Héctor Rodríguez, ministro de la Juventud y vicepresidente para el Área Social del gabinete, comenzó esta semana los contactos con la empresa Invap para programar la reparación de los equipos de radioterapia adquiridos bajo el convenio Argentina-Venezuela, a los que se les venció el contrato de mantenimiento hace un año.

La situación ha sido el detonante de una crisis en el sistema estatal de atención de pacientes con cáncer cuya crudeza resume un cálculo de la Sociedad Venezolana de Radiología Oncológica: entre 10% y 15% de los enfermos muere a la espera del tratamiento. De las 19 salas dotadas gracias al acuerdo, sólo 5 están en funcionamiento, según las inspecciones que entre mayo y junio realizaron diputados de la Comisión de Desarrollo Social de la Asamblea Nacional.

Rodríguez informó que su despacho espera recibir mañana la oferta de un programa de mantenimiento correctivo y preventivo para los equipos médicos y el suministro de repuestos. El paquete adquirido hace 9 años incluyó 53 equipos clave, entre ellos, 9 aceleradores lineales, 8 unidades de cobaltoterapia y 14 máquinas de braquiterapia, además de tomógrafos, gamma cámaras y simuladores. El vocero gubernamental no ocultó el diagnóstico de lo que ocurre con la red. “El problema en general es que no ha habido mantenimiento”, admitió.

Mientras esperan la respuesta de los argentinos, el despacho de Rodríguez también ha hecho contactos con Meditron, empresa venezolana encargada de la conservación de los equipos por los proveedores sureños: Philips Argentina e Invap, corporación pública especializada en tecnología nuclear.

Rodríguez informó que a la compañía local le pidieron ejecutar las reparaciones de los equipos de radioterapia de los hospitales Alfredo van Grieken, en Coro, estado Falcón, y el Oncológico Miguel Pérez Carreño, en Naguanagua, estado Carabobo. El funcionario calcula que en un máximo de 10 días estarán listos los trabajos y se podrá reanudar la atención de los pacientes. “También se les pidió que evaluaran la recuperación de los equipos en los otros hospitales”, agregó.

Sin responsables

El vocero del Gobierno se abstuvo de señalar responsables por el colapso del servicio de radioterapia en la red de hospitales públicos. Rodríguez dijo que no han hecho una evaluación para determinar por qué caducaron las garantías que protegían los equipos y quiénes estaban a cargo de tomar las decisiones que evitaran la crisis. “Estamos resolviendo y tratando de garantizar que todo esté al día. Muchas veces esos contratos se vencen por temas de negociación; se trata de montos altos. En esas discusiones se pasan a veces los tiempos”, afirmó el funcionario.

Diputados de la Comisión de Desarrollo Social de la AN han solicitado públicamente a sus colegas declarar la responsabilidad de la ex ministra de Salud, Eugenia Sader, por no haber renovado los contratos de mantenimiento preventivo.

Uno de ellos ha sido el opositor Bernardo Guerra, quien calificó la actuación de la ministra con el siguiente término: “Negligencia irresponsable”. Henry Ventura, diputado del PSUV y médico, habló de una omisión por parte de la ex funcionaria y lamentó las muertes ocurridas a raíz de las fallas de los servicios. Ambos, junto con los otros 10 miembros de la comisión, participaron en las inspecciones a los servicios públicos de radioterapia. Oswaldo Vera, presidente de la instancia, señaló que al término de las vacaciones parlamentarias se definirá el grado de prioridad que le darán al informe que se desprendió de las visitas a los hospitales.

Las fallas en los servicios de radioterapia fueron admitidas el viernes pasado por la viceministra de Recursos Salud, Nuramy Gutiérrez, en entrevista con la televisora pública Venezolana de Televisión. La funcionaria hizo énfasis en que el Ejecutivo está asumiendo el problema y adelantó que el presidente Nicolás Maduro comenzó los contactos para reactivar el convenio entre Argentina y Venezuela. No explicó, sin embargo, las razones por las que el despacho de Salud no renovó los contratos a tiempo o por qué han demorado tanto las negociaciones con el proveedor que viene de Argentina, uno de los aliados del gobierno del heredero político de Hugo Chávez.

Tampoco precisó el número de equipos en malas condiciones, aunque investigaciones del Centro de Estudios de Desarrollo de la UCV, de la Sociedad Venezolana de Radioterapia Oncológica y de profesionales independientes señalan que entre la cuarta parte y la mitad de los aparatos tienen problemas de funcionamiento o están fuera de operación.

EL DATO

El Gobierno evalúa la posibilidad de crear una empresa para el mantenimiento de equipos médicos. Héctor Rodríguez, vicepresidente para el Área Social, señaló que esperan establecer una alianza para ese proyecto con la empresa argentina Invap, proveedor de equipos de radioterapia para Venezuela desde 2004. “Se debe hacer un estudio; quizás vaya más allá del mantenimiento de equipos y se dedique a cuidar la infraestructura de los hospitales”, dijo.

