Un muchacho de 19 años de edad, estudiante del cuarto semestre de Comercio Exterior en el Instituto Universitario de Tecnología y Administración fue asesinado la noche del viernes, en el callejón La Ladera de la avenida Morán, en Catia.

La víctima fue identificada como Alexander Ramón Rojas. Recibió un tiro en la cabeza, después de haber salido de su casa a pagar una cuota de una moto que había comprado hace dos semanas . Los familiares que acudieron a la morgue de Bello Monte a retirar el cadáver contaron que el muchacho vivía con sus abuelos en Pérez Bonalde. Llegó a su casa a las 6:00 pm del viernes, se bañó y antes de salir le dijo a la abuela que le preparara tres empanadas, que ya regresaba.

Rojas llevaba 2.500 bolívares en efectivo, que se los robaron. Los familiares no saben con exactitud a dónde se dirigía el muchacho, pues cuando les avisaron que estaba herido, ya estaba en el hospital Periférico de Catia. Le dieron un tiro en la cabeza y lo despojaron de sus pertenencias.

Extraoficialmente se supo que el Cicpc está investigando a los integrantes de la banda de “Los Morochos”, en relación con este crimen, pues al parecer la víctima había tenido una discusión con estas personas anteriormente, porque él tenía una bodega y los delincuentes constantemente lo robaban.

Un PNB

En horas de la mañana de ayer fue asesinado un oficial de la PNB identificado como Wilder José Ortuño Betancourt, de 25 años de edad, quien fue atacado cuando salía de su casa, en el sector Los Cangilones de La Vega, a recibir la guardia.

El policía estaba adscrito al Centro de Coordinación de San Agustín. Con la muerte de Ortuño asciende a 57 el número de policías asesinados en la Gran Caracas en 2013. El cadáver del uniformado fue uno de los cinco que fueron ingresados a la morgue de Bello Monte entre la noche del viernes y la mañana del sábado.

En otro hecho ocurrido la madrugada de ayer resultó herido el inspector del Cicpc Freddy Serrano, quien trabaja como escolta del director de ese organismo, el comisario José Gregorio Sierralta. El funcionario recibió un tiro en la ingle, cuando estaba en una fiesta en las veredas de Coche y está recluido en una clínica privada.

Fuente: EN

En cuatro años de servicio en la Policía Metropolitana y tres en la Policía Nacional Bolivariana, el oficial Manuel Alexander Fierro Chiquito se dedicó a trabajar para brindar a su familia una mejor condición de vida. El 6 de agosto en la mañana lo mataron durante un procedimiento en el Cementerio General del Sur. Ese día comenzó el batallar de su esposa por conseguir una pensión de sobreviviente para ella y su hija.

Él arriesgó su vida para nada

Cuando me vi con mi esposo muerto y sin saber qué hacer, entendí su temor de morir y que nosotras quedáramos desamparadas. Gracias a Dios que tenemos familia porque si es por la Policía Nacional Bolivariana nos quedamos sin nada”, expresó Yurbi Estrada, esposa del oficial asesinado.

Aseguró que la PNB sólo cubrió los gastos de los servicios funerarios, pero sus familiares tuvieron que costear el entierro del policía, adquiriendo un terreno en el Cementerio de El Junquito.

“Después del entierro, cuando fui a Recursos Humanos, nadie me supo decir qué debía hacer. Una secretaria me informó que me correspondía el pago de sus prestaciones y supuestamente una póliza de vida de 60.000 bolívares porque lo mataron mientras trabajaba, pero nadie me ha podido explicar qué tengo que hacer, ni si eso es verdad”, dijo.

Reivindicaciones socioeconómicas

El abogado criminalista Fermín Mármol García considera que la profesión de policía históricamente ha sido de las menos atractivas porque los agentes encargados de brindar seguridad a los ciudadanos han sido menospreciados en cuanto a sus condiciones socioeconómicas.

“Con la inseguridad que hay en el país necesitamos que los mejores bachilleres se interesen por la carrera policial, pero la realidad es que a nadie le interesa servir en los cuerpos de seguridad del Estado porque es una profesión de altísimo riesgo con condiciones de salario y beneficios socioeconómicos nada atractivos para los funcionarios”, aseguró Mármol.

