Miles de venezolanos en las calles, caos vehicular, cierre de comercios y el colapso del transporte colectivo provocó el martes un apagón que afectó al 70% del país, atribuido por el presidente Nicolás Maduro a un “sabotaje” y a un “ensayo de golpe eléctrico” de la “derecha”, reseña AFP.

Miles de venezolanos en las calles, caos vehicular, cierre de comercios y el colapso del transporte colectivo provocó el martes un apagón que afectó al 70% del país, atribuido por el presidente Nicolás Maduro a un “sabotaje” y a un “ensayo de golpe eléctrico” de la “derecha”, reseña AFP.

El presidente responsabilizó directamente del hecho a “la extrema derecha” que “activó un ensayo general de un golpe eléctrico”, al aludir a maniobras de golpe de Estado. “No tenemos ninguna duda”, remarcó la noche del martes durante una intervención televisada desde el Palacio Miraflores.

El apagón afectó, precisó Maduro, “al 70% del país”, al Distrito Capital de Caracas -con más de cinco millones de habitantes- y a otros 14 de los 24 estados del país: Lara, Zulia, Táchira, Mérida, Falcón, Portuguesa, Cojedes, Yaracuy, Guárico, Carabobo, Aragua, Trujillo, Miranda, Barinas.

¡Tic tac, tic tac!

Maduro precisó que el miércoles explicará “los detalles técnicos” de lo sucedido. “Estamos enfrentados a grupos de ultraderecha fascistoides (…)Es desesperación de los del Norte que ponen la plata”, dijo el mandatario refiriéndose a la oposición venezolana.

El presidente calificó el corte de energía como “un golpe bajo”. “Estamos evaluando todos los elementos del famoso plan ‘tic tac’ (bomba de tiempo)”, subrayó, y describió la situación como una “guerra de baja intensidad” a la que dijo responderá con una “lucha de baja intensidad”.

Al reaccionar en Twitter, el líder opositor Henrique Capriles aseguró que el apagón “demuestra una vez más la terrible incapacidad de este Gob!”. “Ya vendrán con otro cuento para tratar de tapar fracaso”, agregó.

En las últimas semanas, Maduro intensificó sus acusaciones contra la oposición, a la que atribuye planes de magnicidio y sabotajes en la industria petrolera y la economía.

El ministro de Energía Eléctrica, Jesse Chacón, designado en abril para resolver una crisis eléctrica -evidenciada en frecuentes cortes-, afirmó que mientras se rehabilita totalmente el servicio se investigan las “causas que originaron la falla”.

En cadena de radio y televisión, la ministra de Comunicación, Delsi Rodríguez, informó que se había restablecido la luz en la mayoría de los estados afectados, pero advirtió que la normalidad volvería progresivamente.

La vital industria petrolera de este país con las mayores reservas mundiales siguió operando con “absoluta normalidad”, según el ministro del Petróleo, Rafael Ramírez. El ministro afirmó que está garantizado el funcionamiento de los centros de producción y refinación y el “abastecimiento del mercado nacional e internacional”.

Confusión en las calles

Venezolanos de la capital y otras ciudades enfrentaron dificultades para llegar a sus casas. Muchos debieron hacerlo a pie, debido a que el servicio de transporte masivo se detuvo. En Caracas, el metro dejó de funcionar y la falta de semáforos provocó congestión vehicular en las enormes avenidas de la capital.

“¡Qué desastre! Yo iba en el metro y nos sacaron por la puerta de emergencia. Voy a ver cómo puedo llegar a la casa”, declaró a la AFP Zulema Soto, mientras caminaba agitada por una calle del este de Caracas, en busca de un taxi o de un mototaxi.

Maduro dijo haber activado a las Fuerzas Armadas para patrullar los estados. El ministro de Interior, Miguel Rodríguez, aseguró que “no se había reportado ningún incidente ni alteración del orden público”.

“Cerrado por falta de luz”, se leía en varios establecimientos comerciales de la capital, ante el temor a la delincuencia, a pesar de que la situación retornaba a la normalidad.