Fuente: EN

El riesgo es inminente. Al cumplirse un año de la tragedia de Amuay, la peor en la industria petrolera venezolana, el peligro sigue latente en la central, ubicada en la Península de Paraguaná. Los accidentes continúan a la orden del día.

El 25 de agosto de 2012 se registró el incidente más severo en la refinería más importante del país, cuando la explosión de una nube de gas ocasionó 43 muertos y cientos de heridos.

El potente estallido que se presentó a la 1.10 de la madrugada y tuvo una onda expansiva de 300 metros, provocó daños de 500 viviendas, comercios e industrias ubicadas en las adyacencias del complejo.

Entre las causas del siniestro se maneja el colapso de sellos de seguridad de una esfera de almacenamiento de gas, de acuerdo con un informe independiente elaborado por el Centro de Orientación de Energía (Coener).

La única evaluación que se conoce sobre el caso, elaborada por un equipo multidisciplinario, arrojó que el escape del hidrocarburo se detectó a las 12.30 de la madrugada, 40 minutos antes de la explosión.

El incidente de hace un año no fue el primero ni el último en Amuay. Decenas de eventos se presentaron en la refinería antes de la tragedia. Otro par de sucesos se cuenta luego de la catástrofe del 25 de agosto de 2012.

Consecuencias operativas

Tan sólo dos días prometió entonces Rafael Ramírez, ministro de Petróleo y Minería y presidente de Petróleos de Venezuela (PDVSA), para reiniciar las operaciones de la refinería, tras la explosión y posterior incendio que obligó su detención.

Pero la oferta gubernamental de retomar la marcha en 48 horas, se convirtió finalmente en 10 meses. La central de destilación no logró recuperar su ritmo habitual hasta junio de este año, al empezar a andar a 76 por ciento de su capacidad.

Al cumplirse 12 un año del accidente, Amuay procesa 494 mil barriles de petróleo por día (bdp), 150 mil bdp por debajo de su capacidad instalada, que se ubica en 644 mil bdp.

Un reporte operacional del Centro de Refinación de Paraguaná obtenido por Reuters, indica que la refinería tiene 10 de sus 51 plantas fuera de servicio aún, principalmente por falta de repuestos necesarios para realizar operaciones e insuficiencia de suministro de insumos básicos.

En el área afectada por el estallido aún existen calderas, tanques de crudo y derivados y esferas de gas detenidas, de acuerdo con el informe interno elaborado por la propia PDVSA.

Un país importador

La detención de las plantas dentro de la refinería como consecuencia del incidente, obligó a Venezuela, la nación con las mayores reservas de petróleo del mundo, a recurrir a la importación masiva de insumos y combustibles desde Estados Unidos.

El país compró en el exterior 130 mil bpd de derivados de crudo durante el último trimestre de 2012, así como 82 mil bpd entre enero y marzo de 2013, de acuerdo con los últimos datos de la Agencia de Administración de Información Energética norteamericana.

Hasta ahora Petróleos de Venezuela no revela en sus balances el monto de las compras de combustibles y componentes como consecuencia de la paralización de unidades en Amuay.

Si se considera el precio promedio de 122 dólares por barril de gasolina en el mercado internacional, la estatal petrolera gastó 1,4 millones de dólares diarios en la compra de combustibles entre octubre y diciembre de 2012, así como 900 millones en el primer trimestre de 2013.

Hasta el 22 de junio de este año, los inventarios de carburantes terminados de todo el Complejo de Refinación de Paraguaná (CRP), conformado por Cardón y Amuay, sumaban 495 mil 700 barriles, menos de los 600 mil que consume el mercado interno, lo que indica que aunque la recuperación de las unidades de la refinería es progresiva, aún se depende de importaciones.

Sigue el riesgo

Amuay, que aún no supera por completo las consecuencias de la explosión, conserva su racha de accidentes. En los dos meses que tiene la refinería con su operación regular, lleva ya dos incendios en sus instalaciones, uno que data del 3 de julio y otro reciente del 20 de agosto.

Javier Larrañanaga, ex subgerente del CRP, considera que la central mantiene la misma tendencia de siniestralidad, lo que indica que aún impera la situación de riesgo.

«Las operaciones de la refinería no son seguras, después del accidente no hemos visto una mejora», advierte el ingeniero, quien coordinó la elaboración del unico informe que se conoce sobre la tragedia.

Gustavo Adolfo Benítez, experto en seguridad industrial, alerta que la accidentalidad que sigue presente en el complejo es una señal del incumplimiento de los protocolos de prevención dentro de las instalaciones.

