El Ministro del despacho para la Presidencia, Mayor General Willmer Barrientos, manifestó que por las inspecciones realizadas en el marco de la Misión A Toda Vida Venezuela, se ha logrado reformar los procesos en las principales empresas del país y por consiguiente, el aumento de la producción en las mismas.

Comentó que un grupo de inspectores capacitados para afrontar la lucha contra la corrupción, visitaron las empresas básicas del Estado Bolívar para verificar el cumplimiento de los procesos. Esto genero, el aumento de la producción en cada una de las industrias.

Explicó que en el caso específico de Sidor, luego de las inspecciones realizadas y la transformación de los procesos, la producción aumentó de 126 mil toneladas en Abril, a 191 mil 78 toneladas en Mayo.

De igual manera, señaló que realizaron coordinaciones con los puertos en Vargas y puerto Cabello, para el despacho más rápido de contenedores con materia prima e insumos para las industrias de Bolívar.

Barrientos, detalló que hasta ahora en el marco de la Misión a Toda Vida, se han llevado a cabo 1700 inspecciones a empresas del sector salud, alimentación, comercio, educación, comercio e industria. Estas supervisiones han recorrido el Distrito Capital, Miranda, Vargas, Cojedes y Zulia.

Finalmente, hizo un llamado a toda la población venezolana a luchar contra la corrupción.

“Si queremos construir una patria nueva tenemos que combatir a fondo la corrupción. Si no tenemos el apoyo de todo el pueblo venezolano, esta lucha no tendrá éxito”.

Fuente: UR

En Gaceta Oficial número 40.230 de fecha 16 de agosto del año en curso, fue publicada la designación de los integrantes de la Comisión de Reestructuración del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), tras el Decreto Presidencial número 323 de fecha 15 de agosto de 2013, donde el presidente Nicolás Maduro ordenó dicho proceso.

La Comisión, precisa una nota de prensa del organismo policial, estará conformada por cinco personas bajo la estructura de un presidente o presidenta, cuatro directores o directoras principales, con sus respectivos suplentes, que serán designados por el ministro con competencia en materia de seguridad ciudadana y del servicio de policía de investigación, cuyo trabajo será de un año a partir de su designación, para ejecutar los cambios dentro del Cicpc.

La reestructuración del cuerpo nacional de investigación penal está enmarcada en la Ley Orgánica del Servicio de Policía de Investigación, el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas y el Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses; y el Estatuto de la Función de la Policía de Investigación, aprobados por Ley Habilitante en junio de 2012.

El ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores estableció la comisión de la siguiente manera:

Presidente: José Gregorio Sierralta Rodríguez, actual director del Cicpc; quien tendrá como suplente a Douglas Arnoldo Rico González, actual subdirector del Cicpc.

Directores principales: Jhonny Rafael Méndez Duque, Rubén Alfonso Lugo Campos, Luis Jacinto de Coois, Caira Coromoto Zamora de Kessier. Pedro Jesús Arias Bello, Félix Ramón Izarra Rondón, Laura Daniela Valderrama Araujo y Gerardo Alfonso Contreras Pérez fueron designados como suplentes de los directores y directora principales de la Comisión.

La medida de intervención con asistencia técnica para la transformación organizacional, jurídica y funcional del Cuerpo de Investigaciones Penales Científicas y Criminalísticas (Cicpc) fue autorizada en primera instancia el 02 de junio de 2011 por el fallecido presidente Hugo Chávez Frías.

Chávez designó una comisión dirigida desde el Consejo General de Policía para la evaluación y valoración del Cicpc con el compromiso de lograr su adecuación a los lineamientos y criterios del Nuevo Modelo Policial Venezolano que se viene desarrollando desde la instalación del Consejo General de Policía (CGP) en el año 2009.

Como resultado fueron aprobadas en 2012 dos leyes que rigen el servicio de policía de investigación, el Cicpc, se crea el Instituto de Medicina y Ciencias Forenses y un estatuto para los y las funcionarias y expertos que prestan ese servicio. Ese año se inició la adecuación del Cicpc a la legislación nacional con el proceso de homologación y reclasificación de rangos de 6.670 funcionarios y funcionarias policiales del Cicpc.