El funcionario policial pasó de ser una figura de autoridad a un blanco de la delincuencia desde el mismo momento que las bandas delictivas comprendieron que acabar con la vida de un policía les da prestigio y les brinda la oportunidad de conseguir un arma de fuego. No en vano, en los ocho meses que han transcurrido de 2013, en el Área Metropolitana de Caracas han matado a 56 policías, mientras que el año pasado el número de agentes asesinados por delincuentes fue de 106.

“Cuando la mujer de un policía queda viuda, con hijos, la someten además al trámite burocrático de tener que mendigar por unas prestaciones que si acaso durarán algún tiempo. Pero las policías hoy en día no toman en cuenta que muchas veces ese policía que matan es sostén de familia”, señaló Javier Gorriño, funcionario de la antigua Policía Técnica Judicial.

El director de la Policía de Miranda, comisario Elisio Guzmán, señaló que los funcionarios de ese cuerpo de seguridad cuentan con una póliza de vida de 120.000 bolívares y que en algunos casos, después que el funcionario muere, se evalúa la posibilidad de emplear en el mismo organismo a sus esposas, como medida de asistencia social.

Recursos insuficientes

Desde 2011, el Ministerio de Relaciones Interiores y Justicia creó el Fondo Administrativo de Salud para sus empleados, en sustitución de la póliza de seguro por Hospitalización, Cirugía y Maternidad.

La cobertura total para todos los empleados de ese ministerio es de 50.000 bolívares, lo que según los funcionarios policiales resulta insuficiente y en la mayoría de las clínicas evitan atenderlos pues aseguran que el Fasmij no cancela las deudas.

“A veces no sabemos qué es mejor, si resultar heridos o que nos maten porque en Caracas sólo hay dos clínicas que nos reciben cuando llegamos con alguna emergencia. De resto, tenemos que ir a los hospitales públicos a pasar trabajo como cualquier persona. Y lo peor es que con esa cobertura de 50.000 bolívares, si nos atienden, en dos días se acaba la póliza”, señaló un oficial de la PNB que pidió mantener su nombre en reserva.

Fuente: EN

Diez usuarios del Metro de Caracas, procesados en tribunales por incurrir en faltas en las estaciones del sistema, participarán en jornadas de labor social en el subterráneo capitalino, que incluye trabajo educativo, aseo, mantenimiento y orientación a usuarios, entre otras tareas, durante un lapso de tres a cinco meses y por dos horas diarias.

Las personas ya recibieron una charla para reforzar el cumplimiento de las normas de convivencia ciudadana y del usuario del sistema, informó la compañía estatal de transporte en una nota de prensa.

Entre las faltas que cometieron estas personas están alteración del orden público, riña en andenes, resistencia a la autoridad, descenso a la vía férrea, lanzamiento de objetos a los rieles, obstrucción intencional de las puertas de los trenes y ventas informales. Estos usuarios fueron detenidos por personal de seguridad del Metro y de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Fuente: ÙN

La primera vez que Hugo Chávez denunció un atentado en su contra fue en un acto en Puerto Ordaz, el 11 de julio de 1999, cuando efectivos de la Disip detuvieron en esa ciudad a un hombre que portaba un rifle con mira telescópica y cartuchos calibre 22. En público, Chávez pidió que se abriera una investigación. Y el sujeto -que se encontraba a 500 metros del acto presidido por el mandatario- fue detenido. En el curso de las averiguaciones, se comprobó que solo iba de cacería, por lo que fue dejado en libertad a los dos días.

En los últimos 14 años, el Gobierno ha hablado en 63 oportunidades de magnicidio presidencial. De este total, 52 habrían ido en contra del ex presidente Chávez, y ahora 11 en contra del mandatario nacional Nicolás Maduro.

En 22 oportunidades fue el propio Chávez quien denunció atentados dirigidos a él. Mientras que el presidente Maduro se ha referido a su persona como blanco de un posible plan magnicida en seis oportunidades este año.

La cifra surge luego de una revisión al archivo de Últimas Noticias, desde febrero de 1999 hasta agosto de 2013, con la lupa puesta en las notas publicadas por este diario que hicieran referencia a alguna denuncia oficial de magnicidio.

Recurrentes. Desde que Hugo Chávez asumió la Presidencia de Venezuela, el 2 de febrero de 1999, las denuncias de magnicidio no han cesado.

