Dos hombres y una mujer recibieron condena privativa de libertad por haber participado en una estafa contra 297 familias, a quienes prometieron entregar viviendas que construye el Gobierno Nacional a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela.

Estas personas estafaron a las casi 300 familias con la promesa de adjudicación de apartamentos de la Gran Misión, que son construidos para familias venezolanas en situaciones vulnerables, luego del pago de dinero.

El Ministerio Público (MP) informó en nota de prensa que ante la contundencia de los medios presentados fueron condenados los ciudadanos José Espino, José Castillo y Yudith Tovar a 13 años de prisión, quienes admitieron haber estafado a las 297 familias durante los años 2009 y 2012.

Estas personas perpetraron la estafa a través de la empresa Construsolution C.A ubicada en el complejo urbanístico Parque Central en Caracas.

En la audiencia preliminar, la fiscal 139° auxiliar del Área Metropolitana de Caracas (AMC), Yoraima Rodríguez, ratificó la acusación contra los dos hombres y la mujer por la comisión de los delitos de asociación para delinquir y estafa a título de perpetradores en concurrencia de delitos, previstos y sancionados en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo y el Código Penal.

Luego de que las tres personas admitieran su responsabilidad en la estafa perpetrada, el Tribunal 28° de Control del AMC dictó la citada condena y la restitución del dinero a las familias afectadas.

El MP informó que Espino permanecerá recluido en el Centro Penitenciario de la Región Capital Yare I, ubicado en el estado Miranda, mientras que Castillo cumplirá su condena en el Centro Penitenciario de Aragua, conocido como Tocorón.

De igual manera, Tovar estará recluida en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), en Miranda.

De acuerdo con la investigación, Espino Castillo y Tovar ofrecieron apartamentos en diferentes conjuntos residenciales de Caracas, alegando tener vinculación con funcionarios del Gobierno Nacional en los planes de adjudicación de viviendas financiadas por el Estado.

En el año 2012, se realizaron varias denuncias por un grupo de afectados que canceló entre 3.000 a 120.000 bolívares para la adquisición de viviendas en diferentes conjuntos, pero nunca se les dio respuesta de la entrega.

Por este motivo, Espino, Castillo y Tovar fueron aprehendidos y colocados a la orden del MP.

Fuente: ÚN

La Asamblea Nacional (AN) prepara el informe para la segunda discusión de la Ley Orgánica para la Ordenación y Gestión del Territorio, que entre sus propuestas, destaca la creación de una nueva estructura geográfica, fuera de la establecida en la Constitución.

La advertencia la hicieron miembros del Instituto de Geografía y Recursos Naturales de la Universidad de los Andes (ULA), quienes enviaron sus observaciones al presidente de la comisión de Ambiente del Parlamento, Manuel Briceño Méndez. “En el Proyecto de Ley se propone una nueva estructura territorial del país que denomina Opciones Nuevas, que prevalece sobre las estructuras constitucionales vigentes.

La Ley de Ordenación y Gestión del Territorio considera Opciones Nuevas como componentes fundamentales de la nueva estructura territorial propuesta como objetivo estratégico: los Ejes de Desarrollo Territorial y las Regiones Funcionales y los Sistemas Urbano–Rurales, como factores articuladores de territorios locales y regionales, que orientan la dimensión geopolítica interna y externa del desarrollo nacional.

No parte de las estructuras constitucionales vigentes como las regiones, estados, municipios y la ciudad. No se establece la vinculación o relación entre ambas estructuras, disminuyendo el papel de la estructura constitucional”, consideraron los expertos.

En el escrito, los profesores alertan que “la nueva propuesta crea ámbitos territoriales paralelos a los existentes, sin definir separadamente las funciones de cada uno de ellos ni delimitarlos. Tampoco establece la vinculación con los ya existentes. Pareciera que estos nuevos ámbitos territoriales tratan de anular los ámbitos constitucionales existentes, en su concepción actual, lo que puede llevar al solapamiento de funciones y, en consecuencia, a conflictos de intereses entre los distintos niveles territoriales”.