También fue creado el Viceministerio del Sistema Integrado de Investigación Penal (Visiip) adscrito al Ministerio con competencia en materia de seguridad ciudadana, a cargo de Wandolay Martínez. Dicho viceministerio ha recibido los resultados de las siete investigaciones realizadas por los equipos de trabajo de la Oficina Técnica de la Secretaría Ejecutiva del Consejo General de Policía.

Fuente: ÚN

Un grupo de mujeres están protestando afuera de las puertas de la Vicepresidencia para exigir vivienda. Son 84 familias las que se encuentran viviendo desde hace 6 meses en las antiguas caballerizas del hipódromo.

Las manifestantes explicaron que el lugar lo convirtieron en un refugio y le pusieron por nombre 5 de marzo. A su vez, denuncian que están en malas condiciones y que ellas mismas hicieron la instalación del servicio de agua y luz. “Hay cloacas, animales rastreros, inseguridad”, informó una de las protestantes.

Fuente: GV

El diputado al Consejo Legislativo del estado Miranda y miembro de la dirección nacional de Primero Justicia, Richard Guevara, acudió a la Contraloría General de la República (CGR), para exigir a la encargada de este despacho, Adelina González, que investigue “con seriedad y responsabilidad”, las denuncias de corrupción contra el presidente de la Asamblea Nacional (AN), diputado Diosdado Cabello.

A través de una comunicación escrita, el dirigente de Primero Justicia, respondió a las declaraciones de la Contralora en relación al caso del denominado “Expediente Negro” que contiene 90 casos y 17 denuncias de corrupción en contra del actual presidente de la AN, durante su gestión como gobernador del estado Miranda.

En la comunicación Guevara indica que “en mi condición de legislador regional ante el Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Miranda, actuando en representación del pueblo de Miranda, de conformidad con lo consagrado en el artículo 11 de la Ley Orgánica de los Consejos Legislativos de los Estados, concatenado a lo dispuesto en los artículos 51,197 y 201 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, hoy concurrimos ante la Contraloría, para hacer un llamado de atención a la ciudadana Adelina González quien recientemente indicó a los medios de comunicación social que “las auditorias concluyeron y que no había nada irregular en la gestión de Cabello en Miranda”.

Continúa la misiva entregada por el parlamentario regional: “como es del conocimiento público a principios del año 2009, la Procuraduría del estado Miranda, presentó ante el Ministerio Público, 17 denuncias contentivas de más de 90 casos por la presunta comisión de delitos contra del patrimonio público del estado Bolivariano de Miranda durante la administración del ex gobernador Diosdado Cabello Rondón. Una vez presentadas las denuncias, a finales del mes de mayo de 2009, la Procuraduría del estado fue notificada por el Ministerio Público de que las mismas habían sido asignadas a la Fiscal Sexta del Ministerio Público con competencia nacional, la ciudadana María Alejandra Pérez. Posteriormente, en el mes de febrero de 2010, fuimos informados por el asistente de la mencionada Fiscal, que la misma había sido relevada de conocer sobre las 17 denuncias referidas, siendo asignados los casos a la Fiscal Sexagésima Quinta (65º) del Ministerio Público con competencia plena nacional, la ciudadana María Teresa Cortés. A la presente fecha la mencionada ciudadana continúa siendo la Fiscal competente para conocer de las denuncias, pero no se han obtenido respuestas al respecto”.

Según Guevara “a los mirandinos nos causa sorpresa y nos llena de indignación ver como la Contralora General de la República haya dicho que el caso fue cerrado y que todos los Poderes Públicos se laven las manos en un asunto tan sensible para nuestro pueblo de Miranda, que sigue preguntándose ¿Qué ocurrió con estas denuncias?”.

Dijo el dirigente nacional de la tolda amarilla que “la Fiscalía nunca nos dio respuesta y ahora estas declaraciones de la Contralora. Ante esta situación en la cual pareciese que está actuando una “mano peluda”, le estamos solicitando en nuestro escrito se nos suministre el acta conclusiva de estas supuestas investigaciones, que realizó esta instancia para constatar si efectivamente se investigaron los 90 casos contenidos en las 17 denuncias que fueron consignadas ante la Fiscalía General de la República”

A su juicio “la supuesta lucha contra la corrupción que planteó el gobierno Nacional, sólo tiene como propósito la criminalización de la disidencia y el aniquilamiento moral de quienes pensamos distinto al gobierno, si hubiese sinceridad, esta situación de impunidad, complicidad y silencio no se hubiese generado y se habría investigado al presidente de la AN. Aquí el principal enemigo de la lucha contra la corrupción es la complicidad y la omisión de los poderes”.