Las voces que han advertido sobre este peligro han sido, sobre todo, miembros del tren ministerial y del alto Gobierno. El que tiene más tiempo denunciando, aparte de los jefes de Estado, es el ex vicepresidente y ex ministro José Vicente Rangel. En cinco ocasiones advirtió de intentos de magnicidio. Le sigue el embajador de Venezuela en España, Mario Isea, con cuatro denuncias. Luego, el presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, quien lo ha hecho tres veces.

El alcalde Jorge Rodríguez; el gobernador de Aragua, Tareck El Aissami, y el ministro de Interior y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, están empatados. Todos denunciaron un magnicidio distinto dos veces.

Lo hicieron una vez: el embajador ante la OEA, Roy Chaderton; el gobernador de Anzoátegui, Aristóbulo Istúriz; el diputado Earle Herrera; el pesuvista Manuel Villalba; la periodista Vanessa Davies; el ministro de Turismo, Andrés Izarra; el ex director del Cicpc, Wilmer Flores Trosel; el canciller Elías Jaua; el politólogo Miguel Pérez Pirela, y los ex presentadores de VTV Alberto Nolia y Mario Silva.

De las 63 veces que el Gobierno venezolano ha denunciado atentados de muerte, en 12 ocasiones acusó a ciudadanos con nombre y apellido. Todos fueron detenidos y luego liberados, por falta de pruebas. A estos se les suman los 153 paramilitares capturados en la hacienda Daktari (El Hatillo) en el año 2004, quienes recibieron un indulto en 2007.

El caso de más reciente data es del pasado 15 de agosto. Hay dos ciudadanos colombianos tras las rejas (Victor Gueche y Erick Huertas, quienes ingresaron al país por San Antonio del Táchira) y a los que les fueron incautados dos fusiles R-15 equipados con cartuchos 5-56, con mira láser, y una foto del presidente Nicolás Maduro.

Sin embargo, el grupo estaba compuesto por diez integrantes y uno de ellos, Carlos Salcedo, está siendo buscado por la justicia como uno de los principales implicados en este plan, bautizado «Carpeta Amarilla».

En la mira. La revisión periodística de estos últimos 14 años reveló que, de las 63 denuncias de magnicidio, el Gobierno solo ha hecho pública información sobre las armas incautadas en 18 ocasiones. Los aviones, rifles, fusiles, cañones y revólveres son los más mencionados.

Los hallazgos de la investigación revelaron quiénes han sido las personas, países o instituciones más señaladas por el Gobierno como responsables.

La oposición, o la «derecha», ha sido acusada en 19 oportunidades. Estados Unidos y el ex presidente de ese país, George Bush, van de segundos en la lista, con 11 señalamientos. El ex agente de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) norteamericana, Luis Posada Carriles, ha sido marcado seis veces a lo largo de estos años. Sin embargo, su abogado, Arturo Hernández, comentó desde Miami que los señalamientos son «cuentos chinos».

Colombia y el ex presidente Álvaro Uribe han recibido cinco señalamientos; el canal Globovisión y el diario El Nacional, cuatro marcas; y la CIA, paramilitares, militares venezolanos y los empresarios mediáticos, Alberto Federico Ravell y Miguel Henrique Otero, tres veces cada uno.

El ex gobernador Manuel Rosales, el ex constituyente Luis Miquilena, el periodista Rafael Poleo y la cadena televisiva CNN han sido tildados de planear un magnicidio en dos oportunidades por separado. Mientras que el empresario Pedro Carmona Estanga y el difunto ex presidente Carlos Andrés Pérez, una vez cada uno.

Años atrás. Un año después de la primera advertencia magnicida hecha por Chávez, vino otra, y fue la única de 2000. La hizo José Vicente Rangel el 25 de julio, cuando se desempeñaba como canciller. Se refirió a unas declaraciones que había ofrecido el capitán retirado de la Guardia Nacional, Luis García Morales, para denunciar la existencia de un plan para asesinar a Chávez. A Rangel le pareció «sumamente delicada» la información aportada por el capitán, quien fue detenido. «El hecho de que se detenga a una persona después de una declaración tan grave no es un delito ni un atropello contra esa persona, se le detiene porque si no se escapa», señaló el ex canciller en ese momento.