En el análisis que los docentes efectuaron al proyecto, determinaron que el instrumento “burocratiza el proceso de ordenación y gestión del territorio y lo sujeta a un sistema de instancias de decisión donde priva la subordinación progresiva. Los conceptos de espacios funcionales, regiones funcionales, núcleos dinamizadores y ejes de desarrollo propuestos, no quedan bien definidos y delimitados. Tampoco se conceptualiza cómo se integran estos conceptos en la propuesta que fundamenta la ley de Ordenación y Gestión del Territorio”.

Consideraron que “sustentar una ley de esta naturaleza sobre una estructura poco definida y delimitada, aunque contradice las directrices constitucionales, que en un Poder como el Popular, cuya efectividad no ha sido evaluado, no funciona en la realidad para la toma de decisiones consensuadas y de compromiso sobre la Ordenación del Territorio”.

Asimismo, “según la ley propuesta, algunos ámbitos territoriales pueden ser creados y suprimidos por medio de decreto presidencial. Por tanto, no dependen de las dinámicas intrínsecas de los territorios. Mezclar una estructura territorial constitucional con una estructura basada en las Opciones Nuevas, crea un obstáculo, donde administrativamente las decisiones que privarán son las centrales o superiores sobre las locales, quedando de lado progresivamente la ordenación del territorio en sí”.

Ante estos peligros, los profesores plantearon “ampliar el plazo de la discusión pública y abrir un diálogo para nuevas observaciones sobre la estructura territorial que se prevé gestionar junto a la constitucionalmente establecida, así como sobre la distribución funcional del poder que la acompaña.

Fuente: LP

El presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, afirmó que «el día que tomemos la decisión vas a ir preso y vas a pagar los asesinatos que has cometido», refiriéndose al gobernador de Miranda Henrique Capriles Radonski.

«El 15 de abril dos niños fallecieron gracias a su llamado de violencia. Más temprano que tarde la justicia tiene que caer sobre esos asesinos y tienen que ir presos. No te tenemos miedo ni a ti ni al imperio que tienes detrás de ti. El día que tomemos la decisión vas a ir preso y vas a pagar los asesinatos que has cometido. Todo tiene su momento», dijo.

Hizo estas declaraciones en el marco de la inauguración del Liceo Bolivariano Hugo Chávez, en compañía del presidente de Corpomiranda, Elías Jaua, en el sector La Balza, en Miranda.

Aseguró que el recién inaugurado liceo Capriles no lo terminó «porque este pueblo es eminentemente chavista. A 2 mil setecientos niños especiales les quitó la beca. Además, le montó una alcabala con la policía de Miranda a la Escuela «Arístides Bastidas» y les quitó un autobús. Es un miserable».

Por otro lado, precisó que «la señora María Machado en la Asamblea (Nacional) quería mandarme a mí, eso no va a pasar. Ella obligará a sus súbditos ¿Saben quién me manda a mí? El pueblo señores».

«Tienen el odio metido en el alma y el pueblo chavista lo que está es cargado de amor, de tolerancia, de tender la mano, de dar la ayuda cuando hay que dar la mano, sin preguntarle a nadie de qué partido es porque eso nos lo enseñó Chavez», dijo Diosdado.

Fuente:El Universal

A las 2:30 pm llegó la directiva citada por el Ministerio Público a la sede ubicada en la avenida Urdaneta, para declarar por el titular de desabastecimiento de gasolina publicado el pasado 10 de octubre en el diario 2001.

A las afueras del organismo hay representantes del Colegio Nacional de Periodistas, Sindicato Nacional de trabajadores de la prensa y la organización no gubernamental Espacio Público.

Los periodistas citados por Min-Público son la directora del diario 2001 Luz Mely Reyes, el subdirector Omar Colmenares y el jefe de Información Juan Ernesto Páez-Pumar.

Fuente: ÙN