Un informe del Coener advierte: «Los registros de accidentes ocurridos en PDVSA posteriores al 25 de agosto de 2012, evidencian que la empresa no tomó medidas efectivas para reducir los riesgos en sus operaciones».

Hasta ahora el peor siniestro petrolero en la historia de Venezuela, uno de los más trágicos del mundo, no dejó una lección en materia de prevención de accidentes.

En cifras

43 personas perdieron la vida en el accidente de Amuay.

5 personas continúan desaparecidas a un año de la explosión.

130 heridos causó el estallido.

500 viviendas, comercios e industrias resultaron afectados por la onda expansiva de la explosión.

10 meses tardó la refinería en recuperar su operatividad regular.

9 tanques de almacenamiento de hidrocarburos y derivados tomaron fuego.

3 días permanecieron las llamas en Amuay

Sin pago

Un año transcurrió desde que se registró la tragedia de Amuay, que dejó pérdidas mil millonarias a Petróleos de Venezuela (PDVSA), pero hasta la fecha las reaseguradoras no cancelaron.

José Aguilar, consultor internacional en materia de riegos en plantas, asegura que las empresas contratadas por la estatal no pagarán una indemnización, puesto que el propio Gobierno venezolano lanzó a cuatro voces la tesis de un sabotaje como causa de la explosión.

“Las compañías de seguro no cubren daños ocasionados por sabotajes, sino los generados por accidentes, bien sean por fallas de unidades o de sus operadores”.

Advertencia

Una inspección externa realizada en marzo de 2012 por la firma RJG Risk Engineering, para la compañía QBE, reaseguradora de PDVSA, dejó al descubierto una serie de fallas de mantenimiento en las instalaciones de Cardón y Amuay.

En ese momento, cuatro meses antes que ocurriera la tragedia de la refinería, la compañía evaluadora alertó sobre la posibilidad de que se presentarán accidentes de gran magnitud.

La empresa detectó que desde finales de 2011 e inicios de 2012 se registraron al menos un centenar de incendios en las dos centrales de Paraguaná, que representaron un alerta sobre una inadecuada política de protección contra incidentes.

Investigaciones

Una investigación seria, realizada por un equipo técnico, que arrojara resultados sobre el origen del accidente de Amuay prometió Rafael Ramírez, ministro de Petróleo y Minería y presidente de PDVSA.

Pero a un año del incidente, el comité conformado por técnicos, representantes de inteligencia del Estado, personal de la petrolera y el Ministerio Público, no emite ni un informe sobre las causas del siniestro.

Las pérdidas

El costo estimado de los daños ocasionados por la explosión que se registró el año pasado en la refinería Amuay asciende a mil 835 millones de dólares, de acuerdo con un informe elaborado por el Centro de Orientación en Energía (Coener).

Concepto Pérdida

Activos de PDVSA $173,8 millones

Pérdidas de Inventario $170,9 millones

Lucro cesante (pérdidas en producción) $1.200,0 millones

Control y extinción del incendio $10,3 millones

Daños a terceros $234,7 millones

Indemnización a víctimas $35,2 millones

Daños ambientales $10,0 millones

Fuente: La verdad

La guerra que durante los últimos catorce años se ha venido librando en los medios de comunicación de Venezuela entre los defensores del proyecto del fallecido Hugo Chávez y sus adversarios vive sus horas más bajas tras la caída de algunos de sus más importantes guerreros.

Nombres propios como los de Leopoldo Castillo o Jesús «Chuo» Torrealba en el lado opositor o Mario Silva y Alberto Nolia en el oficialista han desaparecido de la primera línea de batalla dejando claro que sin Chávez tampoco los medios volverán a ser lo mismo en Venezuela.

Unos acusan al Gobierno de Nicolás Maduro de querer apoderarse omnímodamente de todo lo que ocurre en los medios, otros aseguran que el modelo de polarización en prensa, radio y televisión está agotado, pero lo que es cierto es que Globovisión, el medio estrella de la oposición, ha dejado de ser lo que era.

El grupo empresarial que este año adquirió Globovisión dejó claro desde el primer momento que el canal dejaría de ser una tribuna opositora para convertirse, dijo, en una tribuna informativa.

Dejó de dar cobertura continua al líder opositor Henrique Capriles, como hace el canal estatal VTV con Maduro, y el también gobernador de Miranda (centro) creó su pantalla de televisión en internet Capriles.tv.

Esta semana, Capriles llamó a activar todas las redes sociales «frente a la censura que impone el gobierno corrupto y presiones a medios y periodistas».

Los otros

Varios periodistas de Globovisión anunciaron su renuncia en los últimos días, entre ellos, Leopoldo Castillo, María Elena Lavaud, Gladys Rodríguez, Roberto Giusti y Román Lozinski, denunciando que en el canal se ha pasado de la promesa del equilibrio a la «censura a noticias y programas».

