El Departamento de Prisiones y Rehabilitación de California de Estados Unidos (CDCR) informó que la huelga de hambre protagonizada por un grupo de reos en las cárceles contra las condiciones del régimen de aislamiento ha llegado a su fin, prácticamente dos meses después de haberse iniciado.

El CDCR explicó este jueves en un comunicado que los 100 presos que mantenían la huelga de hambre han reanudado su actividad normal de ingesta de alimentos. Todos ellos están siendo sometidos a supervisiones médicas y poco a poco han vuelto a tomar comida sólida.

«Estamos satisfechos de que esta peligrosa huelga haya terminado antes de que los reos se pusieran gravemente enfermos», dijo el secretario del Departamento de Correccionales de California, Jeffrey Beard.

«Me gustaría elogiar a mi equipo por asegurarse de que la salud y la seguridad de todos los empleados y los presos fuera una prioridad. El CDCR continuará implementando las reformas sustanciales que iniciamos dos años atrás

Tras las huelgas de hambre de 2011, el Estado relajó las normas sobre las condiciones del régimen de aislamiento. Más de la mitad de los reos en esa situación cuyos casos fueron revisados por las autoridades han visto mejoradas sus condiciones desde el pasado mes de octubre, sostienen las autoridades de California.

La huelga de hambre comenzó el pasado 8 de julio y fue iniciada por 30.000 presos en dos tercios de las cárceles de California.

El movimiento se inició en solidaridad con los reos de la Prisión Estatal Pelican Bay, en el norte de California, que, en algunos casos, han pasado décadas encerrados en celdas de máxima seguridad, sin ventanas y con breves periodos para hacer ejercicio en un patio con altos muros, de forma que jamás ven la luz del día.

Se considera que un preso se encuentra en huelga de hambre cuando ha decidido no ingerir nueve comidas consecutivas.

Actualmente hay 4.500 reos en régimen de aislamiento en cuatro cárceles de California: Pelican Bay, Corcoran, Folsom y Tehachapi.

Las autoridades confinan en la Unidad de Alojamiento de Seguridad (SHU) a los convictos más peligrosos. Una de las demandas de los reos era que se limitase la estancia en la SHU a cinco años.

Consideraban, asimismo, que están viviendo en condiciones inhumanas, lo que ha provocado protestas por parte de Amnistía Internacional y otras organizaciones de defensa de los derechos humanos.

De hecho, el Tribunal Supremo de EE.UU. ha ordenado a California reducir su exceso de población reclusa en cerca de 10.000 personas antes de fin de año para evitar hacinamiento, lo que podría provocar la puesta en libertad de presos condenados por graves crímenes.

California alberga actualmente a unos 130.000 reos en sus 33 cárceles.

Fuente: Agencias

El ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel García-Margallo, afirmó que el uso de armas químicas en Siria «no debe quedar sin respuesta» ni «impune», y abogó por que, se produzca o no una intervención internacional armada, la solución del conflicto sea «política».

Durante una visita a Uruguay, García-Margallo recordó que España ha «condenado el uso de armas químicas, que es contrario a las convenciones internacionales más importantes en la materia», y opinó que ese hecho «no debe quedar sin respuesta, no debe quedar impune».

Según el ministro español, el caso «no puede constituir un precedente que abriese la posibilidad de seguir usando armas químicas en otros conflictos».

España ha remarcado que es el Consejo de Seguridad de la ONU, «a quien corresponde ser el motor en las relaciones internacionales», el que «adopte una decisión que constituya una reacción a este tema».

Pero, recalcó, «con independencia de que esa intervención se produzca y quién participe o no en esa intervención, la solución del conflicto será necesariamente política».

García-Margallo agregó que España seguirá colaborando en la solución del conflicto porque, «como país, está muy implicado en este tema» y forma parte del Grupo de Amigos de Siria.

«Hemos albergado dos reuniones con la oposición en Madrid. Probablemente haya dentro de mes o mes y medio otra reunión de la oposición. Apostamos por el diálogo que se empezó en Ginebra I y abogamos por que se reúnan otra vez en Ginebra II», dijo en alusión a las dos conferencias internacionales celebradas al respecto.

