El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, es un entusiasta del cine. No son pocas las intervenciones públicas en las que ha rememorado los tiempos en los que, de joven, militaba en cineclubes de barrio. Durante su todavía breve mandato de cuatro meses, ha ordenado al principal canal de televisión del Estado difundir, en horario estelar de los días sábado y domingo, largometrajes hollywoodenses cuya trama juzga didáctica u orientadora para la conciencia revolucionaria, como el Malcolm X del director estadounidense Spike Lee.
Pero su celo por el séptimo arte podría haber alcanzado un extremo este fin de semana, cuando instruyó al ministro de Relaciones Interiores para abrir una investigación a la cadena Cinex, uno de los dos mayores conglomerados de salas de exhibición en el país. “Hay que abrir una investigación, compañero Torres”, dijo, dirigiéndose al titular de la cartera. “Ellos desprecian al pueblo, a ellos no les importa sacar películas que promuevan la prostitución, la violencia, la drogadicción, al contrario, ellos viven de eso”.
Maduro reaccionaba así a la presunta censura por parte de las empresas privadas de una película hecha, bajo encargo del gobierno, por el realizador Luis Alberto Lamata, uno de los directores de cine y televisión más prestigiosos del país. Se trata de Bolívar, el hombre de las dificultades, una historia semificcionada sobre el período de un año, entre 1815 y 1816, en que el Libertador sudamericano enfrentó sus horas más inciertas en el exilio en Haití.
El propio presidente había acudido dos semanas antes a su preestreno, del que salió, según sus palabras, “muy conmovido”. La cinta, sin embargo, no encontró un buen ambiente para su recepción. En primer lugar, la protagoniza -en el rol de Bolívar- el cantante y actor Roque Valero, quien durante la más reciente campaña electoral apoyó al entonces candidato chavista y hoy presidente, Nicolás Maduro. Con eso ya se enajenaba de antemano una buena porción de potenciales espectadores rabiosamente antichavistas. Además, varios expertos cuestionaron algunas licencias del libreto –como, por ejemplo, la de mostrar al prócer sopesando la posibilidad del suicidio- que no tendrían sustento histórico.
Los problemas pasaron a mayores la semana pasada, cuando el largometraje entró al circuito comercial de exhibición. En la tercera función del día de estreno, en una importante sala del este de Caracas, el proyector se dañó. El incidente hizo suponer a los presentes, entre ellos, un reportero del diario oficialista Ciudad CCS, que se trataba de un sabotaje. Ante la denuncia, el órgano regulador del sector, el Centro Nacional Autónomo de Cinematografía (CNAC), abrió un procedimiento administrativo contra Cines Unidos, una de las cadenas de pantallas comerciales, propietaria del lugar de esa sala en particular. La empresa se sintió obligada a ampliar el número de salas donde pasa la película y a reiterar, mediante un comunicado público, su “apoyo al cine nacional”.
Ciertamente, los exhibidores alegan que entre 2005 y 2013 en sus salas se han estrenado 101 películas venezolanas, la mayoría producida con financiamiento gubernamental y, con frecuencia, con tramas y narrativas a tono con los gustos del régimen. En el caso de Bolívar, por ejemplo, el estreno se hizo en 40 salas de todo el país, incluyendo nueve en Caracas, la ciudad capital.
Lamata, el director, vio en esas cuentas el vaso medio vacío. En declaraciones a la prensa enumeró una retahíla de circunstancias que, a su juicio, ponían a su película –como, en general, al cine venezolano- en desventaja crónica frente a los éxitos de Hollywood. Aseguró que una producción norteamericana mediana se estrenaba, en promedio, en 20 salas capitalinas. Para ilustrar ese déficit, señaló que en ninguna sala del Centro Comercial Sambil, el shopping más emblemático de Caracas, se proyectaba su filme.
Allí fue cuando, en una acción sin precedentes, desde la Presidencia de la República intervino Nicolás Maduro, quien en una intervención televisada a todo el país sentenció que “eso es censura, y la censura es un delito”. Que la película tuviera por personaje a Simón Bolívar, icono oficial de la revolución venezolana, no resultó precisamente un atenuente para la indignación del presidente. También le sirvió de estímulo el hecho de que, hasta hace dos años, parte de Cinex, una de las empresas que cuenta con teatros multiplex en el Centro Sambil, fue propiedad de la familia de Henrique Capriles Radonski, el líder de la oposición y actual gobernador del estado de Miranda.
“En realidad, saludo el entusiasmo del presidente Maduro en defensa del cine nacional”, se encoge de hombros Lamata. Especialista en cine de época, recuerda que en los años 90 su ópera prima, Jericó –un largometraje con múltiples galardones que narra las peripecias de un fraile español durante la Conquista de América- no contaba con sala de exhibición; debió entonces acudir a la prensa para hacer de ese veto un caso. “Si desde esa fecha las cosas han cambiado positivamente para el cine nacional, se debe gracias a tensiones que a veces se han resuelto amistosamente y, otras, por el conflicto”.
A la fecha, casi 45.000 espectadores han visto la película, un promedio honroso para el mercado venezolano que no deja ver, sin embargo, cuántos de ellos asistieron o dejaron de asistir motivados por la controversia. El presidente Maduro, un fanático del filme –ha dicho que “merece 20 premios Óscar”-, puso todo el peso institucional en su favor: a una semana del estreno, se muestra en 15 salas de Caracas, en vez de las nueve iniciales. Cinex y otros exhibidores comerciales, bajo intensa presión gubernamental, acudieron hoy a una reunión en el despacho del Ministro de la Cultura, Fidel Barbarito, a fin de acordar otros incentivos para el filme nacional, a cambio de suspender los efectos de la investigación ordenada por Maduro.
Fuente: El País