Giusti considera que el Gobierno modificó su forma de hacerse con los medios opositores y ahora actúa a través de lo que, en su opinión, son empresarios afines.

Si en 2007 «se apropió de la señal de Radio Caracas Televisión (RCTV) en términos casi que brutales» con la no renovación de su licencia, con Globovisión fue «un poco más refinado y cuidando los extremos legales», dijo a EFE Giusti.

Según indicó, los nuevos propietarios comunicaron a los trabajadores su intención de buscar «un equilibrio, (…) hacer un periodismo que no se había hecho», lo cual era «cierto», dijo Giusti, debido al veto impuesto por Chávez al canal.

«Ese equilibrio y ese contraste no cayó bien en el Gobierno», dijo Giusti, al recordar que Maduro dijo recientemente que Globovisión seguía siendo «la misma». La respuesta ha sido que «se pasó de una transición gradual a una transición brutal» hacia el nuevo modelo, señaló.

El ya expresentador de Globovisión cree que la guerra en la televisión ha pasado a mejor vida y «la batalla se ha apaciguado porque los actores han sido neutralizados o han sido simplemente comprados».

Este nuevo escenario supone el fin también de una lógica de lucha en los medios impuesta por Chávez, quien buscaba en el antagonismo con Globovisión un argumento para sus políticas.

«Chávez necesitaba además ese estado de pugnacidad permanente, de crispación nacional, porque eso abonaba su terreno, me imagino que estos (el nuevo Gobierno) pretenderán ahora completar la tarea y convertir esto en una especie de Cuba».

Otra cara

Para el periodista y exdiplomático Vladimir Villegas, conductor de un programa en Globovisión, el canal «vive un proceso de transformación y como tal eso ha generado que algunos colegas no se sientan identificados con esos cambios».

Asegurando que él no ha tenido «ninguna limitación, ninguna orden» que le ponga en «un conflicto ético en lo personal», recordó que en el canal «había una cultura y una forma de hacer las cosas» que está cambiando.

«Yo creo que la gente está cansada de la confrontación, creo que la gente no quiere seguir viendo los medios como elemento estimulante de la confrontación, creo que la sociedad está reclamando una vuelta de los medios de todos, a su rol como canales de información, a todos», dijo.

En ese proceso aún «no hemos visto todo lo que queremos ver» en el caso del canal del Estado, puntualizó.

Tampoco sectores del chavismo están de acuerdo con lo que ven, pero por la salida de Silva, en medio de un escándalo por una grabación en la que descalificaba a algunos actores del oficialismo, y Nolia sacado de VTV tras manifestar públicamente su oposición a las medidas contra el libre porte de armas aprobadas por el Gobierno.

«Muchos nos preguntamos ¿Con qué contaremos mediáticamente para confrontar a la oposición en la próxima contienda electoral que se avecina? Sin Mario con su Hojilla, Sin Nolia con sus Papeles de mandinga, Earle Herrera y su Kiosco Veraz», indicó la columnista Elizabeth Valdiviezo en el sitio web chavista Aporrea sobre algunos de los programas estrellas en la «guerra comunicacional».

Citas

«Vamos al combate a las redes sociales, en Twitter y Facebook con la verdad; desde ya, quien no tenga un Facebook o Twitter que lo abra y vamos al combate en las redes». Nicolás Maduro. Presidente de Venezuela

«Hay que activar todas las redes sociales frente a la censura que impone el gobierno corrupto y presiones a medios y periodistas». Henrique Capriles. Líder de la oposición

Fuente: La verdad

El alcalde de Baruta, Gerardo Blyde, indicó hoy en entrevista con Televen que el presidente Nicolás Maduro no necesita una ley habilitante porque las leyes contra la corrupción ya existen.

“La ley habilitante es para hacer decretos leyes, para que el Presidente asuma la competencia de la Asamblea Nacional, pero si la ley contra la corrupción ya existe, con penas muy fuertes, transformada con Chávez en vida, no entiendo porque no se han aplicado esas penas”, acotó.

Aseguró que el debate que plantea el Jefe de Estado no está claro. “No entiendo por qué Maduro quiere la habilitante”. “Si la excusa es que se van aumentar las penas, eso no puede ser retroactivo, a los corruptos que ha habido en todos estos años no se le puede aplicar las penas aumentadas sino las que están”, explicó.

El alcalde resaltó que con los poderes habilitantes el primer mandatario no puede cambiar el Ministerio Público, los Tribunales de Control, la Contraloría ni la investigación penal. “La habilitante es solo para legislar en el caso que consiguiera el voto 99”, reiteró.

Fuente: EN