El director de Protección Civil, Luis Díaz Curbelo, precisó que los hospitales funcionaron con plantas eléctricas, sin mayores trastornos. Al final de la tarde, el ministro de Ciencia y Tecnología, Manuel Fernández, indicó que la telefonía fija y móvil estaba ya en 100% operativa, y el ministro de Transporte Terrestre, Haiman El Troudi, aseguró que los trenes, subterráneos y autobuses habían restablecido el servicio en todas las líneas.

El apagón interrumpió también la disputa del Premundial de básquet de Caracas, a menos de cinco minutos para el final del partido entre Dominicana y Paraguay, que luego fue reanudado, constató la AFP.

El gobierno del fallecido Hugo Chávez decretó la emergencia del sector eléctrico en 2010 debido a problemas en la principal hidroeléctrica del país por una sequía y el derroche de energía, lo cual obligó a imponer severos racionamientos que duraron varios meses.

En abril de 2013, su sustituto, Maduro, declaró una nueva emergencia eléctrica que prorrogó en agosto por 90 días más, a pesar de que habló de considerables mejoras en el sector.

Fuente: Agencias

La diputada al Consejo Legislativo del estado Miranda, Milagros Valera, acudió a la sede de la Fiscalía General de la República, acompañada de la diputada al CLEBM, Flavia Martineau y del candidato a concejal por el municipio Sucre, Jorge Barroso, para presentar el Corrptómetro de la Corrupción Roja en materia de salud pública y también para solicitar a la Fiscal general que sea investigado el caso de la alarmante cifra de 50 mil kilos de medicamentos vencidos presuntamente encontrados en los depósitos del Servicio Autónomo de Elaboraciones Farmacéuticas (SEFAR).

En este sentido Valera refirió que el análisis del informe de gestión del Ministerio del Poder Popular para la Salud, realizado por la Comisión Permanente de Contraloría de la Asamblea Nacional, «arrojó anomalías en la compra y distribución de los medicamentos cubanos, hecho que causa mucha preocupación pues a pesar de haber sido denunciado a través de los medios de comunicación, desde el mes de mayo del presente año, y nada se ha hecho al respecto».

Recordó la parlamentaria al CLEBM que entre los casos denunciados públicamente «tenemos que para el año 2011, el Ejecutivo Nacional hizo una compra de 152 millones de Bolívares, lo que se traduce en 31 millones de dólares americanos, donde el Estado venezolano les pagó el 100% al Gobierno Cubano y ellos sólo entregaron el 52% de los medicamentos comprados, es decir, la mitad. Adicionalmente, en el año 2012, se le compró a Cuba, 200 millones de Bolívares Fuertes, equivalente a 46,5 millones de dólares americanos, en medicamentos y se denuncio para el momento que estaban vencidos».

Aseveró Valera que «en virtud de lo expuesto y por cuanto se presume comprometidos los fondos públicos pertenecientes a todos los venezolanos, más aun, se atenta contra derecho a la salud y la vida del pueblo venezolano, y en atención a lo estipulado en la Constitución vigente, solicitamos formalmente al Ministerio Público se realicen las acciones pertinentes y la debida investigación a fin de determinar las responsabilidades a que hubiese lugar en este caso».

Corruptómetro Rojo a la salud pública

Por su parte, Jorge Barroso recordó que la en la gestión de ex la Ministra de Salud, Eugenia Sader, se aprobaron gran cantidad de recursos para el área de salud, pero que en este momento los hospitales y ambulatorios están en estado crítico. «En el año 2011 se le aprobaron a Sader más de 4.800 millones de bolívares para hacer más de 700 obras en materia de salud pública y para insumos hospitalarios. Hoy día no vemos nada, por eso aplicamos el Corruptómetro Rojo a la salud pública en Venezuela».

«Es lamentable ver como se aprobaron 10 millones de dólares en 2011, para un hospital en Uruguay mientras los centros de salud de Venezuela están por el piso, sin insumos, sin radioterapia, sin terapia intensiva. Por eso le solicitamos a la Fiscal General de la República que abra las investigaciones pertinentes a la corrupción que campea en este gobierno y que afecta la calidad de vida de los venezolanos».

“Desde Primero Justicia estaremos atentos, ejerciendo Contraloría Social con nuestra Operación Lupa haciendo seguimiento de la utilización de estos recursos aprobados al Ministerio de Salud que deben ser invertidos en el mejoramiento del sistema de salud pública de todos los venezolanos”.