Luego, en 2001, se produjo un informe desde la Fiscalía General de la República para anunciar sobre la detención del ciudadano Franklin Jesús Petit, quien fue sorprendido el 6 de marzo de ese año cuando presuntamente tenía intenciones de asesinar al Primer Mandatario con dos machetes y dos armas de fuego. El documento señala que el plan era ocultarse en la sede de la Disip y esperar al Presidente, quien haría una visita al lugar. La investigación posterior determinó que el ciudadano tenía problemas psiquiátricos y que en realidad no quería matar al Presidente, por lo que fue puesto en libertad.

En 2002, Chávez hizo una nueva denuncia y luego José Vicente Rangel volvió a hacer dos más, después del golpe de abril de ese año. En 2003, 2004 y 2005 hubo tres denuncias por año; una sola en 2006, antes de que se celebraran las elecciones presidenciales; hasta que en 2007 se registraron 12 y, en 2008, 16. Esos fueron los dos años en los que más denuncias hubo. También fueron períodos electorales: primero, el referéndum constitucional, y después las elecciones regionales.

En 2009, cinco advertencias oficiales de magnicidio fueron registradas por este diario. Tres en 2010 y dos en 2011. No obstante, en 2012 no se habló ni una vez del tema.

Choque. La analista política Maryclen Stelling considera el repunte de 2007 y 2008 como una «consecuencia», después de que Chávez ganara las elecciones presidenciales de 2006, con 62,84% de los votos. «Como ganó bastante sobrado era obvio que en los años posteriores las amenazas se iban a incrementar. La figura del presidente Chávez se había convertido en un peligro real para la oposición, porque ellos lo que buscaban y lo que siempre han buscado es el poder como sea».

Sin embargo, para el consultor político, Edgar Gutiérrez, el tema del magnicidio «es otro simple distractor al que recurre el Gobierno para que la gente hable de otra cosa. Aparecen cada vez que ocurre algún evento desfavorable para los gobernantes, como el derrame en el río Guarapiche (Monagas, 2012), la caída del viaducto (Vargas), la escasez, la inflación y la inseguridad. Logra marcar agenda, que la opinión pública se ocupe de otros tópicos y no de los problemas que agobian a los venezolanos».

A su juicio, el presidente Maduro apela al magnicidio para distraer, «pero es un efecto que dura muy poco, que se agota en sí mismo y que pierde credibilidad a medida que se repite».

Otra vez. La tesis del magnicidio ha cobrado fuerza nuevamente en la voz del presidente Nicolás Maduro. La primera vez que la asomó este año fue el 6 de febrero, cuando todavía era vicepresidente. En ese momento señaló al ex comisario general de la Disip, Henry López Sisco, de estar detrás de los planes para atentar contra su vida y la del presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello. «Henry López Sisco está en Costa Rica todavía conspirando para asesinar al compañero Diosdado Cabello o a mi persona, cosa que no logrará porque estamos en el tiempo de la vida y de la victoria», dijo en cadena nacional.

Antes, en 2007, Maduro se refirió públicamente al magnicidio una sola vez: el 28 de noviembre, cuando era canciller. Culpó a la CIA, a CNN y a «grupos desesperados» por estar planeando la «Operación Tenaza» para matar al presidente Chávez. Lo que dijo, en el programa Dando y Dando, transmitido por VTV, fue que «CNN ha dejado de ser una televisión respetada en América Latina porque su orientación está guiada por el Gobierno estadounidense». Se refería a unas imágenes difundidas por la cadena televisiva con una foto del presidente Chávez, con los ojos cerrados y con un cintillo que decía: «¿Quién lo mató?».

Quizás uno de los episodios más recordados sea el del allanamiento de la hacienda Daktari, cuando capturaron a 153 paramilitares el 5 de mayo de 2004, quienes presuntamente conspiraban para matar al presidente Chávez. En el procedimiento no se encontraron armas.

Otro caso emblemático fue el ocurrido en 2002, y denunciado por el propio Chávez en su programa Aló Presidente, que consistía en un plan para matarlo con una bazooka mientras aterrizaba en su avión.

La analista Maryclen Stelling considera necesario que en los casos más recientes se lleve adelante un juicio transparente y efectivo, que condene a los presuntos responsables, «porque si ocurre como ya ha venido pasando, se perderá la veracidad del asunto, la oposición seguirá creyendo que todo es mentira, cuando no es así, y las bases de credibilidad del proceso revolucionario se verán debilitadas. Tiene que haber justicia, porque esto es un asunto muy grave».

