Tras la medida tomada por el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, de suspender por 30 días el derecho de palabra de los diputados Julio Borges y Nora Bracho, la diputada indicó que se trata de «una burla para con el pueblo venezolano porque es el irrespeto del pueblo mirandino y del estado Zulia que votó por nosotros».

Aseguró que «es el miedo, temor y poco talante democrático de este gobierno que no acepta la disidencia, el diálogo, ninguna crítica».

Precisó que seguirá asistiendo a las sesiones de la AN y que no le quitarán «las ganas de seguir luchando». «Tenemos una gran fortaleza que es la calle, el pueblo», agregó.

«Sentar un precedente el día de hoy (con la suspensión del derecho de palabra) nos llenará de más fuerza para seguir luchando por la Venezuela que queremos», dijo la diputada y reiteró que «no vamos a cesar en nuestro trabajo parlamentario y en asistir a la Asamblea Nacional para seguir realizándolo».

«Nos quitan la voz, pero no nos quitan el voto. Nos han sancionado quitándonos la voz por un mes, pero seguiremos votando, negando y aprobando lo que consideramos pertinente», precisó Bracho.

Sobre el examen médico psiquiátrico o psicológico que le sugirió Cabello al diputado Borges, dijo que «Es penoso, da vergüenza (…) No tienen argumentos de ningún tipo para conminar a ningún diputado a que se haga algún análisis psicológico o psiquiátrico (…) Me parece un irrespeto a las personas y sobre todo al venezolano».

Fuente GV

El fin de semana fue aterrador para los médicos de guardia del Hospital Vargas de Caracas.

Tanto el sábado como el domingo, colectivos armados irrumpieron en la sala de emergencia del centro de salud para exigirle a los galenos que atendieran a los heridos que estaban llegando.

El sábado ingresó un joven muerto, producto de recibir un disparo en la cabeza, y al día siguiente la historia se repitió, cuando los encapuchados llegaron con armas largas y cuatro heridos de bala. Tres de ellos fallecieron.

Todas las víctimas eran residentes del sector San José de Cotiza, donde arreciaron los enfrentamientos entre colectivos armados de la zona y las adyacencias. Residentes dicen que todo ocurre por el control de la droga. Nadie dice más.

La noche del domingo, el personal de guardia se escondió por miedo a un ataque tras el ingreso de los colectivos.

Sin embargo, los sujetos armados, vestidos con chaquetas rojas y negras, chalecos antibalas y encapuchados tocaron puerta por puerta buscando a los galenos. Los paramilitares decían que ellos estaban «prestándoles seguridad».

«Habían ocurrido otros episodios de inseguridad pero nunca de irrespeto al médico. De una amenaza con arma en mano nunca lo había vivido», aseveró Ricardo Gómez, residentes del posgrado de Neurocirugía y compañero del galeno que fue apuntado por los paramilitares.

Ayer los médicos se apostaron a las afueras del hospital para manifestar sus rechazo a los hechos violentos ocurridos.

«No queremos a ningún grupo de terroristas dentro del hospital. Nuestros problemas son la falta de insumos y recursos humanos, por eso se ponen violentos porque quieren que los atiendan ya», señaló Daniel Vargas, jefe del servicio de Anestesiología.

Los hechos evidenciaron nuevamente las fallas en tema de seguridad de los centros de salud públicos en la ciudad. La milicia que normalmente custodia el lugar no impidió el paso de sujetos armados y la vigilancia no posee los recursos para actuar en casos violentos.

De acuerdo con información de los médicos, uno de los sujetos estaba identificado como miembro de los Tupamaros. Sin embargo, otra versión de pacientes y vecinos dice que se trataba de grupos paramilitares rivales y que las víctimas fueron el resultado de un enfrentamiento en los alrededores del recinto.

Exigen seguridad

Los galenos se reunieron con el director del hospital, José Carrillo, para exigir la presencia de la Guardia Nacional y la Policía Nacional en las instalaciones y garantizar su seguridad. El Director de Seguridad de Minsalud, Ángel Pozo, también asistió al lugar. Indicó que en todos los hospitales están trabajando para mejorar la seguridad, con «carnetización del personal y más milicia».

Mientras, tras una asamblea, los médicos decidieron suspender las operaciones y consultas, y cerrar la emergencia del Hospital Vargas mientras no cuenten con insumos ni seguridad para realizar su trabajo. También exigieron el traslado del único sujeto que entró con vida al hospital, que fue llevado por los paramilitares, y que aún se encuentra recluido allí.

Fuente EU

La concentración de este martes llegó hasta el centro de la ciudad, cerca de la estación del Metro en Las Playitas, desde donde con pancartas y el cierre de esa importante vía, exigieron a Corpoelec respuesta por las fallas en el servicio, los daños y las intensas temperaturas que han tenido que soportar en los últimos días por los cortes no anunciados.

