La contralora general de la República, Adelina González, no tiene un corruptómetro en la mano, pero no comparte la aseveración opositora según la cual este es “el gobierno más corrupto de la historia”. Esa es “una muletilla política”, asegura, en conversación con el Correo del Orinoco.
Puntualiza, de entrada, que las investigaciones “parten de una auditoría, de una actuación de control. Ahora estamos haciendo valoración de aproximadamente 1.400 actuaciones de control”, no todas de este año, “a las cuales hay que valorar para determinar si se generan acciones fiscales, si vamos a abrir procedimientos de potestad investigativa, de determinación de responsabilidades”. Aclara también que “no todas las actuaciones generan acciones fiscales”.
En todo caso, el procedimiento “demora más o menos 36 meses”, precisa González; unas pesquisas están “muy adelantadas” y “tienen que pasar a determinación de responsabilidades”. Pero recuerda que si están involucradas empresas, órganos colegiados, “a toda esa gente hay que llamarla en el procedimiento; a todos hay que convocarlos, hay que permitirles que se defiendan, hay que señalarles cuáles son los hechos, y eso alarga muchísimo los procedimientos”.
Comenta que “algunas (actuaciones) tienen bastante trascendencia desde el punto de vista de los programas a los que se investigó, o de las obras que se contrataron”. Y recuerda que hace varios años fue presentado “el informe de las obras inconclusas”, que se basó en “un censo a escala nacional apoyado en el sistema nacional de control, con los contralores de Estado” y “todos trabajando coordinadamente con la misma metodología y el mismo programa de auditoría”.
Esa información se le entregó al Ejecutivo “y se designó una comisión especial para el seguimiento, porque el Estado debe decidir qué va a concluir y qué no va a concluir de esas obras”.
-¿Qué ocurrió con eso?
-El seguimiento que hicimos, y la comisión que se nombró, que estaba adscrita a la Vicepresidencia de la República, ha mantenido un seguimiento, un control en relación con determinadas obras que para algunos estados son importantísimas, sobre todo en materia de vialidad y de servicios públicos, como acueductos.
-¿Se están ejecutando?
-Algunas se están concluyendo; otras no podrán concluirse.
SIN INTOCABLES
González sostuvo que toda denuncia que llega “nosotros la investigamos”, se audita “y si en las auditorías se consiguen los hallazgos el procedimiento sigue, sea quien sea”. Remitió a la página web de la institución, en la que están los informes y las recomendaciones que se dan, las que en la mayoría de los casos son bien acogidas por las instituciones.
La corrupción se utiliza como herramienta de ataque contra la Revolución Bolivariana, pero siempre ha sido así, dictamina. La diferencia es que antes “los medios de comunicación se hacían menos eco”, y ahora hay “unas campañas de comunicación perversas que van repetitivamente a señalarte la corrupción, la corrupción, la corrupción”. La Contralora responde que la gente está despertando y atacando el fenómeno, que el Gobierno está trabajando y “los órganos de control están actuando en todos los niveles con plena independencia, con plena libertad, con plena garantía de que pueden hacer su trabajo”.
Hay un elemento cierto, y es que en la actualidad el Estado “se ha abierto a las estructuras sociales” y funcionan “programas especialísimos para atender a las comunidades, y esos son programas que no estaban previstos antes”. Se abordaron “unos problemas sociales con unas estructuras obsoletas” porque no se modificó la estructura del Estado. Eso puede llevar a que se desvirtúe todo, advierte. “Con esa estructura del Estado tan obsoleta, tan pesada, es prácticamente imposible” controlar, y “por cualquiera de esos resquicios se desvía la intención, la eficiencia, la eficacia del Estado”.
EN LÍNEA CONTRA LAS IRREGULARIDADES
La discrecionalidad, acusa, “es un elemento determinante de corruptela”, porque si los pasos que debe dar una ciudadana o un ciudadano ante una institución están claros, se elimina el margen de acción de la corrupta o el corrupto. La información requerida para un trámite, por ejemplo, debe ser clara y explícita.
Estima también que la modernización del Estado “es determinante” en la lucha contra la corrupción, y también forma parte de la hoja de ruta planteada por el Mandatario Nacional. “Que entres por internet y saques tu pasaporte o tu solvencia, que esté interconectado… Ese es un trabajo duro, es un aparato burocrático pesado que encontró este Gobierno” y que “no ha podido desbaratar”, pero “con la tecnología, con el avance desde el punto de vista informático, podrías saber que Adelina se está comprando una casa en Maracaibo”.