“Se trata de 90 casos puntuales y dudamos que hayan sido investigados con la objetividad e imparcialidad que indica la Contralora”, al tiempo que recordó que la institución que dirige González “está acéfala, toda vez que la Contralora es interina y de acuerdo con la Constitución de la República, a los treinta días debe nombrarse una comisión para que se elija un sucesor con el voto de las dos terceras partes de la AN. Si quisieran luchar contra la corrupción, lo primero sería nombrar un contralor independiente y no se ha hecho, simplemente, porque así le sirve al oficialismo para utilizar los Poderes Públicos como garrote contra los opositores”, aseveró Guevara.

“Aquí se ha armado toda una alharaca, a Richard Mardo se le despojó, injustamente, de su inmunidad parlamentaria con unos argumentos pobres, y en el caso contrario, a Cabello, a quien se ha denunciado por estos 90 casos, no se le ha tocado ni con el pétalo de una rosa. Antes se hablaba de ladrones de cuello blanco, ahora podemos hablar de ladrones de cuello rojo”, señaló el parlamentario mirandino.

En la comunicación el diputado regional de Primero Justicia exige que:

1) Se sirva informarme, si todos y cada uno de los casos enunciados fueron investigados por esta Contraloría General de la República, en caso de ser afirmativa su respuesta, hágame saber si poseen informe conclusivo alguno y cuál fue el resultado. Para ello, solicito copia certificada de estos actos conclusivos.

2) En caso que la competencia de la investigación hubiere sido única y exclusivamente de la Contraloría General del Estado Bolivariano de Miranda, se sirva informar si tiene conocimiento de la conclusión de cada uno de ellos, si la conoce, si esta Contraloría General de la República, coincide con el dictamen (si lo hubiere) de la Contraloría General del Estado Bolivariano de Miranda.

En caso contrario, se sirva indicarnos los pasos o acciones que esta Contraloría General de la República ha tomado al respecto, si no ha tomado ninguna o si piensa hacerlo, para lo cual solicito copia certificada de cada uno de ellos.

3) Por último, se sirva informar, si ha sido recabado de parte del Ministerio Público, por Autoridad Judicial alguna o por la Asamblea Nacional o cualquiera de sus Comisiones, en alguno de los casos arriba indicados, los antecedentes Administrativos de los casos mencionados.

Por último, el dirigente nacional de Primero Justicia reiteró que “siendo que el flagelo de la corrupción destruye la democracia y sus valores, atenta contra la pobreza y la incrementa, evita su superación y le quita obras de importancia radical a la ciudadanía, conspirando contra el desarrollo y el progreso de la Nación, comprendiendo la naturaleza de los casos enunciados y su gravedad y complejidad, es que hemos venido hasta aquí para exigir respuestas inmediatas”.

Fuente: Nota de prensa

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Diosdado Cabello, se refirió este jueves a la posible aprobación de una Ley Habilitante en la Asamblea Nacional destacando la “preocupación” de la bancada opositora por el número de diputados que le darían el visto bueno a la propuesta.

“La oposición corrupta esta muy preocupada por el diputado 99, imagínense que en vez de 99 tengamos 100 o 101, el miedo es libre” escribió Cabello a través de su cuenta en Twitter @dcabellor, agregando, “¿Será que todos los diputados de la oposición son iguales que los de la mafia amarilla?, en lo personal no lo creo, no todos son corruptos”.

Sostuvo el parlamentario que quién no este en la lucha contra la corrupción necesariamente será vinculado con ella, como ¿cómplice, corrupto o beneficiario.

Fuente: ÚN

Ante la solicitud de poderes especiales, la bancada de la Unidad se ha manifestado. En diferentes diarios de circulación nacional ha publicado el siguiente aviso en el que hace énfasis en que “la persona en ejercicio de la Presidencia de la República tiene suficientes poderes para impulsar, sobre todo con el ejemplo, la lucha contra la corrupción”.