Fuente: ÙN

La fiscal general Luisa Ortega Díaz considera necesario crear tribunales especiales para juzgar a las personas incursas en hechos de corrupción. En visita a Últimas Noticias explicó su propuesta.

¿El Ministerio Público tiene alguna propuesta en concreto para reformar la ley contra la corrupción?

A raíz de la llamada que hace el presidente Maduro a luchar contra la corrupción, inmediatamente el Ministerio Público se sumó a ese llamado. Tenemos ya en la mano una propuesta de reforma a la ley contra la corrupción, es importante adecuarla. Creo que como la criminalidad se ha especializado en algunas materias, tú también tienes que especializarte.

¿Qué aspectos sugiere reformar de esa ley?

Se hace necesario incorporar a las particulares, porque la comisión de los hechos punibles en materia de corrupción en muchas ocasiones tiene la participación decisiva de particulares que no son funcionarios públicos.

Y respecto al castigo para los corruptos…

También hay que aumentar las penas. Hay delitos en los que la pena es de tres meses a un año, es muy baja.

¿Usted, como integrante del sistema de justicia, considera necesario volver a los tribunales anticorrupción, para que sean jueces especializados quienes procesen a los incursos en esos delitos?

Tú tienes que avanzar al igual que avanza la sociedad. Creo que como la criminalidad se ha especializado, tú también tienes que especializarte. No es lo mismo que tú tengas un fiscal trabajando en muchas materias, a que tengas fiscales especializados. Eso te permite un abordaje más claro del problema, es decir, saber cuáles son las diligencias de investigación que vas a practicar y por supuesto que esto también es válido para los jueces.

¿Jueces anticorrupción?

Si tú tienes unos jueces que conocen nada más en corrupción, que es una materia tan especialísima, esta es una materia muy técnica y si no eres técnico en la materia va a haber debilidad, por eso consideramos que deberían existir también tribunales especializados en corrupción.

¿Cómo abordan en el Ministerio Público las investigaciones sobre corrupción?

Esta es una materia muy técnica. Fíjate que nosotros tenemos allá una Unidad Técnico Financiera, que son expertos concentrados nada más estudiando esta materia. ¿Por qué? Porque es más sencillo un delito común que la parte financiera: tú tienes que conocer mucho los movimientos del dinero, cuáles son las formas de trasladar el dinero, cuáles son las formas que te permiten incurrir en un delito de corrupción. Y si no eres técnico en la materia, va haber debilidad.

Publicamos hace tres semanas que la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia radicó en Caracas el caso de presunta corrupción en Ferrominera. ¿Ya están presos aquí los cinco investigados?

Sí. Eso fue inmediato para facilitar su presencia en el tribunal.

Fuente: ÙN

En julio de 2010, en medio de una de sus cíclicas pugnas con la jerarquía eclesiástica local, el comandante Hugo Chávez ordenaba a su entonces ministro de Relaciones Exteriores, Nicolás Maduro, revisar el concordato vigente entre el Vaticano y Venezuela: “Cristo no necesita embajador”, fue su dictado, “Cristo está en el pueblo y en aquellos de nosotros que luchamos por la justicia y la libertad para los humildes”.

Apenas tres años más tarde, el mismo Maduro, consagrado ya como sucesor de Chávez en la presidencia de Venezuela, visitó en Roma al recién entronizado papa Francisco, a quien propuso un acuerdo integral entre el Vaticano y la Alba —la Alianza Bolivariana de los Pueblos, impulsada por Chávez, que agrupa a gobiernos de corte progresista de América Latina—. Además, encontró un paralelismo, que calificó de premonitorio, entre él y Francisco: “Ni él pretendía ser Papa, ni yo quería ser presidente”.

Las diferencias en el tono de una y otra declaración tienen que ver con el paso del tiempo, el cambio de aires en la Santa Sede, pero, en especial, con las diligencias del nuncio Pietro Parolin, nombrado por Benedicto XVI en 2009. En la dividida Venezuela, tirios y troyanos le adjudican al arzobispo de 58 años dones de diplomático consumado. Es un hombre que sabe propiciar el diálogo, coinciden las fuentes, mediante un recurso prácticamente olvidado en Venezuela: escuchar.