Sobre el caos que hay con este servicio en varios sectores de la entidad, el ex vicepresidente de Enelvén, Ciro Portillo, expresó que el actual modelo político centralizado, entregado a un partido, de espaldas al capital humano preparado en la materia y con un grado de desinversión y poco mantenimiento, han generado la crisis eléctrica nacional.

En rueda de prensa realizada en el Comando de Campaña Simón Bolívar Maracaibo, el especialista indicó que no hay manera de contar con una solución hasta no llegar a la raíz, porque actualmente los trabajadores hacen milagros para poder atender el servicio, debido a que carecen de los insumos.

Precisó que el problema es estructural, existen fallas con la generación, transmisión y distribución, por ello el sistema eléctrico venezolano continúa en un lamentable y creciente proceso de deterioro.

«El sistema está quebrado. Apenas recaudan 30 por ciento de lo facturado a los clientes, quienes sufren las consecuencias de manera directa, con apagones, racionamiento y mala atención», acotó.

Portillo enfatizó que el Gobierno no ha podido ni podrá superar la crisis eléctrica, porque Corpoelec es inviable y debe iniciarse un proceso de descentralización y sacar la política de la administración del servicio.

Expresó que la solución del problema no se logra hasta no generarse un cambio político, pagándose actualmente las consecuencias de decisiones mal tomadas, al haber desaparecido las empresas eléctricas.

«El Gobierno no tiene la voluntad para revertir ese modelo aplicado al servicio eléctrico, por ello no veo solución. Si se tomaran en cuenta a los profesionales existentes todavía dentro de las empresas, para dirigir los procesos, sacando la política, pudiera recuperarse. Pero los tienen apartados», alegó.

A su juicio, la distribución en este momento está haciendo crisis, por lo cual en Caracas se suscitan apagones, más crítico en el oriente del país.

«En el Zulia se ofrece una mala atención, pues los trabajadores no tienen los materiales, herramientas y unidades para poder atender a los usuarios».

Respecto al déficit eléctrico a nivel nacional, Portillo estimó que pudiera oscilar entre mil y mil 500 megavatios.

«Existen casi 28 mil megavatios instalados, pero no pueden atender una demanda de 18 mil 357, porque permanecen máquinas dañadas en Planta Centro y Termozulia por falta de mantenimiento, las cuales han sido sobreexplotadas. Sólo se cuentan disponibles 16 mil 376 megavatios para responder».

Para Ciro Portillo el lograr posibles soluciones a corto plazo en el occidente, deben recuperarse la gobernabilidad institucional, las plantas termoeléctricas e hidroeléctricas, así como el alumbrado público. Además, de impulsar programas concertados de uso racional de electricidad y disminuir los racionamientos y apagones.

Respecto a mediano y largo plazo, resaltó que se deben acelerar los proyectos de nuevas plantas termoeléctricas e hidroeléctricas, líneas de transmisión, subestaciones y reforzar las existentes.

Consideró que deben desarrollarse proyectos para mejorar la distribución y disminuir las pérdidas por uso ilegal de la energía eléctrica, además de un plan energético nacional, sustentado en desarrollos hidroeléctricos, gas, orimulsión, carbón, cogeneración, viento, sol, entro otros.

Fuente EU

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este martes en sesión plenaria un crédito adicional para el Ministerio de Educación Universitaria por el orden de los 2 mil 369 millones 249 mil 738 bolívares.

Estos recursos se emplearán en la cancelación del ajuste salarial para los trabajadores del sector universitario, aprobado en junio de este año.

El Parlamento Nacional también aprobó un crédito adicional por la cantidad de Bs. 2 mil 913 millones 448 mil 205 bolívares para cancelar los compromisos adquiridos por el Ministerio de Educación con la nueva contratación colectiva de los docentes venezolanos.

Diputados de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) consignaron en Fiscalía una denuncia en contra del ministro de Energía y Petróleo, Rafael Ramírez, en la que responsabilizan a este por la tragedia de Amuay.

El diputado por el estado Falcón, Eliezer Sirit, acudió a la sede del Ministerio Público acompañado de familiares de las víctimas de la mayor tragedia petrolera del país, para entregar un documento en el cual se encuentran varios informes técnicos realizados a la refinería.

Esta acción se tomó «para dejar sentadas las responsabilidades de Pdvsa y el Ministerio de Energía y Minas en la tragedia de Amuay», reseñó un comunicado de prensa.

«Hoy venimos para denunciar ante la Fiscalía a Rafael Ramírez y la directiva de Pdvsa, por la violación de las normas de protección y seguridad laboral», sostuvo William Dávila.

Los parlamentarios se comprometieron con los familiares de las víctimas a no «dejarlas solas en este caso hasta que se haga acto de justicia».

Fuente: ÚN