El Ministerio Público logró privativa de libertad para 12 hombres, quienes fueron detenidos el pasado 12 de octubre por su presunta responsabilidad en el contrabando de 121 mil litros de gasoil en el estado Bolívar.

En la audiencia de presentación, los fiscales 30º nacional y 11º del segundo circuito judicial de esa jurisdicción, Tulio Mendoza y Magda Sandoval, respectivamente, imputaron a Manuel Valdez (69), Williams Guacarán (28), Marco Pinto (26), Andrés Garavito ( 19), Julio Elmerida (28), Yony Brito (35), Daniel González (18), Domingo González (59), René Salazar (24), José Pinto (19), Teodoro Holder (28) y Carlos Vallejo (48).

Todos estos hombres fueron imputados por la presunta comisión de los delitos de contrabando agravado, contravención de planes de ordenación del territorio en zonas montañosas, manejo de sustancias peligrosas, ejecución de actividades no permitidas y asociación para delinquir.

Adicionalmente, González fue imputado por presuntamente incurrir en el delito de posesión ilícita de arma de fuego. Tales delitos se encuentran previstos y sancionados en la Ley Penal del Ambiente, en la Ley sobre el Delito de Contrabando, y en la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

En las próximas horas presentarán a un adolescente de 17 años de edad presuntamente vinculado con el caso. De acuerdo con los elementos de convicción presentados por los fiscales del Ministerio Público, el Tribunal 4º de Control de Puerto Ordaz dictó medida privativa de libertad contra los 12 hombres y fijó como sitio de reclusión la sede la Policía Municipal de Caroní.

El citado día, durante un procedimiento realizado en el fundo El Guamo, sector El Triunfo del citado municipio, efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana encontraron cinco tanques de combustible tipo gasoil con un total de 121 mil litros, cantidad que posteriormente iba ser trasladada a una embarcación.

Asimismo, los efectivos castrenses localizaron cientos de kilómetros de manguera colocados en forma subterránea que terminaban en el mayor río venezolano, lo cual permitía trasladar el gasoil hasta la embarcación.

Por tal motivo, el mismo día los hombres fueron aprehendidos y puestos a la orden del Ministerio Público. Vale destacar que el estado Bolívar tiene límites con Guyana y Brasil, lugares por el que las autoridades han detectado se produce contrabando de extracción de combustible, debido a su bajo costo en Venezuela y su alto precio en el mercado internacional.

Fuente: Globovisión

El Ministerio Público (MP) dictó medida privativa de libertad al secretario suplente de la Fiscalía 1° del estado Cojedes, Jesús Meléndez, por su presunta responsabilidad en la muerte de José Rodríguez Ojeda, hecho ocurrido el 7 de mayo pasado en el sector San José, del municipio Rómulo Gallegos.

En nota de prensa se informó que fiscales del MP imputaron a Meléndez por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado en grado de determinador y asociación para delinquir, previsto y sancionado en el Código Penal y en la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo.

En ese sentido, el Tribunal 4° de Control de Cojedes, con base en los elementos de convicción expuestos por los representantes del MP, dictó la medida privativa de libertad para Meléndez y fijó como sitio de reclusión la Comandancia General de la Policía de San Carlos.

De acuerdo con la investigación, el martes 7 de mayo del presente año, aproximadamente a las 9:30 de la noche, la víctima se encontraba en la calle José Félix Ribas del sector San José, cuando fue interceptada por dos hombres en una motocicleta, quienes sin mediar palabras le efectuaron varios disparos, que le causaron la muerte de forma inmediata.

Meléndez fue detenido por funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar el domingo 12 de mayo, en el municipio Rómulo Gallegos del estado Cojedes, en virtud de la orden de aprehensión solicitada por el MP y acordada por el Tribunal 4° de Control de la entidad.

Fuente: Globovisión

Para el chavismo legislar desde la Presidencia de la República es una práctica habitual, que le ha brindado comodidad y cada vez mayor discreción a la hora de sancionar leyes. Cuando se colocan frente a frente la Habilitante aprobada a Hugo Chávez en noviembre del año 2000 con el texto presentado por Nicolás Maduro el martes pasado es evidente la flexibilización de la Asamblea Nacional al momento de delegar en el Ejecutivo la potestad de legislar.

Si bien la Habilitante del 2000 puso en manos del fallecido mandatario la posibilidad de decretar leyes en áreas que fueron desde lo financiero, económico, social, seguridad ciudadana hasta la ciencia y tecnología, en la misma se especificaban cada uno de los aspectos sobre los cuales se podían dictar leyes.

Por ejemplo, en el ámbito financiero se detallaron ocho puntos, uno de los cuales indicaba: «Dictar medidas relativas al financiamiento agrícola, que permitan el desarrollo sustentable del sector. En este sentido, se garantizará una cartera obligatoria para las instituciones financieras vinculadas con el sector agropecuario».

En contraposición, una de las peticiones de la Habilitante presentada por Maduro es: «Fortalecer el sistema financiero nacional». También se puede sumar «establecer normas que eviten y sancionen la fuga de divisas», o «fortalecer la lucha contra el acaparamiento y la especulación que afectan la economía nacional».

Para el abogado constitucionalista Juan Manuel Raffali el proyecto de Ley Habilitante presentado por Maduro «adolece de los mismos vicios» que han tenido muchas de las leyes durante los últimos 14 años como lo es la amplitud en términos conceptuales y temporales. «Al ser tan amplia es un abuso a la facultad habilitante, y es un acto que va en contra de la autonomía de los poderes», comentó el jurista.

Raffali considera que esta libertad que otorga la Constitución a través de su artículo 203 es un concepto que debe revisarse. Recuerda que la Carta Magna de 1961 colocaba límites a las Habilitantes, y las centraba en temas económicos y financieros.

Por su parte, el abogado penalista Alberto Arteaga señaló que dentro de las atribuciones penales que se estarían dando al Presidente, por lo amplio de la solicitud, se estaría violando la reserva legal que tiene la AN para dictar leyes que vayan en contra de derechos fundamentales de las personas. «No se puede por decreto dictar normas de naturaleza penal, eso debe cumplir con todos los requisitos de una ley formal. La libertad de los ciudadanos no puede estar en manos del Ejecutivo», alertó Arteaga.

Agregó que ante la petición del combate contra el financiamiento ilegal a los partidos políticos se podrían incluir disposiciones para sancionar a quienes soliciten fondos para actividades políticas. «Seguramente se va a incluir», dijo.

Con respecto al tema económico Raffali recordó que en el chavismo ya se han dictado habilitantes para regularlo, sin embargo los problemas persisten. Considera que esto es una muestra de que «el problema no es de leyes». «Van a revisar todo el aparato legal para llegar a la conclusión de que el problema es el modelo económico», comentó el jurista.

Fuente: EU