En el comunicado, insisten en que el “Ejecutivo Nacional, administra más del 90% de todos los recursos que ingresas al país, incluyendo los Fondos Paralelos que se han creado para evadir el control constitucional y legal, como FONDEN o el FONDO CHINO”.

Los diputados de la bancada de la Unidad exhortan al Presidente a “contribuir con el ejemplo “, abriendo al público “la gigantesca información que tiene en sus manos y rendir cuentas al céntimo de los mil millonarios recursos que administra”.

Revise el comunicado completo a continuación:

Ante la solicitud de Poderes Especiales la bancada del Bloque de la Unidad informa al país

Nuestra formación democrática que nos orienta a defender los intereses del pueblo venezolano por encima de cualquier otro interés, nos impone luchar contra la corrupción para que los dineros públicos se destinen a resolver los problemas de la gente. Para nosotros, corrupción, vista política y legalmente, es el uso de lo público con fines particulares, y el que abusa de los dineros de todos es el que tiene el poder y por tanto tiene acceso a esos fondos, o conexiones con el poderoso que usa en su beneficio.

Una demostración clara de nuestra posición fue el apoyo que le dimos al Proyecto de Ley Anticorrupción que fue aprobada por unanimidad en la Comisión de Contraloría, y asimismo en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN) en el año 2011, pero a partir de allí por iniciativa del oficialismo fue enviada para consulta a la Procuraduría General de la República, y allí lamentablemente fue engavetada.

Sin embargo, ratificamos nuestra disposición para apoyar en la Asamblea Nacional las iniciativas legislativas apegadas a la Constitución que estén orientadas de manera sincera a ser eficaces en el combate a la corrupción.

Ante la solicitud anunciada, debemos expresar nuestra extrañeza por la oportunidad y por el origen de la misma.

En cuanto a la oportunidad, porque se presenta por un gobierno que tiene más de 14 años en el poder, cuya actuación ha ubicado a Venezuela entre los países más corruptos a nivel mundial de acuerdo al seguimiento que sobre esa materia hacen organismos internacionales que velan por la transparencia de la administración pública en el mundo. ¿Es ahora, a estas alturas, que a este gobierno le preocupa la corrupción? ¿Al Presidente Chávez no le preocupaba?

En cuanto al origen, porque quien lo solicita es la persona que está en el ejercicio de la Presidencia de la República y por tanto tiene suficientes poderes para impulsar, sobre todo con el ejemplo, la lucha contra la corrupción. El Ejecutivo Nacional administra más del 90% de todos los recursos que le ingresan al país, incluyendo los Fondos paralelos que se han creado para evadir el control constitucional y legal, como FONDEN o el FONDO CHINO. Una manera de contribuir con el ejemplo sería que el Presidente abriera al público la gigantesca información que tiene en sus manos y rendir cuentas al céntimo de los mil millonarios recursos que administra. No pretenderá el Presidente en ejercicio poderes especiales para autocontrolarse, lo cual le corresponde constitucionalmente a la Asamblea Nacional y a la Contraloría General de la República, no puede pretender pagarse y darse el vuelto.

Teniendo el gobierno mayoría en la Asamblea Nacional, y habiendo demostrado nuestra bancada su disposición para apoyar las iniciativas en contra de la corrupción, no justificamos esta solicitud que significaría que tanto la Asamblea Nacional como la Contraloría General de la República delegaran sus atribuciones en el Presidente de la República, cuya administración debe ser controlada por estos poderes.

Debemos alertar al país sobre hechos e informaciones suficientes en nuestro poder que nos llevan a la convicción de que la solicitud de poderes especiales al Presidente en ejercicio para supuestamente combatir la corrupción, tiene la verdadera intención de utilizarla con fines electorales, y para justificar procedimientos ejecutivos de persecución a los adversarios políticos del gobierno con el fin de impedir que el pueblo venezolano conozca la verdad de lo que ocurre en nuestro país. Este plan ha sido ideado en Cuba para seguir teniendo acceso a los recursos de los venezolanos.

El gobierno venezolano sabe precisamente que la gran corrupción que existe en todos los niveles de la administración pública es la causa principal del alto costa de la vida, de la escasez, de la inseguridad personal, de que los hospitales no funciones, de que los libros y todo tipo de artículos escolares estén tan caros, porque el dinero que se ha debido destinar a la solución de esos problemas se lo han robado y ahora pretenden investigarse entre ellos mismos.

