El presidente Nicolás Maduro quiere superpoderes para cambiar el modelo económico y acabar con el rentismo. Como si se tratara de una varita mágica, hoy solicitará una Ley Habilitante a la Asamblea Nacional para hacer las modificaciones que llevarán a una nueva etapa de «la revolución».
La solicitud, que inicialmente fue planteada como un elemento para la lucha contra la corrupción, hoy se convierte en el escudo para batallar contra «la guerra económica» que según el Gobierno se ha desatado con la especulación y la escasez de productos.
«O cambiamos el modelo económico o la oligarquía le quiebra el espinazo al país», dijo en un acto conmemorativo de la última victoria electoral de Hugo Chávez. Sin embargo, los expertos en materia económica y política dicen que el nicho de la corrupción está en el actual «régimen cambiario».
El mandatario recordó que Hugo Chávez le dejó una tarea: «la revolución económica», para cambiar el capitalismo en todas las faces y construir el socialismo productivo en lo económico, superar el rentismo petrolero, parasitario, del cual aseguró es responsable «la burguesía parasitaria».
Indicó que es por ello que necesita poderes para legislar y cambiar el marco legal.
Desde la oposición creen que el mandatario cuenta con suficientes herramientas para cambiar el rumbo de la economía y hacerla más productiva, y no requiere poderes especiales para legislar.
En el chavismo hay quienes apoyan su solicitud y la ven como la vía más rápida para los cambios, otros como la forma de quitarse de encima las decisiones.
Convocar a la gente y al sector productivo
El politólogo Nicmer Evans recuerda que la Habilitante fue motivada en principio por el tema «corrupción», pero su origen está en dos lados: el Estado y en el sistema económico.
A su juicio, la Habilitante por sí misma no es ni buena ni mala, serán las medidas que salgan de ella las que podrían ser favorables o adversas para Maduro y el país.
La transformación el Estado pasa por revisar su estructura y el sistema económico imperante que incide en la corrupción. Dado que estamos frente a un modelo que está concebido para tener un descontrol de las fuerzas productivas, con un actual control de cambio es uno de los nichos más importantes de la corrupción.
«En este país, el ministro Jorge Giordani y la ex presidenta del Banco Central de Venezuela Edmée Betancourt dijeron que se robaron 20.000 millones de dólares en Sitme y no hay nadie preso por esto».
Por eso considera importante que la Ley Habilitante sea para el pueblo, y dé herramientas para la contraloría social, y que las medidas se orienten a un cambio en el modelo cambiario, del sistema de formación de precios, de incentivos a la producción y a la exportación.
«Si existe voluntad política para transformar al Estado, reordenar el sistema económico, erradicar los vicios del modelo cambiario y potenciar la participación de los sectores productivos y la gente, esto va a incidir en el espíritu de la corrupción», asegura.
De lo contrario, la Habilitante será solo un espacio para facilitar al Ejecutivo la toma de medidas coyunturales y se quedará en el camino la intención real.
Maduro acusa la burguesía y a los empresarios de la crisis, pero Evans señala que debe identificarse quién es y cómo se define al sector industrial, porque no necesariamente están unos dentro de otros. «Hay extraordinaria capacidad productiva, gente que de verdad quiere producir y ganar lo justo, y no adueñarse de la renta».
Recuerda que el venezolano trabaja mucho pero lo hace en el área de servicios y no en el área productiva, y eso potencia el rentismo.
Considera que el Gobierno debe hacer una convocatoria clara a quienes no solo quieren ganar, sino producir, y definir las áreas que corresponden al Estado, al sector productivo y al sector comunal. «Difícilmente se supera el rentismo si eso no se hace».
La corrupción está en el régimen cambiario
El economista Orlando Ochoa considera que el país tiene tres necesidades: estabilidad de precios, estabilidad cambiaria, y el poder adquisitivo del salario real.
Como consecuencia del desequilibrio en el control de cambio hay un diferencial de más de 700%, que asegura incentiva el contrabando de los productos venezolano producidos por empresas públicas y privadas.
Por eso los principales objetivos del Gobierno deberían ser lograr la estabilidad cambiaria, de precios y estimular la producción privada y pública -industrial, minera, agrícola, petrolera y sector servicios.
Para eso el presidente Maduro tiene que hacer ajustes, que no requieren de una Ley Habilitante, entre ellas: poner orden fiscal, «pues el déficit fiscal es financiado con emisiones monetarias del Banco Central de Venezuela, por transferencias de reservas internacionales y transferencias de Pdvsa a los fondos en el exterior. Al reducir el déficit, puede reducir las necesidades de financiamiento monetario».
Para esto es necesario modificar el flujo de caja de Pdvsa , deslastrándola de las obligaciones con fondos que nada tienen que ver con inversiones petroleras, de los compromisos con estructuras como Petrocaribe y con Cuba.
Además de un Banco Central que reduzca la emisiones de dinero sin respaldo, para reducir el crecimiento de la liquidez , que causa inflación y presión en el mercado no oficial de divisas.
Ochoa considera que lo último, luego de un plan de orden fiscal, sería hacer la modificación del régimen cambiario, único motivo para lo que Maduro necesitaría la Habilitante, lo demás son solo disposiciones del Ejecutivo.
Dice que 90% de la corrupción se aloja en el modelo cambiario vigente, que estimula la «corrupción, privada, pública, civil y militar». Al lograr una tasa de cambio única se acabaría desde su visión el arbitraje cambiario que genera las distorsiones.
«Pero esto significa reconocer la esencia errada del modelo económico socialista chavista, altamente propenso a la corrupción, especulación y distorsiones económicas en la producción».
¿El Parlamento puede asumir los cambios?
El diputado del Psuv Oswaldo Vera adelantó durante su participación en un debate radial que es necesaria una reforma legislativa para que se agilicen los procesos, y esta será parte de las propuestas de Maduro.
Su contraparte, el diputado de la MUD Alfonso Marquina considera que hay en Venezuela suficientes elementos para luchar contra la corrupción desde la misma AN, pero que es la propia bancada del Psuv la que ha frenado la aprobación de estas leyes.
Sin embargo, Vera cree que no es suficiente la legislación que hay ni la estructura para enfrentar el flagelo de la corrupción. «A los presidentes se les han aprobado habilitantes, así que no entiendo por qué la oposición se empeña en no aprobarla».
Con el antejuicio de mérito a la diputada Aranguren, el mandatario cuenta con el voto que faltaba para completar los 99 diputados.
Fuente: El Mundo