Adelantó Barroso que “igualmente acudiremos en los próximos días a la Defensoría del Pueblo y a la Contraloría General a fin de que se inste a la Fiscalía General de la República a intentar las acciones pertinentes por violación y menoscabo del Derecho Humano y constitucional a la salud y a la vida. Así como para que se ejerzan las acciones a que hubiere lugar por infracciones o delitos contra el patrimonio público. (Articulos 281, 285 y 289 de la Constitución).

Barroso invitó a los venezolanos este 8D a salir a votar por los candidatos y alcaldes de la Unidad, «para así iniciar el camino al progreso y poder tener el país de oportunidades que nos merecemos con hospitales y ambulatorios de calidad para todos por igual».

Fuente: Nota de Prensa

Si por algo será recordado este 2013 es por la curva ascendente de violaciones a la libertad de expresión en el país: van 205 solo de enero a agosto. Una diaria, en promedio. El dato implica un incremento de 78% en comparación con el año pasado, que cerró con 200 casos.

Este acumulado parcial es, además, la cifra más alta que ha registrado el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) en Venezuela durante la última década, cotejó la coordinadora del Área de Monitoreo en Libertad de Expresión de esa ONG, Mariengracia Chirinos.

En su conferencia “Situación de la Libertad de Expresión en Venezuela”, a propósito de los 80 años de El Carabobeño, la periodista analizó que este techo de hostigamiento hacia la prensa responde a la alta conflictividad sociopolítica de Venezuela. “De hecho, abril, mes de las presidenciales, ha sido el de más casos”.

Los cuerpos de seguridad del Estado siguen siendo los que en mayor medida promueven estas acciones cometidas contra medios privados, pero también públicos y comunitarios. El IPYS registra dificultades hasta en la fuente deportiva.

Múltiples obstrucciones

Chirinos enumeró las principales obstrucciones al trabajo periodístico: limitaciones en la cobertura de asuntos estatales, escaso acceso a información de interés público, uso abusivo del poder del Estado y seguimiento intimidatorio de parte de funcionarios de inteligencia.

También preocupa al IPYS los recientes casos de censura, ejercida a través de medidas judiciales y acciones legales contrarias a la Constitución y los convenios suscritos por Venezuela, así como las presiones y el cierre consumado de espacios que daban cabida a la denuncia ciudadana y la crítica.

Existe una política de criminalización a la actividad periodística, concluyó la investigadora. Recordó que cuando una institución pública le niega el acceso a un reportero también se lo hace a los ciudadanos.

González: mantener la responsabilidad

Agresiones a periodistas y a reporteros gráficos, en la calle y en la sede, vetos, intimidaciones… El Carabobeño tiene su propia lista de ataques, que repasó su jefa de Redacción, Carolina González. En sus palabras de bienvenida a conferencistas e invitados, la anfitriona recordó que el Diario del Centro conoció dos férreas dictaduras en sus primeros 25 años de labores. El director-fundador, Eladio Alemán Sucre, conoció la rudeza del exilio.

“El Carabobeño, sin embargo, se mantuvo y se mantendrá con la misma responsabilidad que lo ha caracterizado”. González subrayó que tomarle el pulso a la libertad de expresión es un asunto que siempre preocupa a este diario, de allí la importancia de incluir este debate en la celebración del 80° aniversario.

Fuente: ElCarabobeño

La contralora general (e), Adelina González, considera que es necesario modernizar el Estado para luchar contra la corrupción. Eso se traduce en el chequeo de los bienes adquiridos por una persona mientras ejerce un cargo público. Y ello implica que todos los organismos, públicos y privados, estén obligados a dar información a los entes investigadores sobre el patrimonio del funcionario, explicó a Últimas Noticias.

«Venezuela suscribió la convención mundial contra la corrupción, donde se acuerda, por ejemplo, la suspensión del secreto bancario», resaltó González.

¿Cómo interpreta la contralora general (e) el llamado del presidente Nicolás Maduro a luchar contra la corrupción?

Como una gran preocupación por parte del Presidente. Está realmente preocupado por el problema. Es razonable su preocupación y nosotros lo hemos abordado desde hace muchos años, lo que ocurre es que tal vez no se ve la contundencia, pero desde la Contraloría General hemos trabajado en una política de prevención a la corrupción. No son muchos los organismos que lo hacen. Tenemos programas específicos y resultados. Estamos sumados a esa lucha.