En la vetusta y aún señorial sede de la nunciatura, en el centro de Caracas, ha recibido a representantes de diversos sectores, de quienes ha oído todo tipo de planteamientos con idéntica atención Así fue su comportamiento hasta con los visitantes que les resultaron impertinentes: tal fue el caso de cuatro dirigentes estudiantiles que en junio pasado se instalaron en la embajada vaticana para protestar, mediante una huelga de hambre, contra el cerco presupuestario que el Gobierno chavista ha impuesto a las universidades autónomas venezolanas. “Lamentablemente, algunos estudiantes no han escogido espacios propicios para estas acciones, como ha sucedido en la Nunciatura Apostólica”, se quejó Parolin ante la prensa. Sin embargo, su mediación resultó decisiva para que se levantara la huelga un mes más tarde.

El mismo mes, Parolin consiguió reunirse con Maduro, preámbulo del encuentro entre el presidente venezolano y el Papa. Después de sus gestiones se reabrió el canal de comunicación entre el Gobierno revolucionario y la Conferencia Episcopal, interrumpido con frecuencia por las críticas de la Iglesia católica a las pretensiones hegemónicas del chavismo, desde un lado, y por las sospechas anticlericales de un movimiento, el bolivariano, que no tiene inconvenientes en abrevar del marxismo al tiempo que se reivindica como portador de un “cristianismo verdadero”.

Al día siguiente de la ascensión del argentino Jorge Bergoglio al trono de Pedro, Parolin confesó en Caracas no estar “listo para la noticia”. En declaraciones a la televisión, apuntó a la “nueva evangelización” como el principal reto que enfrentaría el pontificado que se iniciaba, lo que, a su juicio, en América Latina equivaldría a “formar mejor a los discípulos para que tengan una experiencia profunda y se enamoren de Cristo”.

Ahora, nombrado secretario de Estado del Vaticano, cobra importancia la entrevista concedida hace tres semanas al tabloide Últimas Noticias. Al abordar el tema de la corrupción, un asunto que sin duda deberá enfrentar, sentenció: “Es un tema que toca a la Iglesia, porque sabe que la corrupción daña la fibra de la sociedad y acarrea muchas consecuencias”.

Fuente: El Paìs

La bancada del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) necesita un voto para aprobar la Ley Habilitante y en la oposición pareciera que todos los parlamentarios son “sospechosos”.

Ante la pregunta ¿quién es el diputado 99? surgen más interrogantes a la respuesta. Para el presidente Nicolás Maduro, el 99 es el pueblo, pero para la Mesa de la Unidad Democrática pudiera ser cualquiera de los principales o suplentes, aunque su secretario ejecutivo, Ramón Guillermo Aveledo, insiste en afirmar que no conseguirán el voto.

Hasta ahora, han estado bajo la mira los diputados: Hermes García (AD), del estado Sucre; y Morel Rodríguez (Copei), de Nueva Esparta, y su suplente Héctor Mata (independiente), informó un dirigente de la Mesa. A lo interno, los cinco jefes de fracción de la MUD han pasado revista de cada uno sin que lo hayan identificado.

La MUD tiene bajo la lupa a los suplentes, pues ya ocurrió que en el 2012 se separaron de la oposición los suplentes Ricardo Sánchez (UNT), Carlos Vargas (independiente), Andrés Álvarez (UNT) y Heliodoro Quintero (UNT).

De Sánchez, suplente de María Corina Machado, se rumora podría votar a favor de la Habilitante, en caso de que se incorpore ante una falta de Machado. A la diputada, el Psuv le solicitará allanar su inmunidad parlamentaria. El propio Sánchez lo negó y dice no estar de acuerdo con la Habilitante porque, según alegó, “legislar y controlar” es una competencia clara de los parlamentarios.

“Reconocemos que Maduro ha hecho un esfuerzo contra la corrupción pero creemos que lo principal no es aprobar poderes especiales, sino tener voluntad política. Existen 11 instrumentos jurídicos que si hay voluntad política pudieran ser efectivos en esta lucha. Antes de una Habilitante avancemos mas bien hacia los 110 diputados para designar al nuevo contralor de la República con el que estamos en mora”, sostuvo Sánchez.