Para la contralora es muy importante que haya un sistema automatizado de los registros mercantiles del país, “porque los corruptos no reciben a nombre de ellos; buscan subterfugios, buscan testaferros, crean personas jurídicas”.
-¿Todo debería estar en línea?
-La modernización. Hay un proceso de modernización del Estado, que todo el mundo lo ve con la declaración jurada del patrimonio en línea, con los informes de la contraloría, Hay que trabajar, agrega, “para que las instituciones lo hagan”.
AHORA NO PRESCRIBEN
Los políticos que añoran el pasado no suelen hablar sobre cómo era la corrupción en en el Puntofijismo. “Con aquel marco constitucional de la Cuarta República, los hechos de corrupción que eran denunciados se dejaba transcurrir el tiempo y prescribían. Cinco años fuera del país” y retornaban, indica González. Eso era posible “porque había una prescripción en la Constitución y en las leyes”.
La Carta Magna bolivariana, en cambio, “es algo total y absolutamente distinto, y ya eso te marca un modelo de país y una visión, desde el punto de vista político, partiendo de nuestra Constitución”. En el pasado “casi todos los casos surgieron de las denuncias de los parlamentarios de oposición”, quienes “prácticamente hacían toda la investigación”.
En aquella época, rememora, la Contraloría declaraba la responsabilidad “y allí terminaba”; después se le incorporó una disposición, el contralor decía que se podría o no acordar la inhabilitación. “Era potestativo”, señaló González. Casos famosos de corrupción hay muchos en el Puntofijismo. “A quien le decían el zar de Guayana, Leopoldo Sucre Figarella, le declararon cuatro responsabilidades administrativas, y nunca el Presidente lo destituyó, aunque la máxima autoridad que lo había nombrado debía destituirlo”.
La declaratoria de responsabilidad administrativa, enfatiza, es “una sanción moral. No es necesario que estés inhabilitado para que no puedas desempeñar cargos públicos, porque cuando ya has sido declarado responsable significa que no actuaste como un buen padre de familia, que no protegiste el patrimonio público, que si no lo tomaste por lo menos permitiste que otro lo hiciera” y que “no se atendieran oportunamente las políticas de Estado”. Por ende, “si te declaran responsable en lo administrativo no debería ser necesario que tuvieras una inhabilitación que te impidiera regresar a la administración”. La sanción moral “te sigue toda la vida, porque no tiene periodo de vencimiento”.
Ahora, la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República incorpora “esa facultad del contralor para imponer la sanciones accesorias, como la suspensión sin goce de sueldo hasta 24 meses, destitución, inhabilitación; pero en verdad la sanción que todos los órganos de control aplican es la declaratoria de responsabilidad administrativa, que es una sanción moral” y que “se está aplicando ahora”.
González considera que en el presente hay más controles que en el pasado, y que en la lucha contra la corrupción del presente, aparte de la voluntad del Presidente, es la motivación de la ciudadanía. “La gente quiere información, a la gente tienen que decirle cuánto cuesta una obra, quien la está construyendo. La gente está haciendo contraloría social”, y para ello la institución mantiene la preparación, mediante talleres y otras actividades, a fin de ejercer la función como es debido.
CONTROL POPULAR
El Poder Popular no necesariamente estaba al tanto de cómo rendir las cuentas en un Consejo Comunal, por ejemplo. “Allí hay desviaciones también, que hemos conseguido”, refiere. La contralora advierte que sería imposible hacerles seguimiento a todas las organizaciones comunitarias con la actual estructura de control, por lo que resulta perentorio que dentro de los propios movimientos se haga la evaluación. Es fundamental, visto así, “preparar la gente, establecer los contactos con sus órganos de control más cercanos y darles información”.
La servidora pública señala, sin miramientos, que una de las primeras barreras a romper “es la de los burócratas” que “no les quieren informar a las comunidades cuánto cuesta una obra, ni quién la va a hacer, aunque están obligados a hacerlo”, porque la ley establece que la información relativa al presupuesto “es de carácter público”.
-¿Las presuntas irregularidades en el Poder Popular son tan graves como en el Estado?
-No, porque tienen una dimensión menor, y muchas veces han sido sorprendidos en su buena fe.
Es por ello que resulta imprescindible, sentencia, “el control de la misma comunidad, la rendición de cuentas, la asamblea popular. Todo eso es determinante y le da legitimidad a la actuación de esos ciudadanos como voceros, como contralores sociales y como comunidad organizada”.
Fuente: YVKE