Es importante que el pueblo venezolano sepa que quienes representan al oficialismo no tienen autoridad moral para hacer creíble que quieren combatir la corrupción, ya que se han negado a investigar en la Asamblea Nacional las innumerables denuncias de corrupción cuya investigación hemos solicitado los diputados de la Unidad Democrática.

Entre esos casos resaltamos la denuncia hecha por el Ministro Giordani según la cual de los 60.000 millones de dólares que se otorgaron en el año 2012 para importaciones, 20.000 millones de dólares fueron a “empresas de maletín” que se robaron esos recursos, mientras que hoy las reservas líquidas del Banco Central de Venezuela no llegan a 3.000 millones de dólares, y por eso no hay con qué importar comida y los bienes necesarios, y de allí la escasez y el alto costo de la vida.

LA mayoría oficialista en la Asamblea Nacional y este gobierno se han negado a investigar esa denuncia, por eso afirmamos que este gobierno no solo no tiene voluntad política para combatir la corrupción, sino que además es cómplice de la misma.

Por las razones anteriores, no apoyaremos la solicitud de poderes especiales anunciada por quien ejerce la Presidenta de la República, porque no es necesaria para combatir la corrupción, y por considerar que la misma está motivada por razones electorales y de persecución política.

En este sentido alertamos también al pueblo venezolano de que hoy el gobierno solo tiene 98 diputados y necesita 99 para poder aprobar la Ley Habilitante anunciada, en el supuesto de que en la respectiva Sesión el gobierno logre los 99 votos, ello significará que ha comprado un voto de un actual opositor, es decir, una vez más habrá cometido un acto de corrupción.

Fuente: GV

Hasta ahora las autoridades confirman cinco muertos en la cárcel de Sabaneta, como resultado de la balacera de este lunes.

Uno de ellos es el “Mostro”, un exrecluso que estuvo preso durante 14 años. Salió hace cuatro años y desde entonces iba los domingos a visitar a su amistades. Su familiar, no identificado, aseguró que el “mostro” ingresó con una niña que ya está con sus familiares.

Los familiares del “Virolo” confirmaron su deceso después de salir de la morgue. Lo decapitaron y sus asesinos se fotografiaron riendo con su cabeza.

De forma extraoficial aseguran que en horas de la tarde llegarán más cadáveres a la morgue. Este martes, el secretario de Seguridad y Orden Público del estado Zulia, Jairo Ramírez, indicó que este jueves se logró retomar el orden y normalizar la rutina en este recinto penitenciario.

Fuente: ÚN

El Alcalde Metropolitano de Caracas, Antonio Ledezma, sostuvo un encuentro la mañana de este jueves, con los habitantes del sector La Quebradita, en San Martín, municipio Libertador, quienes expusieron sus preocupaciones y escucharon las reflexiones del burgomaestre capitalino en medio de un diálogo familiar con los vecinos.

“A lo menos que aspira una familia, y con todo el derecho del mundo, es a disfrutar de una casa decente, de una vivienda adecuada en donde pueda vivir con paz, con salud y en armonía con sus vecinos”, aseguró Ledezma.

El alcalde destacó la tarea que ha venido realizando su despacho en materia urbanística. “Desde la Alcaldía Metropolitana presentamos los planes de desarrollo urbano y lucharemos para que se ejecuten. En esos planes se contempla a la gente, con sus casas, sus escuelas, sus parques, sus mercados y centros de salud, pero fundamentalmente ese sueño primordial que tiene cada madre o padre: el de contar, más temprano que tarde, con esa casita bien montada”, destacó el alcalde.

Ledezma también insistió en la importancia de generar fuentes de trabajo para que las familias puedan cubrir sus necesidades básicas. “Otro derecho de las familias es conseguir empleo, que a su vez esté bien pagado, o sea mejor remunerado para poder lidiar con la inflación. Hoy todo ha subido de precio, la comida cuesta mucho y de allí que a la mayoría no le alcanza lo que gana para poder vivir como Dios manda. Hay que promover el financiamiento de pequeños proyectos de inversión, es posible y rentable impulsar empresas medianas productivas que le garanticen a muchos jóvenes la ocupación que ahora no tienen porque está paralizado el mercado de trabajo”, finalizó.

Fuente: Nota de Prensa