El chavismo se ha internado en su propio laberinto y aún no encuentra el hilo de Ariadna para salir de este. El Gobierno es consciente del desabastecimiento de productos básicos y ha preferido decirle a sus electores que está haciendo frente —y derrotando— a «una guerra económica de la burguesía» tras evaluar cómo trabajaban los supermercados de capital privado.
La semana pasada, el presidente Nicolás Maduro denunció que estos eran parte de un plan que pretendía en última instancia generar un estallido social. Denunciaba el presidente que la gerencia ordenaba no colocar los productos en los anaqueles y causaba largas filas de clientes frente a las cajas registradoras al no destinar personal para operarlas. Era la manera, dijo, de dar la sensación de un mayor desabastecimiento, a pesar de que el Banco Central de Venezuela reportó esta semana que para 17 alimentos básicos las provisiones eran un 40% inferior al nivel adecuado para satisfacer la demanda.
En realidad las largas filas que a veces salen de los locales son consecuencia de la aprobación de la nueva Ley del Trabajo, la última gran transformación legada por Chávez antes de su desaparición, que obliga al patrono a garantizar dos días de descanso continuo al personal y un máximo de 40 horas laborales a la semana. Una ley que nació con la idea de que los privados contrataran más personal terminó siendo un bumerán para el Gobierno en su intento de bajar el índice de desempleo y subempleo.
Los empresarios en cambio ajustaron sus estructuras de costos a la nueva realidad —algunos decidieron cerrar el fin de semana, otros establecieron nuevos horarios para respetar las disposiciones— y los consumidores son quienes pagan las consecuencias. En un muy sintonizado programa en la radio local un oyente contaba al presentador del espacio, el periodista César Miguel Rondón, que el gobierno había convertido los sábados en domingos y éstos en 1 de enero.
Para paliar esa situación Hebert García Plaza, jefe del Órgano Superior de la Economía, anunció que incorporará a la milicia bolivariana —grupos de civiles encuadrados por el Gobierno susceptibles de estar armados— a las cajas registradoras. Antes de que esa presencia se concrete el Gobierno deberá coordinar con los supermercados la preparación de los milicianos para que puedan conocer los códigos de los productos y la metodología de trabajo.
Al mismo tiempo, el vicepresidente Arreaza prometió agilizar el despacho en los puertos creando nuevos turnos el fin de semana para descargar la mercancía que pasa semanas sin poder atracar en los muelles. Maduro dice tener el dinero necesario para garantizar el abastecimiento pleno. Pesa y mucho el recuerdo de lo que ocurrió hace once años, cuando el paro de la industria petrolera y de parte del empresariado hizo que los venezolanos vivieran una precaria Navidad.
Por ello, apenas bajó del avión que lo trajo desde China, donde cumplió una visita oficial de cuatro días, el presidente Maduro decidió aceptar una propuesta del gabinete económico y el Órgano Superior de la Economía para atacar el repunte de la escasez. Con un aparato productivo nacional arruinado debido al modelo impulsado por el Gobierno, las masivas importaciones de productos para la época de fin de año —Venezuela trae desde el exterior el 96% de lo que consume— corren por estos días el riesgo de quedarse varadas en los puertos debido a una serie de trabas burocráticas que impiden sacarla a tiempo de los contenedores y a una muy interesada interpretación de la Ley del Trabajo por parte de los empleadores que ha reducido el horario de trabajo.
El Gobierno ha pretendido impulsar la producción nacional en medio de un severo control de cambios que lleva más de una década vigente, pero al empresariado le es más rentable importar debido al tipo de cambio sobrevaluado (6,30 bolívares por un dólar estadounidense).
Para evitar esa vieja práctica y continuar con su plan desde 2007, cuando el presidente Hugo Chávez anunció el viraje hacia el socialismo —que se concretó en la nacionalización de empresas productivas y la masiva expropiación de tierras—, el Estado exige a los empresarios una serie de trámites que ralentizan e impiden en muchos casos la importación expedita de productos terminados o materias primas para fabricarlos en el país. Antes de tramitar las divisas a precios preferenciales ante Cadivi, el órgano regulador, el importador debe presentar un Certificado de No Producción Nacional y solvencias del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales y del Ministerio del Trabajo.
El resultado de ese pulso ha sido un generalizado desabastecimiento que se ha profundizado tras la muerte del presidente Chávez. Hasta este miércoles el mismo Gobierno impedía cualquier solución al problema de la escasez de productos, pero el vicepresidente Jorge Arreaza anunció que se agilizarán los trámites para importar en el menor tiempo posible alimentos básicos y otros productos necesarios para abastecer, por ejemplo, el mercado de repuestos de vehículos.
Fuente: El País