El ministro español insistió en «buscar una solución negociada» y «fijar una hoja de ruta que permita unas elecciones que aboquen a una constitución realmente abierta a todos», como sucedió en España con la transición democrática, dijo.

La oposición armada siria y varios países, con Estados Unidos a la cabeza, han acusado al Gobierno de Damasco de lanzar armas químicas contra la población civil el pasado 21 de agosto y haber causado más de 1.400 muertos.

Un equipo de la ONU investigó y ahora analiza las pruebas que recogió en un barrio de la capital siria sobre el supuesto ataque químico, que el Gobierno niega haber lanzado y del que acusa a la oposición.

Fuente: Agencias

La petrolera española Repsol puso en funcionamiento este jueves, un mes antes de lo previsto, un nuevo módulo en su planta de procesamiento de gas Margarita, en el sur de Bolivia, para subir en tres semanas la producción de gas natural principalmente con destino a Argentina.

Se trata de la conclusión de la construcción de un módulo que permite elevar de 10,8 a 15 millones de metros cúbicos diarios de gas natural la producción global de los campos Margarita y Huacaya, informaron fuentes de la empresa española.

La compañía anunció la puesta en funcionamiento de la planta durante una visita de periodistas al campo Margarita, situado en el departamento sureño de Tarija, donde está hasta el 85% del gas natural que posee Bolivia.

El jefe de construcción de ductos en Margarita, el argentino-boliviano Gustavo Gutiérrez, guió a la prensa durante la visita realizada este jueves a esta zona.

En el nuevo módulo de procesamiento de gas, en la perforación de cuatro nuevos pozos y en la construcción de nuevos ductos, Repsol y sus socias, la británica British Gas y Pan American Energy (PAE), están invirtiendo 640 millones de dólares.

El próximo 1 de octubre el presidente de Bolivia, Evo Morales, tiene previsto anunciar oficialmente en el lugar el incremento de la producción de gas en los campos Margarita y Huacaya para aumentar la provisión del energético a los mercados internos y externo.

Margarita y Huacaya conforman el área de contrato del bloque Caipipendi, administrado por Repsol, que posee el 37,5% de la concesión, igual que BG, mientras que PAE tiene el restante 25%.

Argentina importa actualmente unos 16 millones de metros cúbicos diarios de gas boliviano, la mitad de los que adquiere Brasil, y será el destino de parte de la nueva producción.

Aunque la capacidad de procesamiento global será de 15 millones de metros cúbicos diarios, la empresa española debe entregar por contrato 13 millones de metros cúbicos diarios, una cifra que puede ir variando hacia arriba en los siguientes días.

Los periodistas visitaron además este jueves un centro de recolección al que llegará la producción de los cuatro nuevos pozos, el pozo Margarita 5 y los predios de la planta de tratamiento de gas de la zona.

Margarita 5 podría ser uno de los mayores depósitos de gas natural del sureste de Bolivia, debido a que es vecino de otro, el Margarita 4, que registró el mayor caudal de producción con 5,4 millones de metros cúbicos diarios del hidrocarburo.

El caudal del pozo Margarita 5 será anunciado por la empresa durante la próxima semana, pues actualmente se realizan los últimos ajustes para hacer esa medición, dijo Gutiérrez a los medios.

En las fases 1 y 2 del desarrollo de Margarita, desde 2010, Repsol, BG y PAE han invertido alrededor de 1.200 millones de dólares.

La zona donde se encuentra el bloque es el Chaco boliviano, habitado por indígenas guaraníes, donde el terreno es seco y la temperatura al mediodía ronda los 32 grados, pero suele subir hasta los 52 grados en épocas más calurosas.

Fuente: Agencias

La organización Human Rights Watch (HRW) envió este jueves una carta a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, para solicitar que su gobierno y el de los países del Mercosur actúen para convencer a Venezuela a permanecer en la Convención Americana de Derechos Humanos.