¿Cómo luchar contra la corrupción?

Tenemos que fortalecer el trabajo del Estado para que la Ley contra la Corrupción pueda cumplirse. Es decir, ese Estado debe dar respuesta a los ciudadanos, debe actuar transparentemente; ese Estado debe también tener estructuras desde el punto de vista judicial de todo el sistema, que cuando aquí se te presenta una acusación bien soportada y que le resulte difícil a un juez no sentenciar con lo que tú le estas presentando.

¿Hay debilidades en el proceso de investigación para sancionar a los corruptos?

Tal vez no sea debilidad, pero es difícil ubicar la información. Te pongo el ejemplo de las verificaciones patrimoniales: cuando vamos a verificar el patrimonio de un funcionario público, como no tenemos sistematizada la información, el Estado venezolano no lo obtiene, de los registros y notarías, entonces tengo que enviarle un oficio a todos los registradores y notarios del país para que me respondan. Eso es manual.

Y cuando yo recibo tengo que verificar si tú me declaraste esos inmuebles que dice el registrador que posees. Ve todo ese entramado que hay que desmontar para llegar a una verificación y decir: fulanito no puede justificar el patrimonio que obtuvo en estos años como funcionario. Con los bancos pasa igual, porque no tenemos acceso a esa información.

¿Cuáles son los sectores del Estado donde el funcionario se le hace más fácil cometer actos de corrupción?

Aquellos donde existe mucha discresionalidad; donde no tienes las reglas escritas, donde no se respeta los dispositivos que trae la ley. Si tú sigues lo que está en las reglas, limitas la corrupción. Pero entonces te buscas subterfugios, pagas sin cumplir los procedimientos, cancelas cosas que no has recibido, la situación de los sobreprecios, el desvío de recursos.

Cuando tú analizas por qué llegamos a este extremo, si el Estado destinó cantidades de recursos para abordar este problema, por ejemplo salud y educación, entonces te preguntas qué paso aquí. Porque no fue descuido del Gobierno, sino de la gerencia media. ¿Qué paso con el convenio Cuba-Venezuela? No está malo, pero entonces llegan los medicamentos y pasan un año en la aduana.

¿Cómo evalúan a Venezuela en las instancias internacionales que chequean el tema de la corrupción?

En los organismos internacionales, como el Comité de Expertos del mecanismo de Seguimiento a la Convención Interamericana contra la corrupción, la evaluación de Venezuela es positiva. Hay unos informes que se preparan de avances en materia de lucha contra la corrupción.

¿Hay debilidades que se reflejan en esos informes?

¿Que tenemos debilidades? Sí. No tenemos ley sobre conflicto de intereses, no tenemos sanciones para el soborno transnacional, no tenemos dispositivos más contundentes en materia de prohibiciones y limitaciones para ir a ejercer un cargo en el sector privado, después que sales de un organismo público donde manejabas información de carácter confidencial.

¿Cuál ha sido el caso más complejo para la Contraloría General en materia de corrupción?

Las que están relacionadas con la materia financiera porque el acceso a la información no es sencillo y luego cuando ves transacciones o actuaciones de algunas instituciones que no se ajustaron a los dispositivos. Desde el punto de vista de mi compresión como ser humano, cuando hemos tenido que sancionar a amigos, que lo hemos hecho con muchísimo dolor.

Caso emblemático

Cruz Weffer no justioficó platal

A la Contraloría General se le hace difícil obtener los datos para verificar si un funcionario público se ha hecho rico de la noche a la mañana, según la experiencia de su actual titular (e), Adelina González. Pero con todo y eso, después de 13 años, la CGR logró que el pasado 19 de julio la Sala Constitucional del TSJ ordenara enjuiciar al general Víctor Cruz Weffer.

La pieza clave fue un informe final de auditoria patrimonial del año 2007, donde la CGR determinó que el general Victor Cruz Weffer no pudo justificar de dónde sacó Bs. 1.071.068, «cantidad que no concuerda con los ingresos percibidos por Weffer en el ejercicio de sus funciones como comandante general del Ejército». Aun se espera por el inicio del juicio.

Fuente: ÚN