China, se refirió al periodista Nelson Bocaranda. «Da vergüenza cómo se arrastra un periodista que ha sido pieza de Estados Unidos por años» (… ) uno se pone nauseabundo al verlos a ustedes (… ) Nelson Bocaranda y toda la partida de bandidos de derecha que están a su alrededor (… ) nauseabundo como ellos justifican y empiezan a sacar daticos y cosas que se la pasa la embajada gringa» (… ) cada vez sabemos más de él. Llagará el día en que sacaremos unas pruebas, que hay tuyas, Nelson Bocaranda, de tu trabajo para la CIA y para el Departamento de Estado».
En el tema del desabastecimiento, el 28 de septiembre señaló: «las compras nerviosas son producto de la guerra psicológica en la prensa escrita y los titulares todos los días ¡ahora va a faltar tal cosa! Yo le quiero pedir públicamente a la fiscal general que evalúe medidas especiales (…) junto al poder Judicial para nosotros castigar la guerra psicológica que ejercen la prensa escrita, la televisión y la radio contra la seguridad alimentaria del pueblo y la vida económica en la Nación».
Nicolás Maduro durante su discurso en el acto de conmemoración de los 40 años del derrocamiento del presidente chileno Salvador Allende, el 11 de septiembre declaró: «Todo el mundo sabe cómo se llaman los periódicos del golpismo en Venezuela».
Voceros oficiales
Durante los sucesos de abril, el diputado Pedro Carreño acusó al periodista Nelson Bocaranda y al gobernador Henrique Capriles por «los muertos y daños a los Centros de Diagnóstico Integral (CDI)».
Poco tiempo después la ONG de Derechos Humanos, Provea, difundió una investigación realizada sobre los CDI señalados por el Gobierno encontrando que en ningún momento habían sido agredidos por manifestantes.
El 30 de abril el ministro de Comunicación, Ernesto Villegas calificó como «retaguardia del fascismo» a Provea, luego que la ONG publicara en su página web la información en la que desmentía la información oficial. El diputado Pedro Carreño acusó al periodista Nelson Bocaranda y al gobernador Henrique Capriles por «los muertos y daños a los Centros de Diagnóstico Integral (CDI)» e informó que la Asamblea Nacional abriría una investigación contra ambos. Al mismo tiempo, la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz, informaba que su despacho adelanta investigaciones por mensajes emitidos por usuarios en las redes sociales, que iniciaron la violencia el 14 de abril al hacer llamados a través de las redes con mensajes directos y subliminales, incitando a la ciudadanía a tomar acciones de calle.
El 3 de junio, la presidenta del CNE, Tibisay Lucena, censuró al periodista de El Universal, Eugenio Martínez al que ha calificado como un «actor político. El ministro de Turismo, Andrés Izarra acusó a medios de «ahuyentar a los turistas con el tema de la inseguridad. A su juicio el problema en Venezuela no es la inseguridad «sino la campaña de satanización.
Por: Francisco Olivares
@ folivares10