El Presidente, que desde hace tres semanas planteó el debate sobre la moción, reiteró el pasado miércoles que comparecerá él mismo ante la Asamblea Nacional a hacer la petición, en fecha que “aún no ha sido prevista”. Sí aclaró que, de acuerdo como lo establece el artículo 203 de la Constitución, se requiere de las 3/5 partes de los integrantes del Parlamento. “He pedido el apoyo del pueblo venezolano. La Constitución estima 99 diputados. Ahí en la oposición debe haber gente sensata, pero el diputado 99 ya lo tenemos y es el pueblo”, expresó. Maduro pedirá poderes especiales para luchar contra la corrupción, pero la oposición asegura que la usará para otros fines, entre los que dicen será “perseguir” a los adversarios.

El independiente José Manuel González (Guárico) señaló: “Confío en mis compañeros parlamentarios, no tienen los votos para aprobar una Ley Habilitante y no nos van a chantajear a nosotros con que quien se opone a esa ley está a favor de la corrupción, no vamos a caer en ese chantaje, si nosotros estamos completos no van a poder aprobar la Ley Habilitante”.

Desde el oficialismo, el presidente de la AN, Diosdado Cabello, dijo que no le preocupa “el 99, porque pueden ser 100, 101, 102, pueden ser más (…). Nosotros estamos convencidos de que eso (la ley) se va a imponer en la conciencia de cada quien a la hora de la lucha contra la corrupción”, aseguró asomando que ya cuentan con la votación.

A juicio del líder opositor, Henrique Capriles, el Psuv no ha conseguido el voto y la única manera sería “comprándolo”. “El Gobierno no ha podido conseguir al diputado 99. Me cuentan que han ofrecido hasta la moneda verde para conseguir ese diputado extra”.

El Parlamento continúa en receso parlamentario, pero “en cualquier momento” se pudiera convocar a una sesión extraordinaria. El diputado González dijo que han acordado estar presentes los 67 diputados y piensa que no habrá más saltos de talanquera. Maduro, que confía en un diputado “sensato” que vote, dijo que si no es vía Habilitante evaluará “otros caminos”.

Fuente: Panorama

Una supuesta falla eléctrica mantiene sin servicio eléctrico el sector El Playón en Ocumare de la Costa. Habitantes denuncian que la estatal eléctrica hasta el momento, no les ha dado una respuesta al respecto.

«Tenemos tres días sin luz y Corpoelec no nos resuelve el problema (…) todos los días venimos a busar una respuesta y el gerente no nos da la cara. Dicen que mañana y ese día nunca llega. En las casas la comida ya se está descomponiendo», manifestó Tony Guzmán, habitante del sector.

Agrega que turistas en esta época vacaconal, la falla en el servicio eléctrico también está afectado a los turistas del lugar, quienes según comenta han tenido que pernoctar en las playas y malecones. «Aquí hay personas que vienen de Barinas, Maracaibo, gente que no puede regresar a sus casas el mismo día y se han tenido que quedar en las playas y malecones», subrayó.

Fuente: GV

Algunas candidaturas de la izquierda “tienen que ser revisadas, reforzadas”. Esta es una de las conclusiones a las que llega el diputado de la Asamblea Nacional Ramsés Reyes, secretario general nacional del partido Corrientes Revolucionarias Venezolanas, luego de su visita al Zulia para revisar la pluralidad de candidatos inscritos a las alcaldías y concejales por el ala de la revolución.

“Tenemos altas posibilidades de conquistar las 21 alcaldías del Zulia siempre y cuando impere el criterio de la unidad, de otra forma sería atomizar la votación chavista. La victoria separados se nos va a poner cuesta arriba”, dijo en un contacto telefónico a La Verdad.

Reyes adelantó que el próximo martes sostendrá una reunión con el consejo patriótico de partidos políticos, elaborará el informe del caso Zulia “con las respectivas consideraciones” que se entregará al presidente Nicolás Maduro, junto al balance de los estados ya visitados.

“Tenemos que ser sinceros, hay algunos candidatos que no levantan ni con grúa y hay que revisarlos”, declaró. Sobre este punto no quiso dar ejemplos. “En todo el país hay unos cuantos y no es correcto que demos nombres”.

Los casos del Zulia en los que pedirán rectificación de candidaturas son La Cañada y Machiques de Perijá, donde el PSUV designó a Omer Sánchez y a Luis Prato, respectivamente. En Cabimas pedirán reforzar a Félix Bracho, actual alcalde.

Fuente: La Verdad