La carta, firmada por el director de la División de Américas de HRW, José Miguel Vivanco, recordó a Rousseff que la decisión venezolana de retirarse de la Convención se tornará efectiva el 10 de septiembre de 2013, y que ello afectará el acceso de los venezolanos a ese mecanismo de protección contra abusos en las circunstancias en que los tribunales locales no lo hagan.

«Esto es especialmente problemático en un país como Venezuela, donde falta independencia judicial y cuyo Supremo Tribunal ha repetidamente defendido políticas gubernamentales que perjudican derechos básicos», reza la carta, divulgada por la sede de la entidad, en Washington.

De acuerdo con HRW, el Protocolo de Asunción sobre el Compromiso con la Protección a los Derechos Humanos confiere a los países del Mercosur el deber de «discutir con seriedad los graves problemas de derechos humanos en Venezuela, en conjunto con el gobierno de ese país».

Después de un año del ingreso de Venezuela al Mercosur, «los gobiernos de Brasil y de los otros países miembros aún no discutieron esos graves problemas con el gobierno de Venezuela de forma seria y pública», afirma la nota, para destacar que las autoridades venezolanas ejercen actualmente la presidencia temporaria del bloque.

«Al ignorar el compromiso de proteger y promover derechos básicos y respetar las instituciones democráticas, Brasil transmite el lamentable mensaje de que los compromisos internacionales previstos en el Protocolo de Asunción no pasan de promesas vacías», apunta Vivanco en la misiva a Rousseff.

La decisión venezolana de retirarse de la Convención Americana de Derechos Humanos había sido anunciada el 10 de septiembre del año pasado por el entonces presidente Hugo Chávez, y si esa decisión no es revocada por las actuales autoridades se tornará efectiva.

En la carta, Vivanco aseguró a Rousseff que desde el anuncio de la salida venezolana de la Convención, «lamentablemente, la situación de los derechos humanos (…) apenas ha empeorado».

La Convención Americana de Derechos Humanos, habitualmente llamada Pacto de San José, fue firmada en Costa Rica en 1969 y entró en vigor en 1978. El mecanismo reconoce como medio de protección de derechos y libertades a la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Fuente: Agencias

Los cancilleres del Alba se reunirán el sábado en Caracas para analizar y proponer acciones sobre la situación en Siria, ante un eventual ataque militar de Estados Unidos.

El Consejo Político de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) -integrado por Venezuela, Cuba, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, y un grupo de islas anglófonas del Caribe- «analizará y propondrá acciones sobre la situación en Siria».

La reunión del Consejo, una instancia de consulta de los jefes de Estado y de gobierno del Alba, estaba prevista para este jueves, pero se pospuso «por motivo de las agendas de los cancilleres».

Por orden del presidente venezolano, Nicolás Maduro, el canciller Elías Jaua inició una ofensiva diplomática para unir esfuerzos que eviten una intervención militar de Estados Unidos y sus aliados contra Siria.

Jaua se comunicó esta semana vía telefónica con su par iraní, Mohamad Javad Zarif, con quien, según dijo, acordó «iniciar un proceso de consulta en el seno de Naciones Unidas con los miembros del No Alineados para tomar iniciativas y fijar posición pública».

Un eventual ataque a Siria ya fue condenado por la Unión de Naciones Suramericana (Unasur), que incluye a 12 gobiernos, durante una cumbre el viernes pasado en Surinam.

Maduro, que ha rechazado tajantemente la posible incursión militar, anunció este lunes que se sumará a la jornada de ayuno convocada por el papa Francisco para este sábado a favor de la paz en Siria.

El mandatario envió además el fin de semana una carta a su par estadounidense, Barack Obama, en la que le solicitó que detenga sus planes de intervención en Siria.

Estados Unidos acusa al régimen de Bashar al Asad del ataque con armas químicas del 21 de agosto en el que murieron centenares de civiles, un señalamiento negado por Damasco.

Fuente: Agencias