Leopoldo Castillo negó este viernes la mudanza de su programa Aló Ciudadano a Televen. Así lo informó el portal La Patilla.
“El Ciudadano” aclaró que por ahora estará alejado de la televisión y tomará un descanso de tres meses”, dice la nota.
Leopodo Castillo respondió así a una nota publicada este viernes por El Nuevo País que aseguraba que las negociaciones estaban encaminadas.
Organizaciones políticas y de derechos humanos marchan hoy hasta la Defensoría del Pueblo, en la plaza Morelos, para exigir que se gestione la medida humanitaria para el comisario Iván Simonovis, quien se encuentra preso en la cárcel de Ramo Verde, en Los Teques, en delicado estado de salud.
La marcha saldrá a las 11:00 a.m, desde la plaza Francia de Altamira, según informó el dirigente de Voluntad Popular y general retirado, Antonio Rivero, quien agregó que acudirán a la marcha para exigir también el cese de acciones judiciales contra otros presos, exiliados y perseguidos políticos, en el país.
“Son varias las razones por la que los ciudadanos vamos acompañar esta manifestación. En primer lugar, para pedir la libertad de Iván Simonovis con la medida humanitaria, ya que su imputación no está ajustada a las leyes y viola los derechos humanos, así como las de los comisarios Lázaro Forero, Henry Vivas, y demás exfuncionarios de la PM que fueron sentenciados. Luego, por los demás presos, exiliados y perseguidos políticos que estamos en esta situación y que no hemos cometido delito alguno”, dijo.
El dirigente de Voluntad Popular recordó la persecución política contra Leopoldo López, Richard Mardo, Antonio Ledezma, entre otros dirigentes de la Unidad Democrática. “Incluso la persecución en mi contra; ya lo hemos dicho en Venezuela hay un secuestro del poder judicial por parte del Gobierno. Sabemos que los jueces que siguen nuestra causa en ningún momento han establecido una decisión ajustada a derecho sino por razones políticas o encomiendas del PSUV”, señaló.
Al finalizar la marcha, una comisión consignará ante la Defensoría del Pueblo, un documento mediante el cual se hace la petición. “En Voluntad Popular hemos seguiremos acompañando no sólo a Iván Simonovis, Lázaro Forero y Henry Vivas, sino también a los hermanos Guevara -a quienes imputaron por la muerte de Danilo Anderson y la jueza Afiuni, que aunque está en libertad condicional, es un juicio amañado. Son una cantidad de juicios que obedecen a razones políticas por pensar distinto”.
Fuente EU
Ante la necesidad urgente de abrir un debate sobre cómo la corrupción ha hecho metástasis a lo largo y ancho de Venezuela, el señor Maduro prefirió guardar silencio por unos días antes que cumplir con el reto que él mismo lanzara. Debe ser que no pudieron corromper a algún diputado o inhabilitarlo por intermedio de alguna trácala parlamentaria a la que ya están acostumbrados.
Lo cierto es que los venezolanos siguen sufriendo la corrupción en cada contacto que tienen con la administración pública. No hay trámite posible que no implique el pago de una recompensa en dinero y no existe contrato en el que no medie una jugosa comisión que va a parar a los bolsillos de los jefes rojitos. Nada de esto lo reparten entre los pobres, como unos Robin Hood, sino que el dinero mal habido va a parar a paraísos fiscales en el Caribe, y lo que no pueden exportar lo invierten en costosas urbanizaciones, casas de playa, carros importados y yates.
Maduro dice que tiene pruebas de la corrupción que reina en la “derecha recalcitrante” y si es así que las muestre con respaldo autentificado. La oposición en todo caso maneja a su favor el hecho de que todos y cada uno de sus pasos administrativos son escrupulosamente investigados por la Contraloría General, que no debería perdonar ni un pequeño error a los opositores al Gobierno.
Los corruptos del oficialismo, por el contrario, tienen de su lado una Contraloría ciega y muda, y por lo demás atemorizada si comete el pecado de investigar a los gobernadores, ministros y alcaldes rojos rojitos. Eso sin contar con Petróleos de Venezuela que es una caja negra a la cual no tiene acceso nadie, ni siquiera Maduro. Allí los reales se reparten al leal saber y entender de sus directivos, dejándoles algo al antiguo entorno de Chávez y otros camaradas de vieja data.
Lo mismo ocurre con las empresas del Estado y en especial las de Bolívar, donde cualquiera de los mandamases impuestos desde Miraflores se asegura su pensión millonaria y la de sus amigos repartiendo contratos entre las mafias. De eso hay constancia entre los sindicatos y algunos sectores del personal técnico del oficialismo que no soportan el hedor de la descomposición ética y moral que allí ocurre.
Si bien los milicianos de la clase popular apenas piden algo “para el cafecito” cuando están vigilando las colas para adquirir harina pan o azúcar en los mercados bolivarianos, en los escalones más altos, ya sean militares o civiles, los pagos ascienden según los servicios ilegales prestados a contratistas, comerciantes, pranes en las cárceles o guardias nacionales en alcabalas y aduanas. Eso sin contar con el contrabando de gasolina o del narcotráfico.
A la oposición le basta con fotografiar las casas y los apartamentos donde antes vivían los dirigentes rojitos y compararlas con las que hoy ocupan en las urbanizaciones más caras de Caracas.
Editorial de El Nacional
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